LA OPACIDAD DEL SEXENIO DE FOX

Gracias a esta nota de Proceso retomada por el Diario de Chihuahua, ahora sabemos que eso de la "transparencia y rencidición de cuentas" que tanto han cacareado los panistas son viles mentiras. Y es que más de 5 milliones de archivos públicos de la administración de Fox se han clasificado como reservados para que nadie los pueda ver. Y no se trata de nada de seguridad nacional. Se trata de cosas como las encuestas de opinión que hacía el gobierno federal sobre temas importantes. Es decir, Fox no quiere que la gente se entere de que el propio Fox sabía que el pueblo NUNCA estuvo de acuerdo con las pendejadas que hizo este sexenio:

Reserva Fox más de 5 millones de archivos
Pese a las leyes de Transparencia, el sexenio foxista clasifica datos hasta el año 2018

Proceso
Domingo, 15 de Octubre de 2006

Distrito Federal-- Si un historiador quiere enterarse de una evaluación hecha en Los Pinos sobre el desempeño del propio gobierno foxista, tendrá que esperar, por lo menos, hasta el año 2009. Ese archivo está clasificado como reservado. En caso de que algún académico esté interesado en estudiar cómo pulsó Vicente Fox la reacción de la ciudadanía ante situaciones coyunturales, deberá aguardar hasta el 2010.
Y si un periodista o cualquier mexicano pretendiese analizar alguna de las 495 "encuestas de opinión" operadas desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), no podrán hacerlo sino a partir del 2018.

De esta forma, el gobierno que utilizó la transparencia y la rendición de cuentas como cartas de presentación --dentro y fuera del país--, dejará a su sucesor, Felipe Calderón, un legado de 5 millones 147 mil 293 archivos ocultos.

Con la agravante de que, cuando el presidente Fox abandone el poder, el próximo 1 de diciembre, el número de expedientes reservados habrá crecido más de 300 por ciento en los últimos dos años, y algunos de ellos podrán mantenerse bajo el cerrojo hasta el 2018.

Utilizando su propio criterio para decidir qué es público y qué no, la residencia oficial de Los Pinos ha enviado 209 asuntos al Indice de Expedientes Reservados, entre los cuales destaca el estudio titulado: Percepción y evaluación sobre la gestión presidencial y de gobierno. Expectativas y reacciones ante diversos escenarios y/o situaciones coyunturales nacionales o internas.

Como si se tratara de secretos bancarios o de expedientes judiciales, la Secretaría Particular de la Presidencia determinó que un paquete de nueve archivos relacionados con las actividades oficiales de Vicente Fox permanezca cerrado hasta el 2010.
Más aún, aunque el pasado 12 de julio venció el plazo que impedía acceder a una serie de encuestas que midieron la percepción pública del gobierno foxista, el Comité de Información puede intentar la prolongación de la reserva, sólo que para ello tendría que convencer a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Esto, porque recientemente, por decisión unánime, el IFAI ordenó a la Presidencia de la República entregar a la reportera de El Universal Lilia Saúl el expediente que contiene una serie de spots y la medición de su impacto. Se trata de la propaganda emitida durante el pasado proceso electoral que, a la postre, le valió a Vicente Fox una reprimenda por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Consultada por Proceso, la comisionada y expresidenta del IFAI, María Marván, consideró que alrededor del 25 por ciento de los más de 5 millones de expedientes en cuestión merecerían revisarse con detenimiento, ya que, tras una primera lectura, no parecen estar relacionados con la seguridad nacional, el secreto bancario, los expedientes médicos, la diplomacia o los datos personales previstos por la ley.
"De cualquier manera, todos esos expedientes son susceptibles de abrirse. Nada impide a los ciudadanos hacer solicitudes de información sobre ellos, y en el IFAI revisaremos los casos. En lo personal, prefiero que estén reservados que triturados, como aconteció antes de que existiera la Ley de Transparencia", comentó.

Le pareció comprensible que la Secretaría de Hacienda, el Banco del Ejército y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se encuentren entre los organismos con más archivos clasificados, pero aclaró que inclusive en casos como éstos debe hacerse una cuidadosa revisión, pues se han presentado errores. "Por ejemplo, en alguna ocasión atrapamos a una dependencia declarando la inexistencia de unos documentos, cuando con anterioridad ya los habían registrado como reservados".

