La toma de Los Pinos
Álvaro Delgado
La estampa es elocuente: entre la marabunta de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) que vencieron sus buenos modales trepándose a la tribuna de la Cámara de Diputados, y en medio de piquetes del Estado Mayor Presidencial (EMP) apoyados por un grupo de élite castrense provisto de fuerte armamento, apenas se ve una figura, la del sucesor de Vicente Fox, Felipe Calderón, que se encamina hacia la salida.
Se va por donde entró: por la puerta de atrás del recinto, un acceso oculto que fue custodiado por las tropas día y noche para garantizar la consumación de una ceremonia que, por mandato constitucional, debía desahogar Calderón, cuya figura se pierde detrás de la grandeza de la doble bandera nacional desplegada en el muro de honor.
Lo sigue Fox, quien ya sin ninguna investidura reapareció en el Salón de Sesiones del Congreso después de que, el 1 de septiembre, el repudio al cerco policiaco y militar con miles de elementos lo hizo llegar sólo hasta el vestíbulo para cumplir el trámite de entregar el paquete con su último informe de gobierno, en una acción que sepultó el rito de los mandatarios mexicanos de ingresar por la alfombra roja del pasillo central.
Calderón no llegó ni a dar ese paseíllo desde la entrada principal hasta la “más alta tribuna de la nación”, sujeta a duda su legitimidad por millones de mexicanos que lo ha hecho someterse a la custodia castrense desde la noche misma del 2 de julio, cuando proclamó su victoria.
Así fue su asunción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 5 de septiembre: fortificada la sede de la institución por más de 3 mil elementos del Ejército, la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), Calderón recibió la constancia como ganador legal después de llegar en helicóptero y entrar por una puerta trasera.
Y ha sido de esa forma también en todos los encuentros públicos y privados que ha sostenido: siempre bajo el cerco infranqueable de elementos castrenses, bajo el mando de Jesús Javier Castillo, quien el 20 de noviembre fue ascendido de brigadier a general de brigada y que el jueves 30 de noviembre, en vísperas de la toma de posesión, fue nombrado jefe del EMP.
El privilegio a las instituciones castrenses que lo cuidan, junto con sus colaboradores y familiares, Calderón lo subrayó no sólo por juzgarlas clave en el combate contra el crimen organizado, sino por haber sido su primera acción como sucesor de Fox, el primer minuto del 1 de diciembre, en una ceremonia en la que utilizó, por primera vez también, la cadena nacional de radio y televisión:
Después de que Fox se desprendió de la banda presidencial, que casi se le cae al suelo por su evidente nerviosismo y que luego volvió a usar, Calderón tomó protesta a los nuevos secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, junto con los secretarios de mano dura Francisco Ramírez Acuña, de Gobernación, y Genaro García Luna, de Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Pero en esta inédita ceremonia, en la que Calderón reiteró su devoción por la aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho, él mismo cometió la primera violación constitucional de un artículo que invocó para formalizar a los nuevos secretarios, el 128, que establece: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Calderón sólo rindió la protesta que establece ese artículo, envuelto en muestras de repudio de los legisladores de los partidos políticos que postularon a Andrés Manuel López Obrador, y apoyo del PAN, hasta casi 10 horas después.
Él mismo lo dijo en su mensaje de medianoche: “Al entrar al ejercicio de mi cargo como presidente de la República, en los términos que lo establece el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, y la disposición constitucional ordena de manera clara: “Sin excepción alguna”.
Fomento del odio
Pero la crisis que padece México, que ha exhibido las más recientes riñas en la Cámara de Diputados y las sistemáticas protestas que exigen un cerco de seguridad para Calderón, no existe. Si acaso se trata de “momentos de tensión entre las principales fuerzas políticas”, como lo dijo en su primer discurso como sucesor de Fox, en el Auditorio Nacional, atiborrado de porristas.
Reiteró que está dispuesto al diálogo, pero de plano no mostró mayores expectativas: “Dialogaré con quien esté dispuesto a dialogar y construiré con quien quiera construir”.
Anclado en su discurso legalista con tonalidades políticas, insistió en que hará cumplir la ley: “Pongamos fin a la impunidad, a la impunidad de los delincuentes que amenazan nuestras vidas y familias, a la impunidad de los políticos que violentan la ley en su beneficio, a la impunidad de quienes abusan de una sociedad inerme, cualquiera que sea su posición de privilegio político, económico o social”.
Y pese a que ahora no empleó la dicotomía con la que clasifica a los mexicanos entre “pacíficos” y “violentos”, Calderón mantuvo el mismo talante que caracterizó su discurso antes y después de las elecciones del 2 de julio, soportado en una campaña propagandística formalmente financiada con recursos del PAN, pero también de los magnates del país y con la intervención directa de Fox.
El señalamiento no vino ni siquiera de los más tenaces opositores de Calderón, sino del TEPJF que, pese a legalizar su triunfo, acreditó que la ilegal intervención de Fox puso “en riesgo” la elección federal y que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), auspiciado por el salinista Claudio X. González, contrató ilegalmente promocionales en radio y televisión que le costaron 136 millones de pesos.
También quedó demostrado el gasto, igualmente ilegal, de 37 millones de pesos del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), un organismo dependiente de la extrema derecha ideológica y patronal, fundado por Enrique Terrazas Torres, coordinador financiero de la campaña de Calderón en el norte del país y protector de José Luis Barraza, presidente del CCE.
Aunque el CCE y Celiderh no han aparecido recientemente en las pantallas para hacer propaganda filopanista, sí lo han hecho dos membretes claramente identificados con esa estrategia, el Consejo Mexicano de la Juventud y Compromiso Joven, que desde la noche del miércoles 29 emitieron un promocional, en radio y televisión, para acusar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de “frenar el avance del país”.
El spot televisivo muestra a una madre con su hija viendo la televisión, que transmite imágenes de los golpes entre diputados perredistas y panistas, luego de que éstos tomaron la tribuna el martes 28.
“–Mamá, ¿por qué ese señor le está pegando al otro? ¿Hizo algo malo?
“–No, mijita, pero él y el PRD le están pegando a México, no lo dejan avanzar.”
Enseguida, la actriz pontifica: “Ya estuvo bueno de tanto odio y amenazas, ¿no? México no es del PRD, es de todos. ¡Por eso, yo protesto!”.
