DEL PROCESO

KAMEL EN PROBLEMAS

El derrumbe
Juan Pablo Proal

Los intentos de Kamel Nacif por ocultar sus complicidades con Jean Succar Kuri y con el gobernador Mario Marín fracasaron al igual que su venganza contra la periodista Lydia Cacho. Ahora parece decidido a replegarse del mercado textil para no tener que responder por las constantes violaciones a los derechos laborales que se han denunciado en sus fábricas. Pero también, probablemente, esa retirada obedezca a que el FBI le sigue la pista...

PUEBLA, PUE.- El Rey de la Mezclilla dejó de serlo: en unos cuantos meses, Kamel Nacif Borge vendió las fábricas textiles que le quedaban en esta entidad, promovió el despido de los pocos obreros que aún trabajaban para él y ya planea concentrar su maquinaria en el estado de Tlaxcala.

Esta aparente decisión de Nacif de retirarse del rubro textil coincide con el inicio de una averiguación que acaba de emprender la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del gobierno estadunidense sobre las evidencias de que el empresario ha tratado de ocultar sus vínculos con Jean Succar Kuri, acusado en México y en Estados Unidos por violación, pornografía infantil y corrupción de menores.

Acorralado por el escándalo suscitado al filtrarse sus conversaciones telefónicas con Mario Marín Torres, en las que el empresario le agradecía al gobernador poblano su apoyo para “escarmentar” a la periodista Lydia Cacho, el pasado 19 de diciembre El Rey de la Mezclilla publicó un desplegado en la prensa nacional en el cual culpó a su exesposa Irma Benavides y a Xavier Olea, abogado de Lydia Cacho Ribeiro, de su fracaso en los negocios:

“(Mi exesposa) amenazó también con que el daño que me harían sería de proporciones tales que me garantizaban que nunca más nadie realizaría operaciones de negocios conmigo, e incluso me volverían a tomar una llamada. Hoy lo han cumplido”, se queja Nacif Borge.

Por sus últimos movimientos, parecería que Nacif Borge esta vez dice la verdad. El pasado 12 de enero, su empresa Spintex despidió a más de 300 obreros, la mayoría indígenas de la región de Los Altos, en Chiapas.

Días antes, una treintena de obreros maquiladores fueron corridos de la compañía Acabados y Cortes Textiles, asentada en Puebla y que Nacif vendió en marzo pasado, aunque se sospecha que todavía está vinculado a ella.

“Es un empresario que tiene una larga historia de violación sistemática de los derechos de sus trabajadores”, señala Benjamin Davis, representante del Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional, en referencia al sorpresivo cierre del corporativo Tarrant Apparel Group.

Es parte de los recientes movimientos financieros de Nacif Borge que a primera vista parecen inexplicables. Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, explica que en 2003 el citado complejo exportaba a diario hasta 50 mil pantalones de mezclilla.

En ese centro de trabajo, Nacif Borge maquilaba jeans para marcas como Levi Strauss, Gap, Guess y Tommy Hilfiger, entre otras. A raíz de que varias organizaciones no gubernamentales denunciaron abusos laborales en las fábricas del libanés, estas multinacionales exigieron que su maquilador se sometiera a una inspección, lo que derivó en el cierre del Tarrant Apparel Group.

Ello, agrega Barrios Hernández, “nos hace suponer que esa desaparición tiene que ver con otros manejos financieros para los cuales posiblemente Tarrant Apparel Group solamente era una fachada que servía no solamente para lavar pantalones... Ese tipo de contratos los quisieran muchos maquiladores en México, y él (Nacif) los pierde así, como si nada”.

Así, de emplear a casi 20 mil obreros en el país, actualmente Nacif Borge apenas si cuenta con unos 2 mil trabajadores en Puebla y Tlaxcala.

Blanca Velásquez Díaz, representante del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), organización que desde hace años apoya a víctimas del empresario en el aspecto laboral, considera probable que el empresario traslade su maquinaria de Chiapas y otros estados hacia Tlaxcala, en donde está AZT, maquiladora que presuntamente es de Kamel Nacif y que actualmente funciona al 75% de su capacidad.



Negocios que no tienen nombre



En los últimos meses, Kamel Nacif se ha dedicado a vender sus fábricas o por lo menos a deshacerse de ellas en el plano legal. Dicha estrategia le ha causado problemas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), confían fuentes de la dependencia.

Hace meses, por ejemplo, la delegación de la STPS culpó a Nacif Borge de adeudos laborales con trabajadores de Acabados y Cortes Textiles. Sin embargo, el 28 de marzo pasado los representantes del empresario presentaron el documento de la notaría del exgobernador poblano Melquiades Morales Flores que demuestra la venta del terreno de la fábrica a la sociedad mercantil Fisare.

La transacción reportó a Nacif la suma de 80 millones de pesos, según consta en la inscripción 850998 del Registro Público de la Propiedad. El terreno vendido se encuentra en la reserva ecológica Toltepec, en donde Fisare pretende construir 4 mil 500 viviendas de interés social, aun cuando ahí se conservan nueve de las 14 variedades de encino que existen en el país.

Otro dato inusual: el Registro Público de la Propiedad del estado no brinda información sobre las otras fábricas que pertenecieron o aún podrían ser propiedad de Kamel Nacif Borge, como AZT o KN de Oriente. Después de consultar en distintas fechas y oficinas, Proceso no tuvo acceso a estos documentos, porque “no aparecen en el sistema”, intentó justificar personal del gobierno de Mario Marín.

