EL "ERROR" DE ZACAPOAXTLA...¿SE REPETIRÁ CON REGULARIDAD?

Miguel Angel Granados Chapa escribe en el Reforma:


Abrir y cerrar paquetes.

En una elección tan cerrada en que la diferencia es muy breve es preciso tener certidumbre sobre las cuentas. Si el "error" de Zacapoaxtla se repitiera con regularidad, estaríamos frente a una falsificación del resultado.

Dos semanas después de la jornada electoral, confluyen las estrategias política y jurídica de los contendientes que se conservan en la disputa electoral. Fueron presentados ante la justicia electoral los recursos con que la coalición Por el Bien de Todos busca revertir el resultado numérico anunciado y el Partido Acción Nacional contrarrestar el posible efecto en la cuenta que ahora lo favorece de la anulación de votos que puede practicarse en esta fase jurisdiccional.

Es imposible desprender de tono y contenido político las posiciones de la coalición y del partido que, dejados fuera otros contendientes al final de la campaña, expresan hoy las preocupaciones y exigencias de buena parte de la sociedad.

Una corriente, convencida de que se incurrió en innumerables irregularidades, y a la vista de la estrecha diferencia en el número de votos depositados a favor de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, demanda que se cuenten de nuevo los sufragios.

Otra corriente expresa hartazgo por la pertinacia del alegato contrario y, pretendiendo forzar los tiempos formales, exige a López Obrador que sea buen perdedor y se retire a su casa, como si hubiéramos llegado ya al fin del proceso electoral. Para ahondar la percepción pública de que hay ya un triunfador (y no sólo un candidato en cuyo favor se depositó un mayor número de votos), Calderón se desplaza como si fuera Presidente electo y se alista a entrar en la etapa del relevo, como hizo Vicente Fox.

Sólo que el ahora presidente de la República no actuó de ese modo en julio de 2000, sino hasta que fue declarado electo el 2 de agosto. Y eso que nadie ponía en duda su victoria, como ahora ocurre.La insistencia en fabricar hechos consumados, posible por la irresponsable actuación del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, genera la insistencia contraria.

López Obrador ha recuperado su conferencia mañanera. En varias sesiones de esa práctica ha presentado videograbaciones de actos electorales irregulares e ilícitos. En al menos un caso se equivocó, cuando atribuyó al presidente de una casilla salmantina una acción diferente de la realmente efectuada: no embarazaba la urna, es decir no introducía votos de la elección presidencial en el recipiente respectivo; metía papeletas de la elección de diputados en la urna correspondiente, después de que fueron hallados en la presidencial, donde por error los depositaron los electores. De todas formas incurrió en una infracción el responsable de la casilla, pues la ley ordena separar las papeletas en ese caso, no introducirlas en la urna. Pero el episodio carecía del significado que se le atribuyó. Y originó una observación crítica de López Obrador no sobre los representantes de su coalición en las casillas, sino sobre quienes intentaron comprar su voluntad, una práctica usual en el pasado y que, de ser verdadera hoy, muestra su persistencia.

En cambio, fue eficaz la presentación de otro video, sobre el indebido ingreso de funcionarios en bodegas donde se resguardan los paquetes electorales, como en el ejemplo mostrado, ocurrido en Comalcalco, Tabasco. Lo habrían hecho dolosamente, "para cuadrar cifras", denunció Horacio Duarte, que representa a la coalición en el IFE. La oficina central de ese instituto respondió que al entrar en los recintos sellados se procedía conforme a la ley, pues era preciso obtener documentación solicitada por los impugnadores y por el Tribunal Electoral.

La circular 071 de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, citada como fundamento para la incursión ilegal, no incluye por supuesto instrucción alguna para practicarla. Y ninguno de los documentos enlistados en sus 16 apartados estaba fuera del alcance de los consejos distritales como para tener que buscarlos en lugar prohibido. Ante el desnudamiento de esa conducta, el IFE optó por cancelar la apertura indebida de otros paquetes y aun se dio el lujo de calificar el cese de una conducta impropia como una contribución a la serenidad social.