Ambos membretes suscribieron en agosto, en el contexto de las protestas electorales por el recuento “voto por voto y casilla por casilla”, otra campaña contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, por no reprimir a quienes instalaron campamentos en el Centro Histórico y el Paseo de la Reforma.
Y junto con Celiderh, la Alianza Sindical Mexicana –central obrera patrocinada desde el gobierno– y Liderazgo Emprendedor suscribieron, poco antes de las elecciones del 2 de julio, una campaña denominada “Ármate de valor y vota”, para infundir miedo a los electores asociando a López Obrador con el venezolano Hugo Chávez, con escenas de violencia y armamento.
El fundador del Consejo Mexicano de la Juventud es Edwin Valdés Cabello, militante del PAN de Nuevo León y allegado a Guillermo Velasco Arzac, presidente de la Coordinadora Ciudadana y jefe operativo de la ultraderechista Organización Nacional de El Yunque, amigo de Enrique Terrazas Seyffert, hijo del patrocinador de Calderón, presidente de Celiderh y dirigente, desde octubre, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua.
Todos estos membretes han firmado, también, desplegados periodísticos, agrupados en el organismo Sociedad en Movimiento, creado bajo el auspicio de la Coparmex y al que Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga, regaló tiempo, según reconoció el dirigente del organismo patronal, Alberto Núñez Esteva (Proceso 1554).
Pago de facturas
La campaña de crispación la inició el propio Calderón desde que inició la búsqueda por la Presidencia de la República, el primer minuto del 19 de enero, cuando llamó a sus simpatizantes a que las diferencias partidistas, de raza, de religión o de opinión “no sean factores que empañen nuestra visión de futuro ni que nos orillen a promover el odio, el rencor, el pasado”.
Han acompañado a Calderón prominentes miembros del mundo empresarial –y aun de la farándula y españoles–, cuyos representantes forman parte del gabinete y que ocuparon las primeras filas en el Auditorio Nacional, luego de la rendición de protesta en San Lázaro, donde también fue evidente el desaire de mandatarios del mundo.
El dignatario de mayor jerarquía fue el futuro rey de España, Felipe de Borbón, custodio de los extendidos intereses de ese país en México, que representa también Ignacio Salafranca, militante del derechista Partido Popular y quien fue portavoz de la delegación de observadores del proceso electoral en México, que según ellos fue transparente.
Ahí estuvo, por ejemplo, María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México y esposa del embajador de Estados Unidos, Antonio Garza. Militante formal del PAN y patrocinadora de la campaña de Calderón, fue una de las asistentes más entusiastas.
Otros miembros del elenco que acompañaron a Calderón en las primeras filas fueron, precisamente, Enrique Terrazas Torres, fundador de Celiderh, y José Luis Barraza, presidente del CCE, apartados del gentío panista acarreado en autobuses desde varios estados de la República.
En la comida, celebrada en el Museo Nacional de Antropología, el público fue más selecto y sella el futuro de su gobierno: los dueños de los dos emporios televisivos del país, Emilio Azcárraga, de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca; Carlos Slim, del Grupo Carso; Héctor Rangel Domene, expresidente de los banqueros de México, y Roberto González Barrera, jerarca del Grupo Maseca y de Banorte.
Por parte de la Iglesia estuvieron el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, y Emilio Berlié, arzobispo de Yucatán.
Un gobernador perredista deambulaba feliz por entre las mesas. Era Lázaro Cárdenas Batel, que repartía abrazos.
Operación militar
José Gil Olmos
“Se hizo uso de toda la fuerza del Estado”, sostiene el general retirado José Francisco Gallardo. Entrevistado el viernes 1 en la redacción de Proceso, advierte que si Calderón opta por la mano dura y la visión militar para resolver los conflictos sociales a lo largo de su sexenio, cometerá un grave error y solamente profundizará la división que ya existe en el país.
Cinco minutos duró la ceremonia de transición de poderes, pero para el Ejército, la Marina, la Policía Federal Preventiva y la policía capitalina significó el uso de 20 mil efectivos y un dispositivo logístico desplegado a lo largo de tres kilómetros alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Afortunadamente no hubo derramamiento de sangre; fue un operativo limpio”, dice el general.
Conocedor de este tipo de estrategias, Gallardo, quien pasó nueve años en la cárcel militar luego de proponer la creación de un ombudsman castrense, explica en entrevista con Proceso las acciones que se instrumentaron para lograr el cambio de la banda presidencial y el ungimiento de Felipe Calderón como jefe del Ejecutivo.
Estas acciones, dice, están previstas en dos reglamentos militares: el de protección de servidores públicos y el de disturbios civiles, que consideran tanto la infiltración de personal militar entre los vigilantes del recinto legislativo como el uso de tanques antimotines y de francotiradores para la “aniquilación de líderes”, si fuese necesario.
Dice el general Gallardo en la entrevista, realizada el viernes 1 en la redacción de Proceso: “Cuando se trata de la seguridad del presidente, el jefe del Estado Mayor Presidencial previene que todas las fuerzas de seguridad del Estado, y me refiero a todas, incluyendo las del Distrito Federal, quedan bajo su mando. Eso está contemplado en el reglamento del Estado Mayor Presidencial, pero sobre todo en dos reglamentos militares que son el de protección de funcionarios públicos y el de disturbios civiles”.
Estos dos manuales, añade, funcionan en casos concretos. “Toda esta operación que vimos empezó 15 días antes, con la instalación de las vallas para impedir el tránsito abierto de la gente que trabajaba en el Congreso. Ahí empieza a articularse la presencia del Estado Mayor Presidencial, que llega a tener un control perfectamente bien delimitado de las personas que tienen acceso al Congreso, y entonces se empieza a revisar hasta el último rincón con técnicas especiales, como la utilización de perros para detectar explosivos.
Posteriormente, dice el general Gallardo, vino la localización de las vías seguras por las cuales podían transitar Fox y Calderón, a fin de evitar las acciones de los legisladores del PRD, para lo cual se utilizó a los militares que desde mucho antes ya estaban en labores de vigilancia, pero vestidos de civil.