Las fuentes de la STPS aludidas confiaron que ya ninguna fábrica está a nombre de Nacif Borge, por lo cual es imposible actuar contra él por la ola de despidos o ante un escenario del cierre de sus factorías.

El propio Barrios Hernández reconoce que, en su labor como defensor obrero, jamás pudo actuar contra Nacif Borge por despidos injustificados, porque el empresario nunca aparece como dueño de las fábricas en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, el empresario visitaba periódicamente las instalaciones e incluso aterrizaba en su lujoso helicóptero para verificar el funcionamiento de sus negocios, como consta en numerosos testimonios de los obreros que asesoró Barrios.

“Nacif, en general, siempre ha operado sus plantas con prestanombres; siempre aparecían nombres libaneses, gringos o de personas anglosajonas como administradores únicos; él nunca aparecía directamente”, explica el defensor de los derechos laborales, quien fue perseguido por personas afines al empresario de origen libanés, quienes el año pasado lo llevaron a la cárcel bajo el cargo de extorsión, que resultó falso.

Como parte de la misma retirada aparente de la maquila textil, Nacif Borge suspendió la compra de más fábricas. Proceso documentó (número 1575) que obreros de la fábrica Río Blanco, de Veracruz, revelaron que El Rey de la Mezclilla tenía interés en adquirir su centro de trabajo. Sin embargo, la oferta quedó suspendida a raíz del escándalo por la filtración de sus conversaciones telefónicas.



Las fábricas, posible fachada



Benjamin Davis, representante del Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional, considera en entrevista que es posible que el controvertido hombre de negocios haya decidido abandonar el rubro textil:

“No sabemos específicamente cuáles fueron los motivos específicos de Nacif para haber cerrado sus negocios, como Spintex. Nos imaginamos que fue porque en la cuestión económica de las empresas legítimas, no le va bien, pero a la vez sabemos que siempre ha sido antisindicalista y ha buscado siempre negar a la gente sus prestaciones básicas.

“Esto ha sido comprobado en investigaciónes del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos”, agrega.

Detalla que continúan las consultas entre el Departamento de Trabajo estadunidense y las autoridades laborales mexicanas sobre dichas violaciones a los derechos de los trabajadores, pero aún no se ha dado informe alguno al respecto.

Por separado, Blanca Velásquez, representante del CAT –organización que en 2003 asesoró a mil 100 personas despedidas de una fábrica de Nacif Borge en la Sierra Negra–, recuerda que las violaciones laborales eran continuas e iban desde la explotación de menores de edad, hasta una presión ilegal sobre los obreros para que cumplieran las cuotas de producción. En cambio, Nacif Borge mantenía salarios raquíticos y durante dos años evadió el pago de prestaciones básicas, como el reparto de utilidades. En ese entonces, la producción del textilero todavía iba en ascenso.

En el libro Tehuacán: del calzón de manta a los blue jeans, coordinado por Martín Barrios Hernández y elaborado por la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán en colaboración con la Red de Solidaridad de la Maquila, se exhibe la influencia que llegaron a tener las empresas de Nacif Borge en el país.

En 2003, AZT Internacional producía pantalones para las trasnacionales Calvin Klein, Express, Gap y Tommy Hilfiger. Este consorcio, originario de Los Ángeles, actualmente es propiedad de Hubert Guez, uno de los empresarios que respaldó a Nacif Borge en su persecución contra Lydia Cacho Ribeiro, de acuerdo con las llamadas telefónicas que se filtraron a la prensa. Según el libro, AZT instaló fábricas en Puebla, Tlaxcala y Coahuila.

Más ambicioso resultó Tarrant Apparel Group, maquilador de Gap, Tommy Hilfiger y Express, que estableció al menos una docena de factorías en Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero. Pero el emporio cerró por la ya mencionada negativa de Nacif de aceptar un sindicato independiente en la empresa y dejar que las marcas internacionales inspeccionaran la situación económica y laboral del consorcio. Esa decisión le costó al empresario alrededor de 65 millones de dólares.

Y es que en 2003, los empleados que integraban la Coalición Constitucional de Obreros de Tarrant pugnaron por la creación de un sindicato independiente. En ese tiempo, alrededor de 7 mil personas oriundas de la zona trabajaban para Nacif Borge, con lo que lograba exportar hasta 50 mil prendas por día.

Barrios Hernández recuerda que por las fábricas deambulaban personas provenientes de Túnez, Costa Rica, Corea y el Líbano. Por ello, exclama, “¡no es posible que se dedicaran solamente a maquilar ropa!”.

Los defensores laborales no son los únicos que cuestionan la legalidad de los negocios de Nacif Borge. Es bien sabido que el empresario de origen libanés es considerado una de las “ballenas” (jugadores) más duras de Las Vegas. Incluso se ha manejado la posibilidad de que haya sido uno de los apostadores que construyeron el imponente Caesars Palace, y diarios como el Sun Herald han publicado versiones sobre la posible relación de Nacif con el narcotráfico.

Pero sin duda el indicio más fuerte de que Kamel Nacif tiene negocios distintos al textilero es que el FBI ya indaga las grabaciones que se difundieron en los medios de comunicación mexicanos el 14 de febrero de 2006, en las que se evidenciaron la relación de Nacif con Succar y el apoyo económico que le dio el empresario al presunto pederasta, confirmó en entrevista a Proceso la autora de Los demonios del Edén.

