Artículo Sobre La Marcha de la Tortilla

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The Tortilla March
By Erich Moncada

Mexico's poor take to the streets as prices of staples escalate

Published 2007-02-09 01:45 (KST)

On Jan. 31 a coalition of labor and farmer unions, non-governmental organizations, opposition political parties and angry citizens rose up in the country's capital to condemn the economic policies of the new Mexican government.

Together they signed the "Zocalo Declaration," an announcement "of a new phase of struggle in favor [...] of the majority of Mexicans." The document warned of the new government's proclivity to use force against social movements and the lack of political reforms to improve democracy. Its central demand was renegotiation of NAFTA agreements on agriculture.

The presidency reacted cautiously upon dissidents, promising to analyze their demands.

President Felipe Calderon took office on Dec. 1 last year, surrounded by military and police officers, while facing a strong civil resistance insurrection for alleged voter fraud on elections. Months of post-electoral confrontations ended with a tribunal's decision for a full ballot recount, certifying Calderon as the winner by only a 0.5 percent difference against leftist Andres Manuel Lopez Obrador.

Calderon tried to achieve legitimacy to gain public support. One of his first measures was to raise the army's budget, while lowering financing to AIDS awareness programs and resources to education. Then he began a deployment of 10,000 troops from the army to strengthen the Federal Police, ordering massive security operations to put an end to growing violence from rival drug cartels. Just last year the National Human Rights Commission (CNDH) reported more than 1,700 assassinations related to organized crime. In late December, Baja California, Guerrero and Michoacan states were flooded by thousands of police officers and soldiers to fight back crime. But the operations were, in most cases, ineffective in targeting the illicit drug market and failed to capture drug cartel leaders.

President Calderon ignored the grim results however and remained decisively on track. In his first month in office he began to take his distance from the political vacuum left by his predecessor, Vicente Fox, portraying himself as a fearless leader. He engaged his rival, Lopez Obrador, over the battle of symbolism. But Obrador wasn't his biggest concern; it was something less harmful and insignificant: a kilo of tortilla.

On Jan. 9, the price of a kilo of corn tortilla, the most basic and traditional Mexican food, skyrocketed 60 percent from one month earlier. Overnight, it went from six pesos (or 55 U.S. cents) per kilo to 18 pesos (or $1.80). In Mexico the minimum wage is around 50 pesos (or $4.50).

The government's response was slow. That same day Economy Minister Eduardo Sojo refused to enact emergency measures to control prices. His solution was to increase corn production and allow importations from the United States to stabilize the escalation. On Jan. 12 Central Bank Chairman Guillermo Ortiz explained the tortilla rises were caused by "hoarding and speculation" practices by national and foreign monopolies, the use of corn to produce ethanol in the U.S. and cost increase for gasoline and natural gas. It was until Jan. 19 that President Calderon ordered an economic agreement with a small fraction of tortilla producers, to stabilize prices at 8.50 pesos a kilo. The accord only applied to five thousand tortilla makers out of over 100,000 shops all over Mexico.

More inconformity to come
Last Tuesday a protesting sector of 600 farmers, immigrants and indigenous organizations headed by the Power Worker's Union announced two major events. First, a rally on March 8 to "defend wages, jobs, food and energy sovereignty." On May 2 a national general strike was called to be held in Canada, the United States and Mexico simultaneously in favor of workers.

Calderon will encounter a complex political scenario in the coming months if he attempts to deploy his campaign proposals to privatize state-owned Petroleos Mexicanos and the Federal Power Commission. He could try to make constitutional reforms to further free market policies, but social unrest could result in a heavy burden to maneuver and obtain his goals.

The biggest winner on this conflict was American corporation Cargill, Monsanto, Syngenta and Agrobio Mexico, specialized in creating genetically modified (GM) organisms. According to Greepeace and environmental NGOs the crisis is being used as justification to introduce GM corn and claimed that traditional crop contamination is now a reality.

A common say states: "When tortilla prices rise, governments crumble." Let's wait and see if Calderon is smart enough to come out unharmed from his first major crisis.
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En español:

La Marcha de la Tortilla

Los pobres de México toman las calles ante la escalada del precio de la tortilla

El 31 de enero una coalición de sindicatos de trabajadores, agricultores, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos de oposición y ciudadanos irritados se moviliz en la capital del país para condenar las políticas económicas del nuevo gobierno mexicano.

