DELINCUENTES ELECTORALES.

Meta: Los Pinos.

Jorge Carrasco Araizaga.

La compra y coacción del voto, el apoyo del presidente Vicente Fox al candidato panista Felipe Calderón, y la intervención de grandes empresarios a favor del mismo aspirante a la Presidencia, denunciados como delitos electorales durante la campaña, son elementos de los cuales dispone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJD) para evaluar el estrecho resultado de las cifras correspondientes a la elección presidencial.

La investigación de esas denuncias, a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), además de otras 106 que recibió el 2 de julio durante las votaciones, dará a los magistrados del TEPJF pruebas sobre las impugnaciones que presentó la semana pasada la coalición Por el Bien de Todos.

Si los magistrados deciden investigar las causas que determinaron la falta de certeza del resultado electoral, como lo solicita la coalición, deberán pedir a la Fepade el producto de sus indagatorias sobre los presuntos apoyos ilegales que Calderón recibió tanto por parte de Vicente Fox como de su gobierno y destacados representantes empresariales.

No sería la primera vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitara información a la Fepade para resolver este tipo de impugnaciones, y aún más, ahora "es probable que el tribunal solicite el análisis de las constancias que tenemos", dice en entrevista la responsable de la Fepade, María de los Ángeles Fromow Rangel.

El mismo Instituto Federal Electoral (IFE), severamente cuestionado por la coalición, puede requerir la colaboración de la Fepade para investigar las denuncias presentadas al instituto por los partidos durante la campaña.

La información a disposición del TEPJF no se limita a lo ocurrido el día de los comicios, sino que abarca todo el proceso electoral, para saber si hubo "determinantes" en el resultado de la elección presidencial que, de acuerdo con el IFE, sólo dio una ventaja de 0.58% a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador.

"En muchas ocasiones el TEPJF o el IFE han podido instruir procedimientos con base en los elementos probatorios que nosotros tenemos. Esa información les ha servido para tomar una decisión respecto de las quejas o impugnaciones que reciben", asegura la fiscal.

"A nosotros nos lleva más tiempo la integración de la averiguación previa por los motivos específicos de la forma y el sistema de investigación penal, pero el tribunal no requiere tantos elementos probatorios. Nos pueden pedir información incluso de las actas circunstanciadas -constancias anteriores a la averiguación previa-, pues las pruebas a que se recurre en materia administrativa no tienen que ser tan específicas.

"En ocasiones, agrega, "nuestros elementos han servido para establecer ciertas sanciones o responsabilidades, e incluso puede suceder que, a partir de las impugnaciones que reciba el tribunal, se advierta la probable comisión de algún delito no denunciado y se dé vista a la Fepade para que investigue".

En su impugnación ante el TEPJF, la coalición mencionó una docena de denuncias presentadas a la Fepade en contra del propio Calderón, de Fox y de funcionarios del gobierno federal. Además, según la alianza Por el Bien de Todos, existen diversas demandas en contra de empresarios por la difusión de propaganda velada contraria a López Obrador.

Dicha campaña a favor de Calderón fue encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que además de editar 10 millones de historietas que repartió entre sus empleados en industrias y comercios de todo el país (Proceso 1547), compró espacios en medios electrónicos para promover el voto a favor del panista.Al respecto, dice Fromow: "En la fiscalía se están integrando denuncias que tienen que ver con algunos spots de grupos empresariales, aunque las acusaciones son en contra de particulares". Y adelanta que "si los hechos denunciados están en el catálogo de delitos electorales", la fiscalía deberá establecer quién fue el responsable de la difusión.

Contra Fox y su gobierno.
En el caso de Vicente Fox, el 22 de mayo pasado la coalición lo acusó formalmente ante la Fepade de interferir en el proceso electoral. Esa imputación, que tiene el número de averiguación previa 280/FEPADE/2006, fue presentada a partir de los dichos del senador del Partido Verde, Jorge Emilio González, en el sentido de que el presidente del país le hizo reiteradas peticiones de apoyar la candidatura del PAN.

En su impugnación, la coalición Por el Bien de Todos recuerda que, aunque la indagatoria de esos hechos no ha concluido, el 29 de junio, dos días antes de la jornada electoral, Fox aseguró en una entrevista de radio que su sucesor no obtendría más del 36% de los votos, lo que se confirmó el 5 de julio, al término del conteo de las actas electorales.

Son dos aspectos relacionados con una denuncia y una impugnación, dice Fromow. "En nuestro caso, estamos investigando los hechos para determinar si hubo delito y quién pudo ser responsable, pues las denuncias son en contra el presidente y/o quien resulte responsable". En cuanto a la impugnación, fue presentada por la coalición ante el tribunal.

