FASCISTAS ESPAÑOLES VS. ARISTEGUI.

REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

PP y Prisa en México.

Un ataque a las libertades de información y de expresión, pilares de la democracia española desde hace un cuarto de siglo, eso es lo que significa el boicot del Partido Popular al Grupo Prisa, surgido de una reacción desproporcionada, deliberadamente desproporcionada.

Una insólita, amenazante, anacrónica decisión del Partido Popular español ha generado un conflicto en que, más allá de los protagonistas y la circunstancia, están en juego libertades tan valiosas que han permitido que España sea hoy la potencia europea que es.

El PP ha emprendido un boicot contra el grupo periodístico Prisa, el más poderoso de aquel país, cuyas fases van en ascenso e incrementan día a día su gravedad: comenzó con el ausentismo informativo, siguió con el retiro de anuncios (y no sólo partidarios sino de entidades públicas dirigidas por populares) y ya va en la presentación de querellas judiciales contra El País, el mascarón de proa del consorcio de prensa encabezado por Jesús de Polanco.

Antiguo el combate lanzado por el PP contra Prisa, su episodio más reciente comenzó el jueves pasado, en una junta de accionistas de ese grupo, es decir, un acto privado, que sólo se hizo público por sus consecuencias.

Desde un punto de vista estrictamente mercantil, "para el futuro del negocio", el arquitecto Ricardo Aroca, accionista del grupo, sugirió que "nos convendría ser percibidos como más neutrales".

No se discutía la línea editorial, sino la gestión empresarial. Y entonces el presidente de Prisa explicó a su "querido Ricardo" -tratamiento que ponía la exposición del tema en un nivel de conversación amistosa, no en el de la toma de decisiones editoriales- que sus empresas -diarios entre los que sobresale El País, cadenas de radio, como SER, y una plataforma de televisión digital- tratan de ser neutrales, pero "es muy difícil estar de acuerdo con la acción política de algunos partidos".

En alusión al PP, al que nunca se refirió expresamente, consideró que "hay quien desea volver a la guerra civil".

Mencionó la manifestación ocurrida el sábado anterior, organizada por aquel partido contra el gobierno, por otorgar la libertad a un miembro de ETA (que había cumplido ya su condena de 18 años por terrorismo) y padecía una sentencia mucho menor por un delito mucho menos grave. De Polanco dijo que esa manifestación era "el franquismo puro y duro".

Sugirió que si el grupo que encabeza pudiera "colaborar para que en España hubiera un partido de derechas moderno, laico, con ganas de conservar lo que haya que conservar y transformar lo que haya que transformar, lo apoyaríamos".

Y concluyó expresando sus temores ante el eventual regreso del PP al gobierno (que perdió hace tres años, después de ejercerlo ocho): "si estos señores recuperaran el poder van a venir con unas ganas de revancha que a mí, personalmente, me dan mucho miedo".

Al día siguiente, en una reacción desproporcionada, deliberadamente desproporcionada se diría, como si sólo estuviera esperando la ocasión, el partido de José María Aznar (ahora encabezado por Mariano Rajoy) juzgó que los dichos del principal empresario de la prensa evidencian su "profundo sectarismo" y "desvanecen cualquier pretensión de imparcialidad del Grupo Prisa y comprometen la capacidad de cualquiera de los medios que lo integran de informar de manera veraz y objetiva".

Por eso, y hasta que De Polanco (de cuyo apellido el PP elimina la preposición "de", como si quisiera ponerlo en su lugar) "rectifique pública e inequívocamente sus lamentables declaraciones, el Partido Popular dejará de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas del Grupo Prisa y demás empresas controladas por Jesús Polanco".

No se trataba sólo de un boicot informativo, sino de algo más, como lo sugiere el que el mensaje partidario se dirigiera "a los accionistas, anunciantes y clientes de ese grupo de comunicación".

Ese mismo viernes fueron retirados mensajes de propaganda contratados por el PP con la cadena SER en el País Vasco. Esperanza Aguirre, ex ministra que ahora preside la Comunidad de Madrid hizo lo propio respecto de su campaña por la reelección. La Generalitat Valenciana canceló diversas campañas publicitarias en El País y lo mismo hizo en su caso la Feria de Valencia. Son sólo ejemplos de una serie más amplia.

En ese clima, el ex ministro Eduardo Zaplana anunció una querella judicial contra ese diario, por publicar relaciones de sus gastos como responsable de Trabajo en el gobierno Aznar.Se trata de una agresión a las libertades de información y de expresión procedente de un partido que, aunque hoy está en la oposición, representa a poderes que hacen temer a De Polanco, una figura nada frágil del empresariado de la comunicación.

En una sociedad tan vasta y diversa como la española es claro que el boicot no pone en riesgo la viabilidad y estabilidad de sus empresas, pero la actitud excluyente del PP altera para mal el clima de convivencia en aquella nación y confirma el ánimo sectario que motivó actos de gobierno pasados y presentes (en las comunidades y municipios que rige) contra Prisa.

El diferendo entre ese grupo y ese partido podría eventualmente extenderse a México, donde ambos tienen presencia notoria. Si el conflicto se prolongara y extendiera, el PP podría demandar solidaridad de los partidos demócrata cristianos a cuya internacional pertenece, entre ellos el PAN, a favor de cuyo candidato presidencial hizo aquí campaña Aznar el año pasado.

Ese extremo pondría en un aprieto a Juan Ignacio Zavala, a quien el consorcio periodístico designó número dos de su delegación en México (detrás de Antonio Navalón) en enero pasado, semanas después de la toma de posesión de su cuñado Felipe Calderón como presidente de la República.

Cajón de Sastre.
Los intereses partidarios mal encauzados conducen a la adulteración de los principios constitucionales que rigen el bicamarismo. Senadores del PRI advirtieron el riesgo de dejar la minuta de la nueva Ley del ISSSTE como la aprobaron los diputados, y se prepararon para enmendar la minuta. Pero los arreglos internos en ese partido obligaron a buscar una vía sesgada, alterna para evitar que modificaciones al documento de San Lázaro obligue a discutirlo de nuevo allí.

Así se procedió en la reforma a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión: a la minuta sobre la Ley Televisa no había que cambiarle ni una coma. Y así salió. Se rompe de ese modo el sentido de la división del trabajo en los parlamentos con dos Cámaras, en que a una corresponde revisar el trabajo de otra. La revisora cumple de ese modo un papel de meditación legislativa, de instancia de sensatez proveniente del tiempo en que el Senado (senectum) estaba compuesto por viejos que moderaran el ímpetu de los representantes populares.