EL TURNO DEL TRIBUNAL.

Manuel Camacho Solís escribe en el Universal:


Tribunal a prueba.

La estabilidad política de nuestro país descansa en las decisiones que tomará el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación. La crisis política en la que ha entrado México puede empezar a resolverse, o podría profundizarse, dependiendo de sus decisiones.

La Constitución le otorga al Tribunal facultades amplísimas. Qué bueno que así sea, porque de no ser así, difícilmente podría resolver un problema de la magnitud del que enfrenta. Algunos de sus magistrados han mostrado amplitud de criterio, imaginación y capacidad para innovar. Por sus antecedentes, sería difícil conocer ahora cuál será su decisión final.

Su decisión es especialmente difícil porque no sólo habrán de tomar en cuenta las violaciones a la ley que han acompañado a esta elección presidencial, sino también la evaluación de las consecuencias de sus actos sobre el prestigio del Estado y el bienestar y tranquilidad de la sociedad. Tienen en sus manos el cerillo que incendiará la pradera o el tanque de agua que la mojará para dar tiempo a que la política vuelva a sus quicios y los políticos asuman su responsabilidad de dialogar, negociar y gobernar.

La decisión que tomen los habrá de acompañar el resto de sus vidas. Va más allá de cuál será su siguiente cargo o empleo una vez que terminen sus funciones en el Tribunal. Su decisión afectará para siempre su reputación pública. Están obligados a referir sus decisiones, a valores fundamentales y a medir con la mayor objetividad las consecuencias de sus actos. Su decisión también afectará determinantemente al prestigio de la institución.

Lo más importante es que decidan. Que no se escuden en una argucia legal para dejar de decidir y devolver el problema a un limbo que, en las actuales condiciones, sólo sería un anticipo de la entrada en una situación caótica. El Tribunal se creó para resolver los conflictos en el espacio de las instituciones. Si éste funciona, las instituciones se fortalecerán. Si no, el conflicto se irá a las calles. A los enfrentamientos en las calles, al desbordamiento de la fuerza pública y al dilema de la intervención de las fuerzas armadas.

Decir que no pasó nada sería no decidir. Es imposible sostener que todo estuvo bien, especialmente frente al cúmulo de pruebas sobre violaciones flagrantes a la ley. Se sobrepasó el límite del gasto de campaña de manera escandalosa. Algunas empresas contrataron directamente propaganda política. Por lo menos una empresa trasnacional patrocinó la campaña. El Presidente de la República y el gobierno intervinieron en el proceso. Se utilizaron fondos públicos para apoyar al partido en el gobierno mediante los programas sociales. Se contravino la orden de la Suprema Corte de Justicia de retirar la publicidad gubernamental. Se permitió una guerra sucia en términos que violaban la ley. Se aceptó que terceros hicieran publicidad en televisión a favor de un candidato y en contra de su opositor. Se manipuló el sistema de presentación de los resultados electorales. Se acordaron acciones entre el presidente del IFE y el Presidente de la República, contraviniendo el espíritu de la reforma de 1994-96 que dio al organismo su autonomía. Por parte del IFE se ha instruido violar la ley, al ordenar la apertura de paquetes electorales en un momento en donde eso sólo podría hacerse por orden del Tribunal, y se ha engañado sobre una supuesta solicitud inexistente por parte de éste.

El Tribunal debe decidir. Ya no existe ninguna otra instancia judicial. La coalición Por el Bien de Todos considera que la solución al problema es el recuento de todos los votos. Esa decisión transparentaría el proceso. Sería la manera de frenar movilizaciones en franco ascenso. Que nadie cierre esta posibilidad hoy, pues en pocos días podría ser el único camino para recuperar la tranquilidad. Si Calderón, como lo ha sostenido en medios del exterior, sostiene que la elección fue la más limpia y democrática, tendría que ser consecuente. Si él acepta, le facilitará la salida al Tribunal. Se lo facilitará a si mismo, tanto para ser presidente como para dejar de serlo. Lo otro, pretender serlo sin legitimidad, es peor que no serlo.