POLVOS DE AQUELLOS LODOS.

Polvaredas de los Bribiesca.

Jesús González Schmal.
20 de enero de 2007.

E l 30 de enero de 2006, la Comisión Investigadora que se constituyó en la Cámara de Diputados para investigar los escandalosos negocios que súbitamente realizaban los jóvenes Bribiesca Sahagún, y en los que se involucraba a diversas entidades del sector público, presentaba su informe de resultados en los términos en los que se lo ordenaba el artículo 93 de la Constitución.

Desde entonces se planteaba al titular del Ejecutivo federal y a la Auditoria Superior de la Federación el requerimiento para que la Secretaría de la Función Pública ahondara en la investigación que ya había realizado la Cámara de Diputados a través de la Comisión Investigadora señalada, y de la que se les aportaban documentos probatorios en relación con la probable vinculación de Cosme Mares con los Bribiesca Sahagún en la explosiva contratación que la empresa de Mares Hernández realizaba con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de un extenso programa carretero que el propio presidente Fox propalaba en sus giras por el interior de la República.

La Comisión Investigadora aportaba al efecto la relación de pagos que debía la empresa Fabricación y Colocación de Pavimentos S.A. (Facopsa) por incumplimiento de contratos a la SCT, que sumaban 70 millones de pesos sólo por cuanto a obras no entregadas en Baja California, Quintana Roo y Campeche.
Desde luego, en el curso de la indagatoria se encontró que el referido ingeniero Mares Hernández había tenido también participación como postor y adjudicatario en subastas de remate de activos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (entre los que estaba un fraccionamiento con club de golf en Colima) y en las que ya también se habían localizado otras donde constaba la intervención de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún aportando el pago de la primera parte de un remate de terrenos, conjuntos habitacionales, carteras de cobranzas, etcétera, a favor de Construcciones Prácticas S.A. de C.V., que fue beneficiaria de la adjudicación de varios paquetes de activos con valor en libros de mil 200 millones de pesos por los que pagaron únicamente 8 millones.

El IPAB negó a la Cámara de Diputados la información requerida al respecto, aduciendo que no tenía relación directa con la materia que era objeto de la investigación. Dicho instituto, incluso, envió incompleta y mutilada la información respecto de Construcciones Prácticas, por lo que el hallazgo del pago de los Bribiesca Sahagún tuvo que hacerse a través del cruce con otra información de distinta procedencia. Para entonces ya también la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, que había emprendido por su cuenta las investigaciones que asociaban a Mares con los Fox y los Bribiesca Sahagún, había comprobado la forma en que mediante una "asamblea de ejidatarios" adquirió una inmensa playa en las costas de Colima, conocida como El Tamarindillo, que se dice embelesó a Martha Sahagún y a la señora Mares, quienes ordenaron la adquisición de ese paraíso. Los íntimos amigos desde Guanajuato y en la campaña presidencial todavía mantenían la relación filial y financiera que al parecer rompieron después.

La SFP y la ASF no informaron nunca a la Cámara de Diputados. No obstante, la propia Comisión las instó a atender la solicitud en función del interés público que implicaba dicha indagatoria. Fue precisamente la negativa del presidente Fox para atender las recomendaciones de la Cámara lo que dio lugar a que la segunda Comisión Investigadora sobre el mismo tema, que se constituyó después de que la diputación del PAN logró extinguir la primera, presentara directamente a la PGR las demandas correspondientes con los elementos probatorios adjuntos. A la fecha, ni el anterior ni el nuevo procurador le han reconocido a los diputados promoventes el carácter de coadyuvantes que le solicitaron.

La SFP y la procuraduría ya están sobre la pista de Mares Hernández. Pero... la investigación de Construcciones Prácticas y su relación con los Bribiesca, cuya comisión ya se aprobó en la actual legislatura, no se ha integrado todavía para dar continuidad al esfuerzo de la anterior legislatura. Acabar con la impunidad que está detrás de estos deshonrosos y costosos negocios con el dinero público no parece ser, ahora, asunto prioritario de la representación nacional.