MEMORIA DE PASTA DE CONCHOS.

Memoria de Pasta de Conchos

domingo, 18 de febrero de 2007

Por Jesús González Schmal Este 19 de febrero se cumplirá un año del crimen industrial ocurrido en la mina Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. Entonces, 65 trabajadores quedaron sepultados en el túnel de la mina a 60 metros de profundidad. El siniestro pudo evitarse, no fue imprevisto; sus causas han resultado evidentes con tan sólo revisar los antecedentes en materia de higiene y seguridad, que reflejan el sentido ético de la responsabilidad de la empresa que, con la política de incremento de utilidades y reducción de costos, creó las condiciones para la tragedia. "Quien crea el riesgo crea las consecuencias", como lo establece el axioma jurídico en lo relativo a la responsabilidad civil. La Industrial Minera México (IMMSA) no puede decir que se trató simplemente de un accidente de trabajo; lo que ocurrió no fue fortuito, sino resultado de una política impuesta desde la alta administración en la que los ahorros, aun a expensas de la vida de los mineros, eran norma obligatoria. Pero si la responsabilidad de Grupo México es primaria, no lo es menos la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autoridad pública responsable de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y específicamente en materia de higiene y seguridad industrial. La comisión mixta que en cada centro fabril debe integrarse para aplicar y supervisar la observancia de las medidas de protección de riesgos en la ejecución del trabajo, sobre todo en las condiciones en las que se desempeñan las actividades mineras, no operaba en Pasta de Conchos. Ni la empresa, ni el sindicato ni el inspector de la delegación de la STPS cumplían con sus obligaciones. Los datos son elocuentes: la inspección rutinaria practicada en la mina el 12 de junio de 2004, en la que se advierten las más graves omisiones en las medidas obligatorias de seguridad por parte de la empresa, hubiera justificado, de acuerdo con la ley minera, el paro de labores en tanto no se cumpliera con las medidas y dispositivos que en el acta correspondiente se consignaban. No obstante, la mina siguió produciendo con la complacencia del sindicato, que debió haber exigido la protección a sus agremiados. Un año después, el 8 de julio de 2005, la STPS apenas se da cuenta que las condiciones de alto riesgo subsisten, no sólo las inicialmente conocidas sino muchas otras agravadas. La de la alta densidad de gas grisú, la falta de aplicación de polvo inerte para detener la propagación de incendios, el uso de equipo eléctrico sin protección de chispas, la insuficiente o nula capacitación de los trabajadores e infinidad de factores similares crearon las precondiciones para un hecho de la trascendencia conocida. Obvia decir que la secretaría ni detuvo la operación ni sancionó a la empresa. Su actitud condescendiente e irresponsable se comprobó cuando días antes de la explosión, el 7 de febrero, constató que la gran mayoría de las medidas con las que se emplazó a la empresa, no habían sido cumplidas. ¡Nadie puede extrañarse entonces de lo ocurrido! Pero por si fuera poco, otro agravio se agregó después, cuando el ex secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, se presentó en la boca de la mina horas después del siniestro. Su infantil actitud de mantener a las familias en la esperanza de que serían rescatados algunos mineros con vida, a sabiendas de que trabajadores experimentados e ingenieros le habían señalado que ya no era posible esperar nada a dos horas del suceso, hizo que el ambiente se crispara, porque incluso Salazar Sáenz se esforzaba por excluir a las autoridades estatales y al MP local de los operativos de atención a las familias de las víctimas, y de la investigación técnica y criminalística de lo ocurrido. Su desempeño fue tan desubicado que no se entendió hasta que, más tarde, se supo que había recibido órdenes de arriba para proteger a la empresa en la que había trabajado años atrás en San Luis Potosí y porque, además, sus dueños eran miembros prominentes del grupo Amigos de Fox. Hoy, a un año de distancia, se va descubriendo la verdad de esta forma de explotar las minas de carbón de concesión federal. La Procuraduría de Justicia del estado procederá a consignar a los responsables. La Comisión Pastoral Social de Saltillo, con don Raúl Vera, coadyuva en la atención de las familias y el reclamo de mejoras laborales impostergables, por el respeto de la dignidad humana de los mineros y de sus familias.