TESTIMONIO EXPLOSIVO.

Hoy, la primera plana del Diario de Ciudad Juarez, publica este reportaje de la revista Proceso:

Llega narco hasta Presidencia: testigo.

15 de Octubre del 2006
Actualizado: 12:52:22 AM hora de Cd. Juárez.

La corrupción por narcotráfico alcanzó en los años recientes altos niveles gubernamentales en México y EU, de acuerdo con un testimonio bajo juramento prestado por un ex policía involucrado en las narcofosas de Juárez; según ‘Lalo’, la propia casa presidencial mexicana ha sido tocada...

J. Jesús EsquivelProceso.

Washington— “Soy una bomba caminando...”, así se considera Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un mexicano de 35 años que sirvió al gobierno de estadunidense en la lucha antinarcóticos.
Y no exagera...
No obstante su condición de indocumentado, Lalo, como le gusta que le llamen, fue reclutado como informante de la Agencia de Inmigración y Aduanas con el código secreto SA-913-EP, así como de la Agencia Federal Antidrogas, e infiltrado en la organización criminal de Vicente Carrillo Fuentes, que opera en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde la cual, asegura, atestiguó la corrupción que impera en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y de México, fomentada por el narcotráfico.
“El Cártel ha tenido acuerdos con gente cercana al presidente (Vicente) Fox”, declaró Ramírez ante el juez Joseph R. Dierkes, en el testimonio que rindió bajo juramento el 11 de agosto de 2005 en la Corte Federal de Migración, ubicada en un estado del medio oeste del país.
Su afirmación la hizo en respuesta a una pregunta de su abogada, Jody Goodwin, quien asiste a Lalo en el juicio mediante el cual el gobierno estadunidense intenta conseguir la autorización para deportarlo a México supuestamente por su condición de indocumentado.

De acuerdo con la transcripción de esa diligencia judicial, cuya copia obtuvo Proceso, Lalo dijo frente al juez que los “altos mandos” del Cártel de los Carrillo Fuentes le explicaron “los arreglos que tenían e iban a conseguir con militares y funcionarios al nivel más alto del gobierno” de México.
Los señalamientos de Ramírez Peyro fueron ratificados y puntualizados en una entrevista que dio al corresponsal de Proceso, por mediación de su abogada, y que fueron entregadas por escrito, de su puño y letra.
Ex agente de la Policía Federal de Caminos (PFC), mano derecha y operador de uno de los jefes del Cártel que encabeza Carrillo Fuentes, logró incrustarse a tal grado en las entrañas de esta organización criminal que llegó a ser protagonista clave en el caso de las narcofosas descubiertas por las autoridades mexicanas el 14 de enero de 2004: fungió incluso como “supervisor” de las torturas, ejecuciones y enterramientos de una parte de las 12 personas –en realidad fueron 13, “corrige” él mismo– cuyos cuerpos fueron exhumados en terrenos de la casa marcada con el número 3633 de la calle Parsioneros, fraccionamiento Las Acequias, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En la diligencia de la Corte Federal de Migración, la abogada Goodwin insistió:— Usted ha indicado que grabó algunas conversaciones con (Humberto) Santillán (número tres en el organigrama de mando del Cártel de los Carrillo Fuentes y quien, gracias a la información que proporcionó Lalo, fue detenido en enero de 2004 en El Paso, Texas), en las que él explica los arreglos que se hacían con los militares y políticos (mexicanos). ¿Qué (...) arreglos específicos le dijo que tenían con los políticos?
“El Cártel tenía arreglos con gente que estaba muy cercana al presidente Fox. Él (Santillán) me explicó que el presidente Fox tomó... tomó la posición de arreglar, consultar con el Cártel, lo que significa que él (Fox) iba a atacar a los cárteles enemigos, al de Tijuana y al del Golfo, para que el Cártel de los Carrillo Fuentes pudiera operar sin problemas con el gobierno”, respondió el ex informante.