Si se toma en cuenta eso, no resulta extraño que el 22 de enero, en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, Nacif Borge haya cancelado el testimonio que rendiría a favor de su paisano Jean Succar Kuri, acusado de violación, pornografía infantil y abuso de menores

El país, al mejor postor
Daniel Lizárraga

Inviertan en México, inviertan en México, inviertan en México... El estribillo fue la tónica, la súplica en la primera gira por Europa del presidente Felipe Calderón. Con su país de Power Point en la computadora, el mandatario se desvivió invitando a los grandes dueños del dinero a que lo inviertan aquí, “la tierra de la gran promesa”... Esa tierra que –mientras él viajaba y le picaba la cresta a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Venezuela– protestaba por la carestía de los productos básicos y los fiascos alcistas de su gobierno.



DAVOS, SUIZA.– A un vertiginoso ritmo de trabajo –45 reuniones en siete días–, Felipe Calderón buscó afanosamente enganchar a México en los trenes del libre mercado mundial y en las economías abiertas.

En ese lapso, el mandatario dijo ante sus interlocutores que el país cuenta con una fuerza laboral juvenil creciente y abundante, con 11 mil kilómetros de litorales y 142 millones de hectáreas forestales, y les presumió incluso que somos el cuarto productor mundial de petróleo.

Aún no tenía dos meses en Los Pinos y Calderón ya estaba prometiendo a los ejecutivos y socios de los consorcios de Alemania, Suiza, Gran Bretaña y España un “plan maestro de infraestructura” para que inviertan en México en carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y puertos; en suma, en todo lo que permitan la Constitución y las leyes nacionales.

Para garantizar las inversiones, Calderón omitió mencionar las restricciones. Fiel a las reglas del libre mercado, se encargó personalmente de garantizar a los hombres de negocios “impuestos más simples y competitivos”, así como simplificar los trámites para establecer empresas.

De buen talante, el presidente repetía un estribillo en cada uno de los hoteles, recintos oficiales y auditorios que pisaba en su primera gira por Europa: “México no es la tierra prometida, sino la tierra del futuro”. También lo hizo en Davos, Suiza, durante su intervención en el Foro Económico Mundial 2007, que reúne cada año a más de 2 mil líderes empresariales, políticos, así como a jefes de Estado, académicos, representantes de la sociedad civil y personajes del mundo de la cultura y los espectáculos.

Y fue precisamente en ese foro donde Calderón recibió aplausos. Presentó la ponencia México, un país con futuro, en la que incluyó un apartado titulado “Plena aplicación de estado de derecho”; en éste puntualizó que, para dar certidumbre jurídica, su gobierno puso en marcha operativos militares para combatir el tráfico de drogas, extraditó a 15 narcotraficantes a Estados Unidos y, sobre todo, hará cumplir la ley.

En la sesión plenaria llamada Conversación con Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, enfatizó: “Y no he escatimado esfuerzos ni vamos a escatimar recursos públicos para hacer valer toda la fuerza del Estado para rescatar la seguridad de los mexicanos y de quien invierte, apuesta y cree en México. Por eso hemos puesto un hasta aquí al control que capos de la droga tenían en muchas cárceles del país y que eran demandados por la justicia americana”.

Antes, en Berlín, y acompañado de la canciller federal alemana Angela Merkel, marcó una frontera entre los derechos humanos y la estricta aplicación de la ley:

“(…) Seré además respetuoso de los derechos humanos, y todas las observaciones que se hagan a este respecto van a tener un puntual seguimiento e investigación, pero no debe confundirse la vigencia de los derechos humanos con la ausencia de la ley, o la incapacidad o la imposibilidad de que el Estado cumpla con su deber”.

Y así, mientras a grandes empresarios como Bill Gates les mostraba la mano dura de su gobierno, ante los dirigentes de las potencias europeas se presentó como el nuevo líder de América Latina, dispuesto a ser un contrapeso del modelo populista impulsado por el venezolano Hugo Chávez.



De nuevo, el recurso del miedo



Desde que aterrizó en medio de una nevada en el aeropuerto de Tegel de la capital alemana el 25 de enero, hasta que despegó del aeropuerto de Barajas, en Madrid, el 30 de enero, Calderón recurrió a la estrategia utilizada en su campaña electoral contra Andrés Manuel López Obrador, su principal adversario.

Cuando Calderón atacó a López Obrador, pintándolo como “un peligro para México” por su proclividad a los modelos económicos populistas, lo comparó precisamente con el mandatario venezolano.

Ahora, ya como presidente, Calderón intentó dar tranquilidad a los inversionistas en Davos, al criticar las políticas de nacionalizaciones y expropiaciones recientes en Venezuela y en Bolivia impulsadas por los presidentes Chávez y Evo Morales, respectivamente.

“Nuestro dilema no está entre izquierdas y derechas –dijo–. Tenemos que decidir si volvemos a la época de las nacionalizaciones o fortalecemos las democracias, que es el camino del futuro, o decidimos por medio de regímenes dictatoriales del pasado. O vamos a promover mercados cada vez más rápidos y cada vez más diversos, inversiones cada vez más globales, o vamos a volver a regímenes del pasado, a economías cerradas y centralmente planificadas, controladas por el gobierno a través de expropiaciones”.

Optimista, Calderón aderezó su discurso ante empresarios con pasajes bíblicos, en los que se comparó con el profeta Moisés. Durante la sesión plenaria titulada América Latina amplía sus horizontes, organizada también en Davos, expuso: “Después de dos o tres décadas de reformas la gente está cansada, porque la pobreza sigue ahí, porque se está deteriorando el medio ambiente. Eso me recuerda un poco el pasaje del éxodo de Moisés y su pueblo después de cruzar el Mar Rojo. Todavía estaban en el desierto, no habían visto nada de tierra prometida y estaban pensando seriamente si no sería mejor vivir otra vez bajo el yugo del faraón”.

