VUELVEN POR SUS FUEROS Y PRIVILEGIOS.

Bernardo Barranco V.

La Constitución y los obispos mexicanos

Ante el gobierno de Felipe Calderón, el episcopado mexicano se prepara, bajo la presidencia de monseñor Carlos Aguiar Retes, para consolidar el posicionamiento político de la Iglesia católica con base en una nueva estrategia e intervención social.

En reveladora entrevista (Proceso, 1574), Aguiar Retes, quien preside la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) desde noviembre pasado, pone de manifiesto el diseño de una nueva estrategia tendiente a generar una segunda generación de reformas constitucionales que satisfagan las demandas eclesiásticas y una posición eclesial de privilegio que favorezca el despliegue de sus intereses.

En términos de contenido la jerarquía demanda la posesión de medios electrónicos, impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas y un conjunto diverso de intervenciones eclesiásticas en la sociedad englobadas bajo un concepto referencial denominado: "libertad religiosa". Para ello, la pretensión es reformar el artículo 24 introduciendo el concepto catolizado de libertad religiosa, esto es, ir aparentemente más allá de libertad en creer o no creer de un individuo a la libertad religiosa que abarcaría la capacidad de maniobra societal y de acción política de la propia institución religiosa, que en el dicho de Aguiar resalta lo siguiente: "Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución sólo garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa... que se modifique el artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de culto y de creencia. Queremos que ese concepto se amplíe por el de libertad religiosa, como estipula la ONU, y donde ya se abarca todo el derecho humano a la expresión, asociación, gestión y servicio de una fe". Seguramente el episcopado se sumará al clima de cambios y reformas a nuestra Constitución, insertando añejas aspiraciones que convienen ser revisadas y analizadas a fondo.

La aspiración de la jerarquía de instaurar una concepción clericalizada de libertad religiosa no es nueva; ésta busca garantizar y favorecer nuevas formas de intervención social tendientes a la formación de valores socialcristianos como enclaves dominantes.

En la misma entrevista, el reportero Rodrigo Vera registra estas nuevas formas de incursión, que son necesarias analizar; la novedad radica en que ya no será sólo a través del Ejecutivo, donde se realizará la interlocución, sino de las diferentes fuerzas políticas, Aguiar Retes destacó al Poder Legislativo: "Fundamentalmente ante los líderes de las bancadas. Hay que entrar en relación personal con ellos, porque muchos políticos piensan que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer". Gran parte del siglo XX la jerarquía católica se vinculó políticamente al sistema mediante el absolutismo presidencial.

El presidente de la CEM reconoce de facto la gravitación de otros poderes que van más allá del presidencialismo obsoleto. En otras palabras, hay una nueva apuesta que se estableció desde el Modus vivendi en 1930; ahora la relación entre el Estado y la Iglesia ya no pasan necesariamente por el poder presidencial, sino se traslada a los diferentes contrapesos y a otros actores políticos y sociales. La Iglesia de hecho ha ganado considerable terreno, sin necesidad de reformas, tanto en el ámbito de los medios de comunicación masivos, los empresarios, así como entre los organismos de la sociedad civil, en particular vía la creación de las instituciones de asistencia privada.

Pareciera decirnos Aguiar Retes que la relación Iglesia-Estado debe enmarcarse en una perspectiva más profunda y de mayor alcance, es decir, dentro de la relación entre la Iglesia y la sociedad. Sin embargo, existe el riesgo latente de una embestida al carácter laico del Estado. El ascenso y expansión de sectores de la ultraderecha y su preocupación obsesiva por la libertad religiosa, entendida como mayor margen de maniobra e incidencia del aparato eclesial católico. Por tanto, pareciera vigente, la tentación de dichos sectores de construir un orden social cristiano sin un sentido crítico del peso de la historia y de una memoria trágicamente desdibujada.

Desde el siglo XIX, la diferenciación institucional Iglesia-Estado pasó primero por la laicización del poder político y, posteriormente, por la secularización de la cultura política. La modernización liberal de la sociedad mexicana, por tanto, representó el fin de la sociedad clericalizada. La modernización del México rural, provinciano y religioso fue percibido por sectores católicos radicalizados como la conformación de una "contra iglesia", es decir, el intento de construir una sociedad culturalmente alterna, secular y potencialmente antirreligiosa.

A fines de siglo XIX y principios del XX, bajo la influencia de los novedosos aires del catolicismo social impulsados por el papa León XIII, la Iglesia pretendió constituir una "contra sociedad"; esto es, la confección de organizaciones sociales capilares con sello claramente confesional. Desde hospitales, orfanatos, asilos, mutuales, escuelas, cajas de ahorro, universidades, sindicatos, y hasta un partido político. Este montaje del dispositivo social cristiano adquirió peso e influencia social que fracasó al enfrentarse militarmente a los primeros gobiernos emanados de la revolución. La confrontación más dramática fue protagonizada por la guerra cristera.

La tentación de neocristiandad, es decir, regresar a una sociedad de pensamiento católico único ahí está latente en los ardientes corazones que añoran sociedades teocráticas. Por ello, la responsabilidad de Aguiar Retes es mayúscula. Deberá moverse con extrema cautela, asertividad y hasta discreción. Evitar, sobre todo, tropiezos como asistir y fotografiarse con la actual ODCA porque envía mensajes de envalentonamientos ideológicos y de innecesarias revanchas.