En sus declaraciones, Ramírez Peyro acusa al gobierno del presidente George W. Bush de usarlo como “chivo expiatorio” en el caso que se conoce aquí como “House of death” o “La casa de la muerte” (donde se localizaron los 12 cuerpos en narcofosas).
Según la abogada del ex informante, el gobierno de Bush se quiere “lavar las manos” y evitar que salga a la luz pública la magnitud de la corrupción existente en las corporaciones federales, entre ellas la propia Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a la que sirvió desde el 2000 hasta julio de 2003.
Lalo asegura haber mantenido informada a la ICE, mediante grabaciones, de las atrocidades que se estaban cometiendo en la casa del fraccionamiento Las Acequias de Ciudad Juárez.
Goodwin dice que, con su testimonio y las grabaciones que entregó a la ICE sobre las operaciones del Cártel de los Carrillo Fuentes, las autoridades federales hubieran podido evitar la ejecución de varias de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en la casa de la calle Parsioneros.

Como parte del mismo proceso judicial que se le sigue a Lalo, la ICE niega tener las grabaciones.En la audiencia de la Corte Federal de Migración, el fiscal representante del Departamento de Seguridad Interior del gobierno federal de la Unión Americana, Kevin Lashus, le preguntó a Lalo:
— ¿Informó usted a sus oficiales de ICE (Raúl Bencomo, entre otros) que sabía que el señor (Humberto) Santillán había ordenado la muerte de gente asociada con el Cártel?
__“Sí”, dijo.
—¿Les avisó (a los mismos oficiales) antes de que ocurrieran?
__“Sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión (estando yo) en Chicago, Santillán me habla para pedirme que enviara al niño (sic) para que abriera la casa (de Parsioneros). Yo estaba en Chicago con los agentes de ICE y ellos sabían (todo) porque yo les autoricé que escucharan mi conversación telefónica (con Santillán)”. Lashus busca demostrar que Lalo, quien solicita asilo político en Estados Unidos o quedarse en este país como testigo protegido, o bien ser enviado a un tercer país no latinoamericano, no tiene sustento para pedir que no lo deporten a México.
Ramírez Peyro se siente traicionado por la ICE y las demás agencias a las que transmitió su información:
“Si me regresan a México me van a matar. Incluso si me dejan en libertad aquí en Estados Unidos también me van matar. Mi vida y la de mi familia están en peligro”.
— ¿No piensa usted que ICE trabaja con el gobierno de México?, le preguntó Lashus como parte de la diligencia.
__“No, porque en ese momento no había comunicación con el gobierno mexicano”, expresó.
— ¿Vicente Fox está fingiendo una guerra contra las drogas? ¿Es esto falso o verdadero?
__“Verdad”.
— ¿Cree usted que él (el presidente Fox) está fingiendo una guerra contra las drogas?
__“Sí”.

En otro momento de la diligencia, y en relación con las conversaciones que Ramírez dijo haber sostenido con Humberto Santillán, el número tres en la estructura del Cártel de los Carrillo Fuentes, la abogada Goodwin le preguntó a su cliente:
— ¿Esto es lo que le dijo Santillán?
Respondió Ramírez:
__“Cuando yo fui a Colombia para hacer arreglos con los colombianos, el plan fue venirnos por mar y que la Armada de México, los barcos (sic), ellos eran los que recogerían las drogas en el mar, en el muelle o en las fronteras marítimas del territorio nacional. Después la PGR (la Procuraduría General de la República), volando llevaba estas drogas a Juárez, a Ciudad de Juárez”.
— ¿Entonces, desde la fuente de las drogas hasta la distribución, todos estos arreglos se hacían con distintas (sic) partes del gobierno?
__ “Sí, ese es el propósito de hacer arreglos con ellos para que no tengamos ninguna pérdida”.
La abogada Goodwin ahondó:
__Y aparte de esos arreglos, ¿tuvo usted otra evidencia de que el gobierno favoreciera al Cártel?, le preguntó a su cliente.
__Definitivamente, respondió Lalo, y reveló enseguida algunos detalles que incriminan a más personajes del círculo presidencial:
Dijo que le consta que policías mexicanos secuestran y asesinan a la gente, y que incluso hizo grabaciones de audio. En uno de esos casos, resultó que la persona implicada estaba metida en el tráfico de cigarros y trabajaba para el Cártel de los Carrillo Fuentes.
Esa persona –cuya identidad no reveló y sólo dijo que está bajo arresto en Ciudad Juárez– viajó a la Ciudad de México para hacer arreglos, a nombre de los capos del cártel, con “hermanos de la esposa del presidente Fox”. Las autoridades mexicanas, puntualizó el testigo, conocieron ese testimonio que involucraba a los hermanos de Marta Sahagún y desecharon investigarlos.

