COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA LEGÍTIMA

EL CUIDADO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR FRENTE A LA CARESTÍA

Andrés Manuel López Obrador

1 de febrero de 2007

Frente a la adversidad de la carestía y la multiplicación de problemas económicos que amenazan el empleo y el bienestar de las familias, es necesario que estemos unidos en torno a dos grandes frentes de defensa económica.

El primero es el cuidado que debemos poner en el manejo de la economía nacional y el segundo es la defensa de la economía familiar.



1. LO QUE DEBEMOS CUIDAR EN LA ECONOMÍA NACIONAL

1.- No a la privatización de Pemex ni a formas disfrazadas de privatización, incluyendo la bursatilización de sus ingresos


Debemos tener muy claro que el único patrimonio de recursos naturales organizado para producir y generar altos ingresos que hoy nos queda como país es el petróleo.

El petróleo aporta el 40% de los ingresos presupuestales. Nos asegura energía propia. Nos ofrece la oportunidad de fabricar nuestra gasolina, productos petrolíferos y petroquímicos que se utilizan en casi todas las ramas de la economía, desde los textiles hasta los equipos de oficina.

Nos proporciona un excedente económico que debiéramos invertir mejor con una visión de futuro, manteniendo la exploración de nuevos campos y apoyando la investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía.

De manera adicional, nos permite tener una base técnica propia, con ingenieros y técnicos mexicanos, aún con el abandono que ha sufrido en su inversión y en su base técnica, no es una empresa que debamos vender a ningún sector privado.

Precisamente, la tendencia mundial hoy, es que los países están recuperando la propiedad de esta riqueza de manos privadas.

La razón es que ya no hay reservas fáciles de explotar, excepto en el medio oriente, Rusia, Venezuela y México.

Al respecto es pertinente mencionar que en la actualidad el 80% de las reservas mundiales de petróleo pertenecen a empresas bajo el control del Estado. Ese es el signo de los tiempos y por eso fue visionaria la expropiación del petróleo en 1938.

Por ello, debemos rechazar la privatización, ya que no podemos perder este patrimonio de recursos naturales que nos da tanto y nos puede dar más.

Nuestra nación no puede darse el lujo de ceder la renta petrolera que hoy se destina a financiar la educación, la salud y otros gastos del presupuesto, a manos privadas, aun y cuando paguen por este derecho. El petróleo seguirá siendo en el futuro una riqueza de valor incalculable.

Por la misma razón, no podemos aceptar las formas neoliberales disfrazadas de privatización, como por ejemplo, la bursatilización de los ingresos de Pemex.

Este proyecto implica vender certificados en la bolsa de valores que dan derecho al tenedor a parte de los ingresos futuros de Pemex.

Por ello, quienes tengan estos certificados tendrán un reclamo sobre los ingresos futuros.

En realidad la bursatilización es una mala privatización, porque los tenedores de los certificados serían anónimos; nunca sabríamos si son otros gobiernos, grupos de intereses mezclados con políticos, inversionistas extranjeros o entidades que representan riesgos para la seguridad nacional.

Como a estos tenedores habría que pagarles un dividendo o interés, la bursatilización vista desde este ángulo, es una forma disfrazada de endeudamiento. Es un pidiregas anónimo, con la diferencia de que se puede comprar y vender en la bolsa.

Insistimos en que las soluciones financieras a los problemas de Pemex no pueden ser cosméticas. Tienen que ser reales y tienen que ser transparentes.

No habrá una verdadera solución si Pemex no se moderniza con medidas de eficiencia y productividad, de motivación a la producción entre los trabajadores y técnicos y de austeridad y honestidad en su administración.

Sin esto, cualquier nuevo esquema financiamiento no representa mayor beneficio.

No vendamos a entidades privadas lo poco que nos queda como país. Sepamos enfrentar los problemas y resolverlos sin disfraces y sin simulaciones, de cara a la nación.


