EMPRESARIOS VIOLADORES DE LA LEY.

Salvador García Soto escribe en el Universal:

Empresarios y anulación.

El escenario más delicado, aunque no el menos probable, en el conflicto postelectoral que vive México, es el de un fallo del Tribunal Electoral que calificara como "no válida" la elección presidencial del pasado 2 de julio.
Aunque a muchos les asusta y les preocupa, esa posibilidad existe y además de estar entre las facultades de los magistrados, la nulidad es solicitada en el recurso mayor de impugnación presentado por la coalición Por el Bien de Todos.

Una de las violaciones concretas a la ley en los comicios del 2 de julio, que abrirían la puerta a la invalidez de la elección, por encima, incluso, de la exigencia "voto por voto" de López Obrador o de sus poco claras y no probadas acusaciones de "fraude cibernético" o de "fraude a la antigüita", es la falta de equidad en el proceso electoral.

Y, en concreto, el hecho de que empresas privadas y organismos empresariales, hayan contratado y transmitido spots en las campañas en los que, abierta o veladamente invitaban a votar por el PAN, "por la continuidad" o advertían de los riesgos o los peligros que representaba un candidato como López Obrador.

Datos del monitoreo oficial de la publicidad transmitida en las campañas presidenciales, obtenidos por esta columna, dan cuenta de que el gasto realizado por el Consejo Coordinador Empresarial en la transmisión de sus spots en los que llamaba a la población a reflexionar su voto y sugería crisis y devaluaciones si no se defendía "lo que hemos avanzado" fue de 160 millones de pesos en apenas 15 días, en los que ese órgano empresarial compró y pagó una intensa pauta publicitaria para la difusión de sus spots.

Otras empresas privadas como Jumex, que llamaba en sus spots a votar, mientras en un fondo blanco, azul y naranja, los colores del PAN, simulaban un voto, se gastaron 1.5 millones de dólares en ese ilegal y subliminal "llamado". Una organización extraña, de la que no se ha logrado saber mucho y que se firmaba como "Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano", gastó 1.6 millones de dólares en una intensísima pauta de spots, en horarios estelares de la televisión, en los que aparecían imágenes de Hugo Chávez, el presidente venezolano y se ponían armas mientras una voz en off decía: "En México no se necesitan armas para defender las ideas, sólo tienes que votar".

Tan sólo esas tres organizaciones privadas se gastaron, según el monitoreo oficial de las campañas, casi 200 millones de pesos, el equivalente a la tercera parte del gasto total que podía hacer un partido político en la elección presidencial.

El Artículo 48 del Cofipe, señala en su primer párrafo: "Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo.". Y la prohibición para que ninguna organización privada, ajena a los partidos y autoridades promuevan el voto ni en general ni por partido político alguno, se refuerza en el párrafo 13 de ese mismo artículo de la ley electoral: "En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros".

En la última semana de las campañas, el Consejo General del IFE hizo un llamado al Consejo Coordinador Empresarial y a otros organismos y empresas privadas para que retiraran sus spots. No lo hicieron. Fue hasta el 28 de junio, día de terminación de las campañas, cuando esas organizaciones decidieron cancelar sus spots.
Hoy el propio Andrés Manuel López Obrador dice que él y su partido "no queremos la anulación de la elección, sólo que se cuenten los votos". Pero ellos invocaron las "causales abstractas de nulidad". Y la posibilidad de que los magistrados declaren "no válida" y, por lo tanto, anulen la elección es real. Tan real que ya se habla de que en el PAN preferirían la anulación a que el Tribunal le diera el triunfo a López Obrador, y también se sabe que en el PRI no ven con desagrado el escenario de la nulidad, el interinato y nuevas elecciones.

¿Y a estos "empresarios" verdaderos delincuentes electorales, quien les podrá aplicar la ley?.Solamente el pueblo, demandando el triunfo de AMLO y boicoteando los productos que fabriquen y vendan estos vendepatrias.