No quieren que hable.
“Quiero que el público se entere de cómo el gobierno (de Estados Unidos) y desafortunadamente la prensa han distorsionado toda la verdad”, declara Guillermo Eduardo Ramírez Peyro en entrevista conjunta realizada por Proceso, el periódico estadunidense The Dallas Morning News y el semanario británico The Observer, efectuada en parte por escrito, y en parte de manera verbal por conducto de su abogada Jody Goodwin, en un estado del medio oeste estadunidense el sábado 7 y el domingo 8 octubre.

El viernes 6, un par de horas antes de la llegada de los tres entrevistadores al estado donde la ICE mantiene encerrado a Ramírez, Goodwin se enteró de que su cliente ya no estaba donde se supone que debería estar. “Lo movieron otra vez y ahora sin avisarme. Seguro que se enteraron de que lo iban a entrevistar. El gobierno tiene intervenido mi teléfono”, comunicó a los reporteros la abogada través de un correo electrónico.

Goodwin volvió a localizar a su cliente. “Habrá entrevista. Escriban sus preguntas”, dijo.
Ramírez Peyro, quien como informante de Estados Unidos se hacía llamar “Jesús Contreras”, sostiene que trabajó poco menos de un año en la Policía Federal de Caminos, en donde tuvo sus primeros roces con narcotraficantes porque en esa corporación, afirma, “todos eran corruptos”.

A mediados de los años noventa se inició en el negocio del tráfico de drogas como encargado del almacenamiento y movimiento de cocaína en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el Cártel de los Carrillo Fuentes.
A finales de 1999 o en enero de 2000, dice, leyó un anuncio en un diario estadunidense: el gobierno federal ofrecía dinero a quienes quisieran cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Decidió probar suerte.La misión que le asignaron tanto el ICE como la DEA fue conseguir datos que condujeran al arresto y enjuiciamiento de los tres principales jefes del Cártel: Vicente Carrillo Fuentes, Humberto Portillo Madrid, alias Saddam, y Humberto Santillán Tabares, así como interferir y colaborar en la confiscación de los cargamentos de droga que entran vía México hacia territorio estadunidense.
— ¿Cómo eran sus días de trabajo como informante y como miembro del cártel?, se le pregunta a Lalo por medio de su abogada.
__“Muy activos: tenía tres trabajos; como “criminal”, como “policía” y a cargo de mis negocios (en El Paso): mi lote de coches, mi tienda de accesorios para teléfonos celulares y mi mueblería. Mis días eran muy largos”.

Con el paso del tiempo, Lalo se convirtió en la mano derecha de Santillán.Esta posición le permitió identificar a policías y militares que trabajaban para el Cártel: por ejemplo, Miguel Ángel Loya, comandante de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua en ese tiempo –el gobierno de Patricio Martínez–, así como Arturo “Chito” Solís, procurador de Justicia en la misma administración de Martínez, entre otros.