“En San Lázaro, como en cualquier instalación de gobierno, existen varios reductos de comunicación que son alternos a los pasillos normales donde se pueden trasladar las personas; por ejemplo, la puerta que había detrás de las banderas podía servir de salida de emergencia o para comunicar a otros recintos. Estos recintos fueron perfectamente estudiados por las fuerzas de gobierno; en este caso por el Estado Mayor Presidencial.”
Explica: “Aquí el asunto es que mucho del personal que da seguridad al palacio legislativo es personal militar que pertenece o está comisionado en el Estado Mayor Presidencial, y cuando no hay un evento como éste, pues ni siquiera la gente se da cuenta de que este personal está trabajando ahí.”
“La mayor parte de los legisladores que tienen un vínculo directo con el presidente, en este caso los del PAN, tienen escoltas del Estado Mayor Presidencial y dan un informe pormenorizado cada 24 horas.
“Por eso, cuando vemos que de un momento a otro aparecen el expresidente Fox y Felipe Calderón, fue porque pasaron por estos laberintos, por estos reductos que tiene el Congreso y que son alternativos a las vías normales de acceso. Por eso cuando vi que (los legisladores del PRD) estaban bloqueando las puertas con sillas, pensé que eso no iba a servir para nada, y que no sabían cómo se había realizado el operativo militar”.
El mensaje
–¿Pero no es cuestionable lo que vimos ahora, que la ceremonia de transición de poderes se logró gracias a una estrategia militar?
–Es muy lamentable que precisamente una toma de posesión como la que presenciamos, se apoye en el Ejército, en la fuerza. Es claro que (Calderón) logró tomar posesión como presidente, pero usando toda la fuerza del Estado. Hubiera sido muy emotivo que la nueva administración hubiera tomado posesión con una gran alegría, con una gran participación de pueblo, porque hay un cambio de gobierno.
“Algo que vemos con esto es que hay un país dividido, dos proyectos de Nación diferentes, pero creo que el presidente Calderón tiene una gran oportunidad en sus manos para dirimir todos los conflictos”.
–¿Pero qué mensaje se emite con la implementación de una estrategia militar para que Felipe Calderón tomase cargo como presidente?
–Ese es el problema: se da un mensaje de que se va a usar la fuerza del Estado para dirimir asuntos de carácter social, estudiantil, de comunidades indígenas, entre otros conflictos. Espero que no pase del día de hoy (viernes 1 de diciembre). Ojalá que en el futuro se utilice la política y no la fuerza.
–¿Por lo que vio, se utilizaron fuerzas especiales del Ejército?
–Claro, calcularon las cosas milimétricamente. La gran mayoría de las personas que participaron son entrenadas para ello, es personal dedicado a dar seguridad a los funcionarios, tienen sus manuales y sus capacitaciones especiales.
Asedio
El general Gallardo, quien se encuentra en un litigio que se dirime en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el Ejército mexicano le retiró su grado, explica que la ceremonia que realizaron Fox y Calderón la medianoche del jueves 30 de noviembre fue “preventiva”, por si no podían hacerlo en la Cámara de Diputados el viernes 1 por la mañana.
Pero más allá de esto, manifiesta preocupación ante la posibilidad de que Calderón opte por la mano dura en vez de la negociación para gobernar el país. Pone como ejemplo la manera en que se ha enfrentado el conflicto en Oaxaca.
“Una cosa que quiero comentar es lo que está pasando en ese estado. Si el presidente Calderón ve la actuación de los grupos armados como un asunto de carácter militar, va a tener problemas. Pero si lo trata con una visión política, como una manifestación de estos grupos en el reclamo de asuntos de carácter social, educativo, etcétera, va a ser diferente.”
Insiste: “Vamos a ver si (Felipe Calderón) cumple lo que dijo, de rebasar a la izquierda por la izquierda. Uno de los reclamos de justicia que desarticularían estos movimientos sociales es que Calderón emitiera una ley de amnistía para que todos los presos políticos –alrededor de 800 en todo el país– quedaran libres. Esto daría una visión diferente a la que vimos cuando tomó posesión como presidente mediante la fuerza. Otro es resolver mi caso; esto le daría una nueva relación cívico militar que Fox no quiso tener cuando fue presidente.
“Estoy de acuerdo en que la autoridad actúe con energía, pero es diferente a la mano dura. Con energía me refiero a que debe actuar apegado al estado de derecho y no de manera autoritaria. Si una persona es acusada de algún delito, debe estar sujeta a los procedimientos legales de un juicio justo y no que se encarcele injustamente ni que sea torturada.”
–¿No observa que desde el inicio de su gobierno Calderón está en la disyuntiva de la negociación política y la mano dura?
–Sí claro. Aquí, como se trata de una transición de poderes, tenemos que tomar en cuenta que la actuación del Estado Mayor Presidencial fue por órdenes del expresidente Fox y del anterior secretario de la Defensa. La gente que llega con Calderón no tuvo nada que ver con la estrategia de la ceremonia; fue el general Tamayo, jefe del Estado Mayor Presidencial. Pero ojalá en el futuro no se utilice más la fuerza y se arreglen las cosas mediante otras vías de negociación política
Y DEL "AMADISIMO" MOURIÑO" EL VIOLADOR DE LA LEY AL SER DIPUTADE-TE SIENDO EXTRANJERO "NATURALIZADO":
El vicepresidente Mouriño
Álvaro Delgado
Encargado de demoler el diseño del “gabinetazo” foxista, el nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, concentrará en los hechos el poder de un vicepresidente. Su responsabilidad: evitar el desorden que se fue comiendo a Fox, coordinar a los secretarios de Estado y supervisar el cumplimiento de las prioridades del sexenio. Nada hace prever que abandone la habilidad que lo llevó al lado de Calderón: la intriga palaciega.Aunque el personaje de más confianza de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, afirma no tener ningún parecido con José Córdoba Montoya, el poderoso asesor de Carlos Salinas, coinciden en al menos dos cosas: ser titulares de la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y mentir sobre su nacionalidad.
Córdoba Montoya, quien ocupó con Salinas la supersecretaría análoga a la que ahora Calderón le confía a Mouriño, se hizo pasar como mexicano siendo ciudadano francés, y aun con esa nacionalidad ingresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mouriño también: nació en Madrid, España, en 1971 y, al cumplir la mayoría de edad, en 1989, renunció a esa nacionalidad, pero siete años después, cuando regresó de un viaje de Estados Unidos, utilizó un pasaporte –el número 8800581– expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país a través de su consulado en Miami, Florida.
