POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES.

Dos editorialistas del Universal plantean hoy esta realidad:


Daltonismo social.
Fernando Ortiz Proal.
11 de agosto de 2006.

E n la trastienda del conflicto postelectoral que tiene sumergido al país en un estado de creciente volubilidad, se oculta el fantasma de la pobreza. El profundo abismo social que ha generado la inequitativa distribución del ingreso en el mundo, es un fenómeno que en la actualidad ha alcanzado alarmantes dimensiones.
Las diferencias en cuanto al ingreso anual per cápita son escandalosas; por citar un ejemplo, mientras que Suiza tiene uno de más de 40 mil dólares, Mozambique y Etiopía tienen 80 y 100 dólares, respectivamente. Esto significa que en estos últimos dos países sus habitantes tienen un ingreso anual equivalente a 0.2% del ingreso de un suizo.

Desafortunadamente la situación latinoamericana no es muy diferente y nuestro país tampoco puede escapar a esa penosa realidad. Hace unas cuantas semanas, el Banco Mundial hizo público un informe titulado "Redistribución del ingreso a los pobres y ricos; transferencias públicas en América Latina y el Caribe".
En este análisis, la reconocida institución financiera internacional afirma que si bien los países latinoamericanos no se cuentan entre los más pobres del orbe, en estas naciones, incluyendo a nuestro país, predomina una desigual distribución de la riqueza respecto de otras regiones.

En lo que toca a México, las conclusiones del informe son desalentadoras y exhiben la demagogia con la que el gobierno federal ha hablado del combate a la pobreza, cuando en realidad son magros los resultados obtenidos. En principio, se afirma que la mitad de los mexicanos viven en situación de pobreza, con esta triste revelación se echan por tierra las cifras alegres de la actual administración, que sufre de daltonismo social puesto que desde hace algunos años ya no ve pobres en México.

Por un lado, se sostiene que el gasto público en apoyo a los más pobres ha sido muy bajo. Y, por otro lado, se afirma que los verdaderos beneficiarios de algunos programas sociales implementados en México con la intención de contrarrestar los efectos de la pobreza, como el Procampo, no han sido los más pobres.

Así las cosas, resulta increíble que ante la evidencia de las necesidades más elementales que padecen millones de mexicanos, el gasto en protección social se ha limitado a 3.5% del PIB, cuando el gasto social total es de 9.8%.

En estas condiciones vale la pena recuperar algunas ideas que a finales de la década pasada publicó el jurista y novelista mexicano Gerardo Laveaga -cuya reciente novela histórica El sueño de Inocencio recomiendo ampliamente- en un ensayo titulado "La cultura de la legalidad", y que en forma muy general son del siguiente orden: la fuerza del Estado encuentra su razón de ser en el consenso social. La clase dominante en un Estado -gobierno y grupos de poder- se legitima en la medida que logra mantener la cohesión social. Y esto sólo es posible cuando los distintos grupos que integran la comunidad, independientemente de sus particulares intereses gremiales, encuentran en ésta un ambiente adecuado para satisfacer sus necesidades, cuando menos aquellas que les son básicas. En este sentido, la pobreza es la más elocuente manifestación de la ausencia de entendimiento entre los grupos.

El consenso legitima al Estado, brinda estabilidad y permite promover una axiología afín en la comunidad; y en este punto, valores como la justicia, la legalidad y la democracia encuentran las vías para su perfeccionamiento. Por su parte, el distanciamiento social que induce la pobreza fomenta el desencuentro, mientras que la continuidad del conflicto es el principal obstáculo para el desarrollo.

Lamentablemente todo parece indicar que en este momento precisamente nos encontramos en esta coyuntura. Y es que en última instancia, tras bambalinas del conflicto postelectoral que vivimos subyacen los abismos sociales generados por la pobreza. Incluso el discurso de los pobres no resultaría políticamente rentable si la pobreza no fuera una realidad generalizada.

Por ello, independientemente de quien o quienes resulten favorecidos al final de la escaramuza electoral de 2006, sin importar qué principio o instituciones prevalezcan al terminar este asunto, no se debe perder de vista que detrás de esta cuestión está la pobreza, y que ninguna determinación será lo suficientemente sólida hasta en tanto no se combata esa injusticia.

Crecimiento y equidad.
José Luis Calva.
11 de agosto de 2006.

" La lucha contra la pobreza no sólo sirve a los pobres; también es positiva para toda la sociedad". Esta frase no es de Andrés Manuel López Obrador, sino de Guillermo Perry, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, al presentar el informe Poverty reduction and growth: virtuous and vicious circle, recientemente publicado.

El informe documenta la existencia en nuestra región de círculos viciosos entre bajos niveles de crecimiento económico y altos niveles de pobreza, que a su vez generan bajos niveles de crecimiento. A juicio del Banco Mundial, para transitar a "círculos virtuosos en los cuales la reducción de la pobreza y el crecimiento elevado se refuercen mutuamente", el desafío más urgente consistiría en transformar al Estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades. Parece un paso hacia el aire fresco.

