GRANADOS CHAPA.

REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Reforma del Estado.

La ley aprobada de modo unánime en el Senado -como se espera que ocurra en la Cámara- no asegura que haya consensos en torno a asuntos cruciales para la sociedad mexicana, pero establece un cauce, un método y un límite para la discusión, y quizá sea productiva.

Sin oposición, el Senado aprobó anteayer la Ley de Reforma del Estado. Se espera que la próxima semana haga lo mismo, también de modo unánime, la Cámara de Diputados. Si el Ejecutivo la publica en la siguiente semana, la última de febrero, a mediados de marzo quedaría instalada la Comisión Ejecutiva materia de esa ley, que deberá actuar a toda prisa pues la norma tiene una vigencia de 12 meses.

La ley surgió de una iniciativa presentada por el líder de la bancada senatorial priista, Manlio Fabio Beltrones, el 14 de noviembre pasado. Fue dictaminada un mes después, el 19 de diciembre, y fue presentada en primera lectura el 8 de febrero. La ley crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos "como órgano rector de la conducción del proceso de Reforma del Estado".

Será una comisión muy poblada, compuesta por 26 personas: nueve diputados (el presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de cada una de las ocho fracciones representadas en San Lázaro), ocho senadores (el presidente de la Mesa Directiva, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado y los líderes de los seis grupos que allí tienen presencia), los ocho presidentes de los partidos nacionales, y un representante del Ejecutivo.

Contará con un secretario técnico y dos subcomisiones, redactora y de consulta pública.

Se trata de que el Poder Legislativo se pronuncie "obligatoriamente" sobre seis temas, dos de los cuales, los últimos, no figuran en la iniciativa de Beltrones y fueron añadidos por la dictaminadora:
régimen de Estado y de gobierno;
democracia y sistema electoral;
federalismo;
reforma del Poder Judicial;
reforma hacendaria;
y garantías sociales.

No es una lista taxativa, sino indicativa, pero se dará prioridad a esos temas.

El proceso de negociación y construcción de acuerdos constará de cinco etapas (no de seis como dice la ley): presentación de propuestas, consulta pública, negociación y construcción de acuerdos, redacción de los proyectos, y aprobación, firma y presentación de iniciativas.

Comenzaría entonces el proceso legislativo correspondiente a cada caso, no regulado por esta ley sino por la Constitución.

La norma por nacer partió de un diagnóstico que, leído a contrario sensu, revela sus objetivos: Declara que "nuestro régimen político muestra signos de agotamiento" pues el presidencialismo "omnipresente y hegemónico" ha desaparecido y en su modalidad presente "cada vez encuentra mayores dificultades para construir mayorías estables o consensos útiles para el gobierno, y en nuestra sociedad ha emergido un pluralismo vigoroso que exige límites al ejercicio unilateral del poder, así como un mayor peso de la representación nacional en formación de las decisiones públicas".

Lamenta que en los tiempos que corren "prevalezcan las diferencias sobre las coincidencias", fenómeno que además de sus causas de fondo es propiciado por "la carencia de mecanismos apropiados para dialogar y convenir" sin que pierdan identidad los grupos políticos.

Por supuesto, la ley no asegura que se consigan los acuerdos requeridos para las reformas que sí son las que el país necesita, y de las que pueden derivarse las que con ese eslogan se pretendió llevar adelante en el sexenio pasado.

Es posible que al concluir en febrero o marzo de 2008 la vigencia de la ley nos encontremos como ahora, sin la posibilidad de emprender esos cambios. Pero la nueva norma por lo menos abre un cauce, traza una ruta de recorrido obligatorio, que puede ser productivo.

Con su conocida pertinencia, Carmen Aristegui convocó a su programa de entrevistas en CNN el martes mismo a Porfirio Muñoz Ledo, una suerte de encarnación y biógrafo del persistente intento de transformar las instituciones.

Desde 1995, cuando encabezaba el PRD, propuso la reforma del Estado, que cinco años después se convirtió en su oferta al foxismo cuando dejó de ser perredista y abandonó su propia candidatura presidencial. Logró que el 21 de agosto de 2000, apenas tres semanas después de que fue declarado Presidente electo, Vicente Fox inaugurara la mesa de estudios sobre la reforma del Estado, que analizó 150 temas y llegó a proponer una fórmula para procesarlos, semejante a la que contiene la nueva ley: según reveló el domingo pasado Francisco Valdés Ugalde, se establecería una comisión bicamaral que en un lapso de 10 meses efectuara una revisión integral de la Constitución (El Universal, 11 de febrero).

Pero Fox había resuelto dar por concluido el tema. No emitió el decreto que se le propuso, ofreció a Muñoz Ledo el exilio dorado en que representaría a México ante la Unión Europea, y prorrogó la etapa de análisis de la reforma. La confió, inadecuadamente, al Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, del que designó director a Valdés Ugalde. La nueva etapa duró apenas unos meses, pues en octubre de 2001 el secretario de Gobernación devolvió al INEHRM su sentido original y reemplazó a Valdés Ugalde por Javier Garciadiego, ahora presidente de El Colegio de México.

Ya distanciado de Fox, de regreso a México, Muñoz Ledo le pidió inaugurar los trabajos de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, el 24 de enero de 2005. Fue un acto retórico, del que sólo vale recordar por su significado al día de hoy, la lista de los oradores. Además del presidente (que fingió un nuevo entusiasmo sobre el tema) y de Muñoz Ledo hablaron tres mujeres: la perredista Amalia García, la priista Beatriz Paredes y la panista Margarita Zavala.

Cajón de Sastre.
Recibió ayer el IFE dos noticias, una buena y la otra mala, si bien ésta le llegó de modo indirecto. La primera, la buena, le fue comunicada formalmente: el ministro Gudiño Pelayo dio entrada a la controversia constitucional iniciada por el Consejo General de ese órgano electoral, contra la Cámara de Diputados y el presidente de la República, por haber aprobado una y publicado el otro el decreto de presupuesto de egresos de la Federación en que según el IFE se lesiona su autonomía financiera.

La mala noticia, surgida ayer mismo del seno de la propia Corte, no concierne directamente al instituto electoral, pero acaso anuncie el curso de su propia promoción. El ministro Góngora Pimentel admitió una controversia constitucional iniciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejecutivo federal. Pero la Corte resolvió ayer en definitiva no procesarla, pues los órganos constitucionales autónomos -es decir, el IFE y la CNDH, entre otros- no están facultados para activar ese medio de control constitucional.