En lo que respecta a la parte estadunidense, Lalo tuvo conocimiento de que agentes aduanales y de otras agencias federales trabajaban para Carrillo Fuentes.
— ¿Quiénes son los militares, políticos o empresarios mexicanos que trabajan para el Cártel?
__“No voy a responder porque no quiero poner en peligro a la vida de nadie. Todos los nombres que debía entregar los tiene ICE, la DEA, el FBI, el Servicio Secreto y la ATF (entidad dependiente del Departamento del Tesoro encargada de controlar alcohol, tabaco y armas de fuego).

En la audiencia del 11 de agosto de 2005 en la Corte Federal de Migración, Ramírez Peyro aseguró ante el juez Joseph R. Dierkes:
“El federal, estatal y municipal, los tres niveles gubernamentales de México, todos, todos están bajo el control del Cártel”.
Con este argumento, el ex informante de ICE y la DEA pretende demostrar al magistrado que debido al presunto control que el Cártel de los Carrillo Fuentes ejerce sobre el gobierno de México al más alto nivel, su vida y la de su familia están en peligro, razón por la cual si es deportado a territorio mexicano, esa organización lo mataría enseguida.
— Señor: ¿usted personalmente atestiguó cuando algún oficial de la policía mató a alguna persona?, le preguntó el juez Dierkes.
__“Sí, y es más: grabé el homicidio que llevó a cabo la Policía”.
— ¿Por qué piensa que a usted lo asesinarían?, lo increpó a su vez la defensora Goodwin.
__“No hay duda que afecté un poco los intereses del Cártel. Más allá de que haya tomado drogas alucinógenas y que también hayan arrestado a algunas de sus gentes aquí en Estados Unidos por la información que di, fui testigo de la participación del gobierno (de México) con la gente del Cártel. También vi la asistencia que les dio la policía del estado (de Chihuahua).

En otra parte del interrogatorio, el fiscal Kevin Lashus le preguntó:
— Alguien distinto al Cártel... ¿quién más lo estaría buscando ya sea aquí en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo?
__“Bueno, el gobierno de mi país”, expresó.
— Bien. ¿Y eso incluye al gobierno de Fox en su totalidad?
__“Sí, y aun si Vicente Fox está listo para irse (de la Presidencia). Y si él se va, los militares y los policías se quedan en algún lugar”, apuntó.
— ¿Por qué piensa que Vicente Fox lo estaría buscando?
__“No, no. No el presidente, creo que él está muy ocupado, tiene muchas ocupaciones”.
El fiscal rectificó: — Estoy generalizando... ¿Por qué alguien de este gobierno quisiera hacerle daño?
__“Sólo para demostrar y para demostrarle al resto de la gente que no deben presentar evidencias en contra del narcotráfico, y si usted o cualquiera lo hace acabará muerto”.
— ¿A qué miembros del gobierno de Estados Unidos les teme usted?
__“ICE, porque ellos me deportarían, porque básicamente me estarían poniendo en las manos de las personas que me harían daño”.
— Entonces no tiene miedo a que ICE le haga daño; tiene miedo de que lo entreguen a alguien que sí se lo haría...
__“Exactamente”, dijo.
— ¿Sabe usted qué le paso al agente (Raúl) Bencomo (de ICE)?
__“Creo que lo liberaron (sic)..., no lo sé”.
— ¿Quedó liberado de ICE?
__“Sí”.
— ¿Sabe usted si está bajo custodia criminal?
__ “No, no sé si está o no”.
— ¿Teme que le haga daño el agente especial Bencomo?
__ “No somos amigos, él es la persona que quiere hacerme daño”.