2.- Impedir los abusos de precios por los monopolios

Los precios exagerados por parte de empresas poderosas tienen ya mucho tiempo en México, a pesar de que desde 1993 existe una ley y una comisión de competencia.

En realidad la mayor parte de las empresas vende a precios competitivos; son sólo unas pocas las que aplican precios exagerados porque han sido protegidas de cualquier tipo de competencia.

Esto ha hecho que las mismas empresas utilicen sus considerables recursos e influencia frente al gobierno y las entidades reguladoras para preservar sus privilegios, las exclusividades de mercados, las barreras a la entrada de nuevos competidores.

Así, los consumidores pierden porque pagan más, por productos de precio exagerado y la economía pierde capacidad de competir porque tiene insumos básicos a precios muy altos.

A pesar de la gran influencia de estas empresas, mucho podemos hacer si creamos la conciencia entre la gente de todo lo que ganaríamos en beneficios para el país y para el ingreso de las familias, si tan sólo impidiéramos los precios exagerados.

La Ley de Precios Competitivos que propuse en noviembre pasado se ocupa del caso específico de exageraciones de precios por aquellas empresas que tienen una parte importante del mercado, es decir, cuando cuatro empresas o menos venden el 50% de todas las ventas en el mercado de cualquier producto o servicio.

Por lo mismo esta ley no se ocupa de las empresas medianas o pequeñas ni de la mayoría de las empresas grandes, sino solamente de aquellas que venden con precios exagerados y que tienen altos porcentajes del mercado

Sabemos que los consumidores están conscientes de que pagan un precio exagerado, cuando este precio es mucho mayor que los precios en los países vecinos. Esta propuesta ley se basa en esta comparación y por eso no se presta a manipulación ni a ambigüedad.

Lo que hemos propuesto es que el gobierno no proteja a esas empresas de la competencia extranjera cuando sus precios excedan en 10% o más los precios en los países vecinos más el flete y los impuestos de importación.

Para los productores de energía del estado, sector reservado a las empresas nacionales en donde no puede haber competencia extranjera, el ordenamiento que sugerimos es aun más directo, simplemente que reduzcan sus precios de venta mediante reducciones en sus costos de operación con mayor eficiencia.

Esa regla simple, bien aplicada, daría ahorros a las familias mexicanas de entre 10% y 18% de su ingreso, pues cubriría bienes y servicios que son indispensables, que representan una parte muy importante del gasto familiar y que hoy se ofrecen en precios del doble o más de los precios en los países vecinos.

Se trata de la energía eléctrica, la gasolina, las telecomunicaciones, los materiales de construcción, los servicios bancarios, la televisión por cable, y otros.

Insistimos que mientras no evitemos los precios exagerados por empresas que operan en nichos protegidos, México no podrá competir con otros países.

No podrá crear empleos y a la larga no habrá oportunidades para las nuevas generaciones.

Esto lo podemos evitar si presionamos por la aprobación de esta ley. No buscamos controlar los precios ni la oferta de las empresas que venden a precios exagerados.

Buscamos que no se impida la entrada de otros oferentes, eliminando barreras a nuevos participantes, es decir que exista verdaderamente una libre competencia.


3.- Cobrar lo que se debe a los grandes contribuyentes y hacer justa la carga entre empresas y empleados

Gran parte de nuestros problemas como nación se originan en la poca recaudación de impuestos, menos del 10% del producto, cuando en otros países de América Latina es 20% y en Europa aun más.

La baja recaudación ha provocado la descapitalización de PEMEX, Irresponsablemente desde 1982 los gobiernos le han quitado a Pemex la mayor parte de su flujo de ingresos para dedicarlo a cubrir necesidades del gasto público general.

Eso ha reducido la capacidad de Pemex para descubrir nuevos yacimientos, para construir nuevas refinerías y plantas petroquímicas.

El resultado ha sido desastroso, cada año hemos tenido que incrementar nuestras importaciones de gasolina y de productos petroquímicos.

