EDITORIALES DESDE JALISCO

RUBÉN MARTÍN: OAXACA Y LOS MENSAJES DE CALDERÓN

No pudo empezar de peor manera Felipe Calderón su gobierno ilegítimo que tendiendo una celada a dirigentes del movimiento social oaxaqueño. Citar a diálogo a los representantes de la APPO para detenerlos mediante engaño, revela la política que regirá el gobierno calderonista.

Calderón ha sido transparente en cómo va a conducirse mientras dure en el cargo. La composición del gabinete revela la integración de un equipo de mediano nivel que llegó en compensación de favores realizados en campaña. Más allá de este mensaje, la designación de Agustín Carstens en Hacienda y de Francisco Ramírez Acuña en Gobernación desnuda los propósitos de este gobierno: continuidad económica a pesar de la crisis manifiesta del modelo de libre mercado, y del otro lado, mano dura desde la política interior y de seguridad pública, para aplacar las protestas sociales que saltan como liebres en la geografía nacional.

Todo lo demás estará subordinado a esta estrategia de contención, endurecimiento y represión en contra de las protestas sociales, con el propósito de que el país siga funcionando como destino seguro de la inversión privada. Lo demás es accesorio.

Calderón ha dejando en claro que necesita y va a gobernar con las fuerzas del orden. Véanse los guiños que ha enviado: el anuncio de que les aumentará sueldo y prestaciones; la reducción de sueldo a la alta burocracia (calcada de lo que proponía el “peligro para México”) para todas las dependencias menos a las fuerzas armadas y a las áreas de seguridad pública. El apapacho a la tropa y sus dirigentes es un agradecimiento de Calderón al apoyo recibido para llegar al poder. Estas medidas llevan a pensar que Calderón y su equipo anticipan que la inconformidad social y las protestas continuarán en el país. Y su respuesta es aumentar el presupuesto, el equipo, y el número de las fuerzas del orden. Obviamente Calderón se está preparando para periodos de mayor conflictividad social. Pero es una salida torpe.

Es una salida obtusa alimentada sin duda por la visión del secretario de Gobernación, de minimizar y estigmatizar a quienes salen a las calles a manifestar su inconformidad. Según esta corta visión, la situación de crisis social del país se debía más bien a que los anteriores gobernantes no tenían los cojones para aplicar la ley y carecían de oficio político para ejercer la violencia del Estado frente a los insumisos.

La ecuación política y cojones significa ignorar las causas profundas del descontento social, reprimir, perseguir, entretener con el diálogo para tratar de restituir el mando estatal y encauzar las protestas por los canales y mediaciones institucionales del sistema político: los partidos, los órganos de gobierno y organizaciones civiles que se conducen bajo las reglas del juego marcadas por quienes mandan.

De ese modo garantizan que todo el territorio nacional siga siendo funcional al objetivo de servir como espacio de la inversión y de fuente segura de mano de obra dócil, mientras reciben el aplauso de los grupos empresariales, sectores de la población que consumen información manipulada y el respaldo de la clase política que vive del presupuesto.

Esta forma de ejercer el gobierno no podrá aplacar las profundas fuentes de la inconformidad social, pues para ello deberían modificar sustancialmente el pacto social nacional y atenuar el fuerte antagonismo social que ahora se expresa de diversas maneras en México. Hay una crisis política que no se resolverá mediante la mano dura y la represión. Es una crisis profunda porque para sectores importantes de la población los instrumentos del Estado han dejado de representarlos y de infundir respeto. La gente no confía en los gobiernos, en los partidos, en cómo se toman las decisiones. Y un gobierno sin la confianza de la gente, es decir sin legitimidad, es un gobierno débil. Aunque se piense lo contrario. Es más fuerte un gobierno que ejerce mediante la aceptación del mando que uno que debe recurrir constantemente al aparato represivo.

Los primeros mensajes que envía Calderón son funestos, pero la fuerza de la indignación y la necesidad de buscar mejores condiciones de vida llevarán a comunidades, pueblos, barrios y organizaciones del país a rebasar por la izquierda el estilo represivo con el que quiere gobernar Calderón.

GABRIEL TORRES ESPINOZA: DE MANOS LIMPIAS A DURAS

La invitación de Francisco Ramírez Acuña a Gobernación, la determinación de Felipe Calderón para presentarse a cualquier costo en el Congreso y la detención del dirigente de la APPO, Flavio Sosa, confirman que una de las características de este sexenio serán las manos duras del gobierno federal. El segundo triunfo de la derecha mexicana, mucho más polarizada ideológicamente, entró con los dientes afilados. El hartazgo social por la indeterminación, el titubeo y la falta de autoridad que caracterizaron a Fox sitúan ahora a una mayoría de la población mexicana en simpatía con un gobierno firme, de autoridad y capacidad para gobernar.

