De la doble moral y la impunidad que otorga el pertenecer a la jerarquía eclesiástica, que sigue disfrutando sus fueros como antes:
Cardenal embiste otra vez a la CEDHJ (nota completa)
Cardenal embiste otra vez a la CEDHJ (nota completa)
- Por “inútil", el arzobispo pidió desaparecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
- Derechos Humanos abrió investigación sobre presuntas anomalías en el alojamiento Beata María de Jesús, a cuya encargada Sandoval Íñiguez dijo defenderá “a como dé lugar”.
- Pese a que aún no hay un dictamen sobre el trabajo del albergue Beata María de Jesús, el cardenal ya cuestionó el trabajo de la CEDHJ.
22-Febrero-07
Una “obra de caridad” de la Iglesia católica que atiende a personas que viven con VIH/sida enfrenta al arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Se trata de un cuestionamiento al trabajo del albergue Beata María de Jesús, que dirige la religiosa Bertha López Chávez, y de una nueva versión del enfrentamiento histórico entre el cardenal y la CEDHJ.
Ayer se hizo público que el organismo comenzó una investigación, la número 12 de 2007, con el fin de conocer si se violan las garantías individuales de las personas que viven en el alojamiento de la religiosa. Éste forma parte del organismo Proyecto de Atención Integral para Personas Inmunodeprimidas (PAIPID), también a cargo de Bertha López. Dependiendo del resultado de su indagación primaria, la CEDHJ podría comenzar una queja de oficio.
Cuando se le preguntó por el asunto, después de la primera misa de la Cuaresma, Juan Sandoval arremetió contra la CEDHJ (ver la nota aparte) y afirmó que defenderá el trabajo de la monja “a como dé lugar”.
El cuarto visitador del organismo defensor de las garantías, David Lozoya Assad, aclaró que la investigación sobre el PAIPID no ha determinado que en el albergue Beata María de Jesús ocurren vejaciones, pero es una obligación de la CEDHJ atender el asunto, después de que la periodista Alicia Yolanda Reyes Alexander publicó hace unos meses que en el sitio se humilla a los pacientes y no se les otorgan los medicamentos que proporciona en forma gratuita la Secretaría de Salud (La Jornada, 23 de diciembre de 2006).
La comisión no puede solucionar en forma directa las presuntas irregularidades del asilo, que se encuentra en el municipio de Tonalá, pero sí puede exigirle cuentas a las autoridades encargadas de vigilar que todo ahí marche bien.
Se trata del hospedaje más grande de Jalisco para personas que viven con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y donde, se supone, la mayoría de los huéspedes son niños. Alrededor de 100 niños, afirma sor Bertha; lo cual contrasta con las cifras del Coesida, que indican que en la historia del sida en Jalisco se han contagiado 260 infantes; 156 de ellos están muertos y del resto, muchos viven con su familia.
La CEDHJ “solicitó medidas cautelares a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Humano, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, la Secretaría de Salud Jalisco y el Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida)” para que eviten la “consumación irreparable de violaciones de derechos humanos de las personas que habitan en el albergue del PAIPID”, señaló ayer la comisión a través de un comunicado de prensa.
No es la primera vez que se cuestiona el trabajo del PAIPID, que desde 1994 funciona bajo la responsabilidad de Bertha López. Conocí el albergue a mediados de 1999, cuando distintos organismos denunciaron que los pacientes del Beata María de Jesús morían por el manejo “anárquico” que sus encargadas hacían de las terapias médicas disponibles en aquel tiempo.
“Vemos que la gente se está muriendo; que no está recibiendo atención adecuada”, lamentaba en aquel momento quien era la secretaria técnica del Coesida, Patricia Campos López. Entonces, el jefe de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, relataba que a su servicio los alojados en el PAIPID llegaban en una situación lamentable, pues no había aislamiento de enfermos con distintas infecciones, como la tuberculosis (Público, 4 de junio de 1999).
Las quejas no sólo venían de los especialistas en sida. Había —todavía se conserva— una carta de la ya fallecida E.L. Cruz, quien acusaba que fue expulsada del Beata María de Jesús por no acatar una regla del sitio. El problema fue que cuando quiso partir, las responsables del PAIPID se quedaron con los hijos de la mujer. Antes, el 26 de abril de 1999, una situación similar había sido denunciada ante el Coesida por la entonces directora de Desarrollo Comunitario Rural del DIF Jalisco, Cristina Aguilar. En este caso, los afectados eran los hijos de una jornalera indígena que había muerto a causa del síndrome: “El personal del PAIPID convenció a la abuela de los niños para que se los dejara internos durante cinco meses, omitiendo información relativa al acto de abandono que se levanta si al tercer mes su familia no los reclama (Público, 15 de junio de 1999)”.