Muchas empresas no pueden aumentar su capacidad de producción en México porque no tienen seguridad en el suministro de materias primas de la refinación y la petroquímica.

Debemos de incrementar el ingreso fiscal, lo cual se puede lograr con impuestos al consumo o con impuestos al ingreso.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto al consumo, cuya tasa actual, ya es muy alta 15%.

Cabe recordar que como parte de la emergencia frente la crisis que nos dejó Salinas de Gortari, su tasa aumento de 10% a 15% en 1995.

De tal manera que incrementarla aún más, no es lo justo, ni lo eficiente, ya que a pesar de ser un impuesto de fácil administración, es un impuesto altamente regresivo, es decir, grava proporcionalmente más, a quien menos tiene.

Lo anterior se explica porque, los más pobres utilizan una mayor parte de su ingreso en consumo, mientras que los ricos tienen la capacidad de ahorrar y con ello la base del impuesto que está dada por el nivel de consumo, es menor.

Más aún, el reemplazar la tasa cero de IVA que tienen los alimentos y medicinas con la tasa general de 15% o cualquier otra tasa, es menos justo aun, porque en las familias más pobres y en la clase media la mayor parte del ingreso se gasta en estos renglones.

Por otra parte, la información que tenemos muestra que las grandes empresas no pagan lo que deben pagar.

Lo anterior se confirma al observar que los productos derivados del capital (la empresas) aportaron aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto, mientras que los asalariados aportaron una parte más pequeña el 25%, sin embargo la contribución de asalariados a la recaudación total del impuesto sobre la renta, fue mucho mayor que la contribución de las empresas.

Así por ejemplo, para el año 2004, las empresas pagaron impuestos sobre la renta por 118 mil millones de pesos, mientras que los asalariados pagaron impuestos que les fueron retenidos, por 182 mil millones. Cabe destacar que para 2005 la distribución de las contribuciones fue prácticamente similar.

Lo anterior se explica en buena medida por que las empresas tienen muchos regímenes especiales a los cuales se pueden acoger y con ello reducir mucho la cantidad gravable de sus ingresos, ya que la tasa impositiva es prácticamente similar a la de las personas físicas.

Por ello, estos regímenes, que permiten a las grandes empresas eludir y/o evadir impuestos deben ser eliminados.

Solo así las empresas, pagaran impuestos de manera proporcional a la parte del ingreso nacional que reciben como utilidades.

Además de ello, dichas empresas tienen que ser supervisadas de manera mucho más profesional que como se ha hecho hasta la fecha, a fin de que no haya omisiones por parte de los responsables de recaudar.

Si se llegaran a eliminar sólo algunos regímenes especiales que son los más socorridos para la elusión fiscal, la contribución de las empresas por impuesto sobre la renta se podría triplicar sin que ello represente una carga impositiva mayor que la que pagan en el extranjero.

Estos regímenes especiales, son la consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos, la exención de impuestos por ganancias en la bolsa cuando se trata de ventas de acciones en grandes paquetes.

La consolidación le permite a una empresa con altas utilidades buscar la manera de adquirir una empresa con muchas pérdidas y consolidar el ingreso de ambas para no pagar impuestos en ocasiones por varios años.

La depreciación acelerada implica hacer inversiones muy cuantiosas que normalmente se deprecian en su totalidad en 10 años y depreciar todo su valor desde el primer año, con el resultado de que cada año están arrastrando una pérdida fiscal y no pagan impuestos.

La exención de ganancias en bolsa implica que grandes empresas que se venden a nuevos dueños se registran en la bolsa para aparentar que la venta de acciones se hace a través de la bolsa y resultar un ingreso exento de impuesto sobre la renta, aunque las ganancias sobre el precio de compra hayan sido muy altas.

Sobre estos casos disponemos de información sobre abusos y por eso sostenemos que el principal hueco en la recaudación está en el impuesto sobre la renta.



2. DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y DE LA CLASE MEDIA

Introducción

De acuerdo el Banco de México, la inflación durante el 2006 fue de 4.03% y de 0.3% durante la primera quincena del mes de enero de 2007, sin embargo los incrementos en los precios de los principales bienes de consumo básico han observado crecimientos muy superiores a los reportados por el Banco Central.

Particularmente la carestía observada en los primeros 2 meses del gobierno espurio, abarca numerosos productos y servicios básicos, que han pulverizado el pobre aumento a los salarios mínimos (3.9%).

Así durante el primer mes de 2007, el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido en 26% con respecto a su deteriorado nivel de diciembre del año pasado, ello como resultado del incremento silencioso de los precios de artículos esenciales para las familias, en especial las más pobres y la clase media, situación que se agravó con la crisis del maíz y de la tortilla.

De esta manera y de acuerdo con datos obtenidos por el Gobierno Legitimo se observa que la evolución de los precios de 42 productos que pertenecen a la canasta básica revela que el crecimiento de los precios durante el 2006 fue de 10.53 por ciento.

Por ello, mientras que en enero de 2006 para adquirir éstos 42 productos básicos una persona que percibía un salario mínimo tenía que realizar un gasto de $ 740.44 pesos, para el mes de diciembre de 2006, el gasto necesario para adquirir esos mismos productos se ubicó en $ 818.44 pesos.

Cabe destacar que durante el año anterior, el salario mínimo mensual fue de 1,457.1 pesos, por lo que y costo de estos productos pasó de representar el 50.8% de su ingreso total en enero de 2006, al 56.1% para diciembre del mismo año.

Sin embargo esta situación se ha visto recrudecida en el mes de enero del 2007, ya que de acuerdo con información recabada de diversas tiendas departamentales se observa que el costo de adquirir esos mismos 42 productos básicos, ascendió a $ 1,031.40 pesos, lo que significa un crecimiento de 39.30% con respecto a enero de 2006 y de 26.02% si lo comparamos contra el mes de diciembre pasado.

Esto quiere decir que mientras que en enero de 2006, un obrero requería de 15.24 días de trabajo (jornada laboral de 8 horas) percibiendo un salario mínimo, para adquirir 42 productos de la canasta básica, para el mes de enero del presente año requiere de 20.33 días de trabajo, para adquirir la misma canasta de productos.

Lo anterior significa que en la actualidad un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar 20 días de trabajo para poder obtener una canasta de 42 productos básicos, por lo que con lo que le resta (10 días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo fue de sólo 3.9%.

Cabe destacar que los datos muestran que durante el mes de enero de 2007, de los 42 productos básicos de la muestra, sólo 5 registraron incrementos inferiores al porcentaje de incremento al salario mínimo en 2007 ya que la mayoría de los productos mostró crecimientos superiores al 10%, lo cual ha aniquilado el poder adquisitivo del salario mínimo, incluso por debajo de los niveles alcanzados en enero del 2006.

Así por ejemplo, un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kg de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir 2 kgs de azúcar.

Sin embargo para enero de 2007, el mismo obrero percibiendo un salario mínimo requiere en la actualidad de 10.45 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 7:45 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1:35 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas.

A lo anterior se añaden los incrementos en la electricidad 35%, y las carreteras de cuota, además de los incrementos mensuales de las gasolinas, lo que sin lugar a dudas afecta gravemente a la clase media.

Es pertinente recordar que los principales renglones del gasto familiar es la alimentación, el transporte y la vivienda y prácticamente los tres han aumentado, a tal grado que nunca se había visto una caída así de los salarios, ni siquiera con las crisis económicas.


Nuestra propuesta se basa en tres acciones:


1. un aumento del salario para compensar por estas alzas;

2. una solución de fondo al problema del maíz; el reordenamiento del mercado del maíz y de la tortilla; y

3. un subsidio a la tortilla que proteja a las familias del aumento exagerado de precios.