Y, después de esa reflexión, volvió al discurso político. “Me parece que la discusión es decidir entre el pasado y el futuro. El problema es si apostamos por la democracia o vamos hacia atrás y permitimos que regresen a América Latina dictaduras personales vitalicias”, dijo durante el debate con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Inzulsa.

Sin embargo, esas críticas de Calderón contra los mandatarios que nacionalizan capitales extranjeros no son nuevas. Las ha repetido desde hace varios meses. El pasado 16 de enero, por ejemplo, en su visita a El Salvador el presidente advirtió: “Qué lástima que en otras partes del mundo se apliquen medidas que impliquen la pérdida de patrimonio y que se haya hecho de manera arbitraria”.

A pesar de los ataques de Calderón al mandatario venezolano, éste le respondió el 29 de enero, cuando lo llamó “caballerito” y le exigió respeto. El equipo calderonista, aún de gira por Europa, no se inmutó; por el contrario, parecía que estaba esperando esa reacción al grado de que, fuera de agenda, alquiló un pequeño salón en el hotel Dorchester –uno de los más caros del mundo– a fin de que el mandatario mexicano replicara al sudamericano, a quien comedidamente invitó a dialogar.

Ese día, por la mañana, poco antes de su breve alocución, Calderón vigiló personalmente la logística: pidió que el micrófono estuviera colocado a su altura; incluso les dijo a los técnicos que se pusiera una pequeña mampara con el escudo nacional en un lugar visible para las cámaras de televisión.

Fue tal el esmero que mostró que cuando se percató de que la grabación fue interrumpida durante unos segundos por el sonido de un celular, Calderón hizo una pausa y repitió los últimos dos párrafos, “para evitar el desconcierto”.



Geopolítica calderonista



En su presentación en Power Point, ofrecida en inglés en el seminario sobre Oportunidades de la inversión con la Confederación de Industrias Británicas y la UK Trade and Investment, Calderón aseguró que México está ubicado exactamente en el centro del mundo.

Y así lo demostró al presentar en una pantalla un mapa en el cual el territorio mexicano aparece, efectivamente, en el centro. En esta singular configuración geográfica, Norteamérica se ubicaba arriba, seguida de Centro y Sudamérica; sin embargo Asia quedaba a la izquierda, mientras Europa se localizaba a la derecha.

Calderón aseguró que dicho reordenamiento estaba plenamente justificado desde el punto de vista económico: “tenemos 11 mil kilómetros de costa con el Pacífico, y también con el Atlántico”, dijo. Por lo tanto, añadió, hay maneras fáciles de conectarse con las economías asiáticas emergentes, así como con Europa y Latinoamérica.

Y fue incisivo cuando pidió a los empresarios invertir en México: “Hay muchos productos británicos que pagan impuestos cuando se exportan a Estados Unidos; pero los productores establecidos en México no pagan esos impuestos y eso les permitiría tener una ventaja muy importante a ustedes”.

Y repitió el estribillo ante los inversionistas de la HSBC Holdings –el segundo grupo financiero más poderoso del mundo– y de la British American Tobbaco –la primera tabacalera en el ámbito internacional. Además, les habló de lo atractivo que sería llevar capitales a México, que cuenta con una rica biodiversidad.

“Tenemos desde desiertos, zonas tropicales, montañas, playas. México es un país impresionante, con mucho potencial desde el punto de vista de recursos naturales”, manifestó.

La vehemencia de sus discursos motivó elogios entre empresarios y los líderes políticos europeos, así como de la prensa de los países que visitó.

También, la tarde del 29 de enero en Londres, en perfecto inglés y vestido con un impecable traje azul, les dijo a los inversionistas que México tiene una población mayoritariamente joven. “Y se trata de un punto clave –expresó–. ¿Por qué? Las personas que trabajan en México, las personas activas, serán mayores que los jóvenes y las personas mayores combinadas. Esto significa que en México hay un gran potencial en las próximas dos décadas para reforzar el crecimiento”.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo: “México es el socio comercial más importante dentro de la Unión Europea para Alemania, y ahora México está entre las primeras 15 economías más importantes del mundo. México –repitió– se ha dedicado a la apertura económica y eso refleja la visión que tengo con América Latina”.

De manera similar se expresó el primer ministro británico, Anthony Blair: “Sin faltar al respeto de otros países, las políticas que el presidente Calderón está adoptando, las referentes al reforzamiento de la economía, el atraer inversiones y el asegurarse de mejores servicios a la población llevan a la prosperidad”.

Y también el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero: “México tiene el liderazgo en Iberoamérica para la construcción de esa integración de la región. Lo tiene por peso demográfico, por peso económico, por peso cultural y, sobre todo, por voluntad en torno a Iberoamérica. Y siempre España ha visto a México como la referencia del liderazgo para la construcción de Iberoamérica, y por supuesto que ese liderazgo va seguir en esta etapa con el presidente Calderón. Así lo reconocemos desde España y así trabajaremos conjuntamente con México”.

Y es que buena parte de esos respaldos los consiguió Calderón haciéndose pasar como el mandatario indicado para detener el avance del populismo, tal como lo hizo al derrotar a su principal adversario en los comicios presidenciales: Andrés Manuel López Obrador.

Ante los empresarios y jefes de Estado reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, Calderón advirtió que esa batalla –en contra de los regímenes del pasado– es la decisión que tuvo que tomar México el pasado 2 de julio en las elecciones.

Para tranquilizar a ejecutivos y dueños de las automotrices transnacionales en Alemania, destacó que aunque se trató de unos comicios muy cerrados, al final del camino México está en paz.

