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REFORMA.
Sergio Aguayo Quezada.

¿Reconciliación?

Eso dice Felipe Calderón, cuando en realidad nos pide una rendición incondicional. Si cancela el doble lenguaje y demuestra sus intenciones con medidas concretas contribuirá a la distensión, indispensable para que el Congreso cumpla con su misión.

El domingo pasado el Presidente electo se pronunció, en un mismo discurso, por la conciliación y unidad y luego festinó su victoria sobre el México del "pasado" y el "caos".

En el mismo acto Manuel Espino se sintió magnánimo y pidió al panismo que concediera el "perdón" a todos los que, por diferentes motivos, disentimos de su amelcochada visión de lo acontecido este año.

Ansiosos de que se olvide el pasado reciente desearían una amnesia colectiva para que, en asuntos electorales, sólo se hable de la etapa iniciada el 5 de septiembre.

Cumplir con esas exigencias representaría capitular en el derecho de saber.
Es notable la resistencia panista a reconocer el sentimiento de agravio dejado por la pésima calidad de la elección que, en algunos grupos, se mezcló con el enojo causado por la vida diaria.
Tampoco entienden que la supervivencia de esta franja del agravio es independiente de lo que diga o haga Andrés Manuel López Obrador.

Si Calderón desea la reconciliación tiene que armar un discurso que tome en cuenta dicho estado de ánimo mientras toma medidas concretas.
Podría, por ejemplo, respaldar el recuento ciudadano de los 42 millones de boletas de la elección.

Después del 2 de julio, unos 800 individuos, empresas y organismos utilizaron las leyes de transparencia para solicitar al Instituto Federal Electoral (IFE) acceso a las boletas de la elección para hacer un recuento de votos. Entre los peticionarios están la W Radio, El Universal y Proceso, y aunque el ejercicio carece de valor jurídico tiene un alto contenido legitimador porque permitiría dar mayor precisión sobre lo sucedido.

¿Se arriesgará el Presidente electo a someterse al veredicto de la verdad histórica? Si no le gusta esa propuesta, ¿qué propone para esclarecer lo que sucedió en la elección?
¿O acaso espera que renunciemos a la verdad para agradecer el "perdón" otorgado, Urbi et Orbi, por Espino?

Es importante un pronunciamiento del Presidente electo porque el mismo día en que el Tribunal ratificó la victoria, el IFE rechazó transparentar la elección y optó por destruir la evidencia.

De consumarse su intención, en las llamas de esa nueva inquisición se clausurará otra vía hacia la concordia.

En la batalla jurídica entre algunos peticionarios y el IFE, Calderón podría demostrar su compromiso con la transparencia y, ante la desconfianza sobre quienes harían el recuento, el PAN podría hacer un llamado para alentar la participación de organismos civiles conservadores.

La elección también sirve para apreciar los múltiples déficits democráticos y el protagonismo que la historia concedió al Congreso.

Es obvia la urgencia de una reforma electoral cuyo objetivo sea evitar otro 2006; y ello supone imposibilitar la intervención del Presidente, impedir el activismo ilegal de empresarios poderosos y contener el excesivo peso de los medios electrónicos.

El hilo articulador de la reforma electoral es el enorme costo de la democracia.
Según cálculos de José Antonio Crespo, el financiamiento público federal a los partidos ha crecido, entre 1991 y el 2006, ¡en 4 mil 450 por ciento! Si en 1994 recibían 200 millones, este año serán 5 mil millones. Es absurdo el dispendio y graves las consecuencias para el país... y para los partidos.

El exceso de dinero ha corroído la vida interna de los partidos y su relación con la sociedad. Su dependencia del dinero público ha provocado un desplome en las cuotas de los militantes, ha prohijado prósperos negocios y alienta la práctica generalizada de cortejar el voto de los más pobres con regalos, dineros o amenazas.

Reducir las prerrogativas forzaría a reducir los tiempos de campañas y alentaría la emancipación de los medios de comunicación electrónicos que se llevan alrededor del 70 por ciento de los ingresos públicos partidistas.

Otra batería de cambios llevaría al resquebrajamiento del oligopolio creado por los partidos para el ingreso a la vida pública; esa endogamia ha provocado un empobrecimiento en la calidad promedio de quienes llegan a los legislativos.

Entre las soluciones más evidentes está la simplificación de los requisitos para la formación de nuevos partidos y la autorización de las candidaturas ciudadanas. Un resultado sería la oxigenación de la vida pública y la obligada renovación de la actual elite política.Es inevitable que la reforma recale en las instituciones encargadas de organizar las elecciones. Durante este año fue erosionándose la credibilidad de los árbitros cuya legitimidad e influencia fueron desplomándose, tal y como sucede con esas filas de soldaditos de plomo.

Eso pasó con la etérea y leve Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con el Consejo General del IFE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial (Trife). La situación podría llevar al Congreso a una remoción del Consejo General del IFE creyendo que así lavan el "pecado original" (la exclusión del Partido de la Revolución Democrática en el nombramiento de los consejeros). Para que la renovación tenga éxito debe partir de una revisión de los factores estructurales que alentaron el conflicto

.Ésos son los ingredientes de una reforma urgente que también debe corregir la distancia entre ciudadanía e instituciones públicas. El Congreso podría utilizar el proceso asociado a esos cambios para tender puentes con la sociedad beneficiándose, además, de la enorme cantidad de información generada por organismos independientes de los partidos.

Un ejemplo clarísimo son los estudios producidos al amparo del "Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral" que por estas fechas culmina su fructífero trabajo.Los momentos de tensión extrema son propicios para el cambio y éste impone definiciones a los actores.

Los déficits de nuestra democracia son tan obvios, y la exigencia de reforma política tan grande, que Calderón debería afinar su discurso y tomar el riesgo de apoyar un recuento ciudadano; a menos que prefiera vivir a la sombra de la sospecha. Los partidos políticos, por su parte, tendrán que demostrar si están a la altura de los tiempos y renunciar a una parte de sus privilegios, o si prefieren presidir sobre la degradación de la política. Correo electrónico: sergioaguayo@infosel.net.mx