Este escándalo se produjo cuando, en 1997, el diario El sur de Campeche exhibió ambos pasaportes de Mouriño Terrazo, quien entonces insistió en que era mexicano por nacimiento y hasta dijo que éste ocurrió en el hospital San Martín. Y es que Mouriño buscaba una diputación local por el Partido Acción Nacional (PAN), cargo al que llegó por la vía plurinominal.
Salvo un tropezón como candidato a alcalde de Campeche capital en las elecciones de 2003, la carrera de Mouriño ha sido vertiginosa, siempre de la mano de Calderón, a quien acompañó en las buenas y en las malas, y que ahora le corresponde al nombrarlo al frente de la dependencia de mayor rango después de la Presidencia de la República.
El propio Calderón describió, en grandes líneas, las funciones de “Iván”, como le llaman sus allegados, en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, “cuyas atribuciones estarán orientadas a la adecuada coordinación entre las oficinas de apoyo al titular del Ejecutivo Federal, los secretarios de Estado y los titulares de las entidades y dependencias de la administración pública”, a partir del 1 de diciembre:
“Esta oficina deberá garantizar eficiencia y eficacia en la toma de decisiones, una mejor coordinación en el trabajo del gabinete, la unificación de la comunicación interna del gobierno federal y el fortalecimiento de la interlocución del titular del Ejecutivo con el Poder Legislativo y sus miembros.”
Con este nombramiento, que implica desechar el esquema establecido por Vicente Fox a través de Ramón Muñoz Gutiérrez –a menudo comparado también con Córdoba Montoya por su grado de influencia en el ánimo presidencial–, Calderón busca poner orden en su equipo y fijar las prioridades, entre ellas cumplir compromisos que inclusive dejó por escrito en su campaña.
Un magnate contra la pobreza
Una de las promesas sustantivas de Calderón tiene que ver con la miseria de más de la mitad de los mexicanos: En seis años sacará a 15 millones de personas de la pobreza y a otros 12 millones de la pobreza extrema, según la evaluación prospectiva de su gestión que escribió en su libro El hijo desobediente. Notas de campaña. Ahí detalla:
“Imaginemos ahora el 2012. En mi último informe de gobierno hago un balance de seis años muy intensos. Hay, desde luego, enormes desafíos y retos por enfrentar, pero también evidentes logros que se pueden constatar. Resumo los principales. Cuando asumí la Presidencia de la República había unos 50 millones de pobres y 22 millones en pobreza extrema. Hoy hay 35 millones de pobres y 10 millones en pobreza extrema.”
En su libro, Calderón se solaza para dentro de seis años:
“Se han depurado el Ministerio Público y las policías federales, y hemos encontrado colaboración en algunos estados para depurar los cuerpos policiacos locales; tenemos una policía integrada por elementos de reconocida solvencia moral, que son respetados en sus comunidades y cuyo desempeño vigilan cotidianamente los ciudadanos; ganan un salario digno, son profesionales y saben que van a tener también un retiro digno; por ello hemos bajado los índices de delincuencia considerablemente.
“México es un país de leyes, un país de plena certidumbre, no sólo en los niveles de convivencia, sino en la vida económica. El flujo de inversión ha permitido que los últimos tres años hayan sido los de mayor crecimiento económico en la historia contemporánea del país. Por ello se ha cumplido la meta de crear 1 millón de empleos...”.
Se ufana también de haber logrado un acuerdo migratorio con Estados Unidos: “Logramos finalmente un acuerdo migratorio en el que ayudó mucho cambiar la polarización de la relación México-Estados Unidos. Hicimos lo necesario para aprovechar principios de entendimiento y valores en común para implementar un acuerdo sobre trabajadores temporales que nos permitió abrir la puerta a un flujo migratorio mucho más ordenado y, sobre todo, a recuperar la confianza entre ambos países.”
Y se entusiasma: “México está mejor que antes en términos de varios indicadores. En 2006, México tenía el lugar 79 en el Foro Económico Mundial de Davós en términos de credibilidad, legalidad, estado de derecho, independencia de los jueces, seguridad; hoy ocupa el lugar 35. Falta mucho por hacer, pero evidentemente los pasos que hemos dado nos consolidan como una nación segura para vivir y para invertir, y eso nos ha ayudado a mejorar las condiciones de vida. Se ha reducido enormemente la tensión social, y podemos ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes”.
Para coordinar tal empeño del gobierno, Calderón nombró a un joven de 37 años de edad e hijo del magnate que meteóricamente edificó el Grupo Energético del Sureste, Carlos Mouriño Atanes, quien trabó amistad con el priismo campechano y es sujeto de investigación en España, su país natal, y en México por presunto “blanqueo de capitales”.
Tal como lo documentó Proceso en su edición del 25 de junio (número 1547), Mouriño Atanes –dueño del equipo de futbol Celta de Vigo– está involucrado en un escándalo por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada en seis empresas establecidas en España, donde reside, y de las cuales es propietario o accionista.
Hasta ahora no se ha logrado establecer su presunta responsabilidad en el marco de las investigaciones iniciadas desde 2003 por la Procuraduría General de la República (PGR), institución que ahora está sujeta a la coordinación de su hijo en su calidad de responsable “de los trabajos del gabinete”, del que forma parte el nuevo titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora.
Fidelidades e intrigas
A partir de sus nuevas facultades, Mouriño Terrazo tendrá como responsabilidad el desmantelamiento de la estructura burocrática en la Presidencia de la República ideada por Muñoz Gutiérrez, refugiado ahora como senador del PAN. El gabinete se dividirá en al menos tres áreas temáticas para coordinar los trabajos de los titulares de cada uno de ellas: Seguridad, Economía y Competitividad, y Desarrollo Humano y Sustentable.
También, según el esquema centralizado a cargo de Mouriño, habrá gabinetes de infraestructura y turismo, con el propósito de dar seguimiento a metas como las descritas por Calderón en su libro.
