MAS DE PROCESO

Incomunicados y torturados
Pedro Zamora Briseño

TEPIC, NAY.- Poco después de las tres de la tarde del domingo 26 de noviembre, las autoridades del penal de Miahuatlán, Oaxaca, informaron a los familiares de los internos detenidos el día anterior, en el choque de policías y manifestantes en el centro histórico de esa ciudad, que se suspendía la hora de visita porque los reclusos iban a comer.

Todavía estaban en las inmediaciones del penal decenas de visitantes cuando dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública federal descendieron y los presos fueron obligados a abordar.

Reyna Ruiz, esposa del detenido Roberto Morales Hernández, relata: “Los llevaban en fila, con esposas en las manos y mirando hacia el piso; había mujeres y hombres con la ropa o los cabellos manchados de sangre y a otros se les veían moretones en distintas partes del cuerpo; los trataban de una manera terrible, como si de veras fueran criminales”.

En la fila, la mujer reconoció a Esmeralda Velásquez, estudiante del Tecnológico de Oaxaca, a quien un policía le golpeó la cabeza por levantar la mirada cuando unas amigas lanzaron gritos para apoyarla.

Igual castigo sufrió Javier Alavez Ramírez al voltear a ver a su amigo José Juárez Hernández. De acuerdo con éste, entre los presos trasladados había adolescentes de 14 o 15 años; incluso, “un elemento de la PFP empujaba a un muchacho y lo iba golpeando mientras avanzaban rumbo al helicóptero”.

Un operativo similar se realizó en la cárcel de Tlacolula. En la madrugada del lunes 27 de noviembre, 141 personas fueron traídas a Tepic desde centros de reclusión oaxaqueños y encerradas, bajo extremas medidas de seguridad, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 Noroeste, a 15 kilómetros de la capital nayarita.

Así los nuevos prisioneros –107 hombres y 34 mujeres, algunas mayores de 50 años o adolescentes– se convirtieron en compañeros de prisión de famosos reos, como Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue zar antidrogas y purga una condena por narcotráfico en ese penal federal.



El engaño



Sin conocer el destino de los detenidos, sus familiares empezaron su búsqueda por distintas cárceles de Oaxaca.

Reyna Ruiz insiste: “Nos engañaron y anduvimos de penal en penal. Primero dijeron que se los habían llevado a Tlacolula y, cuando llegamos, nos dijeron que no estaban ahí; entonces nos mandaron a Cimatlán y tampoco; cuando regresamos a Miahuatlán había un cerco de policías y pensamos que sólo los habían sacado a pasear, porque sabemos que los torturan así: amenazándolos de que los van a tirar de los helicópteros”.

Sin embargo, a las 22:30 horas del 26 de noviembre los policías obligaron a medio centenar de familiares a retirarse de los alrededores del penal de Miahuatlán, encañonándolos con sus armas y con advertencias altisonantes.

José Juárez Hernández refiere que el penal de Tlacolula fue desalojado de igual manera a las 3:00 horas del 27 de noviembre, cuando un grupo de personas exigía ver a los detenidos. “No van a poder hablar con nadie... más les vale retirarse, tienen 10 minutos para hacerlo”, les dijo un jefe policiaco. Los familiares se enteraron ese lunes, o incluso hasta el martes, del paradero de los detenidos, y eso en los periódicos y sitios de internet.

Fabián Juárez Martínez, hermano de la aprehendida Silvia Brígida Juárez Martínez, de 43 años, explica que “había versiones de que se los habían llevado a Tehuantepec, a Puebla, al Estado de México o a Nayarit”.

Él fue uno de los primeros familiares de presos que llegó a Tepic, el martes 28 de noviembre por la noche. Al día siguiente, desde las 8:30 horas intentó ingresar al Cefereso a visitar a Silvia, pero ni siquiera pudo acercarse al edificio: dos kilómetros antes, agentes de la PFP le cerraron el paso en un retén. Entonces se regresó a promover un amparo en Tepic contra la incomunicación de su hermana (registrado con el número 03730/2006 en el Juzgado Segundo de Distrito de esta ciudad). Y pese a que le fue informado que a las 16:00 horas había sido realizada la notificación, se le volvió a impedir la entrada.

Para entonces, alrededor de 25 familiares de presos ya se encontraban en el acceso, pero tampoco pudieron entrar al penal. Desde el lunes, diputados, organizaciones de derechos humanos, abogados y reporteros habían intentado ver a los reclusos, sin éxito.