Desde la campaña, varios de los contendientes señalaron frases que correspondían con estudios de “mercado electoral” que advertían una de las más importantes expectativas de los electores frente a un nuevo presidente: capacidad para gobernar, para decidir. Con “mano firme”, “para que las cosas se hagan”, “mover a México”; estos lemas que correspondieron a candidatos de diversos partidos expresan la aspiración de los ciudadanos que registraban los estudios de intención del voto de los aspirantes. El carácter blandengue e indeterminado del primer presidente de alternancia terminó por exacerbar a los gobernados y solicitar a gritos un presidente que gobierne, con autoridad y decisión.

La conformación del gabinete y sus primeras acciones indican lo que será el sello del sexenio: las manos duras del gobierno federal. Las protestas de AMLO y el PRD, la APPO y el EZLN son temas de la agenda gubernamental que serán atendidos con manos duras. El bono democrático (¿cual?) le permite al gobierno de Calderón que goce en los primeros 100 días del beneficio de la duda para mostrar su eficiencia y convicción democrática para gobernar. Lo resultados serán clave para conseguir después la legitimidad más importante, la que se obtiene al gobernar eficazmente.

Después del proceso de 1988, cuando el gobierno débil de legitimidad electoral de Carlos Salinas requería estabilizarse con una legitimidad de gobierno, las primeras acciones consistieron en poner orden en la casa. Para ello designó un secretario Gobernación de conocida mano dura, el jarocho Fernando Gutiérrez Barrios. La detención de Joaquín Hernández Galicia, la Quina; el encarcelamiento de Carlos Jonguitud Barrios fueron las primeras decisiones del gobierno salinista que dejó en claro, para comenzar, quien gobernaba el país. Sus consiguientes tres años de gobierno fueron de una notable recuperación de autoridad y legitimidad social que llevaron a que la reelección presidencial se discutiera entre no pocos sectores de la población. El exceso de autoridad y los abusos de un poder que no supo acotarse derrumbaron finalmente al salinismo.

La apuesta por un gobierno de manos duras es fuerte e implica riesgos para todos. Existe una línea muy delgada entre un gobierno de manos duras con uno autoritario; incluso de reacciones fascistas, considerando las fuertes propensiones del panismo recalcitrante de resolver las cosas con acciones extremistas fundadas en dogmas religiosos. La principal divisa de campaña fue eso de las “manos limpias”, las trayectorias intachables que ofrecieron al electorado. A Calderón eso de las trayectorias “limpias” en su equipo político pareció no importarle mucho para integrar el gabinete. Pasamos entonces de una promesa de gobernar con “manos limpias”, a gobernar con manos duras.

JAIME PRECIADO CORONADO: CAMINOS AUTORITARIOS

Además del déficit democrático por falta de legitimidad, el gobierno de Calderón está incubando espacios autoritarios en su ejercicio institucional. Sin elementos contundentes para resolver la crisis política, pues no hay un horizonte creíble para lograr un pacto incluyente de todas las fuerzas partidarias en un programa de acuerdos mínimos, el Ejecutivo federal apuesta por recuperar legitimidad mediante el manejo de la crisis de gobernabilidad que representa la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Sin embargo, los métodos utilizados para resolver los diversos conflictos que convergen en el caso oaxaqueño, están vulnerando al Estado de derecho que dice defender el gobierno federal.

Heredero de un conflicto creado en los intersticios del autoritarismo regional, entre un gobernador cuestionado desde su origen por el fraude electoral con el que “asaltó” a las instituciones locales, un grupo del magisterio que exigió cumplimiento de legítimas demandas y un nutrido grupo de organizaciones civiles con demandas ancestrales irresueltas, el gobierno de Calderón opta de entrada por el endurecimiento de medidas represivas, que quieren justificarse como la única vía para manejar el conflicto dentro de los “cauces de la ley”. Pero desde una visión que formaliza el derecho a un orden abstracto que evacua los contenidos políticos en juego.

Las medidas represivas focalizadas, como el encarcelamiento de dirigentes, se combinan con una represión aparentemente indiferenciada, contra culpables por delitos supuestamente documentados y contra inocentes. Al encarcelar a las cabezas visibles de la APPO se le desconoce cualquier capacidad de interlocución seria y sus demandas se borran mediante una críptica declaración de los voceros de la Secretaría de Gobernación: con la APPO “se puede dialogar, pero no negociar”. Al detener más de 200 personas por la Policía Federal Preventiva, el gobierno obliga a negociaciones caso por caso para debilitar la capacidad de movilización de la APPO y desviar sus fuerzas hacia procesos judiciales amañados.