Pero, además, su responsabilidad será evitar el desgarriate que prevaleció en el gobierno de Fox desde la integración de los equipos de transición, con riñas públicas y soterradas que se mantuvieron hasta el fin del sexenio y que se han evitado con el control de entrevistas por parte del portavoz Maximiliano Cortázar.
Pero, a pesar de su personalidad ecuánime y cortés –siempre elegantemente vestido con ropa de marca–, Mouriño sabe operar intrigas palaciegas, una de las cuales tuvo como propósito someter a Josefina Vázquez Mota, quien desde su incorporación al equipo de Calderón, en diciembre del año pasado, aspiraba a convertirse en secretaria de Gobernación.
Aunque al inicio de la campaña, en enero, fueron designados en cargos equivalentes –coordinadora política ella, coordinador operativo él–, Vázquez Mota pareció ganarle la partida, en medio de un combate sordo, al ser designada coordinadora general de la campaña en marzo, cuando las preferencias electorales desfavorecían a Calderón, según los estudios de opinión pública.
Vázquez Mota parecía encaminarse al cargo que ambicionaba cuando, al cabo de las elecciones, Calderón la nombró responsable de la interlocución con las fuerzas políticas con la idea de integrar el gobierno de coalición ofrecido por él en campaña. Este hecho constituyó el primer fracaso de Vázquez Mota. Las intrigas de Mouriño, Germán Martínez, el vocero Maximiliano Cortázar y Alejandra Sota, entre otros, la hicieron naufragar.
“Sería una Creel con faldas como secretaria de Gobernación –ilustró un incondicional de Calderón, cotejando la debilidad de Santiago Creel al frente de esa dependencia–. Se necesita una mano firme y esa la tiene Francisco Ramírez Acuña.”
La primera señal de que Vázquez Mota era desplazada a posiciones menores fueron las abundantes filtraciones en su contra en los espacios de chismes de los diarios, hasta que oficialmente, al final de la primera gira de Calderón por Latinoamérica, efectuada la última semana de septiembre, Cortázar informó que ella había tomado vacaciones.
Vázquez Mota no fue designada secretaria de Turismo, como filtraban los allegados a Mouriño para ubicarla en su nivel político –con capacidad para las relaciones públicas, como decían–, sino responsable de Educación Pública, donde apenas fue asignada el 24 de noviembre, ante el enojo de los incondicionales de Elba Esther Gordillo, la lideresa del magisterio, debido a su desconocimiento del sector.
Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue directo y malicioso: “Si una persona adquiere la capacidad de manejar un vocho, no implica que con esa experiencia se le va a soltar un tráiler para manejarlo con la misma habilidad. En todo caso nos preocupa que la designación sea más bien por los jaloneos, rebatinga o chantaje, no producto de un conocimiento de lo que significa la educación”.
A diferencia de la campaña y del proceso de transición, los papeles se invirtieron: ahora Vázquez Mota depende de Mouriño, que está en la cumbre del felipismo…
NOTA:Solo la derecha retrograda puede decir que este es un pais de leyes, Mexico, como todos sabemos esta inmerso en una desviacion cuasi increible del destino de leyes que todos quisieramos, la ley se compra, la ley se vende para quien puede pagarla, desde el policia de punto, hasta el investigador que primero averigua el poder del indiciado para movilizarse, la derecha fascista engaña con el mito de una legalidad inexistente, donde comprar los favores y pelear las devoluciones en tribunales es cosa de todos los dias para los empresarios nacionales, donde la CORTA para cada tramite es VITAL PARA OBTENER BUENOS RESULTADOS, donde incluso los extranjeros ya cuentan con presupuesto exclusivo para los arreglos en cada dependencia , y no se diga para las licitaciones, donde una parte de esta es el pago al gobernante de turno, los fachos yunketos , sobre todo, se han convertido en expertos en conseguir puestos para familiares, amigos, socios, en fin, todo aquel que pueda devolver el favor en futura situacion de exito politico, increible que ahun quieran vendernos la idea del Mexico de Leyes, nos quieren dar atole con el dedo para conseguir el favor de mexicanos asustadizos que pretenden soñar con un Mexico irreal, donde el poder se mide en proporcionde la impunidad de cada quien.Para llosrar la situacion de los derechos humanos y esto en estados gobernados por los fanaticos conservadores y yunketos, donde la venta de drogas y manejo ilicito de recursos es cosa de todos los dias, Acuña mismo tiene demandas por violacion a la ley de transparencia y manejo de recursos de manera ilegal en su estado, obras publicas que mantienen dudosa calidad ahun hoy, y que gracias a dejar a un ACHICHINCLE en jalisco permaneceran durmiendo el sueñod e los justos, para bien de las conciencias fanaticas y retrogradas.
Vocación represora
Felipe Cobián R.
GUADALAJARA, JAL.– Represor y torturador; violador de los derechos humanos; enemigo de la transparencia... Gobernante gris y, en suma, pendenciero con los medios y hasta con sus correligionarios, como Alberto Cárdenas, su antecesor en la gubernatura y ahora su compañero en el gabinete de Felipe Calderón.
Así es como políticos y especialistas definen al nuevo secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en función de su desempeño como gobernador de Jalisco.
De 54 años, litigante egresado de la Universidad de Guadalajara, donde fue maestro en la Facultad de Derecho, y panista de la corriente tradicional desde 1969, el jalisciense tiene el “mérito” de haber destapado a Felipe Calderón como precandidato del PAN cuando nadie apostaba por él, al menos fuera de Acción Nacional. Lo hizo ante más de 3 mil panistas en el rancho del empresario y secretario de Administración del estado, Abraham González Uyeda, el sábado 29 de mayo de 2004, cuando concluía en esta entidad la Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
El destape les valió a ambos una reprimenda del presidente de la República, más que por adelantarse a los tiempos –ejemplo que Vicente Fox impuso desde sus años de gobernador en Guanajuato– porque el favorito del mandatario era el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Como respuesta, Calderón renunció a la Secretaría de Energía y Ramírez Acuña replicó que a él sólo lo regañaban “los jaliscienses”.