De hecho, el miércoles 29 al mediodía los abogados Jesús Juárez Cortés y Norman Leyva Benítez, integrantes de la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), iniciaron un juicio de amparo para que se les permitiera el ingreso, pero el jueves 30 todavía no obtenían respuesta favorable del Juzgado Segundo de Distrito.

Casi al anochecer del miércoles 29, los custodios de la PFP informaron que sólo habría acceso para los familiares, pero dieron a conocer una lista de 18 requisitos: documentos notariados, cartas de recomendación, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros más para corroborar el parentesco y buena conducta.

En ese momento sólo lograron entrar tres personas, quienes al salir confirmaron los temores de todos: la mayoría de los detenidos estaban golpeados y habían sufrido tortura física y psicológica.



Sin defensa confiable



Juventino Orozco Moreno, que sí pudo ingresar al Cefereso a ver a su hermano Abel, narró el jueves que éste tiene una sutura de tres puntos en la cabeza, hematomas en ambos pómulos y en los muslos, así como dolor en las costillas.

“Además de los golpes físicos, los torturaron psicológicamente. Cuando los traían en el avión les decían que ya se los había llevado la chingada, les preguntaban en qué lugar querían caer, que nadie los iba a encontrar nunca, que se olvidaran de sus familiares”, cuenta Juventino Orozco en una conferencia de prensa que ofreció frente al Palacio de Gobierno de Nayarit.

Abel Orozco fue aprehendido al salir de la imprenta donde trabajaba y, dice su hermano, “le robaron un discman, discos compactos y mil 400 pesos, su salario de la semana”. De acuerdo con distintos testimonios, varios presos no pertenecen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ni acudieron a la manifestación del sábado 25, sino que habían salido de sus trabajos o se ocupaban de asuntos personales cuando fueron detenidos.

Es el caso de Silvia Brígida Juárez Martínez, quien según su hermano Fabián fue detenida cuando iba de compras para surtir su papelería. Y Javier Sosa Martínez, presidente municipal de San Juan Yae, fue aprehendido cuando fue a recoger a su hija a la salida de sus clases de danza, cuenta su hermano Saúl.

A su vez, Blanca Mendoza Ramírez, de 53 años de edad, realizaba en Oaxaca un trabajo de investigación sobre ciencias políticas cuando fue detenida, asegura su hermano Cuauhtémoc.

A decir del abogado Andrés del Campo Ortega, miembro de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), 213 personas detenidas en Oaxaca fueron trasladadas a diferentes penales del país; 141 están en Tepic.

Del Campo Ortega, quien llegó a esta ciudad el martes pasado para coordinar la defensa jurídica de los presos oaxaqueños, lamenta que no se haya permitido a los abogados y defensores de los derechos humanos ingresar al Cefereso. Hasta ahora, únicamente han ingresado visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes según el representante de la Limeddh reportaron que los internos presentaban lesiones no graves.

No obstante, dice Del Campo, “supimos que un compañero llamado Raúl trae dos costuras de 15 centímetros, el hombro probablemente dislocado y posible fractura de costillas: si eso son lesiones menores, no sé qué podremos encontrar cuando la CNDH empiece a señalar que hay lesiones graves”.

Entre el lunes y el miércoles pasados, período en que los internos estuvieron, no pudieron ver a nadie, se les tomó dentro del Cefereso la declaración preparatoria. El abogado Norman Leyva, de la AMADH, señala que hasta el jueves 30 de noviembre no se había logrado que los presos oaxaqueños tuvieran una defensa independiente del gobierno, pues sólo se permitió el acceso a los defensores de oficio de Nayarit.

–¿La intención fue que los detenidos no contaran con una defensa de su confianza durante su declaración preparatoria?

–Nosotros suponemos eso porque no nos han permitido participar en su defensa. Como la violación de los derechos humanos ha sido de parte del Estado, la maquinaria del Estado está operando en ese sentido. Creemos que es para fabricarles delitos.

Fortino Santiago Reyes, jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, está preocupado por la situación de cinco familiares suyos, indígenas mixtecos. En particular, teme por la situación de su hermana Aurelia Santiago, de 51 años de edad, quien no habla, lee ni escribe castellano.

“No sé cómo le hayan tomado su declaración, posiblemente diga sí a muchas cosas que no entiende y la pueden culpar de cosas que no cometió; el problema es que no hay traductores para indígenas y no me dejan pasar para estar con ella”, denuncia.