Con base en el cuestionario de Proceso, Lalo declara:
“Cada vez que me hablaba (Santillán Tabares) para avisarme que iba a haber una ‘carne asada‘ (código del cártel de Carrillo Fuentes para designar a la tortura y el asesinato de personas), yo le informaba a ICE. Y cada vez, después de supervisar que se terminaran los entierros (en la casa de Parsioneros), me iba a las oficinas de ICE en El Paso para entregar las grabaciones de los asesinatos”.
— ¿Quiénes estaban presentes cuando usted regresaba a El Paso después de asistir a una “carne asada” en la casa de Parsioneros?
__ “Gente distinta, pero en su mayoría siempre estaba presente la gente del grupo que me controlaba: Raúl Bencomo (agente especial de ICE); Curtis Compton (agente especial supervisor de ICE), Todd Johnson y Luis Rico (agentes de ICE) y hasta Juanita Fielden (asistente de la Fiscalía Federal de Estados Unidos asignada al Grupo de la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Ley contra las Drogas y Crimen Organizado), JJ (sic) y otros que no me acuerdo su nombre, aunque siempre había gente de ICE, la DEA, el Servicio Secreto y de ATF (agencia dependiente del Departamento del Tesoro para el control del tráfico y venta de alcohol, tabaco y armas de fuego)”.
El 8 de enero de 2004, en la casa de Parsioneros fueron asesinados Luis Padilla (ciudadano estadunidense), Óscar Rodríguez y otro sujeto cuyo nombre Lalo no recuerda; ejecuciones de las que, según el ex informante, ICE tenía conocimiento previo de que iban a llevarse a cabo, porque él le avisó de ello a Bencomo.
La familia de Padilla presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, específicamente contra los agentes de ICE asignados a la investigación del Cártel de los Carrillo Fuentes, funcionarios del Departamento de Justicia y el propio Ramírez Peyro.
Sin embargo, en una declaración que rindió ante el juez Frank Montalvo, de la Corte de Distrito de la División del Oeste de Texas en El Paso, el 18 de septiembre último, Raúl Bencomo niega haber estado al tanto de ello a través de su informante Ramírez:Pero Lalo y su abogada califican de “falsos” y de “fabricaciones” del Departamento de Justicia el testimonio de Bencomo, así como los de Compton y de Giovanni Gaudioso (subdirector de Misiones de Apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, del cual depende ICE, en Washington), quienes ante la corte que preside Montalvo presentaron bajo juramento una serie de testimonios, de los que Proceso tiene una copia.

En la entrevista Lalo insiste: “Siempre estuve en contacto con Bencomo y otros agentes de ICE y ellos sabían cuáles eran las consecuencias en las que íbamos a estar cuando me hablaba Santillán para decirme que abriera la casa y que preparara las cosas porque íbamos a tener una ‘carne asada’. Están mintiendo”.

Las cosas se complican.
La suerte del ex policía mexicano se complicó el 25 de agosto de 2004 cuando, afuera del restaurante de comida rápida Whataburger, en El Paso, Texas, Abraham Guzmán, un pasador de droga (de los conocidos como “mulas” en el argot del narco) que trabajó para Lalo, fue asesinado por presuntos gatilleros de Carrillo Fuentes, quienes en realidad, dice, buscaban al informante para matarlo.
“Cuando estaba en San Antonio, Bencomo se comunicó conmigo para decirme que me fuera a El Paso a cooperar con ellos en otras operaciones. Me fui. El día que mataron a Guzmán, yo había arreglado lo de un cruce de drogas que ya se había pasado de Juárez a El Paso suponía que en la noche yo tenia que ir a cobrar un dinero por el pase.“Era una operación arreglada, pero como yo tenía cosas que hacer, mandé a Guzmán y los gatilleros de La Línea (otra manera de denominar al Cártel de los Carrillo) lo confundieron conmigo y lo mataron”.
Curtis R. Compton, oficial especial a cargo de los agentes que supervisaban a Lalo, sostiene que “a Ramírez Peyro se le entregó una forma en español en la que se le indicaba que tenía prohibido participar en cualquier actividad ilegal”, y que se le había advertido que debería quedarse en San Antonio bajo protección gubernamental.
A raíz del asesinato de Guzmán, el gobierno de Estados Unidos pretende deportar a Eduardo a México. Mientras tanto lo mantiene alejado de los medios de comunicación y protegido ante el temor de que sicarios de Carrillo Fuentes u otros pistoleros lo ejecuten.

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