A Ramírez Acuña le gusta la buena vida. Viste ropa de marca y casimires de buena lana. Como Ejecutivo estatal, viajó compulsivamente al extranjero a costa del erario, aunque su sueldo, incluyendo prestaciones y bonos, era superior al del presidente de España o del primer ministro británico. Sus críticos, adversarios y algunos de sus correligionarios afirman que también le encanta el poder y concentrar las decisiones, tener la última palabra.
Es conocida su animadversión por los periodistas, a quienes suele acusar de mentirosos. Incluso, a la antigua usanza priista, presionó a través de la Dirección de Comunicación Social de su gobierno para que se removiera a los reporteros que le parecían incómodos (Proceso 1306).
Desde que Calderón fue declarado presidente electo, se anticipaba que Ramírez Acuña pediría licencia para incorporarse a su equipo. Pero él lo negó hasta el último instante. El viernes 17, en Puerto Vallarta, el reportero Miguel Ángel Infante le preguntó:
–¿Que usted ya envió su solicitud de licencia? ¿Qué lo atrae, el salario que devenga un secretario, el hecho de servir a la población o el gusto de superación personal?
–De todo esto que me dices, ¿qué es cosecha tuya?... Como ves, una vez más los medios mienten: no hay licencia, yo no estoy mandando licencia. Entonces ese rumor que salió el jueves, con todo respeto, pero una vez más los medios mienten...
Ahora, en el Palacio de Covián, tendrá que tratar con la prensa e intervenir en asuntos relacionados con la regulación de los medios de comunicación.
A la antigüita
Ramírez Acuña fue dos veces diputado local: en la XLVII Legislatura, de 1974 a 1977, y en la XLIX, de 1980 a 1983. Debido a fricciones con sus compañeros, dejó el PAN por una temporada, y a su regreso fue regidor por Zapopan; después buscó la presidencia municipal de Guadalajara, pero le ganó César Coll Carabias. Insistió y en 1998 alcanzó el puesto, que desempeñó hasta el 2000. Luego ganó la gubernatura.
Cuando asumió el poder, el 1 de marzo de 2001, a la ceremonia asistieron exgobernadores priistas, y al menos uno de ellos expresó: “Este sí es un hombre de bien”. En cambio, se enfrascó en un pleito permanente con su antecesor, el también panista Alberto Cárdenas, al grado de que en un informe de gobierno evitó mencionarlo, a diferencia de los exmandatarios del PRI.
En el terreno administrativo, dirigentes y diputados de la oposición le atribuyen la decadencia del sistema de regionalización, así como graves omisiones en la defensa del territorio jalisciense invadido por Colima y en el combate a la contaminación del ambiente.
En lo político se le reconoce habilidad, pero a veces parecía negociar mejor con la oposición priista que con sus compañeros panistas, a quienes más bien quería someter.
Desde antes que iniciaran formalmente las campañas electorales, metió las manos a fondo en el proceso interno del PRI. Específicamente, maniobró para que ese partido postulara a la gubernatura a su amigo y exasesor Arturo Zamora Jiménez, a la sazón presidente municipal de Zapopan. En efecto, éste ganó la postulación y perdió la gubernatura, pero muchos militantes panistas y priistas no tenían claro si el gobernador apoyaba más a Zamora o al candidato blanquiazul, Emilio González Márquez, exalcalde tapatío.
De hecho, el diputado federal priista Javier Guízar, quien fue precandidato al gobierno de Jalisco, comentó en una entrevista (Proceso Jalisco 63, 22 de enero de 2006) que el gobernador lo llamó a su celular 11 veces. En una de ellas, dijo Guízar, “platicamos durante tres minutos. Él me dijo textualmente: ‘No se raje, diputado’. Entonces yo le contesté: ‘Ese es un asunto de nosotros los priistas, no de usted’”.
Al comentarle las versiones de que el gobierno estatal ejercía presión para que hubiera un candidato de unidad en el tricolor, Guízar respondió: “Ha sido un secreto a voces y creo que eso es evidente. Pero también participa el Grupo Universidad de Guadalajara”.
Meses atrás se le había preguntado al ahora gobernador electo, Emilio González, si consideraba que su imagen estaba demasiado vinculada con la de Ramírez Acuña. “No tanto como la de Arturo (Zamora) con el gobernador. Yo quisiera tenerla más. Tú sabes que ellos son grandes amigos desde la escuela. Y en la contienda por la sucesión de Alberto Cárdenas yo apoyé a Tarcisio Rodríguez en contra de Ramírez Acuña”, respondió González Márquez.
Aunque en el Palacio de Gobierno se guardó silencio sobre el tema, el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional no sabía a qué atenerse.
Perspectivas ominosas
Durante el debate que se dio en el Congreso del Estado la noche del martes 21, cuando Ramírez Acuña solicitó licencia para separarse del cargo, el diputado perredista Roberto López cuestionó su integración al gabinete de Felipe Calderón y lamentó que en la Secretaría de Gobernación vaya a despachar un funcionario que como gobernador fue “represivo, prepotente y autoritario, y que propició más de 700 quejas” ante las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos.
Al final, de los 40 diputados, sólo votaron en contra los cuatro del PRD. Antes, el PAN ya había acordado con el PRI aprobar la licencia del gobernador y votar por el candidato que éste les indicó para sustituirlo: el secretario general de Gobierno, Gerardo Octavio Solís Gómez.
El presidente del PRI jalisciense, Javier Galván Guerrero, asevera que el de Ramírez Acuña fue “un gobierno marcado por el abuso del poder, mientras que en materia de seguridad pública se incrementaron las ejecuciones, los robos y en general el crimen organizado, en tanto que en materia económica Jalisco nunca logró el despegue, y las metas de más empleo tampoco se cumplieron”.
Su homólogo del PRD, Gabino Berumen Cervantes, señala que la violación a los derechos humanos fue el sello de la administración que termina y coincidió en que obtuvo “pésimos resultados en desarrollo humano, combate a la desigualdad y superación de la pobreza”.
En cambio, para el líder panista en la entidad, Eduardo Rosales, hay grandes logros en materia de infraestructura vial, entre otros, y la mejor prueba de ello es que Calderón se lleva al funcionario.