El gobierno de Fox también fue acusado en la Fepade de usar programas sociales a favor de Calderón, lo que está prohibido por el código electoral. En ese delito se involucra a un funcionario de la Presidencia, Claudio Oliverio Saucedo Pagola, director de Proyectos III de Asuntos Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Económicos, Internacionales y Empresariales de la Presidencia de la República.

A Saucedo se le imputa haber utilizado recursos públicos para descalificar a López Obrador, lo que quedó asentado en la averiguación previa 219/FEPADE/2006, del 4 de mayo pasado.

También fue acusada por la coalición Ana Teresa Aranda Orozco, secretaría de Desarrollo Social desde que Josefina Vázquez Mota renunció al cargo para convertirse en la coordinadora de la campaña de Calderón. La averiguación previa, de acuerdo con la impugnación, se inició el 13 de junio pasado debido a que, en un acto público, en el estado de Guerrero, Aranda hizo proselitismo a favor del candidato panista.

El propio Calderón fue motivo de una denuncia en la fiscalía especial por el supuesto aprovechamiento de recursos federales.

Presentado el 23 de junio (303/FEPADE/2006), ese recurso responsabiliza así mismo a los diputados Jorge Luis Preciado Rodríguez, José Isabel Trejo y otras personas de participar en desviaciones de 50 millones de pesos ordenadas por la Secretaría de Desarrollo Social.

Los fondos implicados corresponderían a subsidios del Programa de Vivienda Rural asignados a la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, Asociación Civil.En la averiguación previa 293/FEPADE/2006, Calderón aparece igualmente como presunto responsable de usar el padrón electoral para conformar redes en beneficio de su candidatura.

Desde su sitio electrónico como candidato, era posible conocer los datos exactos del lugar de residencia de quienes entraban a ese espacio, lo que supone la utilización del padrón electoral, de acuerdo con la acusación.

A Calderón se le abrió otra averiguación, la 384/FEPADE/2006, por uso indebido de documentación electoral. Se trató de la exhibición de una boleta original de la elección presidencial que provenía de los electores en el extranjero y que, en un mitin de Calderón en Tijuana, el 9 de junio, fue tachada a favor del candidato panista.

Esas son algunas de las denuncias presentadas por la alianza que postuló a López Obrador ante hechos ocurridos antes de la jornada electoral. Pero como ninguna de ellas se ha resuelto, en su impugnación los partidos coaligados -el PRD, el PT y Convergencia por la Democracia- aseguran que se provocó iniquidad en la contienda electoral "al tolerar la existencia de conductas delictivas de manera constante". Y aunque admiten que se trata de indicios, aseguran que los hechos terminarán probándose como ciertos una vez que aporten otros medios de prueba.

Delincuentes electorales.
Además, están las denuncias interpuestas el 2 de julio y los días subsiguientes por ciudadanos, partidos políticos, funcionarios públicos y el propio IFE. De acuerdo con Fromow, la fiscalía tiene 924 averiguaciones previas y actas circunstanciadas derivadas del proceso electoral. De ellas, 553 son averiguaciones previas, el grueso de las cuales se han integrado en las últimas cuatro semanas; es decir, desde dos semanas antes de los comicios. "Son hechos que ocurrieron durante el proceso electoral, aunque aún nos están llegando algunas denuncias", dice Fromow.

La mayor parte de ellas se refieren a los dos temas que la Fepade identificó previamente: compra y coacción del voto, e intervención ilegal de servidores públicos en el proceso. El día de la elección, la fiscalía abrió 106 indagatorias relacionadas con la compra y coacción del voto, proselitismo e incidencias electorales, como la tardanza en la instalación de casillas o la insuficiencia de las casillas especiales.

La compra y coacción del voto tuvo que ver con la entrega de despensas, dinero u otras dádivas a cambio del voto, el condicionamiento de programas sociales, el acarreo de votantes, la recolección de credenciales de elector y llamadas telefónicas pidiendo el sufragio para un candidato.