1.- Aumentos de salarios justos, por encima de la inflación


El aumento del salario mínimo de 3.9% ha quedado totalmente cancelado, los salarios deben aumentar cuando menos 26% para restablecer su nivel de noviembre de 2006.

Los salarios siempre deben aumentar por encima de la inflación, tanto porque eso es lo justo, como porque la productividad del trabajador mexicano siempre ha crecido mucho más que la inflación.

Sin embargo, de los datos anteriormente mostrados se observa con preocupación que el índice de inflación, ya no refleja el verdadero costo de manutención de las familias.


2.- Solución de fondo el problema del maíz y reordenamiento de los mercados

La solución de fondo es aumentar la producción de maíz con base en mayor productividad, programas de apoyo a productores, inversiones públicas y la adopción de una estrategia moderna de mediano y largo plazo, cuyo objetivo sea recuperar la autosuficiencia en la producción de alimentos para estar razonablemente protegidos de los aumentos de los precios internacionales del maíz, cuyas causas escapan a nuestro control.


Cómo impulsar la producción de maíz

Para aumentar la producción de maíz blanco y maíz amarillo, requerimos un programa de apoyo a los productores de maíz bajo una estrategia única.

Los principales instrumentos de esta estrategia son:

(1) la recuperación de 1.5 millones de hectáreas de tierras que se han dejado de sembrar en la última década; y

(2) la fijación de un precio de garantía para los productores, suficientemente realista, que cubra los aumentos pasados de costos de producción y que les permita un margen razonable de utilidad.

El aumento que requerimos en la producción de maíz blanco no pasa de 1 millón de toneladas y en maíz amarillo es de 5 millones de toneladas.

Estos aumentos se pueden obtener en 1 año para el maíz blanco y en 2-3 años para el amarillo, con acciones decididas y bien ejecutadas.


De nuestro consumo de 20 millones de toneladas de maíz blanco y de 10 millones de toneladas de maíz amarillo, hoy producimos 19 millones de blanco y 1 millón de amarillo. Eso resulta en que nuestras importaciones sean de 1 millón de blanco y de 9 millones de amarillo.

Con los aumentos que son factibles, se lograría cubrir el 100% de la demanda interna de maíz blanco y el 60% de la demanda de maíz amarillo.

Estamos convencidos que este aumento de la producción es posible en la misma frontera agrícola de 8.5 millones de hectáreas, una vez que recuperemos 1.5 millones de hectáreas que se han dejado de sembrar.

Por lo tanto, el aumento se lograría con modernización, eficiencia, productividad y la motivación de los productores. Debemos asegurar la concurrencia sistémica de los centros de investigación agrícola mexicanos. Cuyas contribuciones en el pasado han sido trascendentales en el desarrollo de nuevas variedades y tecnologías.

Debemos insistir en que está en el interés nacional mantener la frontera agrícola.

Por lo tanto debemos generalizar el pago por servicios ambientales a los tenedores de bosque, para equilibrar el incentivo del precio de garantía por tonelada de maíz con el incentivo de preservar los bosques y el medio ambiente.

Hoy el precio de garantía para los productores no se aplica en todo el país y es muy bajo, solamente 1,650 pesos por tonelada.

Este ingreso no es realista cuando los precios internacionales que tenemos que pagar por las importaciones son de 3,100 pesos.

Lo primero que hay que hacer es hacer extensivo el precio garantizado a todas las regiones del país y aumentarlo a 2,500 pesos por tonelada, suficiente para cubrir el aumento de costos que el precio actual no cubre y permitir una utilidad razonable al productor.

Debemos cambiar los calendarios de desembolso de los apoyos de Procampo, que son 15 mil millones de pesos para toda la agricultura incluyendo 8 mil para el maíz. Hoy se pagan los apoyos 2 meses después de la siembra por la burocracia y porque las autoridades verifican que haya habido siembra.

