De olvidos y traiciones
El gobierno encabezado por Felipe Calderón, surgido de un fraude electoral ampliamente documentado, (quizás por lo mismo) es olvidadizo tanto de la doctrina del partido que lo sostuvo como candidato como de principios fundamentales de la Constitución mexicana.
En los últimos días han quedado postergados preceptos básicos de nuestra ley fundamental por actos de una autoridad que toma decisiones coyunturales y desesperadas, para hacer algo, lo que sea, y al mismo tiempo quedar bien con el gobierno de Estados Unidos echando por la borda dignidad y patriotismo; se olvidan, por ejemplo, de que según el artículo 27 constitucional sólo podrán conceder derechos a los extranjeros, similares a los que tenemos los mexicanos en materia de tierras, aguas y concesiones, siempre que convengan con la llamada “cláusula Calvo”, que para quienes la hayan olvidado, les recuerdo: establece que los extranjeros que inviertan en el país deben convenir ante la Secretaría de Relaciones (SRE), el considerarse como nacionales respecto de los bienes que adquieren y no invocar protección de sus gobiernos, bajo la pena de perder lo adquirido en beneficio de la nación . Esto es, se les permite ganar aquí, pero sólo a cambio de que corran la misma suerte que los nacionales mexicanos.Leer más...
Atenco y la libertad debida
Hay silencios que aturden, pero el que guardan los gobiernos en México ante reportes de violencia institucional alcanza ya un volumen escandaloso. En junio de 2006, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) detectó y sistematizó arbitrariedades y abusos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México. Un año más tarde y con la situación agravada después de los crímenes contra el pueblo de Oaxaca, Amnistía Internacional aseguró en su informe (mayo 2007) que la situación de los derechos humanos en México es “decepcionante”. Sin embargo, no se puede hablar de acciones concretas tendientes a la procuración de justicia verdadera en los hechos de Atenco.Leer más...
Plan México, Iniciativa Mérida...
En franca caída en la aceptación de la gestión ante sus ciudadanos, con las dos Cámaras del Congreso dominadas por sus adversarios del Partido Demócrata, con el aislamiento internacional ante su resistencia a reconocer el deterioro ambiental, producto de la industrialización, y con el insólito alargamiento de la guerra en Irak y Afganistán, el presidente de Estados Unidos insiste en hacer del narcotráfico un asunto principalmente bélico y no un tema de salud pública y, por tanto, de prevención.
David Brooks, en sus espléndidos despachos (La Jornada del 23 de este mes y días subsecuentes) aporta varios datos a considerar. Destaca el referido a que el dinero solicitado al Congreso de ese país, destinado a la ayuda a México en el combate al narcotráfico, se encuentra dentro de la misma partida presupuestal que la destinada a las guerras de Irak y Afganistán. Probablemente, para que no fuera muy visible o cualquier otra razón esgrimida, haber incluido allí a nuestro país en esa bolsa fue muy mala idea, pues pareciera que con criterios muy peculiares se acepta que el nivel de conflictividad en las tres naciones es similar.Leer más...
La verdad acerca de Lockerbie
Luego de escribir sobre los “delirantes” que con regularidad se aparecen en conferencias para afirmar que el presidente Bush/la CIA/el Mossad/etc perpetraron los crímenes de lesa humanidad del 11 de septiembre de 2001, recibí una carta esta semana: de Marion Irving, quien teme que miembros de su familia pudieran estar en riesgo de convertirse en “delirantes” y en “voces que claman en el desierto”. Pero ni de lejos lo son.Leer más...
México SA
Españoles acaparan la generación eléctrica
Repsol multiplicó precios de distribución de gas natural Monterrey
Con rapidez envidiable, rara vez observada en otros asuntos, en menos de tres lustros el gobierno federal y sus gerentes en turno ha privatizado casi una tercera parte de la generación eléctrica en el país, mediante el otorgamiento de 671 “permisos” vigentes para tal fin, a razón promedio de uno por semana en el plazo referido.
Sin embargo, hay de “permisos” a “permisos”, porque de esos 671 otorgados, 22 (los concedidos desde 1997 a los llamados “productores independientes”, o PIE, a razón de 2.2 por año) concentran 54 por ciento de la capacidad en megavatios y el 60 por ciento en la generación en gigavatios, pero sólo implican 45 por ciento de la inversión, con un negocio garantizado por el gobierno a un plazo no menor a 25 años y, obvio es, con toda las facilidades para renovarlo.
Además, esos 22 permisos (que no corresponden a igual número de permisionarios, porque la mayoría de las aprobaciones se concentra en cinco trasnacionales, españolas tres de ellas) alegremente cuentan con visa de “traspaso” a un tercero con un simple trámite burocrático, a saber: solicitar autorización por escrito, acreditar la personalidad del cesionario y ¡listo!: el bien nacional cambia de manos, y a gozar, como en el reciente caso de Electricité de France (EDF) y Mitsubishi de México, que decidieron, mediante módico pago de mil 448 millones de dólares, “ceder” sus permisos en cinco centrales de ciclo combinado y, de postre, un gasoducto, a la trasnacional española Gas Natural SDG (cuyos accionistas mayoritarios son Repsol y la Caixa de Barcelona), lo que automáticamente la convierte en la segunda generadora privada de electricidad en México.Leer más...
Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno
Criminalizar la protesta social, el pan de cada día
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión
Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.
Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.
Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.Leer más---
También la del Ejército Mexicano: Martha Figueroa
En el caso Acteal se busca limpiar la imagen de Zedillo
“Fue un crimen de Estado, no sé por que reciclan noticias”
San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de octubre. Quienes tratan de “desvirtuar la realidad de la matanza de Acteal” lo hacen para “limpiar la imagen del ex presidente Ernesto Zedillo y al Ejército Mexicano, sobre el cual ha cimentado su poder Felipe Calderón”, afirmó la abogada Martha Figueroa Mier, quien tuteló a 28 niños huérfanos por aquellos hechos.
Agregó que el de Acteal “fue un crimen de Estado, pues existen muchos documentos que prueban que el Ejército, Zedillo; su secretario de Gobernación, Emilio Chuay-ffet, y el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro sabían lo que estaba pasando” en el municipio de Chenalhó antes de la matanza.
“No sé por qué ahora este reciclaje de las noticias, por qué volver a negar que les abrieron el vientre a las mujeres embarazadas; ahí están las autopsias y eso que estaban limpiadas, y aun así se habla de vientre expuesto, que tenían 11 puñaladas, embarazos, fetos”, recalcó. “¿Por qué ahora están tratando de ocular esto? ¿Por qué regresar a la versión de que fue un conflicto intracomunitario? Se están reciclando puestos políticos y está pendiente el juicio político contra Zedillo, Ruiz Ferro y Chuayffet, quienes son responsables.Leer más...
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