Esos hechos involucran a todos los partidos, pero hay casos -precisa la fiscal- en los que los denunciantes no tienen todos los elementos probatorios.El mayor número de denuncias fue presentado en el Estado de México, gobernado por el PRI, el Distrito Federal (PRD), Baja California (PAN), Hidalgo (PRI), Michoacán (PRD) y Yucatán (PAN). Se trata sobre todo de "operadores" partidistas y de otras personas que solicitaban el voto a favor de un partido político.(APRO)


El "cochinero" versión 2006.

domingo, 16 de julio de 2006.
Reportaje
Meta: Los Pinos

La variedad de ataques contra Andrés Manuel López Obrador rebasó con mucho el marco legal del proceso electoral, a decir de la coalición que lo postuló. La intervención partidista de actores sociales como la Iglesia y las cúpulas empresariales, la guerra sucia de partidos y gobierno federal, así como el rebase de topes de campaña por parte de Felipe Calderón, son algunas de las manchas que ya se habían observado, pero que la coalición tendrá que acreditar ante el Tribunal Electoral.

Convencido de que se enfrentó al "aparato de Estado", en recientes declaraciones Andrés Manuel López Obrador llamó al presidente Vicente Fox "traidor de la democracia" y lo acusó de actuar como "mapache" electoral.

Sus señalamientos también se han dirigido al Instituto Federal Electoral: llamó "delincuentes" a los funcionarios del órgano electoral; recordó el origen del actual Consejo General del IFE, destacando la intervención de Elba Esther Gordillo como responsable del nombramiento de Ugalde; calificó de "cochinero" a todo el proceso, que contiene "elementos de sobra" para ser anulado porque "no hubo legalidad, equidad ni independencia".

En el recurso de inconformidad firmado por el representante de la coalición Por el Bien de Todos ante el IFE, Horacio Duarte Olivares, se pone especial énfasis a la intervención del presidente y de parte de su gabinete, así como la disposición de recursos públicos para favorecer a Felipe Calderón Hinojosa.

El texto destaca que donde el resultado electoral fue adverso para López Obrador --en la mitad del país, de acuerdo a los cómputos distritales--, fue resultado de "la indebida injerencia del Gobierno Federal y del titular del Ejecutivo Federal, el presidente Vicente Fox, en la contienda electoral; así como del impacto de la 'guerra sucia' y campañas negativas promovidas y pagadas por terceros ajenos a la contienda electoral".

Éstos habrían actuado "ante la complacencia y permisividad de la autoridad electoral", lo que a decir del candidato desinformó a la ciudadanía y alentó el "voto de miedo".Tal escenario, se señala en la impugnación, fue determinante en el cerrado resultado. De ahí que la coalición solicite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrir los paquetes electorales y contabilizar todos los sufragios.

La coalición también denuncia el impacto de la "guerra sucia", reflejada en la difusión de "al menos 36 promocionales distintos diarios" contra López Obrador:"Una vez que se comenzó a difundir la campaña negra por el Partido Acción Nacional, comenzó a reducirse la diferencia en las preferencias electorales, que al principio de la campaña favorecían por al menos 8 puntos porcentuales al candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos en prácticamente todas las encuestas realizadas en el país", dice el documento.

Como responsables de dicha campaña negativa se incluye, además de la Alianza por México (PRI-PVEM), el Consejo Coordinador Empresarial y dos asociaciones civiles. Se habría sumado "a dicha campaña de odio y mentiras aquella realizada por el Poder Ejecutivo Federal en promocionales difundidos en medios masivos de comunicación, en los que se utilizaron los programas de gobierno para llamar a la continuidad en su gobierno y a denostar a la opción política que representa el candidato Andrés Manuel López Obrador".

Programas politizados.
También se presentó como pruebas el presunto desvío de recursos públicos de programas de la Secretaría de Desarrollo Social -de la que fue titular la coordinadora de campaña de Calderón, Josefina Vázquez Mota-, en colaboración con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Salud, que se coordinaron con el PAN para que fondos del erario se utilizaran para "catapultar la candidatura de Felipe Calderón a la Presidencial de la República, constituyendo en principio un financiamiento paralelo para dicha campaña".

De esta manera, la coalición afirma en su recurso que "se triangularon operaciones con los recursos del Programa de Vivienda Rural, Seguro Popular, Apoyo a Adultos Mayores, Oportunidades, con recursos de la Infraestructura Social Municipal, y se manipuló además, para ello, el Padrón Electoral, del que sólo puede conocer el Instituto Federal Electoral y para efectos únicamente de revisión, los Partidos Políticos, con fines de inducción al voto y proselitismo, para apoyar los actos de campaña y propaganda" de Calderón.

Uno de los casos más escandalosos presentado como prueba es el referente al Programa de Vivienda Rural (Proceso 1540 y 1541).En el documento de la impugnación se indica que el 15 de febrero de 2006 "la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y de la Dirección de Opciones Productivas, desviaron el destino de 54.1 millones de pesos comprometido como devengado no pagado a favor de la Federación de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, Asociación Civil, para transferirlo a una organización denominada Huehutepec Comunitaria, A.C., representada por Josefina Plata Dueñas y los empleados del Partido Acción Nacional Carlos Alonso Vázquez, David López Gómez, Eric Vidal Montiel y José Benjamín Chacón Castillo (diputado federal suplente)".