Pero el ascenso de Ramírez Acuña también causa preocupación fuera de los partidos. El politólogo Jaime Preciado Coronado duda que “pueda ser revalorizado en un gobierno al que le faltan credenciales democráticas, y en el que una figura que se especializó en promover por las vías más diversas un proyecto autoritario de gobierno, pueda llegar a una posición en el gobierno federal. Eso responde a la trayectoria de un político que es de los más representativos del PRIAN; es decir, del viejo estilo de hacer política a partir de negociaciones personales, de prebendas, de complicidades, y al mismo tiempo subordina los medios a los fines”.
En Ramírez Acuña, añade, “podemos ver a alguien que fue muy hábil para presentarse como un gobierno que maneja esto con mano firme”, pero en los hechos fue “para hacer prevalecer la tortura sin rendir cuentas, para eludir todas las recomendaciones” sobre derechos humanos y las llamadas de atención por parte del Congreso. “Es ahí donde está lo peligroso: representa un capital político para el gobierno federal que tendrá que recurrir a los expedientes de la rigidez y la aplicación de la mano dura”.
–¿Más que mano firme, autoritario? –se le pregunta.
–Es su oferta y su penitencia. No es lo mismo negociar acá con una sociedad civil un tanto débil, que con grupos políticos y partidos que a nivel nacional tienen otra fuerza, otras características. Ello lo va a conducir a ser de la única manera que sabe: endureciendo las cuestiones policíacas, imponiendo una visión de seguridad totalmente sesgada a una cuestión casi militarizada.
En esa lógica, agrega el académico, la negociación política quedaría relegada. Y recuerda que en la más reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) Ramírez Acuña se refirió al movimiento de Oaxaca como a una bola de vagos a los que hay que parar inmediatamente porque están destruyendo el orden. Por ello afirma: “No tiene la capacidad política para ser secretario de Gobernación, pues necesita combinar consensos, y no le veo esa sensibilidad”.
Por separado, el doctor Jorge Alonso, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), coincide en que Ramírez ejerció “un gobierno antidemocrático, despótico”. En su opinión, “se dedicó a hacer política facciosa sólo a favor de su grupito; ni siquiera una política para el bien general, ni siquiera para su partido, porque aun ahí hizo política facciosa y golpeó a quienes no estaban de acuerdo con él”.
El balance personal del próximo responsable de la política interior del país confirma esos temores. Dice que se va “muy satisfecho” de su gestión, se autodefine como democrático y hombre de mano firme: “Yo recibo 6 mil personas en las cárceles de Jalisco (…), hoy tenemos 14 mil”.
Sus cocos
Sin duda, las manchas más evidentes en la imagen política de Francisco Ramírez Acuña son la violación persistente a los derechos humanos y su oposición a la transparencia.
Jorge Alonso precisa: “Tratando de venderse como mano dura, propició violaciones muy fuertes a los derechos humanos” y, sobre todo después del caso de los altermundistas en 2004, evitó atender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Proceso Jalisco (número 93, agosto de 2006) documentó varios de los 537 casos de tortura cometidos entre 2003 y 2006 en la Procuraduría General de Justicia estatal, encabezada entonces por Gerardo Octavio Solís –ahora gobernador interino–, situación que dio lugar a la llamada “mega recomendación” de la CEDHJ.
Y Jorge Rocha, coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señala que Ramírez Acuña impuso una visión que criminaliza a la gente pobre, a los jóvenes y a los altermundistas, a los que reprimió el 28 de mayor de 2004, por lo que lo inquieta “que Ramírez pueda ocupar la Segob, pues podría llevar estas políticas represivas a nivel nacional”, señala.
Para Óscar Vargas, director del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), el mandatario con licencia no es proclive al diálogo con quienes piensan diferente: “primero los mete en orden, los ignora o, en el peor de los casos, los reprime”.
El académico Jaime Preciado Coronado advierte que Ramírez Acuña les ha dado un giro negativo incluso a sus cualidades: “Es un buen jurista que sabe muy bien acomodar todo el aparato jurídico a su favor y ello le valió para eludir la demanda que puso en su contra el Itei (Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco) para descalificar la ley, sin ser legal él mismo en su actuación, y para ganarle varias partidas en el Congreso local en el derecho de veto sobre el presupuesto. Incluso ganó una controversia constitucional por la falta de habilidad de una buena parte de la oposición, que en el terreno jurídico ha venido perdiendo una tras otra”.
Preciado se refiere a que, hace un año, un particular se inconformó porque el gobernador se negó a entregarle copia de su comprobante de salario mensual, que solicitó a través de la Ley de Transparencia e Información Pública. En consecuencia, Ramírez Acuña fue demandado penalmente por el Itei.
Sin embargo, el mandatario primero envió a los legisladores una iniciativa de ley para reformar la citada ley y despenalizar la no entrega de documentos oficiales por parte de funcionarios públicos –lo que aún está por discutirse– y recientemente maniobró en la procuraduría estatal para que la demanda del Itei se declarara improcedente, con lo cual quedó despejado su arribo al gabinete de Calderón.
Antes de tramitar formalmente su licencia, Ramírez Acuña logró que el Congreso local aprobara sus cuentas de los ejercicios presupuestales anuales.
Sin embargo, no pudo limpiar sus omisiones. La mayor parte de las obras públicas, como carreteras y puentes –que se comenzaron a construir casi tres años después de que asumiera la gubernatura–, están inconclusas. Por si fuera poco, el Sistecozome (Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana) se vino a pique, en particular los trolebuses, y el flamante funcionario calderonista no amplió ni un solo metro el servicio del Tren Eléctrico Urbano.
De hecho, la oposición le achaca la propiedad, a trasmano, de negocios inmobiliarios y de transporte urbano. Y el diputado local perredista Roberto López anunció, a nombre de sus compañeros Celia Fausto, Salvador Cosío y Manuel Villagómez, que pronto se darán a conocer abultadas cuentas bancarias del gobernador con licencia.
(En colaboración con Alberto Osorio Gloria Reza, Miguel A. Infante y Víctor. M López y H. Olguín)
En el DF, confrontación
Rosalía Vergara
“El Distrito Federal no necesita a Felipe Calderón para salir adelante”, sentencia el dirigente del PRD capitalino, Martí Batres Guadarrama, en referencia al hecho de que la ALDF no invitó al ahora presidente constitucional al acto en el que rendirá protesta como jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, este martes 5 de diciembre.