Sin embargo, es necesario ir más lejos: el círculo vicioso entre pobreza y bajo crecimiento económico constituye una suerte de nudo gordiano que sólo puede ser desatado al estilo Alejandro Magno, es decir, de manera heterodoxa, mediante un conjunto articulado de políticas públicas -en su mayoría herejes al Consenso de Washington-, que incluya no sólo políticas sociales reductoras de desigualdades, sino también políticas industriales y macroeconómicas contracíclicas, además de políticas sociales de cobertura universal y programas microeconómicos y microrregionales que incorporen a la población marginada a las tareas y los beneficios del desarrollo.

Por eso, durante los últimos tres lustros ha venido conformándose un consenso entre los economistas del desarrollo de América Latina (neoestructuralistas y poskeynesianos) en el sentido de que el crecimiento sostenido con equidad sólo será factible mediante estrategias que tengan por lo menos cinco componentes:

Primero: políticas macroeconómicas contracíclicas para minimizar la volatilidad en el crecimiento del producto nacional y del empleo. Su necesidad deriva de los elevados costos económicos y sociales de esta volatilidad -que en América Latina es la más alta del mundo-, la cual genera una enorme subutilización promedio de la capacidad productiva instalada, afectando las utilidades empresariales y reduciendo las tasas medias de crecimiento de la inversión, del PIB y del empleo, con impactos adversos sobre el bienestar de los hogares.

Segundo: políticas de fomento económico general y sectorial que amplíen y mejoren la infraestructura, impulsen el desarrollo de las ramas productivas estratégicas y estimulen los encadenamientos productivos. Su pertinencia deriva de la necesidad de crear sinergias permanentes entre los sectores productivos para asegurar la generación de suficientes empleos dignos; para reconstruir y articular los eslabones de las cadenas productivas, hoy rotas por el creciente componente importado de las exportaciones industriales; para cerrar la brecha tecnológica y de productividad entre nuestros países y el mundo industrializado, impulsando el desarrollo de las actividades económicas tradicionales, pero también las industrias y servicios de alta tecnología, como lo han hecho países exitosos que han partido de un nivel de desarrollo inferior. Esto permitiría mejorar la calidad de los empleos, diversificar nuestra planta productiva y elevar su eficiencia, permitiendo mejorar el nivel de vida de la población de manera sostenible.

Tercero: políticas educativas, de desarrollo científico-técnico, capacitación laboral e inducción de la innovación, que contribuyan a la elevación general de la productividad y al desarrollo de industrias del conocimiento. Hay que recordar que la formación de recursos humanos a través de estas políticas se encuentra en la base del éxito económico de las naciones; constituye una poderosa palanca para elevar la productividad y generar empleos cada vez mejor remunerados; y es la clave para ir cerrando las brechas -de productividad, ingreso y calidad de vida- que nos separan de los países industrializados o de altos ingresos.

Cuarto: políticas sociales de cobertura universal (además de la educación, sistemas eficaces de salud, seguridad social, nutrición, vivienda digna, etcétera), combinadas con una estrategia claramente orientada a mejorar gradualmente la distribución del ingreso. Estas políticas resultan ser -como lo evidencian las economías exitosas- componentes esenciales de un desarrollo económico robusto e incluyente, sustentado en un vigoroso mercado interno y en una sólida cohesión social.

Quinto: programas orientados a la atención de los grupos sociales más vulnerables y rezagados (ergo, marginados), los cuales son cruciales para romper los círculos viciosos de la desigualdad, a través del acceso integral -acelerado- a los satisfactores básicos de alimentación, vestido y vivienda, así como a los servicios de salud, educación, infraestructura, pero también a través de programas microeconómicos y microrregionales que impulsen la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos locales.

La plena incorporación de todos los segmentos sociales a las tareas y los beneficios del desarrollo no sólo es palanca fundamental para una sociedad más equitativa y cohesionada, sino también para lograr un crecimiento económico acelerado y una inserción digna en la economía internacional.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Comento:Solamente que los magistrados del TEPJF, que como se sabe ganan sueldos fabulosos y gozan además de prebendas y canonjías y que por ende ya tienen resuelto su problema económico por los días que les queden de vida, no quieran ver mas allá de sus mezquinas ambiciones no será posible que encuentren valoración alguna ante esta terrible realidad que aqueja al país entero. Con esto quiero decir que la cuestión que ellos están dirimiendo, no es una mera fórmula electoral, es ni más ni menos la posibilidad de que la lacerante situación de millones de compatriotas empieze a transformarse en una justicia distributiva de la riqueza para que haya bienestar. Una riqueza que siempre ha estado allí, pero que solo ha servido para botín de unos cuantos. Y que por primera vez surge la posibilidad de erradicar esas lacras.

Señores magistrados, pónganse las pilas y permítanse así mismos pasar a la historia como ciudadanos virtuosos y no como cómplices mezquinos de la ruindad.