Otro de los objetivos perseguidos afanosamente por el gobierno federal, es hacer pasar la mano dura como política de Estado; con la “ejemplaridad” del castigo, se gana respaldo entre quienes creen a pie juntillas que sólo el músculo gubernamental puede frenar el conflicto, y se atemoriza a insumisos y a quienes les apoyan. Sin autocrítica alguna por la manipulación de los miedos utilizada en la campaña electoral presidencial, el actual gobierno pretende dar carta de legitimidad a la criminalización de la protesta social. Todo lo que cuestione al “orden” existente es condenable, independientemente de los contenidos democráticos que puedan encerrar sus reivindicaciones.

El peligro representado por los movimientos sociales, cuya faceta violenta es en parte inducida por provocadores profesionales financiados por el gobierno oaxaqueño, justifica inclusive los “excesos” en la represión según el discurso gubernamental federal. Acciones que terminan por pervertir el Estado de derecho. Así, a los detenidos se les trata como delincuentes de alta peligrosidad, que se les puede enviar a cárceles lejanas de Oaxaca, para dificultar su defensa, contraviniendo la legalidad en la materia; se les puede torturar, dar trato cruel e inhumano, o se les pueden fincar delitos inexistentes que los convierten en presos políticos, sin aceptarlos como tales.

El nudo autoritario está en la criminalización de la protesta social, pues la perversión del Estado de derecho implicada, está involucrando a las instituciones del Estado y del gobierno en la creación de un clima de animadversión contra los disidentes insumisos que genera una espiral de violencia e impunidad que se ejerce desde las autoridades gubernamentales responsables. Además de la experiencia autoritaria del secretario de Gobernación, que exacerba el conflicto oaxaqueño; se trata de una estrategia de Estado, con la complicidad del Poder Judicial, varios gobiernos locales y la mayoría legislativa; un peligroso camino al autoritarismo.

ROBERTO CASTELÁN RUEDA: BANDERITA TRICOLOR

Unos ingresaron por la parte de atrás de las banderas. Otros, que también ingresaron por la parte de atrás de las banderas, lo hicieron ondeando pequeñas banderitas como los niños de preescolar cuando visitan un monumento a la patria. Otro ingresó, también por atrás, con una bandera bien dobladita sobre sus manos acostumbradas a traer y llevar paquetes al Congreso.

Otro, con su carita compungida y sus manitas limpias, después de pasar por atrás de las banderas, se cruzó una banderita en el pecho y llevó la limpieza de una de sus manos a la altura de su patriótico corazón, gesto que conmovió a buena parte de la concurrencia.

Después, hasta los sin bandera, cantaron el himno. La Patria noble y generosa recibió una vez más el cariño agradecido de sus hijos.

Desde hace muchos años, la bandera y el himno se han constituido en nuestros principales símbolos que dan rostro a la idea de unidad nacional, la cual ha sido explotada con éxito, por aquellos que por temor a reconocerse en la minoría que representan, la invocan como parte de su patrimonio.

Los mexicanos estamos acostumbrados a rendirle culto a la unidad nacional a partir de teologías republicanas centradas en el dogma del totalitarismo. El ganador, por fraude o por una minoría muy estrecha se lleva todo. Como en el palenque.

Las virtudes de la democracia en donde las mayorías y las minorías establecen y buscan los equilibrios necesarios para gobernar, habrá que ir a buscarlas a otra parte.

Después del día de las banderas y los abanderados del Congreso, las palabras que más han repetido aquellos que invocan la unidad nacional son las de mano dura y firmeza. Sin dobles sentidos, las manos firmes se han cruzado con las manos limpias.

La dupla del PAN y la PFP, convertida en portera involuntaria, comenzó con el pie derecho una forma de gobierno que invoca a la unidad nacional aunque ésta tenga que entrar por la puerta trasera. Qué bueno que esta nueva pareja presidencial esté dispuesta a devolvernos la paz y la tranquilidad tan necesarias a nuestro país.

En los sistemas parlamentarios un partido minoritario que llega al poder con un estrechísimo margen de diferencia, está obligado a buscar coaliciones y acuerdos con los otros partidos. No como una graciosa concesión del vencedor, sino como un insoslayable y necesario mecanismo de gobernabilidad.

En México, quienes honran a la patria con banderitas exaltando su republicanismo trasnochado, se olvidaron de exaltar las virtudes de la democracia.

Buscan en la mano firme, lo que la razón y el sentido común les niegan.