Por el contrario, el perredista asegura que tanto el gobierno como los diputados locales y el PRD están preparados para que la nueva administración federal panista mantenga la embestida en su contra que inició Vicente Fox para afectarlos política, social y económicamente.
“Se van a venir en contra nuestra. Ya están ahí. Van a querer fragmentar la ciudad, quitarle recursos, arrebatarle facultades, bloquearnos en las áreas de seguridad y en otras cosas. Pero no van a poder. Tenemos gobierno, líderes y pueblo; tenemos con qué defender a la ciudad”, advierte el dirigente durante una entrevista realizada el viernes primero en la sede capitalina de este instituto político.
Sobre la decisión de no invitar a Calde-rón, adoptada por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Batres explica: “Para nosotros, Calderón no es el presidente y no tiene mérito alguno para ser invitado a la toma de protesta”, como sí se hizo con Zedillo y con el mismo Fox, cuando se consideraba un hecho meritorio que hubiera un mandatario de filiación distinta al PRI.
“Hay un gran rechazo en la Ciudad de México hacia Calderón. Y el PRD capitalino va a ser un reflejo fiel de ese rechazo”, resume Batres Guadarrama.
Nada nuevo
Si el gobierno federal, con Vicente Fox a la cabeza, siempre buscó afectar al gobierno de la ciudad y al PRD, hoy en día, con Calderón en la Presidencia, los perredistas no esperan cambios en la relación con la administración capitalina, el partido o sus legisladores, señala el líder partidista y recuerda: “Llevamos tres años sometidos a una guerra brutal”.
Recuerda al respecto la crisis por el Paraje San Juan, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigía pagar mil 800 millones de pesos por el predio expropiado en 1989; los videoescándalos, que fueron “una guerra hipócrita y mediática”; el intento de quitarle al gobierno de la ciudad, mediante una reforma, 9 mil millones de pesos; la destitución de Marcelo Ebrard como jefe policiaco por el caso Tláhuac, y el desfuero de Andrés Manuel López Obrador.
“Es decir, aquí ya vivimos la ofensiva de la derecha por lo menos tres años”, y el hecho de que continúe no atemoriza al perredismo, porque ahora, dice Batres, tampoco “la tienen tan fácil”.
Eso, aunque se recrudezca la embestida que, durante las campañas electorales, fue lanzada por el panismo, al punto de que “Calderón encendió la llama del odio en la sociedad mexicana”.
Como sea, prosigue, “nada bueno se puede esperar con un gobierno del PAN, sea quien fuere el que lo encabece. Trátese de Calderón, Fox o Creel, nada bueno se puede esperar, porque el problema no es solamente Calderón, sino el PAN y el tributo que el michoacano rinde a la derecha. El Yunque es otro factor. En fin, es todo el complejo de derecha: ideológico, económico y político”.
Ante este panorama, los perredistas se preparan para enfrentar una lucha del tipo de la que mantienen “liberales contra conservadores”, de manera que, explica Batres, se tendrá qué actuar “por la vía pacífica, la movilización y la lucha electoral, para echarlos del gobierno”.
“Calderón tiene un cascarón como gobierno. No se puede acercar a la gente, no puede bajar de su helicóptero, tiene que entrar a golpes al Congreso de la Unión, tiene que mandar a la enfermería a varios diputados para poder ingresar al recinto legislativo, rodeado de cadetes”, subraya.
Y expone: “Estamos muy agraviados. Se nos agravió con un fraude electoral. Y si lo olvidamos, lo volverán a hacer, y peor. Ya se lastimó al conjunto de la sociedad mexicana al imponernos a un presidente a la fuerza, y eso en el Distrito Federal se siente mucho”.
En cuanto al propio Felipe Calderón, Martí Batres lo define como “un hombre de derecha que tiene un gran desprecio por la historia de México. Es un hombre que, siendo presidente del PAN, gritaba ‘¡Viva Iturbide!’ en el Ángel de la Independencia.
“Es –continúa– un hombre que lloró cuando le abrieron la tribuna a los zapatistas porque sentía mancilladas esas sagradas estructuras. Es un hombre profundamente elitista.”
Dualidad de poderes
Aparte de seguir luchando “por la vía electoral”, Martí Batres indica que se mantendrán participando “en los espacios institucionales que hemos ganado con el voto ciudadano, como la Jefatura de Gobierno, las diputaciones locales y federales, las jefaturas delegacionales”.
En cuanto a la “presidencia legítima” de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete “alterno”, advierte que se instaurará “una dualidad de poderes: uno impuesto, ilegítimo y espurio, y otro que reconoce la gente y es visto como el gran paraguas para protegerse de la granizada neoliberal”.
Lamenta el papel que en el proceso electoral jugaron los 10 grandes multimillonarios de México, como Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y Lorenzo Servitje; los poderes fácticos representados por gente como Diego Fernández de Cevallos, Carlos Salinas, Elba Esther Gordillo y Marta Sahagún, quienes, junto con los empresarios que se entrometieron en las campañas, “sembraron el odio y originaron un cisma en la sociedad, coronado con un proceso fraudulento que impuso a Calderón” en la Presidencia de la República.
No tiene ninguna duda de que el “presidente espurio” continuará la ofensiva contra todo lo que huela a perredismo, en el mismo espíritu con el que calificó a Andrés Manuel López Obrador como un “peligro para México”.
Y apunta: “Ahora resulta que el senador panista Santiago Creel cree necesario retomar el programa social del PRD, y luego el señor Calderón manda una carta con un montón de coincidencias con el programa del PRD ¿No que éramos un peligro para México? ¿No era nuestro programa populista un peligro para México? Y ahora resulta que Calderón tiene decenas y decenas de coincidencias con las propuestas del Frente Amplio Progresista ¿Entonces?”.
Así mismo, cuestiona entre otras cosas el hecho de que Calderón, en el Auditorio Nacional, mencionó un plan de austeridad que implica la reducción de los sueldos de sus funcionarios y el suyo como presidente. “¿Qué pasó? ¿No dijo que eso era populismo?”. En eso, por supuesto, “fue perverso, pues sabía perfectamente que nuestro programa era bueno para México, no un peligro. El peligro son él y sus aliados, como en el futuro lo veremos”, concluye.
Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para leer
www.elchamucovirtual.blogspot.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario