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N U E S T R A A M E R I C A.
La Habana, 11 de Julio de 2006.

López Obrador da la pelea.

POR NIDIA DIAZ —de Granma Internacional—

DOS semanas han transcurrido desde 41,7 millones de mexicanos decidieran concurrir a las urnas para elegir al nuevo Presidente de México, en una lidia en la que no había opción: o se sufragaba por el continuismo de un modelo neoliberal que privilegia a una minoría con todo lo que ello ha representado en ese país de genuflexión frente al imperio, o se intentaba, sobre la base de un programa de justicia social y de dignidad nacional, construir una sociedad en la que haya espacio para todos.

Ambos caminos se conocían. Ambos estaban probados.
El primero, el que representa Felipe Calderón, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), es el de las ilusiones perdidas, el de la traición a un electorado que seis años atrás votó por el cambio frente a casi 70 años de gobiernos priistas y que no sólo no cumplió sus promesas de más empleo, mejores oportunidades y solución al tema de la emigración, sino que, en el caso de esta última, cedió ante Washington y casi aplaudió la criminalización de los inmigrantes y la militarización de la frontera común.

Mientras, Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del importante Distrito Federal y candidato por la coalición Por el Bien de Todos—integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido de los Trabajadores (PT) y Convergencia—, llegó a la justa con el aval de haber administrado honestamente los bienes del Estado en beneficio de las mayorías de la populosa capital, donde los contrastes sociales son dramáticos.

No era de extrañar, entonces, que en la contienda preelectoral las fuerzas de la ultraderecha política, de los representantes de los intereses de la oligarquía nacional, de las transnacionales y de la Administración republicana de George W. Bush, que actuó todo el tiempo tras bambalinas, se conjugaran para tensar las cuerdas contra el candidato perredista, en un impúdico contubernio con el poder mediático.

López Obrador sería desde el primer momento la encarnación de “un peligro para México”, un “satélite de Hugo Chávez”, el responsable de que el país caminara hacia el caos en el caso de llevarse la victoria, sin contar las maniobras que antes de la campaña, desde el propio Ejecutivo, intentaron, infructuosamente, desaforarlo para impedir su candidatura.

Antecedentes, que no por conocidos valen la pena recordar en momentos en que, según el Comando de Campaña de la Alianza Por el Bien de Todos, el propio López Obrador, importantes sectores políticos y sociales y la prensa independiente, hablen de que el oficialista Partido Acción Nacional, con el visto bueno del presidente Vicente Fox, haya fraguado un fraude electoral, un “golpe de Estado técnico” que, para descrédito de la democracia mexicana, pudiera ser consumado contra el candidato perredista sin que hasta ahora los inculpados, hayan podido demostrar lo contrario.

El sábado 8 de julio ante más de 200 000 mexicanos congregados en el Zócalo y en varias conferencias de prensa ofrecidas al respecto, Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha nacional para protestar por lo que, por primera vez desde el día de la votación, calificó de fraude. Marcha pacífica que deberá repetirse este domingo.

El recuento de “voto por voto y casilla por casilla”, es la exigencia que a partir del lunes 10 hizo la coalición Por el Bien de Todos al Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), organismo que según las leyes federales tiene la responsabilidad de dirimir las acusaciones sobre las “irregularidades” cometidas por el Instituto Federal Electoral (IFE), al que se acusa de haber mantenido antes, durante y después de los comicios un accionar turbio o cuando menos irresponsable que en todo momento favoreció al candidato oficialista.

Analistas locales advirtieron que el IFE, tras el cierre de las casillas electorales y cuando el conteo inesperada y sospechosamente cambió de rumbo para favorecer a Calderón, dejó en manos de los medios y por más de tres horas las especulaciones sobre quién era el ganador. Fue entonces cuando el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció la imposibilidad de dar el resultado ante un eventual empate técnico, e inmediatamente el propio presidente Vicente Fox se dirigió a la nación en términos similares. Para ese momento, la CNN, Televisa y televisión Azteca, para citar sólo algunos, había machacado en la idea de que el PAN estaba irreversiblemente delante.

Un editorial del diario La Jornada considera “que todas las dudas e irregularidades puestas de manifiesto en los últimos días cuando sorpresivamente la tendencia a favor de López Obrador se revirtió en menos de un punto porcentual a favor de Felipe Calderón, deben ser despejadas antes de que el proceso culmine con la proclamación formal de un vencedor. De otra forma —agrega—, se constituiría un Gobierno sobre la base de un enorme descrédito y de una fractura nacional”.

En medio de tanta confusión y al parecer alevosía por parte del PAN, y sin que aún el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) lo declarase triunfador, Felipe Calderón se dirigió a su adversario proponiéndole un cogobierno. No pasa inadvertido el hecho de que si hasta ahora López Obrador era “un peligro” para México cómo es que se le invita a participar en el gabinete del nuevo sexenio.

Unido a esto, también llama la atención que Estados Unidos, España y Canadá hayan felicitado al supuesto ganador, el oficialista Felipe Calderón, y la Unión Europea hable de unos comicios “intachables” en los que ganó la “democracia”.

Entretanto, las denuncias sobre el fraude no son pocas y el propio López Obrador las ha enumerado en sus últimas intervenciones públicas:
—La existencia de un operativo de Estado para favorecer a Felipe Calderón.
—La existencia de una orden para que no se abrieran los paquetes electorales y una prisa anormal para resolver en menos de 24 horas una elección numéricamente reñida.
—Irregularidades en 55 000 casillas electorales.
—La desaparición de más de tres millones de votos, de los cuales las autoridades electorales, tras la acusación, admitieron que más de dos millones se desecharon por “ilegibles”. De estos votos, 600 000 “desaparecieron” inexplicablemente en los estados en que ganó el candidato perredista.

El TEPJ, única instancia que puede hacerlo, tendrá hasta el 31 de agosto para resolver la apelación de López Obrador y sus abogados, y hasta el 6 de septiembre para anunciar definitivamente al nuevo Presidente de México.
Hasta entonces el país estará en vilo. Los peligros pueden ser variados teniendo en cuenta que es mucho lo que la derecha y las fuerzas que apoyan al PAN pueden perder. Las provocaciones pudieran tentar a no pocos.

Sin embargo, más allá del 0,58% de distancia que separa a Felipe Calderón de Andrés Manuel López Obrador en el conteo de los sufragios del 2 de julio último, lo cierto es que la izquierda mexicana, representada por la coalición Por el Bien de Todos, se ha convertido irreversiblemente en una de las más poderosas fuerzas políticas del país, desplazando al PRI y, aun cuando le escamoteen el triunfo como ya sucedió en 1988, será imposible detener la voluntad de una inmensa mayoría del electorado que está convencido de que otro México, es posible.