Un programa como estos debe fincarse en la confianza mutua. Debemos hacer los desembolsos dos meses antes de la siembra. Eso aumentará significativamente la productividad y la producción y reducirá los costos de los productores.

Por no disponer a tiempo de estos apoyos, los productotes recurren a bancos y al financiamiento de vendedores de insumos.

Por ello de cada peso que reciben les acaban pagando 30 centavos por el alto costo de las comisiones bancarias e intereses, a pesar de que los apoyos de Procampo son dados en garantía a los bancos.

Además los bancos pretenden con estos apoyos estar financiando la agricultura cuando lo que hacen es intermediar el dinero de Procampo.

Debemos impulsar la organización de los pequeños y medianos productores para la comercialización del maíz, a fin de que logren participar en condiciones de equidad en el mercado frente a productores e intermediarios más grandes. Esto es un requisito indispensable para ordenar el mercado.

Sin embargo, en tanto que los productores se organizan comercialmente de manera eficiente, el Estado debe operar un marco regulatorio suficientemente sólido que garantice que la comercialización del maíz sea justa y eficiente y sin sesgos contra del productor.

En este rubro debemos de ampliar las operaciones de Financiera Rural, organismo que sustituyó a Banrural y cuyo quebranto le costo a los contribuyentes poco más de 60 mil millones de pesos,

Se deben alinear todos los programas de apoyo existentes bajo una sola estrategia de incremento de la producción a base de eficiencia y con un modelo sustentable.

Esto significa que debemos incorporar las experiencias negativas de programas anteriormente aplicados, que no atendían los necesarios equilibrios en el medioambiente agrícola.

Los productores deben recibir todas las seguridades del estado de que estos programas y estrategias serán sostenidos en el mediano y largo plazo.

El apoyo a productores no debe suspenderse nada más porque los precios del maíz internacional bajan el día de mañana.

Este es un tema de seguridad nacional y fundamental para el bienestar y para la calidad de la alimentación. No será lo mismo importar producto de bajo contenido de proteínas y con riesgos para la salud y la obesidad que consumir nuestro propio maíz. Lo que nos cuesten los apoyos lo veremos compensado en menores gastos de atención a enfermedades causadas por mala alimentación.

Reiteramos que no necesitamos utilizar semillas para alimentos genéticamente modificados, que son riesgosas para la salud y que además nos harán depender para siempre de los dueños de las patentes de herbicidas y otros productos utilizados en la siembre, a la vez que encarecerían nuestra producción. Tenemos semillas suficientemente buenas para lograr estos incrementos de producción con alimento orgánico.

Pero adicionalmente debemos valorar a la agricultura de autoconsumo por ser el sector que conserva sus propias variedades de maíz y por lo tanto el material genético del país. Por ser las únicas semillas que no son estériles y que se adaptan al cambio climático, son las únicas que nos garantizan la soberanía alimentaria en el largo plazo. Debemos asegurar que la agricultura de autoconsumo tenga un incentivo económico suficiente para conservar este material genético.

Mantener al sistema de autoconsumo es una alta prioridad, porque en ausencia de esta producción lo que tendremos es una mayor demanda de subsidios, incluyendo para la tortilla y un deterioro acelerado del medioambiente.

Cerrar la brecha entre el crecimiento del consumo y el de la producción es esencial para nuestra seguridad.

Hoy la producción aumenta en 0.7% anualmente, cuando el consumo lo hace en 1.7%. Un escenario muy probable es que el maíz siga encareciéndose en el mundo, ya sea porque se utiliza para producir combustibles o porque el calentamiento global va a continuar.

Habrá malas cosechas, inundaciones y pérdidas para la agricultura. No podemos depender de fuerzas externas que solucionen estos problemas para garantizar la alimentación de los mexicanos.

La producción de maíz blanco puede aumentar de 19 millones de toneladas a 22 millones, suficientes para el consumo y para ir constituyendo reservas para tiempos de malas cosechas o para la exportación ocasional.

