No es por nada pero ¿y la Ley de Precios Competitivos?

Yo quisiera hacer un llamado atento a la gente que quiere de verdad cambiar a México. Desde antes del 1 de julio, una fecha importante, debemos ponernos a trabajar y en serio. Un grupo de ciudadanos estaremos pronto presentando la inicitiva de Comisiones Ciudadanas (lea aquí mas detalles de eso) para darle un rumbo más formal a la lucha que se hace en las reuniones con el Gobierno Legítimo y ciudadanos y gestar ese cambio que tantos hablamos y pareciera de pronto pura utopía, pero que sabemos es posile hacer una realidad.

Este post es para preguntarle a la gente del FAP, al PRD, al PT, a Convergencia... ¿Qué carajos a sucedido con la Ley de Precios Competitivos?, ¿Qué respuesta se le ha dado a la gente de la resistencia que había asistido al inicio de año a preguntar sobre los avances de dicha propuesta del Gobierno Legítimo para todos los mexicanos? Seria interesante que los lectores de los distintos blogs y otros medios alternativos pudieramos antes o el mero 1 de julio preguntar sobre eso ¿no?, sobre la ley de precios competitivos y otras iniciativas del GL presentadas al Congreso...

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presente.

El Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el artículo 71, fracción I, artículo 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Precios Competitivos.

Para tales efectos, se expresan a continuación los motivos que sustentan esta Iniciativa de Ley, en los términos siguientes:

Sabido es que el monopolio ha existido en casi todos los periodos de la civilización y desde hace más de cuatro siglos es combatido por las leyes de muchos países. Las leyes y prohibiciones a dicha figura o a las prácticas monopólicas han surgido como respuesta en cada país a los abusos y a la complacencia del poder público frente al enriquecimiento de unos cuantos que reciben privilegios generalmente del Estado para realizar ventas o actividades que están restringidas a otros. Esto ha derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores.

En los anales históricos de la protección de los diversos países a las prácticas de esta naturaleza se ha distinguido a aquél que surge de negociaciones privadas y no solamente al generado por la autoridad soberana. Así, se crearon prohibiciones a ciertas prácticas y negocios en circunstancias que dieran lugar a la presunción de que esos negocios no eran el ejercicio honesto de un derecho para realizar contratos para el beneficio del emprendedor sin implicar motivo de dañar a otros, sino que eran la consecuencia de un contrato o negociaciones de tal carácter que dieran lugar a la presunción de un intento de daño a otros a través, por ejemplo, del incremento monopolista de precios.

Es sabido pues, que entre los efectos de las prácticas monopólicas está el del aumento injustificado de precios, el acaparamiento de los mercados o la insana participación de unos cuantos en los mercados nacionales.

En nuestro país los abusos de precios son flagrantes. La mayoría de las grandes empresas (mexicanas o con participación de capitales extranjeros) han originado su riqueza con base en productos o servicios que venden en México a precios altos, en comparación con los precios internacionales de los mismos productos o servicios, sin hacer hincapié en las funestas consecuencias sociales que ocasionan.

Aunado a lo anterior, dichas empresas acumulan poder de mercado a través de su potencial económico y obtienen influencia suficiente en las políticas públicas de México, propiciando actos de corrupción con la finalidad de obtener derechos exclusivos o derechos que cualquier otro competidor no puede obtener para realizar ciertas actividades y vender productos o servicios, impidiendo así la entrada de nuevos oferentes, los cuales serían sus potenciales competidores.

En una clara contradicción con la complacencia gubernamental para tolerar precios altos en sectores privilegiados, la política pública ha sido, desde mediados de los 80s, forzar a la industria mexicana a ofrecer precios similares a los de los competidores internacionales. Esta política se ha materializado con la eliminación de los aranceles a la importación de casi todos los bienes de la Tarifa del Impuesto General de Importación, o bien, en su reducción significativa. La misma política se ha apoyado con la firma de tratados de libre comercio firmados por México con 43 países.