Se trataba de fondos aprobados en el presupuesto de 2005, pero liberados a cinco meses de la contienda electoral. Las transferencias a esta agrupación pro panista se realizaron a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, con cargo al Programa de Adquisición de Suelo y Mejoramiento.

El documento indica que en la operación también intervinieron los diputados panistas Jorge Luis Preciado Rodríguez, José Isabel Trejo Reyes y Javier Castelo Parada.La coalición presenta en su escrito una lista de los destinatarios y montos finales de al menos 32.1 millones de pesos, correspondientes al Programa de Vivienda Rural 2005:

a) Tres millones fueron entregados al director corporativo de Comercial Mexicana S.A., Lic. Alfonso Barragán Galindo, operador del PAN en el norte de Veracruz.

b) Tres millones y medio, al secretario de Vinculación Ciudadana del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Hidalgo, Lic. Arturo Barraza Santillán.

c) Dos millones 800 mil pesos al regidor, consejero estatal y presidente del Comité Municipal del PAN en Tuxtepec, Oaxaca, Ing. Fernando Guerra Beltrán.

d) Un millón de pesos al presidente del Comité Municipal del PAN en Tlalchapa, Guerrero, Ignacio Galindo Sánchez.

e) Un millón y medio al diputado federal Humberto Aldaz Hernández, coordinador de campaña del candidato presidencial Felipe Calderón en el estado de Oaxaca.

f) Siete millones a la diputada federal Rocío Guzmán de la Paz, coordinadora de campaña del candidato presidencial Felipe Calderón en el norte de Veracruz.

g) Cinco millones al diputado José Erandi Bermúdez, candidato a la Presidencia Municipal de Pénjamo, Guanajuato.

h) Cinco millones al diputado federal Alfonso Moreno Morán, candidato a presidente municipal en Guanajuato.

i) Un millón 300 mil pesos a la candidata a diputada federal por el PAN, Edith Galindo Santos, en el municipio de Xicotepec, Puebla.

j) Un millón y medio al secretario de Acción Gubernamental del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Michoacán, Lic. Luis Zatarain.

k) Y medio millón al diputado Diego Palmero Andrade, coordinador de campaña presidencial en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, Veracruz.

Aparato estatal.
La impugnación de la coalición Por el Bien de Todos da cuenta de las declaraciones hechas por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, el 17 de abril pasado, en el sentido de que al menos 4.4 millones de beneficiarios sociales son susceptibles de manipulación electoral.

Este semanario reveló un documento interno del PAN en el que se asegura que se utilizarían los padrones de Oportunidades y el Seguro Popular para "obtener una ventaja y recuperar terreno en los estados en donde el PAN no es gobierno.

En el DF se hará uso de los padrones del Seguro Popular para contrarrestar al PRD...

Con esto se pretende obtener un piso de 8 millones de votos" (Proceso 1538).

Respecto del Programa de Adultos Mayores, se indica que en julio de 2005 el subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, Javier Castelo Parada, recibió de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, el padrón del Programa de Adultos Mayores, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano.

Con la información de 175 mil ancianos que recibían un apoyo de 2 mil 100 pesos cada uno --indica el documento de la coalición--, el coordinador general del PAN en la Cámara de Diputados, José González Morfín, instruyó a "cada uno de los 150 diputados federales de ese partido para que promovieran una campaña a favor del PAN en cada uno de los estados; invitando a los beneficiarios del programa a que acudieran a Telecom a que recogieran sus apoyos".

Por estos casos y otros más, documentados con notas periodísticas, la coalición califica de "impresionante" cómo "se puso en marcha todo el aparato gubernamental del Ejecutivo Federal, para colocar en el puntero de las preferencias electorales al candidato de Acción Nacional".

En la argumentación jurídica de la impugnación participaron Arturo Núñez, Ricardo Monreal y Horacio Duarte. En la parte técnica colaboraron Claudia Sheinbaum, Octavio Romero, Luis Mandoki y Manuel Camacho Solís, a decir del exgobernador de Zacatecas.