Juntos firmaron la "Declaración del Zócalo", el anuncio de "una nueva etapa de lucha por las demandas de los sectores mayoritarios de la sociedad mexicana". El documento advierte sobre la proclividad del nuevo gobierno de emplear la fuerza en contra de movimientos sociales y la falta de reformas políticas para mejorar la democracia. Su demanda central fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria.

La presidencia reaccionó con cautela ante los disidentes y prometió analizar sus demandas.

El presidente Felipe Calderón asumió el cargo el primero de diciembre rodeado de militares y policía, mientras enfrentaba una importante insurrección ciudadana por un supuesto fraude en las elecciones. Meses de lucha postelectoral terminaron con la negativa del tribunal electoral de contar todos los votos, certificando a Calderón como el ganador con sólo el 0.5 por ciento de diferencia ante el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Calderón trató de legitimarse para ganar la aprobación pública. Una de sus primeras medidas fue aumentar el presupuesto del ejército, disminuyendo el correspondiente a programas de prevención de VIH/SIDA y a la educación pública. Después desplegó 10,000 tropas del ejército para reforzar a la Policía Federal Preventiva, organizar operativos de seguridad masivos y frenar la creciente violencia de los carteles de drogas rivales. Solo el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó más de 1,700 asesinatos relacionados con el crimen organizado. A finales de diciembre miles de soldados llegaron a Baja California, Guerrero y Michoacán para combatir el crimen. Pero estos operativos fueron, en la mayoría de los casos, poco efectivos para atacar el mercado ilícito de las drogas y fallaron para capturar a los líderes de los carteles.

El presidente Calderón ignoró los pobres resultados y siguió inamovible en su estrategia. En su primer mes en el puesto comenzó a tomar distancia del vacío político dejado por su predecesor Vicente Fox, exhibiéndose a sí mismo como un líder valeroso. Se enfrentó a su rival López Obrador en la batalla por los símbolos. Pero Obrador no era su principal preocupación sino algo mucho más inofensivo e insignificante: un kilo de tortilla.

El 9 de enero el precio de un kilo de tortilla de maíz, el alimento más esencial y tradicional de los mexicanos, salió disparado 60 por ciento en comparación con el mes anterior. De la noche a la mañana el kilo costaba seis pesos y llegó hasta los 18 pesos. En México el salario mínimo es de 50 pesos.

La respuesta del gobierno fue lenta. Ese mismo día el secretario de economía Eduardo Sojo se negó a implementar medidas de emergencia para controlar los precios. Su solución fue elevar la producción nacional del maíz y permitir la libre importación desde los Estados Unidos para estabilizar la escalada del grano. El 12 de enero el presidente del Banco Central, Guillermo Ortiz, explicó que los aumentos en la tortilla se elevaron por prácticas de "acaparamiento y especulación" realizadas por monopolios nacionales y extranjeros, los nuevos usos del maíz para producir etanol en Estados Unidos y el alto costo de insumos energéticos como la gasolina y el gas natural. Fue hasta el 19 de enero que Calderón ordenó un pacto económico con un pequeño sector de los productores de tortilla, para estabilizar los precios en 8.50 pesos el kilo. El acuerdo sólo comprometía a cinco mil productores de tortilla de los más de cien mil existentes en el país.

Más inconformidad por venir

El pasado martes un sector inconforme de 600 organizaciones de campesinos, inmigrantes e indígenas encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas anunció dos grandes eventos. El primero, una manifestación el 8 de marzo para defender los "salarios, empleos y la soberanía alimentaria y energética". Para el 2 de mayo se llamó a una huelga general a ser realizada en Canadá, los Estados Unidos y México al mismo tiempo para defender a los trabajadores mexicanos.

Calderón encontrará un escenario político muy complejo en los meses siguientes si intenta llevar a cabo sus propuestas de campaña, como la privatización de la compañía estatal Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Podría tratar de reformar la Constitución para profundizar las políticas de libre mercado, pero el descontento social podría resultar en un lastre demasiado pesado para cumplir sus objetivos.

Los grandes ganadores en este conflicto han sido las corporaciones como Cargill, Monsanto, Syngenta y Agrobio México, especializados en la producción de Organismos Genéticamente Modificados. De acuerdo a GreenPeace y organizaciones no gubernamentales, la crisis está siendo aprovechada como pretexto para introducir al país semillas transgénicas y aseguran que la contaminación de los cultivos en México es ya una realidad.

Un dicho popular dice que "cuando la tortilla sube, los gobiernos caen". Esperemos a ver si Calderón es lo suficientemente brillante para salir ileso de este, su primer gran conflicto.

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