Sin embargo, para poder tener un mercado ordenado, no basta tener suficiente maíz blanco.

Por ello también debemos aumentar la producción de maíz amarillo. Esto, porque al encarecerse los precios internacionales del amarillo, hacen que la industria pecuaria y de almidón que lo utilizan como materia prima, demanden de pronto grandes cantidades de maíz blanco, causando saltos en los precios.

En el maíz amarillo la superficie actual de 300 mil hectáreas que producen 1 millón de toneladas, puede aumentarse a 1 millón de hectáreas y la producción llegar a 5 millones de toneladas.

Reiteramos, estos aumentos son factibles con base en la misma frontera agrícola, mediante aumentos de productividad y con criterios de sustentabilidad.

También debemos aumentar las obras de infraestructura que apoyan al campo, y que se han descuidado en los tres últimos decenios, una de las razones por las que los rendimientos por hectárea son tan bajos. La infraestructura de agua debe recibir máxima atención, pues faltan canales de riego, lo que causa un alto desperdicio de agua en los distritos de riego.

Mediante estas inversiones se puede duplicar la producción de maíz en los distritos de riego. Estos distritos hoy producen 12 millones de toneladas, lo que indica que el aumento de la producción es absolutamente viable.

Parte del programa es también constituir un inventario real y también inventarios virtuales de maíz, para ser utilizado en tiempos de malas cosechas o de fenómenos especulativos. Esto sólo será factible cuando la producción este en clara tendencia de aumento y haya suficiente credibilidad en las metas.

México no puede aplicar reglas de libre comercio con países que subsidian su producción o sus exportaciones, ya que eso representa una competencia desleal y no nos permitiría cumplir con nuestro objetivo de aumentar la producción. Los altos subsidios que otorga Norteamérica a su agricultura no son compatibles con el principio de libre comercio.

Por lo tanto, debemos de exigir, que con base en los compromisos adquiridos por el Gobierno en el Acuerdo Nacional para el Campo, se retire al maíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Por ello, se propone un Decreto Legislativo que ordene al Ejecutivo cumplir con este compromiso.

El Decreto se basaría en el Artículo 131 Constitucional Fracción II que permite por causas de emergencia nacional y seguridad, la restricción de importaciones y la imposición de aranceles.

El mismo Decreto debe ordenar al Ejecutivo administrar un sistema de regulación de las importaciones de maíz de manera permanente, tal y como se requiere para que podamos reordenar el mercado.

Debe prevalecer la Constitución sobre el TLCAN y esta acción debe dejar eso claro.


Cómo ordenar el mercado de maíz y de tortilla

Una vez dando certidumbre sobre suficiente disponibilidad de maíz, comenzando con el maíz blanco, es factible aprovechar las posibles sinergias con los productores de masa de nixtamal y de harina de maíz.

Actualmente el 50% de la tortilla se produce con masa harina de nixtamal y el otro 50% con harina de maíz. La tortilla no podrá ser barata si no ayudamos a los molineros productores de la masa a ser más eficientes, a comprar a precios razonables el maíz, a participar en el mercado para protegerse de fluctuaciones temporales de precios y a bajar sus costos.

De ello depende que el 50% de la tortilla no tenga presiones adicionales de costos a los que ya genera el precio del maíz y que los molineros no sigan perdiendo mercado a las grandes empresas de harina de maíz, lo cual es contrario a la competencia.

Por otra parte, la tortilla hecha con masa de nixtamal tiene mejores cualidades que la hecha con harina de maíz, porque se seca menos y así representa una economía para las familias.

Por lo tanto, debemos hacer una apuesta por la industria de la masa, en donde participan 3,500 molineros. Debemos crear un programa para apoyar su organización, que les permita tener empresas regionales para hacer compras consolidadas de maíz y para lograr una reconversión tecnológica y mayor eficiencia.