Tras la instalación de un campamento del Comité de Familiares y Amigos de Desa-parecidos, Asesinados y Presos del Pueblo de Oaxaca (Cofadappo) frente al Palacio de Gobierno de Nayarit, la Limeddh hizo el jueves pasado un llamado a Amnistía Internacional y a la Organización de las Naciones Unidas para que envíen visitadores a Nayarit a fin de velar por la seguridad de los “presos políticos”.

Del Campo considera que en los últimos días del sexenio de Fox el gobierno federal enseñó “el brazo faccioso, el uso excesivo de la represión en contra de los oaxaqueños”. Y añade: “Tememos que se incremente este tipo de acciones con el inicio del nuevo gobierno”.

La llegada de los detenidos oaxaqueños a Nayarit provocó que el gobernador Ney González manifestara su preocupación por la estabilidad social de la entidad y que el Congreso del estado aprobara un punto de acuerdo en el que se exhortó al Ejecutivo federal a reubicar a los internos.

Y los empresarios, aglutinados en torno al Consejo Empresarial, cámaras y clubes de servicio de la entidad, publicaron un desplegado en la prensa local: “Rechazamos que los reos de Oaxaca estén recluidos en Nayarit… Nayarit no es el resumidero social de otros estados”.

Puño derecho: el gabinete de Calderón
Miguel Ángel Granados Chapa

Los duros ocupan los lugares dominantes en el equipo con que Felipe Calderón pretende gobernar un país donde se multiplican los signos de ingobernabilidad. Uno de esos signos, paradójicamente, se mostró en las vacilaciones y ajustes en que incurrió el nuevo Presidente a la hora de integrar su gabinete. Tres veces modificó fechas de presentación de algunos designados, cambió de adscripción a más de uno a última hora, y sacó de la lista a quien se había dicho en su oficina misma que sería secretario de Marina. Y aun se vio en el caso de mencionar a personas que no serían nombradas, para aliviarlas del peso de la postergación.

Aunque en el gabinete hay panistas sin credencial y que la tuvieron como zedillistas (Luis Téllez y Javier Lozano), el gabinete es casi por entero panista y acentuadamente foxista, como muestra de agradecimiento del sucesor al antecesor por los múltiples favores recibidos, los que obligaron a decir al Tribunal Electoral que Vicente Fox había puesto en riesgo la elección. Seis secretarios de Estado formaron parte del gabinete del guanajuatense que a partir de este domingo descansa en sus ranchos San Cristóbal y La Estancia. Cuatro más fueron subsecretarios u ocuparon posiciones de relieve en ese mismo gobierno. Y nueve han sido elegidos a cargos de representación, postulados por el PAN.

Dejamos al margen a los secretarios castrenses, el de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván (parte del legado foxista, también, pues fue subsecretario hasta el jueves 30) y el de Marina, almirante Mariano Francisco Sáynez Mendoza (de quien sólo hay que decir que desplazó a última hora a Raúl Santos Galván Villanueva, a quien tan se tenía previsto nombrar que el Senado aprobó el miércoles 29 su apresurado ascenso a almirante).

En el frente que se ocupará de la gobernabilidad (aparte esos ministerios militares) el puño cerrado y no la mano tendida es la seña de identidad.

Habría tres razones por las cuales fue designado secretario de Gobernación Francisco Xavier Ramírez Acuña: su trayectoria política, su condición de felipista pionero y la represión a altermundistas en Guadalajara, pero se teme que la decisión se fundara más en este último rasgo que en los anteriores, y que se espera que el trato a cualquier inconformidad ciudadana se asemeje al que se asestó a los globalifóbicos el 28 de mayo de 2004 (víspera por cierto del rumboso destape tapatío del hasta entonces secretario de Energía) y en sus secuelas policiaca, ministerial y carcelaria. Hasta esa fecha Ramírez Acuña aparecía como uno de los panistas con mayor experiencia política: alcalde (de Guadalajara nada menos), diputado local, diputado federal, gobernador. Y como cabeza de la corriente liberal jalisciense, contraria a los Tecos y el Yunque, que un tiempo dirigió Gabriel Jiménez Remus, embajador foxista en España, y a quien el conservadurismo panista impidió ser candidato a gobernador en 1995, cuando lo fue Alberto Cárdenas.