Suma de agravios.
El texto aborda más elementos, como la presunta intervención de la Iglesia católica en la campaña contra López Obrador, la manipulación del Padrón Electoral a través de la empresa Hildebrando, Diego Zavala; las precampañas de los aspirantes del PRI, PVEM y PAN a candidatos presidenciales, las declaraciones del expresidente español José María Aznar a favor del panista, así como de la asesoría de Antonio Solá en su campaña; así como la coacción a empleados de empresas privadas para votar por Calderón.

Se considera que otros factores dañaron de manera ilegal a López Obrador: la campaña de Víctor González Torres, el Dr. Simi; el rebase de topes de campaña de Calderón por más de 244 millones de pesos, de acuerdo a monitoreos del IFE; los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares y sus inconsistencias, así como la negativa de funcionarios de los comités distritales del IFE a abrir paquetes electorales durante el conteo oficial, pese a la existencia de un alto porcentaje de votos nulos.

Un apartado especial en el documento lo tiene el cuestionamiento a la labor del IFE y de la Fepade, a los que acusa de "omisión". De la Fiscalía Especial Para Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se afirma que se presentaron 12 denuncias, mismas que no fueron resueltas.Además, la coalición presentó ante el Consejo General y los distritales 24 quejas por irregularidades cometidas por el presidente Vicente Fox, el PAN y organizaciones o personajes afines, sin que la instancia electoral le haya dado respuesta.

Resalta en el documento de la coalición un señalamiento a Elba Esther Gordillo y "presuntamente" al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, referente 14 mil funcionarios a su servicio que, supone la coalición, pertenecen al IFE:El día 6 de julio de 2006 se informó a la representación de la coalición Por el Bien de Todos de una llamada efectuada el 2 de julio de 2006, cuyos autores fueron muy probablemente la C. Mtra. Elba Esther Gordillo Morales y presuntamente el actual gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez.De la conversación efectuada entre los sujetos que se mencionan, se desprende que la C. Elba Esther Gordillo Morales le informa al presunto gobernador de Coahuila que tienen 14 mil funcionarios que les están ayudando en todo el país, de los cuales más de 6 mil funcionarios son seguros; lo anterior y dada la falta de certeza, objetividad, legalidad y parcialidad que ha rodeado a esta elección federal, puede interpretarse que los funcionarios a los que se refiere la maestra Elba Esther Gordillo Morales pertenecen al Instituto Federal Electoral, ya sea como autoridades de la mesa directiva o como consejeros de dicho instituto en los consejos locales o distritales; se puede entender que ya se tienen aseguradas 6 mil de 14 mil actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas electorales. Pero además, que como el Partido Revolucionario Institucional, con palabras de la propia persona, 'ya se cayó', entonces deben actuar, sugiriéndole la maestra Elba Esther Gordillo Morales al presunto gobernador de Coahuila que vendan 'lo que tengan', entendiéndose con ello los votos obtenidos en dichas actas de casilla al Partido Acción Nacional. Dicha conversación, se muestra más clara con el disco compacto que anexo como prueba y la siguiente transcripción de la misma.

El documento, sin embargo, no incluye la versión estenográfica. Aun así se da cuenta de que se violentó la jornada electoral al evidenciarse "acuerdos políticos" de miembros del PRI -Gordillo lo fue hasta el 14 de julio- con el PAN, hechos que se agravan con la "colusión de funcionarios" que la coalición supone son del IFE.

Hasta ahora, la única conversación telefónica que ha dado a conocer López Obrador y en la que está involucrada la lideresa magisterial, es con el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y ha sido admitida por ambos.

Difundida en la "primera asamblea informativa" de López Obrador en el Zócalo, el pasado 8 de julio, la grabación revela los consejos de Elba Esther Gordillo para que el gobernador se comunique con Felipe Calderón y le confirme que en su estado "el PRI ya se cayó".

Todos estos elementos sustentan la demanda fundamental de la impugnación de contar voto por voto, aunque en el caso de una elección presidencial ese principio no está establecido en la ley."No hay una norma concreta, esa es la dificultad y precisamente lo inédito -dice a Proceso Ricardo Monreal--. Los legisladores que elaboraron la ley nunca pensaron que iba a ocurrir una situación como la que estamos viviendo, una elección tan cerrada.

Entonces el Tribunal Electoral tiene la obligación de integrar norma."Creo que los magistrados nos tienen que dar la razón, para dar certidumbre y confianza podrían abrir los paquetes y así tendríamos un presidente democráticamente electo. Además ya hicimos el ejercicio, y calculamos que el recuento se podría hacer facultando a funcionarios de los 300 distritos electorales y se haría en un tiempo aproximado de 18 horas. ¿Qué es un día? Es preferible un día que seis años de ilegitimidad", concluye.(Gloria Leticia Díaz/APRO)