LAS BOLETAS QUE QUIERE CHAMUSCAR UFRAUDE.

REFORMA.
Carmen Aristegui F.

Destruir boletas.

El estigma histórico de la quema de boletas electorales del proceso presidencial de 1988, llegó hasta nuestros días en forma de carta.

Felipe Calderón encontró que solicitarle al presidente del Instituto Federal Electoral que se preservara el material electoral "durante el tiempo que sea posible" podía conjurar el recuerdo de aquella destrucción de evidencias de una elección señalada de fraudulenta.

Supo calcular el efecto que causaría la destrucción de estos materiales a la luz de lo que ocurre con su propia elección.

Se topó con dos cosas: con su propia contradicción al solicitar directamente la intervención de esta autoridad electoral para invitarla a realizar una conducta específica en "abono a la certeza y confianza de los ciudadanos" lo cual sería loable, de no estar antecedida por una cuestionable negativa a solicitar expresamente a la otra autoridad electoral, el Tribunal, la realización de otra conducta específica -el recuento de los votos- que hubiera contribuido, de haberse realizado, "al mejor entendimiento entre los mexicanos", como ahora plantea en su carta al presidente del IFE.

El punto es que esta carta pretende reflejar un mínimo de sensibilidad frente a las diversas solicitudes de información y acceso a los materiales electorales que han hecho ciudadanos y académicos desde diferentes ámbitos.

Aunque no son mencionados siquiera en la carta del Presidente electo, ni en la abigarrada carta de pretendida respuesta del IFE a Calderón, es de suponerse que el intercambio epistolar se da a raíz justamente de estas saludables iniciativas que muestran a gente que no se conforma con la información disponible del desarrollo de la jornada del pasado 2 de julio y está dispuesta a recorrer los caminos necesarios para conocer de primera mano lo que no les quedó claro en los reportes de la autoridad.

Se trata de un asunto de transparencia y de prueba sobre la eficacia en el acceso a la información pública, temas cruciales para la vida democrática de tan reciente incorporación a la vida nacional.

No atentan estas iniciativas contra el principio de definitividad de la elección, ni cosa parecida.

No se plantean -porque no hay lugar para ello- pretensión alguna de abrir un nuevo cauce para impugnar judicialmente la elección presidencial.

El Tribunal resolvió ya la elección, y eso es jurídicamente inatacable.

Es criticable (y vaya que lo es en este caso) el comportamiento de cualquier autoridad en sus resoluciones aunque jurídicamente sean incontrovertibles.

El tema de la preservación temporal o resguardo -o como el IFE le quiera llamar- de los materiales electorales ha traído de la mano, entre otras cosas, debates que han arrojado incluso la necesidad de definir si son o no documentos públicos, por ejemplo, las boletas electorales.

El IFE construyó una definición de antología que les niega esa condición y que sirvió de base para rechazar un acceso directo a las boletas cruzadas por los ciudadanos para emitir sus sufragios el domingo 2 de julio.

Dos de los principales solicitantes e impulsores de este debate público, Irma Sandoval y John Ackerman, han solicitado al propio Instituto Federal de Acceso a la Información -que no tiene competencia sobre el IFE, pero sí mandato para promover una cultura de la transparencia- que emita algún pronunciamiento o promueva una discusión sobre el tema.

Estos dos investigadores escribieron, a manera de presentación, un texto publicado precisamente por el IFAI, titulado "Leyes de Acceso a la Información en el Mundo" que "el desarrollo de elecciones libres y equitativas es un factor fundamental pero no suficiente para asegurar el ejercicio de la rendición de cuentas permanente por parte del gobierno. Las elecciones no obligan a los funcionarios públicos o a los miembros del poder judicial a someterse al escrutinio público".

Ahora se trata de abrir la puerta, para una mirada ciudadana -sin efectos legales, pero sí de profundo alcance social- no sólo de las acciones de los gobiernos electos sino también del propio proceso que llevó a las autoridades administrativas y contenciosas a declarar precisamente a esas autoridades en su condición de electas.

Los solicitantes de esta información han decidido recurrir a las instancias judiciales previstas para este tipo de casos.

Por esa razón fundamental, sería inaceptable destruir boletas y materiales electorales en tanto no sean resueltos los recursos que se pudieran haber presentado para inconformarse por la rotunda negativa del IFE ante estas peticiones.

En realidad este instituto debería ser el más interesado en que su trabajo quedara expuesto a esta especie de auditoría ciudadana. Su negativa inicial a las solicitudes de acceso directo a las boletas electorales que hicieron, fundamentalmente estos investigadores y los periodistas Daniel Lizárraga y Delia Angélica Ortiz de Proceso y W Radio, respectivamente, además de la respuesta errática a la carta del Presidente electo, estando las cosas como están, lo único que hacen es abonar en la idea de que será necesario renovar, en el marco de una anunciada y urgente reforma en materia electoral, a un Consejo General del IFE que se sigue esmerando en aparecer como inapropiado para seguir desempeñando su funciones.

¡NO A LA QUEMA DE LAS BOLETAS ELECTORALES!