EL SENADO DEBE SER SENSIBLE AL TEMA LABORAL.

Arturo Alcalde Justiniani

Un laboralista para la Suprema Corte

En los próximos días la Cámara de Senadores tomará una decisión de gran importancia para el futuro del mundo laboral: resolver quién ocupará la vacante que deja el ministro Juan Díaz Romero en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La elección de los miembros de nuestro más alto tribunal resulta de gran relevancia por la creciente influencia que ha adquirido este órgano de control constitucional, en la actual coyuntura de transición política y ajuste institucional. Más allá de las facultades formales de orden jurisdiccional conferidas a la Corte, en la práctica opera, en virtud de sus interpretaciones, como instancia legisladora. En sus manos se encuentran temas de gran trascendencia; hoy en día, por ejemplo, le corresponde decidir el futuro de la llamada ley Televisa, que tanto descontento ha generado en el país.

La Suprema Corte se integra por un presidente y dos salas con cinco ministros cada una. La primera tiene por encargo resolver los temas penales y civiles; la segunda, los administrativos y laborales. Varias decisiones de esta última sala han sido controversiales, en virtud del enfoque formalista y de corte administrativo plasmado en buena parte de sus criterios. Ha sido evidente la ausencia de una perspectiva laboralista que interprete adecuadamente los principios constitucionales en esta materia de orden social, con mayor razón ante los reclamos de la ciudadanía para transitar del viejo corporativismo sustentado en el control a un entorno de legitimidad democrática que facilite una concertación productiva entre trabajadores y empresarios, bajo premisas de autonomía, libertad gremial y responsabilidad compartida. Esta decisión es aún más delicada si tomamos en cuenta que hasta ahora el ministro que se retira, jurista de gran prestigio, es quien ha fungido precisamente como "el laboralista", tanto en la sala como en el propio pleno de la Corte.

Conforme al artículo 96 constitucional, corresponde al Presidente de la República presentar al Senado tres candidatos para ocupar la vacante que se genera a partir del primero de diciembre próximo. La designación se debe llevar a cabo por el voto de las dos terceras partes de los senadores dentro de un plazo de 30 días; en caso de rechazo de la totalidad de los candidatos, el Presidente deberá presentar una nueva terna, y en el supuesto de reiterada negativa, le corresponderá a éste la designación final. Lo curioso del caso es que, de rechazarse la primera terna, corresponderá a otro titular del Ejecutivo federal presentar la segunda.

El presidente Vicente Fox propuso ya como candidatos a tres abogados que desempeñaron cargos durante su administración: Rafael Estrada Sámano, Fernando Franco González Salas y María Teresa Herrera Tello, ninguno de ellos con especialidad en materia laboral. Los dos primeros ocuparon cargos de subsecretarios en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bajo el mando del licenciado Carlos Abascal Carranza y la última fue consejera de la Presidencia. La designación del licenciado Fernando Franco ha generado preocupación en el medio sindical, toda vez que durante su gestión impulsó criterios restrictivos en materia de libertad sindical y de registro de asociaciones, mismos que pretendió integrar al conocido proyecto de reforma laboral Abascal. Por su parte, el licenciado Rafael Estrada Sámano y su equipo de asesores asumieron en su breve paso por dicha dependencia una actitud abierta y positiva en las negociaciones relacionadas con la reforma laboral, lo que les generó críticas infundadas de los sindicatos corporativos.

Resulta lamentable que el presidente Fox haya ignorado dos espacios fundamentales que debió tomar en cuenta al integrar su terna: el de la academia y el del propio Poder Judicial federal en el ámbito de los tribunales colegiados y juzgados de distrito. En éstos, como en el foro, existen laboralistas de gran prestigio que debieron ser considerados por el Ejecutivo federal. Los magistrados de los tribunales colegiados son candidatos naturales, si bien no exclusivos, para ocupar las vacantes en la Corte, son el peldaño inferior en jerarquía y están en constante capacitación en su labor profesional cotidiana. Muchos son los nombres: basta señalar entre otros, y sólo refiriéndonos al primer circuito por orden alfabético, a los magistrados Miguel Bonilla Solís, Horacio Cardozo Ugarte, José Manuel Hernández Saldaña, Aristeo Martínez Cruz, Héctor Arturo Mercado López, Rosario Mota Cienfuegos, Sergio Pallares y Lara o Idalia Peña Cristo. Cualquiera de ellos podría aportar a la Corte la visión laboralista experta que tanto se requiere.

Es conveniente que el Senado reconozca la importancia de considerar un perfil que incluya una visión sensible a los temas de trabajo, y con tal fin, promueva una consulta pública que enriquezca su trascendente decisión. Lamentable sería que se resolviera el tema bajo una lógica de cuotas de poder o simple mayoriteo. Dejar al máximo tribunal con un vacío en materia laboral coadyuvará a ahondar la distancia que existe entre las decisiones de la Corte y la realidad cotidiana, reducirá por sus equívocos el valor de nuestras normas constitucionales en materia laboral, e incrementará ­como sucede ya en la práctica­ la tendencia a que las situaciones de hecho se impongan, al carecer los ciudadanos de árbitros confiables que resuelvan sus conflictos. Es deseable que no se pierda esta oportunidad en favor del mundo del trabajo.