“El resultado fue una muestra de la solidez, de la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, aunque debo aclarar que yo gané por un margen de votos superior al de la señora Angela Merkel… es importante hacer esa aclaración”, comentó en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana.

Y, en otra rueda de prensa, ahora en Davos, le preguntaron si Luiz Inácio Lula da Silva podría convencerlo de no tener miedo a Hugo Chávez y a Evo Morales. Respondió: “Yo no tengo en lo absoluto miedo a ningún funcionario… pero el asunto es qué opinan los inversionistas respecto a los gobernantes de esos países”.

Y agregó: “Hablé con directivos de Siemens-Alemania, he hablado con directivos de Daimler-Chrysler (y ellos dijeron) que no sólo van a continuar las inversiones por varios cientos de millones de dólares que tienen en curso, sino que están pensando incrementarlas incluso.

“Y la verdad estoy muy contento. Tan sólo las empresas globales con las que me he reunido tienen proyectos para el primer trimestre del año de más de 4 mil millones de pesos y, desde luego, esto seguramente se incrementará a lo largo del año”.

Pero su propio secretario de Economía, Eduardo Sojo, lo desmintió horas después en Londres, cuando negó que esos 4 mil millones de pesos anunciados por Calderón como futuras inversiones fueran producto de esta gira. Y explicó que dicho monto fue acordado con directivos de empresas transnacionales que visitaron Los Pinos el pasado 18 de enero.



Entrometido



En su recorrido por Berlín, Londres y Madrid, Calderón tuvo que enfrentar los actos de protesta por su política de violación de los derechos humanos en Oaxaca y por el controvertido resultado electoral que finalmente le favoreció. Sin embargo, el presidente se mostró desdeñoso. Sólo hizo referencia a una de esas expresiones de repudio, en Berlín, cuando dijo que ni siquiera estuvo enterado del asunto. Iba acompañado por la canciller Merkel.

Una reportera de la agencia EFE hizo una pregunta sobre la cancelación de una reunión con industriales en la Casa de la Economía Alemana:

–¿Me gustaría saber si fue una decisión exagerada o estamos ante un Idomeneo?

–¿Un qué? –preguntó Calderón a la reportera, lazándole una dura mirada.

–Idomeneo... pero la pregunta va dirigida a la señora canciller –atajó.

–Pero yo también le voy a contestar. Nada más quiero saber qué es eso –insistió Calderón.

–Idomeneo fue una ópera de Mozart cancelada por miedo a la amenaza integrista –explicó rápidamente la reportera.

Antes de que la canciller contestara, Felipe Calderón negó que el evento hubiera sido cancelado. “Simplemente le informo a la canciller que mi programa se desarrolló ciertamente en un lugar distinto al originalmente previsto, ignoro por qué razones, pero me fue bastante bien”, añadió. Merkel permaneció callada.


Los jueces lo desmienten
Jorge Carrasco Araizaga

A los jueces que llevan procesos federales no les gustó cómo “vendió” Felipe Calderón en Alemania la extradición de 15 personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos. Con tal de aparecer como un paladín, dicen, el presidente tomó decisiones que aún no fundamenta jurídicamente y exageró los riesgos que corren los juzgadores.



Con las extradiciones como anzuelo, Felipe Calderón quiso cautivar a los inversionistas extranjeros; y lo intentó a costa del Poder Judicial de la Federación, del cual dijo en Alemania que está vulnerado por el dominio y voluntad de los jefes del narcotráfico.

Pero la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos sorprendió a los jueces que llevaban sus procesos. Hasta el pasado viernes 2 de febrero, dos semanas después de la extradición, varios juzgadores desconocían la resolución del Ejecutivo que permitió dicha entrega.

Y contrario a lo asegurado por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, de que se daría protección especial a los jueces que llevan casos de narcotráfico, los juzgadores señalan: “En el caso de las extradiciones a Estados Unidos nosotros no fuimos los villanos, nosotros no autorizamos la entrega, así que no requerimos de medidas especiales”.

Ante empresarios alemanes, con quienes se reunió en Berlín el 26 de enero pasado, al comienzo de su primera gira presidencial por Europa, Calderón presentó a los jueces federales y magistrados mexicanos como víctimas de “un problema endémico” derivado del narcotráfico.

No reparó en magnificar un asunto que si bien los afectados reconocen que existe, aseguran que no es de las proporciones con las cuales lo presentó. Y se remiten a los datos: sólo se han registrado dos atentados: uno en Sinaloa, donde en 2001 fueron asesinados dos magistrados, y otro el año pasado, cuando fue ejecutado un juez federal adscrito al penal del Altiplano, antes La Palma y Almoloya, en el Estado de México.

Más aún, entre jueces y abogados existen dudas sobre la legalidad con la que actuó el gobierno federal para permitir “la extradición en paquete” de 15 personas acusadas por Estados Unidos de delincuencia organizada, principalmente de narcotráfico, y que se concretó el viernes 19 de enero.

Una semana después Calderón se refirió por primera vez al tema. Lo hizo en la sede del Banco Alemán y ante empresarios de distintas empresas trasnacionales. Les aseguró que, “como ningún otro factor”, las extradiciones van a detonar nuevas posibilidades de inversión en México.