Y precisó: "Tan sólo en la etapa que va de julio a diciembre del 2006 se vence el periodo de clasificación sobre 453 mil asuntos. Ahora, para mantenerlos en esas condiciones, van a tener que contar con la aprobación del IFAI. Ya no bastará con la sola opinión de los funcionarios".

PRISAS DE FIN DE SEXENIO
No son pocos los expedientes reservados que escamotean a los ciudadanos la posibilidad de esclarecer cómo se han utilizado los recursos públicos.
Por ejemplo, Proceso comprobó que la empresa de participación estatal Fonatur-BMO reservó por cinco años el contrato para mantenimiento y remodelación de un laboratorio de vacunas, con el argumento de que estaba de por medio "la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona". Pero esos mismos documentos guardan una historia de malversación del presupuesto.

Conforme al resultado de la auditoría 03/06 --de la que este reportero tiene una copia--, el Organo Interno de Control en la Secretaría de Salud consignó el desvío de 34 millones 500 mil pesos a consecuencia de una serie de graves irregularidades relacionadas con dicho contrato.

Pero hasta ahora no puede saberse qué pasó.
Y las dudas se multiplican por el hecho de que, en vísperas del cambio de gobierno, un alto número de funcionarios decidieron reservar cientos de archivos, como confirmó Proceso.

Así, en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde clasificaron, de un solo golpe, 2 mil 18 expedientes por el máximo que les permite la ley: 12 años. Contienen planes de emergencia, resultados de mantenimiento, documentos sobre protección radiológica, planos, expedientes de vendedores (sic) y facturas sobre la construcción de una bóveda, entre otros.

Y, a su vez, la Secretaría de Gobernación colocó en el Indice de Expedientes Reservados 2 mil 35 archivos, todos relacionados con el funcionamiento de fideicomisos para la protección de desastres naturales.

Igualmente, pese a que según el IFAI debe prevalecer la transparencia cuando haya transferencias de recursos públicos, la Comisión Reguladora de Energía rechaza el acceso, hasta por 12 años, a los contratos que ha tenido con la iniciativa privada.
De este modo, la Dirección de Gas Natural clasificó y reservó hasta el año 2017 todos los permisos para la distribución de ese insumo que fueron otorgados, mediante licitaciones públicas, a la compañía Natgas. Por su parte, la Unidad de Reestructura Eléctrica impidió acceder a los estudios y asesorías pagados con recursos públicos con el argumento de que "aún no se toman las decisiones oficiales correspondientes".
La situación cobra dimensiones alarmantes cuando se observa que el Indice de Expedientes Reservados no ha dejado de aumentar desde su creación, en el 2004.

Las 240 dependencias sujetas a la normatividad y criterios del IFAI clasificaron ese año 1.5 millones de asuntos. En el 2005 reportaron 3.5 millones. Ahora, cuando ya trabaja el equipo de transición calderonista, los archivos inscritos suman 5 millones 147 mil 293.

LA REVERSA
Singularizado justamente por haber impulsado la transparencia y apoyado la creación del IFAI, Vicente Fox no sólo desoye ahora las órdenes de los comisionados, sino que desliza una reforma para clasificar como de "uso restringido" la información sobre el patrimonio de cualquier persona, incluidos los funcionarios.

Más todavía, desde Los Pinos se maniobró para imponer al nuevo presidente del IFAI, como lo reveló a Proceso el comisionado Horacio Aguilar, quien dijo haber recibido llamadas telefónicas desde la Presidencia de la República --y también del equipo de transición--, para pedirle votar por Alonso Lujambio como máximo responsable del organismo.

Fue en el 2002 cuando Fox mandó a la Cámara de Diputados una de las tres iniciativas que existieron para crear la Ley de Transparencia. De acuerdo con el ensayo Leyes de Acceso a la Información en el Mundo, de John M. Ackerman e Irma E. Sandoval, uno de los propósitos era "mejorar su presencia" ante el socio y vecino Estados Unidos, pero, además, estaba presionado por los trabajos del Grupo Oaxaca, conformado por académicos, universidades y especialistas en la materia dedicados desde tiempo atrás en confeccionar gran parte de la ley ahora vigente.

