GRANADOS CHAPA EN EL REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Maldita Cofetel.

Nombrado su presidente al margen de la ley, impedido para cumplir el mandato de emitir su reglamento en 90 días (ya han transcurrido más de 300), novatos algunos de sus comisionados y enzarzados otros en pleitos judiciales, el órgano que debe regular las telecomunicaciones no lo hace.

Cuando llamamos maldita a Cofetel no lo hacemos en el sentido en que seguramente la invocaron los millones de usuarios de teléfonos celulares que anteayer padecieron incomunicación por una impune falla en la provisión del servicio ofrecido por Telcel, que elegantemente pidió excusas en un aviso aparecido ayer pero no sugirió, ni por asomo, que esté en disposición ya no digamos de compensar las pérdidas que su desaprensión causó, sino ni siquiera de ofrecer una bonificación a los perjudicados a la hora de emitir su factura mensual.

Y es que esa empresa se mueve a sus anchas en un mercado al que nadie sujeta a reglas porque el órgano que debería dictarlas y aplicarlas es poco menos que inservible, pues nació en su actual advocación con mal fario, sujeto como supondrían los supersticiosos a una maldición.

El diseño presente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones surgió de la cuestionada, jurídica y políticamente, reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión denominada por economía de esfuerzo y definición certera, Ley Televisa (aunque debería llevar por lo menos dos apellidos más: TV Azteca-Telmex).

Desde el comienzo de su aplicación esa reforma ha sufrido tropiezos. Cuando casi se le acababa el plazo de 30 días a partir del 12 de abril, en que entró en vigor la nueva legislación, el presidente Fox envió al Senado de la República la lista de cinco comisionados a los que nombró en ejercicio de sus facultades.Las atribuciones del órgano legislativo, a su vez, le permitían objetar las designaciones o callar.

Uno de los comisionados, Fernando Lerdo de Tejada, renunció inmediatamente a ser incluido en el grupo porque su nombramiento lo sorprendió, ya que no fue ni siquiera consultado ni mucho menos se recabó su aceptación.

De los cuatro designados restantes, la Comisión Permanente (en funciones ante el receso senatorial) dejó de objetar sólo a uno, José Luis Peralta, y objetó a tres: Julio Di-Bella, que era y es director del Canal Once, y Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous.

Estos dos últimos se inconformaron con la decisión legislativa y acudieron al amparo para que se respetara la presidencial que los nombró comisionados.

Argumentaron que debió explicarse la objeción de la Permanente y, sobre todo, que ni ese órgano ni el Senado están facultados constitucionalmente para intervenir mediante objeciones en nombramientos presidenciales.

Coincidieron así con uno de los 23 argumentos de inconstitucionalidad expresados en la acción judicial respectiva por más de 40 senadores que denunciaron la reforma que en su turno no lograron impedir pese a la contundencia de sus razones.

Puesto que Del Villar y Martínez Pous no obtuvieron suspensión en el juicio de amparo, Fox pudo hacer nuevos nombramientos, dos de los cuales resultaron grotescos pues recayeron en Héctor Osuna y Ernesto Gil Elorduy, senadores ajenos a la materia pero merecedores de un premio por su trabajo en pos de la reforma, impulsada por el líder de su Cámara, Enrique Jackson, que ahora parece cosechar los favores hechos a las empresas televisoras.

Los otros comisionados, a quienes nadie objetó, son Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca. En vez de que presidiera la Cofetel José Luis Peralta, por haber sido el único desde el principio a salvo del análisis legislativo y por su competencia técnica, el panista Osuna fue nombrado por Fox para encabezar ese órgano.

Ignorante del tema, no ha podido impulsar con éxito la emisión del reglamento de la Comisión, que el Ejecutivo debió tener listo a más tardar el 12 de julio (90 días después de la entrada en vigor de la reforma).

En una infracción intolerable, el plazo obligatorio se ha extendido hasta el día de hoy, es decir poco menos de 300 días, en que la Comisión ha carecido de reglas de funcionamiento. En rigor estricto, puede cuestionarse jurídicamente la designación de Osuna, pues Fox la hizo al margen de la ley: la malhechura de la reforma incluyó una aliteración (el trueque de una c por una a) que debió corregirse y no, como en los hechos ocurrió, superarse infringiendo la ley y ocultando la imposibilidad presidencial en ese rubro.

Se creería que los juicios de amparo seguidos por Del Villar Alrich y Martínez Pous finalizarían por desistimiento cuando en diciembre pasado volvieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes designados a cargos de superior jerarquía de los que ocuparon antes.

El primero, que fue director general de Política de Telecomunicaciones, es ahora subsecretario, inmediatamente abajo del secretario Luis Téllez. El segundo que fue director general adjunto de Asuntos Jurídicos fue ascendido a coordinador de la unidad respectiva.

Pero no aflojaron en su exigencia de ser reconocidos como comisionados sino que mantienen su pretensión de que se valide "el derecho adquirido con que contamos, respecto del nombramiento de comisionados".De obtener sentencia favorable, los ahora funcionarios de la SCT desplazarían como comisionados a Ruiz Vega y González Abarca que, ante ese riesgo, decidieron contraatacar.

El 16 de enero pasado denunciaron penalmente a sus eventuales reemplazantes por la contradicción en que incurren pues al ostentarse como comisionados y al mismo tiempo servir a la administración central del ramo, infringen la disposición que obliga a quienes integran el órgano de gobierno de la Cofetel a "abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada".

Cajón de Sastre .
Después de nueve meses de iniciada, el 4 de mayo pasado, la acción de inconstitucionalidad contra la reforma legal a que se refiere el cuerpo principal de esta columna, un importante segmento de participantes en la vida pública ha creído necesario dirigirse a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apremiarlos a resolver e instarlos a que, cuando lo hagan, tengan "en cuenta el señalado interés que el tema de los medios de comunicación y su regulación ha alcanzado en la sociedad mexicana.

Mantener o cambiar esa legislación implica evitar o admitir la competencia entre diversas opciones de radiodifusión, entorpecer o alentar el desarrollo de medios de carácter público, anquilosar o reconocer y estimular la libertad y la creatividad en los contenidos de los medios electrónicos, negar o patrocinar responsabilidades del Estado respecto del espacio radioeléctrico, impedir o lograr que los ciudadanos sean reconocidos como interlocutores y no sólo como consumidores de los medios de comunicación".