En aquella visita al PAIPID, Bertha López Chávez me confirmó que alojaba en su albergue a niños huérfanos y abandonados sanos, junto con niños con VIH/sida.Aceptó que había inconformidad en su contra pero, se justificó, la mayoría de las personas con sida son enfermas psiquiátricas, y aceptó su negativa para que las autoridades visitaran el Beata María de Jesús: “Seleccionamos al personal. Es común que la gente diga: quiero venir a ayudarla. Pero resulta que está desequilibrada y en algún momento se embarcó con los pacientes y creó un conflicto psiquiátrico”.
En 1999, las autoridades del Instituto Jalisciense de Asistencia Social e incluso los responsables del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia respaldaron al PAIPID. También lo respaldó el cardenal Juan Sandoval Íñiguez: en 1999 y ayer.
Ayer, Alicia Yolanda Reyes refirió la declaración que hizo sor Bertha, el 29 de noviembre de 2006: “Es doloroso aumentar el número de camas y de cuartos para albergar a más personas que no podrán morir”. La vocal del Conasida recordó que ahora el síndrome se considera una enfermedad crónica, pues hoy los medicamentos permiten que los afectados vivan durante varios decenios. Y el Estado garantiza el acceso universal de medicinas a todos los enfermos.
Guadalajara. Vanesa Robles
Y a falta de Inquisición, se hace lo que se puede para acabar con personas e instituciones incómodas, esto es, tratar de desaparecerlas:
“Que desaparezca” la Comisión: Sandoval Íñiguez
El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, no se anda con medias tintas. Para él, el destino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) debería ser uno solo: “Que desaparezca”.
Ayer el cardenal arremetió contra el organismo, después de oficiar la ceremonia religiosa del Miércoles de Ceniza. Esta vez el motivo fue una investigación que la CEDHJ realiza por las supuestas vejaciones que se cometen en el albergue para personas con sida Beata María de Jesús, avalado por las autoridades católicas.
“Mejor que investiguen a la Comisión de Derechos Humanos, que es un instituto inútil que nomás anda persiguiendo a la gente buena”, dijo.
Gente buena, claro, significa gente que es del agrado del Cardenal y de su partido oficial.
En opinión de Juan Sandoval, “las obras de la Iglesia molestan a la parte oficial”, que gasta su dinero en el pago de la burocracia, no en la atención a los problemas de los ciudadanos.
Pero el Cardenal no se ha tomado la molestia de reprender a los panistas jalicienses que en el poder no han dejado de pasearse y darse salarios de lujo a costa de los ciudadanos.
Sobre su opinión de que la CEDHJ “es un organismo inútil”, se le preguntó que si ésta desaparece, ¿quién defenderá los derechos? “Para eso están las leyes”, respondió.
Agregó: “El esquema de gobierno está muy equivocado, primero hace a los pobres y después hace dizque organismos para ayudar a los pobres”.
Entonces, ¿debería modificarse el esquema de la CEDHJ? La respuesta del jerarca católico: “Que desaparezca”.
Las declaraciones del cardenal ocurrieron a las diez y media de la mañana. Generaron varias reacciones, entre ellas la del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, que manifestó su apoyo a la CEDHJ y calificó como “atroces e inadmisibles” las palabras de Juan Sandoval Íñiguez.
El partido político (PASC) añadió: “Le recordamos al cardenal Sandoval Íñiguez que las instituciones de defensa de los derechos humanos fueron creadas con el único propósito de responder a las necesidades básicas de la sociedad […] Los derechos humanos son universales e irrenunciables ya que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos”.
Finalmente, se alineó a la filosofía católica e invitó al prelado “a la unidad y al arrepentimiento en el inicio de esta Cuaresma”.
Reacciones
Eduardo Sosa Márquez
Secretario ejecutivo de la CEDHJ
Las palabras vertidas por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez son “una declaración que nos lastima, me gustaría que se diera una vuelta a la Comisión de Derechos Humanos, también es su casa, y me gustaría que nos visitara para mostrarle las diversas áreas en las que trabajamos. Nosotros no trabajamos bajo el prejuicio de la conducta que hayan tenido las personas, nosotros vemos a todos como seres humanos, sin etiquetas, sin adjetivaciones. La Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de defenderlos a todos”.