No dejó por eso de ofrecer la documentación solicitada, lo que muestra la falsedad de que era necesario hurgar en los paquetes.(Llama la atención el pedido del Tribunal, que consta en el sexto apartado de la circular 071. No obstante que la sala superior recibirá conforme a la ley el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital, requirió también "copia de las grabaciones de las sesiones en que se realizaron los cómputos distritales"), lo que acaso indica que los magistrados no se contentan con la versión, por oficial que sea, de quien narra unos acontecimientos, sino que quieren imponerse de cómo se desarrollaron.)

Fue también revelador el video grabado en Zacapoaxtla, durante el cómputo distrital. Conforme a la ley, pues era una de las situaciones previstas, se abrió un paquete, y resultó que no todos los 92 votos considerados nulos lo eran realmente, sino que 64 de las papeletas indebidamente clasificadas como tales correspondían a votos por la coalición Por el Bien de Todos (y 13 al PAN).

Se dirá, se dice, que irregularidades de esa índole son casuales, que no corresponden a un patrón y que no puede descalificarse por ello al proceso electoral entero. En sentido contrario, debe tenerse en cuenta que en una elección tan cerrada en que la diferencia es muy breve (en promedio es de menos de dos votos en cada una de las 130 mil casillas) es preciso tener certidumbre sobre las cuentas. Téngase presente, también, que los 900 mil votos nulos equivalen a más de tres veces la diferencia entre candidatos. Y si el "error" de Zacapoaxtla se repitiera con regularidad estaríamos frente a una falsificación del resultado.

Por eso los cientos de miles de personas que esta mañana se manifiestan en el Zócalo, después de viajar, buena parte de ellos, desde los 273 distritos fuera del DF, demandan la apertura de todas las casillas, para que se cuenten de nuevo todos los votos. Contra esa petición se ha confeccionado un sofisma, enarbolado con entusiasmo por el IFE, de que proceder en esa dirección significaría agraviar a los cientos de miles de ciudadanos que recibieron la votación el 2 de julio.

No es verdad que se les ponga a todos bajo sospecha. Al contrario, el recuento permitiría comprobar que todos los funcionarios de casilla se condujeron con probidad, pero que en algunos resultados de su escrutinio hay irregularidades, que deben ser juzgadas por la autoridad judicial.Hay diferencia entre la demanda política y la jurídica de la coalición Por el Bien de Todos, y sus dirigentes y su candidato harán bien en explicarlo a sus seguidores. Legalmente no se ha requerido la apertura de todas las casillas. Si eso no queda claro, la respuesta que dé el Tribunal a la solicitud jurídica parecerá por debajo de la exigencia política y eso podría generar frustración o suspicacia, sentimientos turbios en una fase del proceso en que es posible lograr la certidumbre

.La coalición impugna ante el Tribunal "los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por nulidad de la votación recibida en varias casillas y por error aritmético". También propone, en otra cláusula que no es contradictoria sino complementaria, que los resultados se impugnan porque "no son reflejo de la voluntad popular mayoritaria de los ciudadanos mexicanos, pues a lo largo del proceso electoral se violaron de manera grave los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, el principio constitucional de equidad y por tanto los postulados constitucionales de elecciones libres, auténticas y periódicas, y por ende no es factible que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice la declaración de validez de la elección, ni la declaratoria de Presidente electo".

La doble petición enunciada en el párrafo anterior no es incongruente porque se dirige a dos destinatarios diferentes. En el Tribunal Electoral conviven dos órganos constitucionales con atribuciones diferentes también. Uno deberá resolver, a más tardar el 31 de agosto, las impugnaciones ya presentadas. El otro es el órgano de calificación, que realiza la función que hasta 1994 tenía a su cargo la Cámara de Diputados y que determina la validez de la elección y declara al Presidente electo.