E inclusive el gobierno foxista impulsó un mecanismo para la rendición de cuentas llamado Compranet, por medio del cual pueden en teoría consultarse en Internet todas las compras y adquisiciones de las secretarías de Estado. Aunque el gobierno de Fox fue elogiado en Centroamérica por ese programa, se produjo el escándalo denominado Toallagate cuando Milenio Diario destacó que en Los Pinos se compraron toallas con un precio de 4 mil 25 pesos y juegos de sábanas por 38 mil pesos destinadas la cabaña de la familia Fox.

Sólo habían pasado siete meses del gobierno foxista, y a partir de entonces los movimientos económicos en Los Pinos atrajeron las miradas de los reporteros, al punto de que, de acuerdo el IFAI, la Presidencia de la República se ha mantenido dentro de las 20 dependencias sobre las cuales se requiere más información. Hasta fines del año pasado, había sido objeto de 2 mil 177 solicitudes, sin contabilizar lo que se acumule en 2006.

Ante las críticas por el uso de recursos públicos que hacían Fox y su esposa Marta Sahagún, la Unidad de Enlace de la Presidencia --encargada de atender las solicitudes--, poco a poco fue acotando los márgenes para acceder a los archivos con datos sensibles de La pareja, como bautizó el periodista Julio Scherer, en su más reciente libro, a los habitantes de Los Pinos Uno de esos archivos protegidos fue el relativo a la solicitud de información que hizo este reportero en torno a los gastos, con cargo al erario, que había realizado Sahagún en su guardarropa. Aunque la Presidencia se opuso rotundamente a difundir ese tipo de información, cinco comisionados del IFAI le ordenaron entregar las facturas y, entre otras cosas, quedó al descubierto que había gastado más de 300 mil pesos en prendas de vestir durante un año. En un solo día de compras por Polanco, la primera dama derrochó 84 mil pesos en bolsas y accesorios. Igualmente, el mismo día en que encabezó una reunión internacional de esposas de jefes de Estado, Marta Sahagún recorrió una tienda de la firma española Loewe para adquirir un total de 16 prendas.

La difusión de datos como esos levantó una ola de reacciones adversas y, al año siguiente, en el 2004, al pedirse una nueva relación de gastos de Marta Sahagún en guardarropa, la respuesta fue que, en este concepto, no se volvió a tocar el presupuesto.

Mas la resistencia a informar sobre el destino de los recursos públicos incluye todo tipo de procedimientos, al grado de que, entre junio del 2003 y diciembre del 2005, diversas instancias oficiales presentaron 101 solicitudes de amparo contra los dictámenes del IFAI, incluyendo a PEMEX, el IPAB y la CNBV. Diez de esos amparos fueron promovidos por la Secretaría de Energía, Luz y Fuerza del Centro, el Sistema de Administración Tributaria, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Cuando los juzgados fallaron en contra de algunos de esos organismos, surgió otra modalidad: 11 funcionarios del IPAB, de la CNBV y de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda fueron alentados por sus jefes para presentar amparos en lo individual alegando que si cumplían las órdenes del IFAI irían a la cárcel por violar el secreto bancario. Todos perdieron los litigios.

¿Transparentes los panistas? ¡SON BIEN PINCHES MARRANOS, POS QUE! Por eso mismo no quieren que la gente vea las chingaderas que hacían. Y es precisamente por eso que ahora fecal quiere el IFAI esté nomás de adorno pero que no de información de ningún tipo. Digo, no nos hagamos; si hay alguien a quien no le gusta la transparencia es fecal. Al grado de que precisamente fue fecal el que amparó a la SENER contra la ley de transparencia para que no tuvieran que darle información de las cochinadas que estaba haceindo fecal--como lo de Hildebrando o las cantidades de adjudicaciones directas que hizo cuando era secretario de energía.


Una razón más para apoyar al peje en el 2006.