Las entregas de reos decididas por su gobierno, argumentó el presidente mexicano, se debieron al control que aún ejercían los jefes del narcotráfico. Y expuso que se trataba de “un problema endémico: los líderes, los capos de la droga en México, que estaban en prisión y que tenían el control todavía sobre sus cárteles… estaban amenazando a jueces, fiscales, empresarios, ciudadanos, desde la prisión; incluso, habían ejecutado a varios jueces mexicanos… (Por eso), tomamos la decisión de extraditar a 15 capos del narcotráfico que demandaba la justicia de Estados Unidos”.

Ese “argumento de venta” de Calderón en el extranjero no cayó bien entre jueces federales y abogados, quienes advierten que rechazarían la creación de jueces especializados en delincuencia organizada en caso de que el tema sea incluido en la reforma judicial que Calderón se comprometió a presentar el próximo mes, a más tardar.



Dudas sobre la legalidad



Los jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal que llevan asuntos de narcotráfico han manifestado desde hace tiempo su resistencia a la creación de juzgados especializados en la materia, e incluso a recibir mayor protección de la que ya tienen.

Uno de ellos, que llevaba el juicio de uno de los narcotraficantes extraditados por Calderón, asegura en entrevista: “La extradición fue más política que jurídica”, pues la manera en que se hizo abre muchas interrogantes. “En primer lugar –dice en sus oficinas dentro de un reclusorio capitalino–, es muy difícil que coincidan en un mismo tiempo 15 procesos penales de la misma materia, pues cada uno lleva su propio calendario”.

Las extradiciones, continúa, debieron ocurrir una vez agotado el proceso penal en cada caso. “En el juicio que yo llevaba ni siquiera fui notificado por parte del Ministerio Público Federal. No conocí la resolución del Ejecutivo que permitió la extradición”. Además es probable que en algunos casos hubiera amparos en trámite o en otros aun se estuviera en el desahogo de las pruebas, pero ante un hecho consumado los abogados de los extraditados ya no pueden hacer nada, asegura.

No es el único juzgador que se refiere a la anomalía. El juez primero de Distrito de Toluca, Mario Acevedo Cedillo, incluso emitió el 26 de enero un acuerdo para apercibir al Ejecutivo de que le informe sobre el paradero de dos de los extraditados, Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo, y su hermano Ismael, El Mayel, miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Aunque es público que fueron extraditados, el gobierno de Calderón no le había informado que los internos ya no estaban en el país, por lo que el juzgador no puede integrar el expediente, lo cual significa que para la justicia aún no hay constancia de las extradiciones.

Es común que cuando un reo es trasladado a otro penal del país los jueces pidan a sus colegas exhortos para que les sea informada la situación del reo. En este caso los procesados fueron entregados a la justicia estadunidense, pero el gobierno de Calderón no les ha informado a los jueces.

Si bien el Ejecutivo federal tiene la facultad de autorizar las extradiciones, hasta ahora en los juzgados consultados no hay un documento que las respalde; los jueces no conocen los motivos jurídicos de Calderón para entregar a los reos requeridos por Estados Unidos.

Rafael Heredia Rubio, coordinador de la comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, asegura que no hay suficiente información para saber si las extradiciones fueron legales. “Hay que ver en cada caso si se agotaron los juicios previos, si había amparos en trámite, si había resoluciones que ya habían causado estado o de plano si se les madrugó a los jueces”.

Llama la atención, añade, que se haya hecho “un paquete” de extraditados, pero ya no se puede hacer nada, pues es muy difícil que Estados Unidos los regrese, dice Heredia, quien fue consultor de la embajada de Estados Unidos cuando México y ese país negociaron el Tratado de Extradición en 1980.

Ante las dudas sobre el sustento legal de la entrega de los 15 reos mencionados, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados busca que comparezca nuevamente el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien estuvo ante los legisladores hace apenas dos semanas.

El referido juez penal federal adscrito a la capital de la República rechaza que sea necesario proteger a los jueces que llevan casos de delincuencia organizada, en particular de narcotráfico, como afirmó Medina Mora al comparecer en la Cámara de Diputados, el 23 de enero.

“El Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales, determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer la seguridad en los penales”, aseguró el procurador cuatro días después de las extradiciones.



Más riesgos que ventajas



En respuesta al planteamiento de Medina Mora, los jueces consultados aseguran que a pesar de haber autorizado extradiciones en otros momentos, no cuentan con protección especial. “No hay ánimo de preocupación. De mis colegas, nadie llega a trabajar con un gran aparato de seguridad”, dice el juez penal federal del Distrito Federal, quien también ha llevado casos de delincuencia organizada en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Cuando hay alguna afectación, añade, se llama al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo que administra y supervisa el trabajo de los juzgados y tribunales federales. El consejo actualmente está encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal, magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, asegura que entre ellos ni siquiera han discutido el aumento de la protección.

“El trabajo de jueces y magistrados lleva implícito el riesgo, pero como asociación el tema no ha sido tratado. Tal vez algunos compañeros en lo individual lo han llevado al Consejo de la Judicatura o al circuito al que pertenecen. Nosotros no tenemos noticia de esto ni se nos ha requerido para llevar el tema a otras instancias”, declaró vía telefónica el magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca.

Otro juez penal federal que llevaba juicios de algunos de los extraditados por Calderón es todavía más claro: “Pedir más protección es tanto como si nosotros fuéramos los villanos. Nosotros no los extraditamos; es más, ni siquiera vimos la resolución que respaldara esa acción. Fue el Ejecutivo el que los entregó”.

De acuerdo con la consejera del CJF, Elvia Díaz de León, hasta agosto de 2005 ese organismo tenía información de que “siete u ocho jueces y magistrados” habían sido amenazados por abogados de los delincuentes o por los mismos procesados. Justo un año después fue asesinado en Toluca el juez de Distrito René Nieto Contreras, responsable de numerosos casos relacionados con delincuencia organizada.