Esta organización les debe permitir entrar en contratos de compra de maíz blanco, así como para tener coberturas contra aumentos inesperados de precios.

Apoyar a los molineros implica un programa de crédito para maquinaria nueva, simplificación para constituir empresas comercializadoras regionales, asistencia técnica y principalmente certidumbre de que esta política no va a cambiar de pronto.

Con este programa y con el aumento de la producción de maíz, será factible frenar los intentos de especulación de grandes empresas.

Las grandes empresas también se podrían beneficiar de esta modernización de la industria, en primer lugar por la certidumbre del abasto y el aumento de los volúmenes de origen doméstico, con reglas claras para la administración de las importaciones de maíz.

Adicionalmente se debe extender al maíz blanco la posibilidad de la agricultura por contrato, lo que también dará certidumbre a las empresas del sector de harina de maíz y contribuirá a reducir precios.


3.- Subsidio temporal a la tortilla

Una vez planteada la estrategia para solucionar el problema de abasto de maíz y de tortilla de manera permanente, es deseable proteger a la población de los actuales precios altos de la tortilla mediante un programa específico.

Este programa consistiría en el subsidio a la tortilla mediante la distribución de vales que cubran la diferencia entre el precio de mercado alto y el precio subsidiado.

En vista de que hay bases suficientes para asegurar el aumento de la producción de maíz y para ordenar el mercado, a la larga los precios internos del maíz bajarían con respecto a los niveles actuales, determinados como están por factores internacionales y especulación.

Por esta razón, el subsidio al precio de la tortilla no será necesario una vez que la producción nacional de maíz haya aumentado y que las sinergias con los molineros y la industria se hayan desarrollado con confianza mutua.

Sólo un gobierno irresponsable no haría nada frente a la carestía de la tortilla, cuando los pobres de México son el 47% de la población.

Dentro de este sector, 18% de la población sufre pobreza alimentaria, es decir, 18 millones de personas que viven con 26 pesos diarios en las zonas urbanas y 19 pesos en las rurales.

En ausencia de soluciones a estos graves problemas, estas familias aumentarían su gasto por consumo de tortillas, si el precio se fijara en $8.50 por kg, de 65 a 93 pesos mensuales, es 41% más, aumento que supera el aumento del salario de 3.9%.

Para familias de ingreso mayor con varios hijos en edad escolar, el impacto negativo sobre el ingreso puede llegar hasta 320 pesos mensuales, entre 2.5% y 4% de su ingreso. Sumado a otros incrementos injustos de precios, las familias mexicanas no tendrían respiro de la carestía.

Por eso el subsidio deberá durar tanto como dure la carestía y debe ser general.

No aceptamos las ayudas llamadas “focalizadas”, que sólo compensan en parte a las familias más pobres con programas clientelares, como el de los 50 pesos anunciados para el pago de electricidad.

En parte porque al dar este apoyo el gobierno espurio seguramente va a reducir otros apoyos o los va a dejar de aumentar. En parte porque dejan sin ninguna protección a la mayoría de las familias y sobre todo a la clase media.

La clase media y la clase trabajadora de México no deben pagar con su ingreso la ineficiencia del gobierno para hacerse de recursos fiscales suficientes ni su abulia para solucionar problemas.

El costo de este programa dependerá del nivel de precios que se tenga que abaratar, pero un costo de alrededor de 30 mil millones de pesos sería una cifra realista.

Esta suma puede parecer alta o no. Lo es, tomando en cuenta la escasez de ingresos fiscales, pero no lo es para ayudar a solucionar de fondo el problema básico de alimentación de 100 millones de habitantes.

Tampoco lo es si se considera la probabilidad de éxito del programa para aumentar la producción de maíz y menos aun, cuando esta suma se obtiene, con tan sólo eliminar los privilegios fiscales para uno o dos de los grandes contribuyentes.

Una razón más para apoyar al peje en el 2007.