No obstante, la economía Nacional ha estado impedida de crecer a tasas conmensurables con su potencial desde principios de los 80s, coincidiendo con el periodo en el cual se llevó a cabo la liberalización de casi todas las importaciones (en ese periodo, entre 1983 y 2006, la economía tan sólo creció en 2.5% cada año, lo que hizo que el ingreso por habitante no aumentara más que medio punto porcentual por año), debido, entre otras razones, a privilegios fiscales y a condiciones no competitivas del mercado. La estrategia gubernamental de una rápida apertura a las importaciones en general, pero al mismo tiempo, de otorgar privilegios a otros agentes económicos de grandes capacidades, protegiéndolos contra toda competencia, fue una causa fundamental de dicho estancamiento.

Dicha política comercial ha privilegiado a grupos económicos poderosos, mismos que al buscar mantener y luego extender sus privilegios lograron imponer estructuras de precios altos en sectores de la economía que son claves para el desarrollo. Impidieron así que la mayoría de empresas que ya eran amenazadas por la competencia extranjera dispusieran de bienes y servicios a precios competitivos. Con el paso del tiempo, esos grupos poderosos influyeron en las decisiones del Estado mexicano y en el diseño de las políticas públicas, haciendo cada vez más difícil la remoción de barreras a la libre competencia y, por lo tanto, cancelando oportunidades para nuevas empresas y empresarios. A la larga, impidieron a la economía crecer y generar empleo.

De esta forma, la economía tiene hoy a una mayoría de industrias forzadas a competir con proveedores extranjeros, y por otra parte una minoría de grandes empresas en industrias y servicios que cargan precios altos y que no son forzadas a competir con el extranjero. Las diferencias entre ambos hacen de nuestro sistema económico, un sistema disfuncional e ineficiente en la medida que no puede proteger a la población menos privilegiada económicamente y soslaya sus condiciones de progreso.

Menester es mencionar que otro grave perjuicio de la situación antes apuntada, yace en la muy escasa capacidad económica de las familias mexicanas (tanto de las clases populares como de la clase media emergente), la cual se ve menoscabada permanentemente por la disminución del poder adquisitivo que generan dichas empresas, a través del establecimiento unilateral de precios exagerados en la venta de bienes y servicios y que a menudo, recaen en aquellos de primera necesidad. El salario, per se castigado por décadas de políticas macroeconómicas de ajuste, ha sufrido hasta hoy una pérdida real que resulta innecesaria, toda vez que obedece a condiciones de carestía que son fácilmente corregibles, siempre que las autoridades competentes así lo decidan y el marco jurídico se ajuste a dicha protección.

En la medida en que cualquier industria, servicio o simple consumidor mexicano es un cliente cautivo de esas grandes empresas, debe pagar precios más altos que los que pagaría en otros países. Incurre así en mayores costos y, en consecuencia, no puede competir y no puede desarrollarse y crear empleo y tecnología, como lo hacen muchas otras empresas en el mundo, con la evidente crisis de empleo que vive nuestro país.

El sesgo de desigualdad entre sectores económicos y privilegios ha causado graves daños a la economía en su conjunto y de manera tangible a empresas y consumidores. Al hacer a un gran número de empresas incapaces de competir con los proveedores extranjeros y al inhibir a individuos a desarrollar todo su potencial, los ha condenado al ocio y a la subocupación.

Aun cuando muchas empresas y servicios hayan sobrevivido en estas condiciones y logren competir en algunos segmentos del mercado con proveedores extranjeros, la realidad es que los precios más altos que pagan por insumos o servicios reduce su tasa de rendimiento y así les resta capacidad para financiar nuevas inversiones. A los consumidores que pagan igualmente precios altos, les reduce su capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar. En otras palabras, una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a las grandes empresas. Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su potencial y a los consumidores los obliga a reducir su consumo en un esfuerzo por hacer que su dinero alcance; mientras tanto, las grandes empresas privilegiadas, en cambio, florecen en la prosperidad.

Otro fenómeno que se ha observado como consecuencia de lo anterior, es el de la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. En muchas ocasiones, las empresas desfavorecidas, para poder mantenerse en operación, deben reducir los salarios que pagan a sus empleados, lo que, al multiplicarse en toda la economía, reduce el salario promedio de todos los trabajadores, el consumo promedio de las familias, y el ahorro.

Toda la ley de precios aquí

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