Hernán Cortés Berumen
Alcalde de Tlaquepaque
Tras recordar que hay un Estado de derecho y debe darse justas dimensiones a las cosas que suceden, en entrevista radiofónica el alcalde de Tonalá dijo que “sí tenemos que estar resguardando la integridad de las personas como un derecho universal, pero también sin transgredir, pues, el asunto del agredido, de la víctima, del que recibió el daño por parte de la persona que es delincuente”.
A este alcalde panista se le olvida que el respeto a los derechos humanos es fundamental en el trato con presuntos delincuentes, pero éste repite como perico la misma tesis que promovió el bastardo de Francisco Ramírez Acuña, de que los derechos humanos son para los ciudadanos, no para los delincuentes. Para Jesucristo no había humanos de primera y de segunda, pero para los supuestos "católicos" panistas jalicienses sí los hay.
Felipe de Jesús Pulido
Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos
Aunque dijo respetar las declaraciones del cardenal, el legislador panista consideró “lamentable que se piense que la Comisión protege a los delincuentes, hay que darle su dimensión justa, que realmente la Comisión es un contrapeso para cuando realmente se le viola algún derecho a algún ciudadano, es importante que exista para que se atiendan esos casos”. Agregó en entrevista radiofónica que con independencia del origen de las instituciones, ninguna debe quedar fuera de las investigaciones cuando se presentan quejas en su contra.
Un raro caso de un panista jaliciense que dice algo sensato sobre los derechos humanos.
Más de las declaraciones de Sosa Márquez, en la entrevista que le realizó Rubén Martín el Programa Cosa Pública de la tarde de ayer, disponible en programas Notisistema:
Cosa Pública ( Miércoles 21 de Febrero de 2007 )
Mientras tanto, Gerardo Solís Gómez, gobernador interino, en esta nota se informa que éste no defendió a la Comisión, más que nada porque es una institución que le incomoda al ex-secretario de gobierno, que le recuerda a éste su actuación criminal en la represión del 28 de mayo de 2004, con la que se le dio la bienvenida a Fecal a Guadalajara.
Por otra parte, un sobrino de Efraín González Luna, de los fundadores del PAN, también reclama al gobernador -tramposa, pero legalmente- electo poner a un torturador como Secretario de Seguridad Pública
Piden revocar nombramiento del secretario de Seguridad
Por considerar que Luis Carlos Nájera Gutiérrez “es un torturador profesional”, que tiene dos recomendaciones pendientes de acatar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Red Jalisciense de Derechos Humanos solicita al gobernador electo, Emilio González Márquez, que revoque el nombramiento del ex director de la Policía de Guadalajara como nuevo secretario estatal de Seguridad Pública.
Óscar González Garí, abogado de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, explicó que Nájera Gutiérrez fungió entre 1993 y 1995 como jefe de seguridad de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres), entidad que regula a los centros penitenciarios.
En octubre de 1993 hubo un motín de presos en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande y custodios y policías agredieron con saña a los internos, lo que motivó que la CNDH emitiera la recomendación 104/94.
Después, en abril de 1995, hubo otro motín sangriento, pero éste en el Centro de Readaptación Social número 1 de Puente Grande, en el que siete personas fallecieron y hubo 64 heridos. Algunos de los muertos tenían balazos en la espalda, refirió el abogado, quien explicó que de este caso se generó la recomendación 98/95, en el que se exigía sanción a los funcionarios responsables de los abusos e indemnización de los deudos y atención a los lesionados, algunos de los cuales quedaron inválidos.
En ningún caso el entonces gobierno estatal actuó, pese a que las recomendaciones fueron aceptadas.
“Con la designación de Luis Carlos Nájera, el gobernador electo viene a premiar la violencia y viene a abrirle cauce a que siga reinando seis años más la tortura. Yo no puedo estar de acuerdo y es absurdo que yo aplauda algo que violenta los derechos humanos”, señaló el informante.
Además, refirió que el ex director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara también está señalado como partícipe de las detenciones arbitrarias de altermundistas durante la cumbre de presidentes efectuada en la capital de Jalisco el 28 de mayo de 2004.
Desde hace varias semanas, la Red Jalisciense de Derechos Humanos solicitó una cita con el próximo mandatario jalisciense, a fin de exponerle el “expediente negro” de Nájera Gutiérrez y para pedir a Emilio González Márquez que defina cuál será su postura en materia de la protección de las garantías individuales de los ciudadanos.
Óscar González Garí, sobrino del fundador del PAN, agregó que al nombrar a Luis Carlos Nájera como titular de Seguridad, “se aparta totalmente del legado de Efraín González Luna y violenta gravemente los derechos humanos, porque con el nombramiento nos anuncia que va a seguir incumpliendo esas dos recomendaciones”.
Pues ese es el PAN moderno, que en el papel defiende la dignidad humana y en los hechos se dedica a pisotearla y premiar a los salvajes. Por algo el padre de Calderón abandonó el partido cuando se dio cuenta de que éste se había convertido en una cloaca, y por esto, su servidor que simpatizó con el PAN por muchos años, y que inclusó cometió la estupidez de votar por Fox, está colaborando aquí. Pocas cosas le abren a uno los ojos mejor que ver a sus amigos sangrando por las golpizas de la policía. De nada valen los buenos principios que se plasman en papel cuando no significan nada para los que tienen el poder en el partido; de nada sirve que se autodenominen decentes, cristianos y pacíficos cuando en los hechos son todo lo contrario. Lamentablemente, muchos panistas y católicos en Jalisco aplauden la brutalidad policiaca en contra de quienes no conocen -el amor al prójimo es para los libros-, actitud que seguramente no conservarán al momento que se aplique esa brutalidad sobre ellos o sobre sus familias.
Sin disculpar en nada a los Chuchos y a los Amalios (quien por cierto, al mal paso que va su lideresa causará una estrepitosa caída al PRD en Zacatecas este año, esperemos que no culpe a AMLO), a los que tachan al PRD de tribal por no decir caníbal, habría que mencionarse la condena al ostracismo que se les dio a Javier Corral y Felipe Vicencio por votar con su conciencia en contra de la ley Televisa. Al último, se les castigó tanto a él y a los panistas que lo apoyaron con su precandidatura a la alcaldía de Zapopan, que se dio más preferencia a los priístas en la nueva administración panista que a éstos, para que quede bien claro lo que significan la dignidad y la democracia para el PAN, y aprendan los delegados a votar correctamente. Canibalismo y priísmo puros, en el PAN.
Una “obra de caridad” de la Iglesia católica que atiende a personas que viven con VIH/sida enfrenta al arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Se trata de un cuestionamiento al trabajo del albergue Beata María de Jesús, que dirige la religiosa Bertha López Chávez, y de una nueva versión del enfrentamiento histórico entre el cardenal y la CEDHJ.
Ayer se hizo público que el organismo comenzó una investigación, la número 12 de 2007, con el fin de conocer si se violan las garantías individuales de las personas que viven en el alojamiento de la religiosa. Éste forma parte del organismo Proyecto de Atención Integral para Personas Inmunodeprimidas (PAIPID), también a cargo de Bertha López. Dependiendo del resultado de su indagación primaria, la CEDHJ podría comenzar una queja de oficio.
Cuando se le preguntó por el asunto, después de la primera misa de la Cuaresma, Juan Sandoval arremetió contra la CEDHJ (ver la nota aparte) y afirmó que defenderá el trabajo de la monja “a como dé lugar”.
El cuarto visitador del organismo defensor de las garantías, David Lozoya Assad, aclaró que la investigación sobre el PAIPID no ha determinado que en el albergue Beata María de Jesús ocurren vejaciones, pero es una obligación de la CEDHJ atender el asunto, después de que la periodista Alicia Yolanda Reyes Alexander publicó hace unos meses que en el sitio se humilla a los pacientes y no se les otorgan los medicamentos que proporciona en forma gratuita la Secretaría de Salud (La Jornada, 23 de diciembre de 2006).
La comisión no puede solucionar en forma directa las presuntas irregularidades del asilo, que se encuentra en el municipio de Tonalá, pero sí puede exigirle cuentas a las autoridades encargadas de vigilar que todo ahí marche bien.
Se trata del hospedaje más grande de Jalisco para personas que viven con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y donde, se supone, la mayoría de los huéspedes son niños. Alrededor de 100 niños, afirma sor Bertha; lo cual contrasta con las cifras del Coesida, que indican que en la historia del sida en Jalisco se han contagiado 260 infantes; 156 de ellos están muertos y del resto, muchos viven con su familia.
