VIOLAR LA CONSTITUCIÓN EN OAXACA,ES LA NORMA.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

Deportados.

La deportación de cerca de 150 detenidos tras el vandalismo del 25 de noviembre en Oaxaca, la mayor parte de los cuales fue ajena a esa práctica violenta, es acto de neoporfirismo acordado por dependencias de gobiernos panista y priista.

La retórica antipanista del PRI de antaño, vulgar y rutinaria, achacaba a los miembros de Acción Nacional ser quienes "trajeron a Maximiliano" y "añoran a Porfirio Díaz". Hermanados al paso de los años, priistas y panistas evocan en los hechos los peores aspectos del porfiriato.

En una operación conjunta, la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca pidió a la Secretaría de Seguridad Pública federal el traslado, diríase en rigor de verdad deportación, de 150 detenidos tras el vandalismo del 25 de noviembre. Remitiéndolos lejos de su solar nativo: así procedía el gobierno de Díaz para castigar la rebeldía de los yaquis, relegados al otro extremo del país, literalmente de Sonora a Yucatán.

La operación neoporfirista consistió en remitir al penal federal de San José del Rincón, en Nayarit, a 141 personas detenidas en las calles, o en sus domicilios sin órdenes de aprehensión, el último fin de semana de noviembre. En gran número de casos la captura era ilegal, porque no se detuvo a las víctimas en flagrancia, mientras incendiaban oficinas de los gobiernos local o federal, o sustraían de ellas, o de otros edificios, bienes diversos.

La Policía Federal Preventiva, como lo había hecho en los días iniciales de su presencia oaxaqueña, un mes atrás, practicó una redada sin orden ni concierto en que resultaron detenidas decenas de personas enteramente ajenas a los acontecimientos punibles ocurridos aquel sábado, al cabo de una manifestación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

En el momento mismo de la aprehensión y en el traslado de los detenidos (y detenidas, ya que casi un tercio de los afectados son mujeres) a cárceles próximas a Oaxaca, como Miahuatlán y Tlacolula, los agentes policiacos maltrataron a quienes no pudieron evitar ser subidos a los vehículos de la PFP.

Más de 200 personas estuvieron recluidas unas horas en esas cárceles locales hasta que se produjo el acuerdo, uno más de los que han consolidado al gobernador Ulises Ruiz, entre el gobierno local y el federal.

Alegando peligrosidad, que quién sabe cómo se estableció, pues no hubo tiempo para practicar estudios que la acreditaran, la jefatura de policía oaxaqueña, pomposamente llamada Secretaría de Protección Ciudadana, a cargo de Lino Celaya, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que se llevara la mayor parte de los presos a reclusorios federales.

Con celeridad explicable si se tratara de delincuentes responsables de graves delitos de sangre o de secuestros, la SSP, que maneja el sistema penitenciario del país, aceptó el encargo y sin ninguna base legal, salvo ordenamientos administrativos de nula jerarquía jurídica, envió a 141 personas a Nayarit, a un penal de mediana seguridad.

(Sería chistoso si no fuera torpe y evidenciara una falla esencial del sistema carcelario mexicano el que haya penales de alta y de mediana seguridad, lo que implica que los que no son denominados de alguna de esas dos maneras han de ser de escasa, poca o nula seguridad).

Ya era irregular el que personas que no han sido formalmente aprehendidas y contra las que no se ha iniciado proceso fueran trasladadas a un penal diverso del que fue su primer destino, y con mayor razón lo era el que se les deportara.

Es y era una práctica propia de regímenes autoritarios: los zares y el estalinismo enviaban a los presos de Moscú o Kiev a Siberia, el gobierno de Washington recluye en Guantánamo a talibanes y otros enemigos de la democracia afgana y el gobierno de Madrid, que se considera en guerra con ETA, saca a los miembros de esa agrupación terrorista del País Vasco.

En todos los casos queda claro que alejar a los detenidos de sus familias, amén de evitar auxilios que permitan la continuación de prácticas delictuosas, constituye una perversa sanción adicional, una suerte de pena trascendente que en México está prohibida por la Constitución.

Es posible que más de la mitad, y quizá más de 100 de las personas deportadas hayan sido capturadas sólo porque estaban en la calle y la PFP las aprehendió para mostrar su eficacia y probar cómo han establecido el orden público.

Los ejemplos son ilustrativos: una señora esperaba en la parada del autobús la llegada de su hijo; un arquitecto iba a una reunión con sus proveedores de materiales para construcción; otro, por el día de su cumpleaños, tomó unas cervezas de más; una madre y su hija menor de edad, que prestan servicios domésticos, ocasionalmente salían de trabajar; un padre y dos de sus hijos iban en busca de un medicamento; dos personas más buscaban, a bordo de un coche, cómo salir del centro histórico. Todos fueron detenidos sin más, a partir del perspicaz ojo de los jefes policiacos que adivinaron en ellos peligrosos delincuentes, enemigos no del gobernador Ruiz, lo que ya es causa de castigo, sino de la sociedad oaxaqueña que reclama tranquilidad.

No obstante haber autorizado esa deportación, durante la cual las víctimas fueron vejadas y golpeadas, y de recibirlas en un penal donde también se les ha sometido a malos tratos y humillaciones, el secretario de Seguridad Pública se convirtió a la semana siguiente en el procurador general de la República.

Y el gobernador Ulises Ruiz, que solicitó el destierro de sus gobernados, ahora ha anunciado el pedido en sentido contrario, para atender el cual la autoridad federal ha sido menos solícita que respecto del traslado a Nayarit.

Sólo esta medida arbitraria y despótica haría que la hora oaxaqueña sea una hora negra para el país.

CAJÓN DE SASTRE .
Dos cuerpos deliberativos reaccionaron de modo diferente ante la celebración guadalupana. Mientras que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidió no sesionar (porque las condiciones generales de trabajo con su personal marcan esta fecha como día de asueto), la Cámara de Diputados sí lo hizo, y hasta una doble jornada realizó. Sin receso formal para comer (aunque en los hechos el ausentismo en la hora pico del hambre despobló la sala de plenos) los legisladores de San Lázaro trabajaron nueve horas corridas, durante las cuales se dio lectura a un buen número de iniciativas cuya presentación se había demorado, se discutieron planteamientos sobre educación para que los tome en cuenta la Comisión de Presupuesto (todavía presidida por Raúl Alejandro Padilla Orozco) y se aprobó una reforma legal sobre comercio exterior, para acomodar nuestra legislación a normas de la Organización Mundial de Comercio, en atención a un reclamo norteamericano, para lo cual había un límite que se cumple la próxima semana, el 20 de diciembre.