Es temible la designación como secretario de seguridad pública de Genaro García Luna, que fue acusado por uno de sus antecesores, Alejandro Gertz Manero, por irregularidades en la compra de aeronaves en la Policía Federal Preventiva, de que fue uno de los jefes; y en el gasto que esa corporación erogó para la protección de candidatos presidenciales en el proceso electoral del 2000. Lo mismo que Wilfrido Robledo, su amigo ahora director de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense (cuyos integrantes violaron derechos humanos a granel el 4 de mayo en Atenco), García Luna fue exonerado de esos cargos, y Gertz Manero salió del gabinete foxista. De todos modos, su ahora sucesor no se preocupó nunca por la eventualidad de ser aprehendido, pues hubiera tenido que hacerlo él mismo, ya que el procurador general de la república Rafael Macedo de la Concha, que lo protegió en sus vicisitudes ante Gertz Manero, lo hizo director de la Policía Judicial Federal, que mudó su nombre (sólo eso cambió) y se llama ahora Agencia Federal de Investigaciones (AFI). La especialidad de esa corporación consiste en no cumplir las órdenes de aprehensión que son parte sustantiva de su tarea: las detenciones de jefes del narcotráfico las realiza el Ejército, mientras que la AFI se abstiene de capturar de nuevo a Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo y de aprehender a muchos presuntos delincuentes notorios cuya detención ha sido ordenada por jueces federales. No es casualidad, por otro lado, que bandas de sicarios y secuestradores se hagan pasar como miembros de la AFI, tal vez por la escasa diferencia que se percibe entre las conductas de unos y otros.

El procurador Eduardo Medina Mora (cuyo nombramiento debe ser ratificado por el Senado) cumplió hasta su designación como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una pulcra y eficaz trayectoria en los sectores privado y público. En el Cisen, sin embargo, se le impusieron las necesidades propias del precandidato presidencial que firmaba como secretario de Gobernación, Santiago Creel, e hizo méritos suficientes para llegar a la Secretaría de Seguridad Pública a la muerte de Ramón Martín Huerta, en septiembre de 2005, cuando aún parecía posible que Creel fuera candidato presidencial. Su respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la participación de la PFP, que depende de la SSP, en las tropelías policiacas (perdón, policiales) perpetradas en Atenco en mayo pasado, es una suma del credo autoritario, una alabanza a los procedimientos de una corporación que se supera a sí misma en Oaxaca, a donde fue enviada para apuntalar al gobernador Ulises Ruiz.

Esa es la brigada de choque político, físico, del gabinete calderonista. Se encargarán del golpeo financiero y económico el secretario de Hacienda Agustín Carstens, subsecretario de Francisco Gil, que comparte sus dogmas y los perfeccionó en el Fondo Monetario Internacional; el secretario de Economía, Eduardo Sojo, de pura cepa foxista (acompañó al ya expresidente desde el gobierno guanajuatense), enviado por su jefe de entonces a auxiliar en su campaña a su jefe de ahora; y Luis Téllez, que ascendió desde un cargo técnico en el salinismo al primer círculo zedillista y está ahora destinado a ser gerente de los monopolios de las telecomunicaciones en su condición de titular de la SCT, en cuyas áreas de competencia carece de antecedentes. Tampoco los tiene en el ámbito laboral el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Expriista (subsecretario dos veces en el gobierno de Zedillo, presidente también entonces de la Comisión Federal de Telecomunicaciones), representante en su hora del gober precioso Mario Marín, Lozano Alarcón fue impedido de ocupar el cargo finalmente asignado a Téllez por decisión de los monopolios de la televisión, pues donde manda capitán no gobierna marinero.

Alberto Cárdenas, impulsado al gobierno de Jalisco por la extrema derecha, volverá al gabinete (con Fox fue secretario del Medio Ambiente) ahora como titular de la secretaría del nombre más luengo en el organigrama: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Pasó un tiempo por ese sector, en la Comisión Nacional Forestal, y es de esperar que su gestión en el campo sea menos perjudicial de lo que fue en la ecología, según calibraron los más importantes grupos ambientalistas, como Greenpeace. Uno de sus colaboradores cercanos, Juan Rafael Elvira, ascendió a la titularidad de la Semarnat. Hizo allí carrera en este sexenio, como delegado en Michoacán, como director y como subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental. Antes fue elegido alcalde de Uruapan, municipio gobernado hace tiempo por el PAN. También se encuentra un antecedente de panismo local en Abelardo Escobar, nombrado por Fox secretario de la Reforma Agraria en abril pasado (cuando el Presidente envió a Florencio Salazar Adame a reforzar la campaña de Calderón) y que permanecerá en ese cargo. Fue secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez (donde funcionó por décadas la escuela de agronomía propiedad de su familia) y antes de ser director del Registro Nacional Agrario, diputado a la LVIII legislatura.