La CEDHJ “solicitó medidas cautelares a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Humano, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, la Secretaría de Salud Jalisco y el Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida)” para que eviten la “consumación irreparable de violaciones de derechos humanos de las personas que habitan en el albergue del PAIPID”, señaló ayer la comisión a través de un comunicado de prensa.
No es la primera vez que se cuestiona el trabajo del PAIPID, que desde 1994 funciona bajo la responsabilidad de Bertha López. Conocí el albergue a mediados de 1999, cuando distintos organismos denunciaron que los pacientes del Beata María de Jesús morían por el manejo “anárquico” que sus encargadas hacían de las terapias médicas disponibles en aquel tiempo.
“Vemos que la gente se está muriendo; que no está recibiendo atención adecuada”, lamentaba en aquel momento quien era la secretaria técnica del Coesida, Patricia Campos López. Entonces, el jefe de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, relataba que a su servicio los alojados en el PAIPID llegaban en una situación lamentable, pues no había aislamiento de enfermos con distintas infecciones, como la tuberculosis (Público, 4 de junio de 1999).
Las quejas no sólo venían de los especialistas en sida. Había —todavía se conserva— una carta de la ya fallecida E.L. Cruz, quien acusaba que fue expulsada del Beata María de Jesús por no acatar una regla del sitio. El problema fue que cuando quiso partir, las responsables del PAIPID se quedaron con los hijos de la mujer. Antes, el 26 de abril de 1999, una situación similar había sido denunciada ante el Coesida por la entonces directora de Desarrollo Comunitario Rural del DIF Jalisco, Cristina Aguilar. En este caso, los afectados eran los hijos de una jornalera indígena que había muerto a causa del síndrome: “El personal del PAIPID convenció a la abuela de los niños para que se los dejara internos durante cinco meses, omitiendo información relativa al acto de abandono que se levanta si al tercer mes su familia no los reclama (Público, 15 de junio de 1999)”.
En aquella visita al PAIPID, Bertha López Chávez me confirmó que alojaba en su albergue a niños huérfanos y abandonados sanos, junto con niños con VIH/sida.Aceptó que había inconformidad en su contra pero, se justificó, la mayoría de las personas con sida son enfermas psiquiátricas, y aceptó su negativa para que las autoridades visitaran el Beata María de Jesús: “Seleccionamos al personal. Es común que la gente diga: quiero venir a ayudarla. Pero resulta que está desequilibrada y en algún momento se embarcó con los pacientes y creó un conflicto psiquiátrico”.
En 1999, las autoridades del Instituto Jalisciense de Asistencia Social e incluso los responsables del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia respaldaron al PAIPID. También lo respaldó el cardenal Juan Sandoval Íñiguez: en 1999 y ayer.
Ayer, Alicia Yolanda Reyes refirió la declaración que hizo sor Bertha, el 29 de noviembre de 2006: “Es doloroso aumentar el número de camas y de cuartos para albergar a más personas que no podrán morir”. La vocal del Conasida recordó que ahora el síndrome se considera una enfermedad crónica, pues hoy los medicamentos permiten que los afectados vivan durante varios decenios. Y el Estado garantiza el acceso universal de medicinas a todos los enfermos.
Guadalajara. Vanesa Robles
Y a falta de Inquisición, se hace lo que se puede para acabar con personas e instituciones incómodas, esto es, tratar de desaparecerlas:
“Que desaparezca” la Comisión: Sandoval Íñiguez
- El cardenal considera que la CEDHJ sólo persigue a gente buena
- Las declaraciones del arzobispo son “atroces e inadmisibles”, indicó el partido Alternativa.
El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, no se anda con medias tintas. Para él, el destino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) debería ser uno solo: “Que desaparezca”.
Ayer el cardenal arremetió contra el organismo, después de oficiar la ceremonia religiosa del Miércoles de Ceniza. Esta vez el motivo fue una investigación que la CEDHJ realiza por las supuestas vejaciones que se cometen en el albergue para personas con sida Beata María de Jesús, avalado por las autoridades católicas.
“Mejor que investiguen a la Comisión de Derechos Humanos, que es un instituto inútil que nomás anda persiguiendo a la gente buena”, dijo.
Gente buena, claro, significa gente que es del agrado del Cardenal y de su partido oficial.
