¿Y LA LANA DE LOS EXCEDENTES?

Petróleo, ¿y los excedentes?

jueves, 22 de marzo de 2007

Ricardo Monreal Avila Una forma de conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera es preguntar por el destino de los excedentes petroleros de los últimos cinco años. ¿Dónde quedó toda esta riqueza que es de la Nación, no del gobierno? El primer problema es saber con precisión el monto de estos recursos. El gobierno federal maneja las cifras con gran opacidad y discrecionalidad. Los números de Pemex no coinciden con los de Hacienda ni con las cifras de los países importadores de crudo mexicano. En 2003, en una ríspida reunión de la Conago con el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, recuerdo que un grupo de gobernadores le reclamamos información sobre los excedentes petroleros, que desde 2001, con los ataques terroristas a Estados Unidos y la posterior guerra en Medio Oriente, se habían disparado notablemente. "Los excedentes petroleros son un mito, no existen" fue la respuesta de Gil Díaz, ante el enojo de los presentes. Más tarde, tanto por la presión de los gobernadores como por los legisladores, se sabría que el monto de los excedentes de ese año habían sido de 12 mil millones de dólares, sólo que para Hacienda no existían, porque habrían sido asignados a resarcir la caída en la recaudación fiscal, la "merma" de Pemex en sus ventas de gasolinas (es decir, la pérdida o robo abierto en sus ductos) y, por supuesto, al pago anticipado de la deuda externa. Desde este punto de vista, por supuesto, hablar de "excedentes" no sólo era un mito, sino ante todo una intromisión indebida de los gobernadores en el manejo discrecional, autónomo y soberano que Hacienda y la Presidencia hacen de los recursos extraordinarios provenientes de la venta del crudo mexicano. Un cálculo conservador estima en 70 mil millones de dólares los excedentes petroleros entre 2001 y 2006. ¿Dónde fueron a dar? El grueso de ellos (60%) se destinó al gasto corriente del gobierno federal, que entre 2000 y 2006 se incrementó en 110%. Ampliación de la nómina gubernamental, sueldazos a los mandos altos y medios del gobierno, seguros de gastos médicos privados, bonos especiales y, de manera destacada, a tapar hoyos fiscales, es decir, cubrir los incumplimientos de Hacienda en materia de recaudación. Otro porcentaje importante, 20%, se habría destinado a ampliaciones extraordinarias del gasto en seguridad pública y al llamado "gasto social", que no obstante sus montos históricos, no lograron reducir ni la delincuencia ni la pobreza en el país. Otro tramo de esos excedentes (10%) habría ido al pago adelantado de la deuda externa, a fin de quedar bien con los acreedores externos, sin importar la deuda social interna con los mexicanos. En tanto que los recursos restantes se habrían destinado a tapar los hoyos fiscales que año con año genera el crecimiento de las pensiones, los pidiregas y los intereses del rescate bancario pero, también, a una situación cada vez más inocultable: el financiamiento de las elecciones más caras de nuestra historia, con el propósito abierto de imponer a un sucesor y reelegir a un grupo en el poder. ¿Pruebas? El disparo del gasto público directo a todo lo largo del año electoral del 2006, en rubros específicos y en regiones focalizadas, con criterios discrecionales y al margen de lo autorizado por el Congreso de la Unión. Por ejemplo, el gasto en publicidad de la Presidencia ascendió a 3 mil millones de pesos, tres veces arriba de lo autorizado. El programa Oportunidades, que según estudios del Banco Mundial y del consejo de investigadores de la propia Sedeso presenta un sesgo partidista y electoral en el 10% de su operación, recibió generosas ampliaciones en el primer semestre del 2006. Los Estados de Jalisco, Guanajuato y Yucatán, se vieron ampliamente favorecidos con inversiones directas y ampliaciones del Fonden (Fondo Nacional de Desastres), que se convirtió en la caja chica del "gobierno del cambio", dada la discrecionalidad y laxitud con que se manejan sus recursos. Curiosamente, en esas Entidades el candidato del PAN, Felipe Calderón, obtuvo ventajas de 3 a 5 veces sobre AMLO y Madrazo, convirtiéndose en factores determinantes para el resultado final. En el mismo sentido debe apuntarse el apoyo de 800 millones de pesos que a principios del 2006 la SEP transfirió al SNTE, por concepto de "construcción de vivienda magisterial", y que de acuerdo con denuncias reiteradas del exfuncionario magisterial disidente, Noé Rivera, en realidad se destinó a la promoción electoral del Partido Nueva Alianza (Panal) y a garantizar votos del magisterio a favor del mismo Felipe Calderón. En fin, como aconteció en el sexenio de José López Portillo, quien convocó a prepararnos "para administrar la abundancia petrolera", la riqueza petrolera se desperdició en el gasto corriente y, lo que es peor, se utilizó para pervertir la democracia, a fin de que tuvieran lugar las elecciones más caras de nuestra historia y, a la vez, las de más baja calidad democrática, hecho reconocido por el propio Tribunal Electoral. Una vez más, fuimos víctimas de lo que el periodista Thomas Friedman, tres veces ganador del premio Pulitzer, llama "la primera ley de la petropolítica" (Foreign Policy y El País, julio 2006), donde analiza el círculo vicioso que suele darse entre economía petrolizada y deterioro de las instituciones democráticas. "El precio del crudo y el ritmo de la libertad siempre se mueven en direcciones opuestas en Estados petroleros ricos en crudo. Cuanto más alto sea su precio medio global, más se erosionan la libertad de expresión, la de prensa, las elecciones libres y justas, la independencia del Poder Judicial y de los partidos políticos y el imperio de la ley". Por ello, el pasado 18 de marzo debimos conmemorar no el aniversario de la expropiación petrolera, sino un año más de nuestra petropolítica, sistema que expropió los excedentes petroleros de la Nación para ponerlos al servicio de un proyecto antidemocrático de poder; petropolítica que hizo de las remesas, el crudo y el narcotráfico los pilares de la política económica, al tiempo que condenó al campo, a las universidades y a las empresas públicas estratégicas al ostracismo; en fin, la misma "política de Estado" que sirvió para dividir al país, imponer un candidato en la Presidencia y dañar severamente a nuestra joven democracia.