Desde entonces el CJF no ha informado oficialmente de más amenazas. Incluso en respuesta a lo señalado por Medina Mora en el Congreso sobre las medidas de seguridad de los jueces, señaló: “La protección a los magistrados y jueces es permanente, no coyuntural”.

En un comunicado emitido dos días después de la comparecencia del procurador, el organismo del Poder Judicial aseguró que a propósito de las extradiciones, “no ha recibido petición expresa por parte de algún juzgador para obtener protección o para solicitar licencia de portación de armas”.

Y aprovechó para reiterar su rechazo a que se establezcan los llamados “jueces sin rostro”, por tratarse de una clandestinidad que ha mostrado su ineficacia en otros países y va en contra de la transparencia en la administración de la justicia.

A pesar de esa definición del Poder Judicial, algunos juzgadores no descartan que el Ejecutivo insista, no tanto en la figura de los jueces sin rostro, como en la de los jueces especializados en delincuencia organizada.

Aseguran que la PGR ya está preparada con una subprocuraduría y agentes del Ministerios Público especializados en el tema. La Agencia Federal de Investigaciones y la nueva policía única que se proyecta también. Pero en el caso de los jueces consideran que sería muy peligroso, pues los asuntos se concentrarían en dos o tres jueces, que serían más vulnerables.

“Si el presidente está publicitando en el extranjero que los jueces estamos amenazados por el narcotráfico, es porque trae una propuesta bajo el brazo. Sólo esperamos que el Legislativo no apruebe la idea de los jueces especializados”, dijo el juez federal radicado en el Distrito Federal.

Se trata de uno de los 18 jueces de Distrito de la capital que desde 2004 rechazaron el intento del gobierno de Vicente Fox de crear juzgados especializados en delincuencia organizada.

En una posición conjunta poco común que plasmaron en un documento que no se hizo público pero al cual este semanario tuvo acceso, todos los jueces de Distrito dedicados a los asuntos penales federales en la capital del país expresaron la inconveniencia de la propuesta. Y la fundamentaron con cifras: “Los 18 juzgados de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en esta capital actualmente conocen de mil 150 asuntos en trámite, y de esos sólo 50 corresponden a delincuencia organizada”.

Eso se traduce, explicaron, en que cada juzgado tiene un promedio de 63 asuntos en trámite. De ellos, menos del 5%, es decir poco menos de tres son de delincuencia organizada.

Los jueces aportaron otros datos contundentes: entre 2002 y 2003 a cada juzgado de este tipo se le solicitó, en promedio, sólo una orden de cateo por delincuencia organizada cada ocho meses y una petición de arraigo cada dos meses. Las cifras, dicen los jueces, no han variado significativamente desde entonces.

“La problemática actual de la delincuencia organizada –dijeron en ese momento los jueces de Distrito–, al menos en los tribunales de esta ciudad capital, dista mucho de concentrarse en el narcotráfico.”

Establecieron también que los delitos contra la salud son mejor atendidos en esta ciudad por los 18 juzgados de Distrito de lo que pudieran serlo en dos o tres juzgados de delincuencia organizada. El número de juzgados no podría ser mayor debido a los pocos casos de delincuencia organizada que llegan a los juzgados en relación con otros delitos.

Concentrar esos asuntos, añadieron, automáticamente convertiría a los dos o tres titulares encargados de esos juzgados “en blanco específico e identificable de presiones y eventuales atentados, en lo personal, en su familia y en sus bienes. Por ende, se constituiría en un factor de tensión adicional que a cada momento comprometería la objetividad, imparcialidad e independencia con la que los juzgadores pudieran desempeñar su función”.

Sobre la figura de los jueces sin rostro, dijeron: lo único que se lograría sería generar un vínculo de dependencia respecto de los cuerpos encargados de brindarles seguridad. Y si ésta proviene de los cuerpos policiales que dependen del Poder Ejecutivo y coadyuvan con el Ministerio Público, “auténticamente se convertiría en un factor de sospecha constante para quienes fueran inculpados y (para) sus defensores”.

Los jueces desecharon esa figura por el fracaso que tuvo en Italia, Perú y Colombia, donde a pesar del anonimato muchos de los juzgadores encargados de los casos de narcotráfico fueron asesinados, pero también por ser contraria al Estado democrático. Los juzgados especializados en delincuencia organizada, en los que existieran “jueces sin rostro” –dijeron–, son propios de los Estados autoritarios, pues “se configuraría un régimen jurisdiccional de excepción, con el consecuente retroceso que implica volver a los tribunales de naturaleza inquisitorial”.


Milicia de reprobados
Jorge Carrasco Araizaga

El próximo 9 de febrero, los cadetes del Colegio Militar participarán en la conmemoración de la Marcha de la Lealtad y así le servirán al presidente Felipe Calderón para otra de sus escenificaciones con trasfondo militar. Información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional indica que, en efecto, en los alumnos seleccionados para ingresar al Ejército se valora su capacidad de sumisión por encima de su preparación académica.

En el Heroico Colegio Militar no están siempre los más aptos. Tener un alto nivel de conocimientos no garantiza el ingreso. Puede, incluso, ser un obstáculo. Muchos de quienes han sido o están siendo formados en esa escuela no se lo deben a su preparación académica, sino a su condición física y a su capacidad de obedecer.