En opinión de Juan Sandoval, “las obras de la Iglesia molestan a la parte oficial”, que gasta su dinero en el pago de la burocracia, no en la atención a los problemas de los ciudadanos.
Pero el Cardenal no se ha tomado la molestia de reprender a los panistas jalicienses que en el poder no han dejado de pasearse y darse salarios de lujo a costa de los ciudadanos.
Sobre su opinión de que la CEDHJ “es un organismo inútil”, se le preguntó que si ésta desaparece, ¿quién defenderá los derechos? “Para eso están las leyes”, respondió.
Agregó: “El esquema de gobierno está muy equivocado, primero hace a los pobres y después hace dizque organismos para ayudar a los pobres”.
Entonces, ¿debería modificarse el esquema de la CEDHJ? La respuesta del jerarca católico: “Que desaparezca”.
Las declaraciones del cardenal ocurrieron a las diez y media de la mañana. Generaron varias reacciones, entre ellas la del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, que manifestó su apoyo a la CEDHJ y calificó como “atroces e inadmisibles” las palabras de Juan Sandoval Íñiguez.
El partido político (PASC) añadió: “Le recordamos al cardenal Sandoval Íñiguez que las instituciones de defensa de los derechos humanos fueron creadas con el único propósito de responder a las necesidades básicas de la sociedad […] Los derechos humanos son universales e irrenunciables ya que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos”.
Finalmente, se alineó a la filosofía católica e invitó al prelado “a la unidad y al arrepentimiento en el inicio de esta Cuaresma”.
Reacciones
Eduardo Sosa Márquez
Secretario ejecutivo de la CEDHJ
Las palabras vertidas por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez son “una declaración que nos lastima, me gustaría que se diera una vuelta a la Comisión de Derechos Humanos, también es su casa, y me gustaría que nos visitara para mostrarle las diversas áreas en las que trabajamos. Nosotros no trabajamos bajo el prejuicio de la conducta que hayan tenido las personas, nosotros vemos a todos como seres humanos, sin etiquetas, sin adjetivaciones. La Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de defenderlos a todos”.
Hernán Cortés Berumen
Alcalde de Tlaquepaque
Tras recordar que hay un Estado de derecho y debe darse justas dimensiones a las cosas que suceden, en entrevista radiofónica el alcalde de Tonalá dijo que “sí tenemos que estar resguardando la integridad de las personas como un derecho universal, pero también sin transgredir, pues, el asunto del agredido, de la víctima, del que recibió el daño por parte de la persona que es delincuente”.
A este alcalde panista se le olvida que el respeto a los derechos humanos es fundamental en el trato con presuntos delincuentes, pero éste repite como perico la misma tesis que promovió el bastardo de Francisco Ramírez Acuña, de que los derechos humanos son para los ciudadanos, no para los delincuentes. Para Jesucristo no había humanos de primera y de segunda, pero para los supuestos "católicos" panistas jalicienses sí los hay.
Felipe de Jesús Pulido
Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos
Aunque dijo respetar las declaraciones del cardenal, el legislador panista consideró “lamentable que se piense que la Comisión protege a los delincuentes, hay que darle su dimensión justa, que realmente la Comisión es un contrapeso para cuando realmente se le viola algún derecho a algún ciudadano, es importante que exista para que se atiendan esos casos”. Agregó en entrevista radiofónica que con independencia del origen de las instituciones, ninguna debe quedar fuera de las investigaciones cuando se presentan quejas en su contra.
Un raro caso de un panista jaliciense que dice algo sensato sobre los derechos humanos.
Guadalajara. Vanesa Robles
Más de las declaraciones de Sosa Márquez, en la entrevista que le realizó Rubén Martín el Programa Cosa Pública de la tarde de ayer, disponible en programas Notisistema:
Cosa Pública ( Miércoles 21 de Febrero de 2007 )
Mientras tanto, Gerardo Solís Gómez, gobernador interino, en esta nota se informa que éste no defendió a la Comisión, más que nada porque es una institución que le incomoda al ex-secretario de gobierno, que le recuerda a éste su actuación criminal en la represión del 28 de mayo de 2004, con la que se le dio la bienvenida a Fecal a Guadalajara.
Por otra parte, un sobrino de Efraín González Luna, de los fundadores del PAN, también reclama al gobernador -tramposa, pero legalmente- electo poner a un torturador como Secretario de Seguridad Pública
Piden revocar nombramiento del secretario de Seguridad
- Red Jalisciense de los Derechos Humanos lo cataloga de "torturador"
- Con la designación, el gobernador electo viene a premiar la violencia, dicen.
