LAS ILEGALIDADES DEL RÉNEGO DE LA LEGALIDAD.

Miguel Angel Granados Chapa, escribe en el Reforma:


Presidente ilegal.

Basado en un texto legal que no lo faculta para eso, el Ejecutivo federal nombró al ex senador Héctor Osuna como cabeza de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en un nuevo eslabón de la larga cadena de ilegalidades en torno de esa materia.

No, esta vez no me refiero a quien se asume como Presidente mucho antes de que se califique la elección y se resuelvan los recursos que podrían modificar el resultado. Ni al del órgano electoral que se arroga funciones en la fase del cómputo, genera deliberada confusión y coloca los cimientos para erigir hechos consumados en la sucesión presidencial.

Esta vez me refiero al senador (con licencia) Héctor Osuna, nombrado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones sin apego a la ley y en medio (todavía no al cabo, por desgracia) de un procedimiento bochornoso.La ilegalidad de su nombramiento se eslabona a la larga cadena de ejercicio arbitrario de poder realizado para conferir nuevos privilegios a los consorcios de radio, televisión y telecomunicaciones, y consolidar los que ya los benefician.

En noviembre pasado se presentó en la Cámara de Diputados (no en el Senado donde el tema se había debatido largamente y un dictamen esperaba discusión) un proyecto de reformas a las dos leyes que rigen aquellas materias. Tomados por sorpresa, regularmente distraídos o plenamente al tanto de su significado, 327 diputados aprobaron sin discusión la iniciativa presentada por el priista Miguel Lucero, pero elaborada por un antiguo ejecutivo de Televisa, Javier Orozco.

Se buscó que en Xicoténcatl se aplicara el mismo acelerador utilizado en San Lázaro, para ultimar la reforma en diciembre mismo. No fue posible, y el Senado abordó el caso en febrero, para lo cual montó un periodo de consulta que no fue atendido en los hechos por los interesados impulsores de la nueva legislación, pese a que en ella se opusieron a las nuevas normas órganos gubernamentales como la Comisión de competencia económica y la directamente concernida Cofetel.

El trámite senatorial se basó en una minuta cuyo contenido no era exactamente el mismo del dictamen aprobado por los diputados, pues fuera de procedimiento se le practicaron enmiendas, dizque para hacerlo "comprensible", pero sin capacidad legal para hacerlo.

De ese modo el pleno de San Lázaro quedó burlado y el proceso legislativo se vio torcido.Sin discusión en comisiones, y en el pleno con un debate a medias (sólo referido en lo general, y rehuido en 33 ocasiones en lo particular por los interesados impulsores), la reforma fue aprobada por 80 votos contra 40.

Se acumularon tantos dislates contra la carta magna en el nuevo texto, que 47 senadores (siete más que los votantes en contra) iniciaron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad que está en curso.Aprobada la reforma el 30 de marzo, antes de una semana la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió a la casa presidencial un dictamen contrario a la publicación de la minuta senatorial.

El presidente Fox lo ignoró (en el sentido de pasarlo por alto o de no haberse enterado de su contenido, como sostiene la consejería jurídica de Los Pinos) y publicó la reforma el 11 de abril, para que entrara en vigor al día siguiente.Un mes después, al borde del plazo de 30 días con que contaba, Fox nombró a los cinco comisionados que integraran la nueva Cofetel (los anteriores habían renunciado en protesta por el ordenamiento). En rigor faltó a la ley por lo menos en un caso, pues el nombrado ni siquiera supo que había sido sujeto de tal designación.

Asociada al Ejecutivo en la perpetración de arbitrariedades, la Comisión Permanente objetó los nombramientos de tres comisionados sin fundar ni motivar su objeción, y pese a reconocer que cumplían los requisitos de ley. Un mes más tarde la mayoría compuesta por priistas y panistas procedería a la inversa: se abstuvieron de objetar nuevos nombramientos no obstante que no satisfacen los requisitos de ley.

El rechazo original se debió a la conveniencia priista de negociar al menos una posición para un miembro del tricolor.Conseguido el arreglo, el 21 de junio el Presidente designó a los senadores en ejercicio Héctor Osuna y Ernesto Gil Elorduy, panista y priista, así como a Eduardo Ruiz Vega y a Gerardo González Abarca, cuyos nombramientos se agregaron al del único sobreviviente del lance inicial, José Luis Peralta.

Los legisladores nombrados no estaban en condiciones de aceptar porque sólo una semana después pidieron licencia, y la Constitución prohíbe a los congresistas participar en funciones ejecutivas. Y ninguno de ellos acredita el requisito sustantivo para ser comisionado: "haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones".

El único antecedente de Osuna es su faena en el vergonzoso trámite senatorial a la reforma, de la que fue desbocado impulsor.El martes pasado Fox designó a Osuna presidente de la Cofetel. Estaba impedido de hacerlo por un embrollo ridículo, que el Ejecutivo saltó a la torera, incurriendo en la enésima ilegalidad.

Las prisas y la arrogancia hicieron que la norma aplicable ordene al Presidente hacer la designación como lo indica "el último párrafo del artículo 9-E de esta ley", que se refiere a otra cosa (la sexta facultad del presidente de la Comisión). La fragilidad del nombramiento de Osuna por ese motivo será aún mayor si se falta a otra previsión legal, como parece que ocurrirá: Fox debe expedir el reglamento de la Cofetel a más tardar mañana, 90 días después de emitida la ley. Pero no ha sido terminado.Tanta ilegalidad es mucha para los predicadores del derecho.

Cajón de Sastre.
Matilde P. Montoya fue la primera mujer graduada en medicina en México. Por eso la Asociación Nacional de Médicas Mexicanas dio su nombre a una presea que se otorgará cada año "como reconocimiento a las mujeres comprometidas con la salud y el sentido de vida humanitario y de compromiso social".

Fue un notable acierto que la primera vez que se discierne ese premio se entregara a Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, la más sobresaliente médica nacida en Hidalgo. A su carrera académica, en las universidades de Guerrero y de su matria, pionera en el Sistema Nacional de Investigadores, la doctora Gutiérrez Mejía ha unido una trayectoria de servicio público (para la que se preparó en la maestría de medicina social en la UAM-Xochimilco), que le permitió ser secretaria de Salud en el gobierno hidalguense, y actualmente coordinadora de Prestaciones Sociales del IMSS. Fue premiada "por su genuino compromiso social con la mejoría de la salud de las y los mexicanos y con el desarrollo académico y humano de los profesionales de la salud".