CRISIS POST-ELECTORAL.

Alberto Aziz Nassif escribe en el Universal:


Crisis postelectoral.

Ante un resultado controvertido -que sólo dejó medio punto de diferencia entre Calderón y AMLO-, ahora se ha sumado el inicio de una crisis postelectoral. Se puede argumentar que existen canales institucionales y una vía legal para procesar el conflicto; sin embargo, ya se ha instalado en el horizonte una severa confrontación que anuncia ser más polarizante que la misma campaña electoral. ¿Ha entrado la elección a un callejón sin salida?

No se trata sólo de un problema de comunicación con el programa de resultados que sembró la desconfianza por dejar de computar 11 mil 184 casillas con inconsistencias, error grave frente a una elección cerrada. Se trata de la actualización de una larga lista de agravios; de errores que se acumulan y forman un cuadro indeseable; de un país que se ha partido, gracias a la irresponsabilidad de una clase política inepta. Se trata, en suma, de un proceso electoral que se ha ensuciado y huele mal. El conflicto postelectoral actualizó el fantasma del fraude y trajo a la memoria de millones de personas las elecciones de 1988. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este extremo? ¿Qué tanta razón tiene Andrés Manuel López Obrador en montar una estrategia de movilización nacional?

Hay que revisar con cuidado las piezas de este complicado rompecabezas. Después de las elecciones intermedias de 2003, quedó establecido que era necesario modificar las reglas del juego electoral, que el modelo de campaña y financiamiento se había convertido en costoso esquema de mercadotecnia, y que los resultados del gobierno de alternancia presentaban una enorme parálisis y un gran desencanto social. Seis de cada 10 ciudadanos se habían alejado de las urnas.

El primer ingrediente de este rompecabezas surge de una alianza facciosa en la Cámara de Diputados entre el PRI y el PAN, que con un pragmatismo desalmado y sin ningún talento, decidieron conformar a un árbitro, la renovación de los consejeros electorales, sin el consenso de una las tres fuerzas políticas más importantes, el PRD, que también se mostró incapaz de hacer una negociación. Por qué razón ahora AMLO puede descalificar al IFE, o por lo menos a ese consejo, simplemente porque no ha demostrado en el proceso el respeto por la legalidad en casos estratégicos.

Todavía lejano el proceso electoral, se cocinó el segundo ingrediente: el clima de polarización en dos estrategias, los videoescándalos de 2004, y el desafuero de 2005, en donde la alianza entre PAN y PRI, con la intervención de los tres poderes, fue un factor crítico que afectó nuestra incipiente democracia. La polarización no surge sólo de los spots televisivos que se inician en marzo de 2006, ya había muchos antecedentes.

Sin duda la campaña conforma el tercer ingrediente, un proceso electoral accidentado, de alta confrontación y con signos identificables de falta de equidad en la contienda. Una intervención del Ejecutivo, tanto vía los spots, como en una permanente construcción de un discurso de ataque a uno de los contrincantes, como si el Presidente fuera otro candidato más de la contienda.

La pasividad del árbitro en la regulación de la campaña negativa (artículo 38-P del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe), fue un factor que también afectó la contienda y que fue corregido por el Tribunal, con efectos retardados en el proceso.

De la misma forma, también se lastimó a la elección por no haber detenido la embestida de actores comprometidos con una opción política, como fue la intervención televisiva del Consejo Coordinador Empresarial y del autodenominado Dr. Simi, que en una abierta violación a la ley, emitieron cientos de spots en la fase final de la campaña.

Como se señala en el artículo 48 del Cofipe, "1.- Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales (.) 13.- En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros".

La misma noche de los comicios el árbitro nuevamente no estuvo a la altura, no detuvo la avalancha de los candidatos y a ellos les importó poco al árbitro, porque esa noche violentaron la legalidad y los dos candidatos punteros se declararon vencedores. El 3 de julio fue el día en que el PREP generó la duda por no decir claramente que las inconsistencias estaban en otro archivo al cual se llegaba a través de un laberinto de seis pasos.

El 4 de julio el fantasma del fraude fue una nube negra que empezó a generalizarse. De pronto la diferencia de 1.04% entre los punteros, Calderón y AMLO, se redujo a sólo 0.6%. Entre el 5 y el 6 de julio se hizo el cómputo de las actas en los 300 distritos de todo el país. El resultado final le dio una ventaja de 0.58% a Calderón con un 35.89% contra un 35.31% para el perredista Andrés Manuel López Obrador.

A partir de ese momento la credibilidad del árbitro empezó a ser historia para una parte importante de la ciudadanía. Se había cometido un error estratégico en un momento crítico. Además, algunos consejeros indebidamente "opinaron" en la prensa extranjera que la impugnación en Tribunal no procedería. Indebidamente también, el consejero presidente dio por ganador a Calderón, cuando la ley señala que sólo el secretario dará a conocer el resultado del cómputo distrital. La desconfianza institucional en el IFE no pone en duda al millón de ciudadanos que organizaron la jornada electoral del 2 de julio, sino a la incapacidad política de los consejeros que no supieron reaccionar eficientemente frente a un escenario complicado.

El 6 de julio AMLO afirma que no reconoce los resultados porque hay muchas irregularidades y que impugnará la elección en el Tribunal Electoral. Dos días después, en el zócalo de la capital, AMLO declara enfático, frente a una multitud enojada, que hubo "fraude" y llama a una movilización nacional pacífica. El líder ha regresado a su origen, está en su elemento.

Tenemos un final largamente construido: una crisis postelectoral que sacudirá a nuestra incipiente democracia. Para despejar cualquier duda y reconstruir la confianza lo más conveniente será tener un criterio jurídico amplio, garantista, por parte del Tribunal y revisar la elección a fondo, incluso voto por voto.