Por considerar que Luis Carlos Nájera Gutiérrez “es un torturador profesional”, que tiene dos recomendaciones pendientes de acatar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Red Jalisciense de Derechos Humanos solicita al gobernador electo, Emilio González Márquez, que revoque el nombramiento del ex director de la Policía de Guadalajara como nuevo secretario estatal de Seguridad Pública.
Óscar González Garí, abogado de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, explicó que Nájera Gutiérrez fungió entre 1993 y 1995 como jefe de seguridad de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres), entidad que regula a los centros penitenciarios.
En octubre de 1993 hubo un motín de presos en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande y custodios y policías agredieron con saña a los internos, lo que motivó que la CNDH emitiera la recomendación 104/94.
Después, en abril de 1995, hubo otro motín sangriento, pero éste en el Centro de Readaptación Social número 1 de Puente Grande, en el que siete personas fallecieron y hubo 64 heridos. Algunos de los muertos tenían balazos en la espalda, refirió el abogado, quien explicó que de este caso se generó la recomendación 98/95, en el que se exigía sanción a los funcionarios responsables de los abusos e indemnización de los deudos y atención a los lesionados, algunos de los cuales quedaron inválidos.
En ningún caso el entonces gobierno estatal actuó, pese a que las recomendaciones fueron aceptadas.
“Con la designación de Luis Carlos Nájera, el gobernador electo viene a premiar la violencia y viene a abrirle cauce a que siga reinando seis años más la tortura. Yo no puedo estar de acuerdo y es absurdo que yo aplauda algo que violenta los derechos humanos”, señaló el informante.
Además, refirió que el ex director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara también está señalado como partícipe de las detenciones arbitrarias de altermundistas durante la cumbre de presidentes efectuada en la capital de Jalisco el 28 de mayo de 2004.
Desde hace varias semanas, la Red Jalisciense de Derechos Humanos solicitó una cita con el próximo mandatario jalisciense, a fin de exponerle el “expediente negro” de Nájera Gutiérrez y para pedir a Emilio González Márquez que defina cuál será su postura en materia de la protección de las garantías individuales de los ciudadanos.
Óscar González Garí, sobrino del fundador del PAN, agregó que al nombrar a Luis Carlos Nájera como titular de Seguridad, “se aparta totalmente del legado de Efraín González Luna y violenta gravemente los derechos humanos, porque con el nombramiento nos anuncia que va a seguir incumpliendo esas dos recomendaciones”.
Guadalajara. Ignacio Pérez Vega
Pues ese es el PAN moderno, que en el papel defiende la dignidad humana y en los hechos se dedica a pisotearla y premiar a los salvajes. Por algo el padre de Calderón abandonó el partido cuando se dio cuenta de que éste se había convertido en una cloaca, y por esto, su servidor que simpatizó con el PAN por muchos años, y que inclusó cometió la estupidez de votar por Fox, está colaborando aquí. Pocas cosas le abren a uno los ojos mejor que ver a sus amigos sangrando por las golpizas de la policía. De nada valen los buenos principios que se plasman en papel cuando no significan nada para los que tienen el poder en el partido; de nada sirve que se autodenominen decentes, cristianos y pacíficos cuando en los hechos son todo lo contrario. Lamentablemente, muchos panistas y católicos en Jalisco aplauden la brutalidad policiaca en contra de quienes no conocen -el amor al prójimo es para los libros-, actitud que seguramente no conservarán al momento que se aplique esa brutalidad sobre ellos o sobre sus familias.
Sin disculpar en nada a los Chuchos y a los Amalios (quien por cierto, al mal paso que va su lideresa causará una estrepitosa caída al PRD en Zacatecas este año, esperemos que no culpe a AMLO), a los que tachan al PRD de tribal por no decir caníbal, habría que mencionarse la condena al ostracismo que se les dio a Javier Corral y Felipe Vicencio por votar con su conciencia en contra de la ley Televisa. Al último, se les castigó tanto a él y a los panistas que lo apoyaron con su precandidatura a la alcaldía de Zapopan, que se dio más preferencia a los priístas en la nueva administración panista que a éstos, para que quede bien claro lo que significan la dignidad y la democracia para el PAN, y aprendan los delegados a votar correctamente. Canibalismo y priísmo puros, en el PAN.
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