De bancadas panistas en el Congreso surgieron también quienes serán responsables de Educación Pública, Desarrollo Social y Salud. Josefina Vázquez Mota fue tres meses integrante de la LIX legislatura, antes de ser nombrada secretaria de Desarrollo Social por el presidente Fox, que en febrero pasado la comisionó para coordinar la campaña de Calderón. Carente de experiencia en el ramo educativo (si bien es conferencista no ha sido profesora) y aunque no la tenga de mucho tiempo en el terreno político, es de suponerse que su gestión al frente de la SEP será de esta naturaleza. Queda por definir si lo hará para erigir un muro de contención a los afanes que en esta materia tiene Elba Esther Gordillo, y aun para recortar los privilegios de la dirección sindical que encabeza, o si será intendente de los intereses de la lideresa, al fin y al cabo aliada y contribuyente importante a la victoria de Calderón.

De la anterior legislatura (y de universidades públicas estatales, a diferencia de la mayor parte de sus compañeros, formados en la enseñanza superior privada) proceden la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Zavala Peniche (integrante también de la actual legislatura, en el Senado) y el de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. El nombramiento de la antropóloga egresada de la Universidad de Yucatán, de donde es oriunda, se explica por su papel en la elaboración de la Ley de Desarrollo Social, fruto de la Comisión legislativa del ramo que ella presidió (por lo que resultó extraño que en Xicoténcatl encabezara no la equivalente sino la de Educación). El médico guanajuatense, el más felicitado hasta ahora entre los miembros del gabinete, en expresiones públicas de empresas y corporaciones profesionales, no se abstuvo como diputado de mostrar posiciones conservadoras en temas polémicos de salud pública. Está destinado a ser el anti Julio Frenk (cuya tarea, salvo en materia de tabaco) tuvo alto nivel republicano y científico.

Dos mujeres no afiliadas al PAN, y tenidas en cuenta por sus antecedentes profesionales forman (con Vázquez Mota y Zavala) el sector femenino, la cuota mujeril en el gabinete de cerca de veinte miembros. Se trata de la secretaria de Energía Georgina Kessel que, si bien formaba parte del equipo hacendario de Fox, como directora de la Casa de Moneda, cuenta para el desempeño de su función con el precedente de haber presidido –a la hora de su creación– la Comisión Reguladora de Energía, hace más de 10 años. Y de la secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa (homónima de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, por lo que conviene incluir su segundo apellido, Cantellano, para identificarla), que se formó en relaciones internacionales en El Colegio de México y ha sido miembro del servicio exterior, una profesional de la diplomacia cuya reivindicación se busca con su nombramiento, claro reproche –el único– a la administración precedente. Integrarla al gabinete implicó que Calderón postergara a Arturo Sarukhán, que fue su principal consejero en política exterior, por lo que se sintió obligado a compensarlo en términos de presencia pública. Anunció que será embajador en Estados Unidos o subsecretario para América del Norte, que de un modo u otro puede entenderse la misión que le confió anticipadamente.

Me refiero para finalizar a los tres colaboradores más cercanos política y personalmente con el nuevo presidente que, por lo demás, los ha tenido ya como colaboradores. Rodolfo Elizondo Torres permanecerá en la Secretaría de Turismo, a la que llegó tardíamente en el sexenio pasado. Fue miembro del comité nacional encabezado por Calderón y lo apoyó en la contienda interna por la candidatura presidencial, pese a que no era el aspirante grato a Fox. Contemporáneo y paisano del ahora presidente, Germán Martínez Cázares fue director jurídico del comité panista presidido por Calderón de 1996 a 1999. Los identificó su adhesión a Carlos Castillo Peraza, que en el caso del flamante Ejecutivo se diluyó de un modo que Julio Castillo López, hijo del ideólogo ya fallecido, ha llamado traición.

Y el último pero por supuesto no el menos importante: Juan Camilo Mouriño, el Córdoba de ese Salinas que es Calderón. Nacido como aquel fuera de México, será titular de la Oficina de la Presidencia, que será reinstalada en el organigrama de Los Pinos, con el mismo nombre, como para subrayar su filiación. Tal vez un mínimo rubor impidió a Calderón nombrar a quien fue subsecretario de Energía bajo sus órdenes responsable de una secretaría de Estado, pues no siendo mexicano por nacimiento se violaría la Constitución, que demanda esa oriundez para tal cargo. Aunque, a decir verdad, Mouriño la violentó ya, con inverecundia, cuando fue diputado local y federal, que requieren satisfacer la misma condición. Ese irrespeto a la ley podría ser un modo de ser. ?