Aprobar con las máximas calificaciones los exámenes de historia, matemáticas, español, geografía e inglés que se les hace a los aspirantes no siempre es bueno en este caso. Por el contrario, quienes tienen las más bajas puntuaciones, así sea de reprobados, aparecen con más altas probabilidades de ingresar a la escuela donde empieza la formación de quienes con el tiempo pueden llegar a ser parte de la élite del Ejército Mexicano.

Ni siquiera quienes ya tienen experiencia en el Ejército como sargentos primeros de tropa, que toman un curso especial para formarse académicamente, tienen asegurado su ingreso al Colegio Militar, si sus conocimientos están muy por arriba de la media de quienes aspiran a ser parte de esa fuerza armada.

Más importante, en todos los casos, es superar los exámenes médico, físico y psicológico, en los que además de cotejar la salud de los aspirantes se identifica a quienes –según varios especialistas– “tienen mayor capacidad de adaptación a la obediencia y sumisión”. Y en ese propósito, los conocimientos estorban. Lo que importa es la resistencia, incluso a los severos castigos que se propinan a los propios cadetes, no sólo por tradición, sino para “la formación del carácter militar”.

Los datos de quienes ingresaron en 2003 y en 2005 así lo demuestran. En el caso de los que ahora son cadetes del segundo año, de 600 que ingresaron en 2005 sólo 218 obtuvieron una calificación superior a seis en los cuatro exámenes de conocimiento. El resto, casi 64%, reprobó esos exámenes, pero fue aceptado incluso con calificación de cuatro.

Los resultados del sistema de evaluación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los que este semanario tuvo acceso, arrojan también que en la promoción que ingresó en 2003 y se graduó apenas el año pasado, de los 325 que ingresaron hubo 72 reprobados que apenas alcanzaron cinco de calificación.

El nuevo director del colegio, el general de brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) Francisco Tomás González Loaiza, quien acaba de llegar desde la Sección II –de inteligencia– del Estado Mayor de la Sedena, difícilmente irá contra esa práctica, a pesar de que recientemente se estableció el bachillerato como uno de los requisitos de ingreso, el cual, de acuerdo con la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es por concurso de oposición.

Con capacidad para 2 mil alumnos de primero, segundo y tercer año, el Heroico Colegio Militar celebrará el próximo viernes 9 de febrero, en presencia de Felipe Calderón –quien tendrá una nueva oportunidad para hacer patente su legitimidad presidencial a través del Ejército–, el aniversario número 94 de la Marcha de la Lealtad. La fecha recuerda a los cadetes que escoltaron al presidente Francisco I. Madero durante la sublevación militar encabezada por Félix Díaz contra su gobierno.

Es tradición que el secretario de la Defensa Nacional dirija un discurso de respaldo al presidente en turno. En la ceremonia destaca la presencia de cadetes del Colegio Militar. Entre ellos habrá, de acuerdo con los datos oficiales de la Sedena, quienes en su formación de oficiales no sean los más preparados académicamente.



Calificaciones irrelevantes



La promoción 2005 refleja con claridad que quienes tienen las más bajas calificaciones cuentan con más oportunidades de ser futuros oficiales y mandos del Ejército Mexicano.

Un extenso documento fechado el 13 de agosto de 2005, que tiene la leyenda “Secretaría de la Defensa Nacional E.M.D.N. (Estado Mayor de la Defensa Nacional). Sistema de Evaluación. Promociones”, presenta el listado de resultados de admisión a planteles del Ejército.

Está dividido en el “personal que ingresa” y el “personal que no ingresa”, tanto al curso regular del colegio como a los de las diferentes especialidades para quienes ya forman parte de la principal fuerza armada del país como soldados, cabos o sargentos primeros.

Después se señalan los resultados de los exámenes de matemáticas, geografía, historia, inglés y español. En seguida, sólo se dice si fueron declarados o no aptos en los exámenes médicos, físicos y psicológicos. Al final, el lugar y la calificación de cada uno de los aspirantes.

En esa generación fueron aceptados 600 alumnos, pero sólo 218 aprobaron los exámenes. El ingreso mejor evaluado aparece con una calificación de 84 puntos de un total de 100. Pero sólo seis de los aceptados aparecen con una calificación de 80. En el rango de entre 70 y 79 puntos figuran 58 alumnos. El grueso de los aprobados –154– obtuvo entre 60 y 69 puntos.

La mayoría de los que ese año se convirtieron en cadetes reprobaron las evaluaciones de conocimiento. En total 382 alumnos fueron aceptados con una calificación que osciló entre los 59 y los 47 puntos.

Entre aprobados y reprobados para el curso regular hay soldados, cabos y sargentos primeros. En el caso de los postulantes para los cursos del Colegio Militar para la formación de oficiales en las distintas armas del Ejército, la discriminación es menos evidente, pero se mantiene. Por ejemplo, el curso para oficial de infantería, policía militar y fusilero paracaidista, en la promoción de 2005 sólo 13 fueron admitidos, a pesar de que 38 aprobaron los exámenes.

Sin que se aplicara ningún criterio de los expresamente señalados en la convocatoria –la próxima se hará en abril–, esos militares fueron excluidos, a pesar de que obtuvieron entre 78 y 95 puntos. Entre los aceptados, la calificación fue de entre 95 y 99 puntos, además de tres que fueron declarados exentos.

Para el curso de caballería fueron aceptados tres sargentos primeros de esa arma. El primero obtuvo 85 puntos, el segundo, 69 y el tercero reprobó con 59 puntos. Éste fue admitido a pesar de que otros dos sargentos sólo estuvieron a cinco décimas de él, también con calificación reprobatoria.

En el curso de arma blindada sólo ingresaron tres sargentos, con 99, 98 y 97 puntos cada uno. Hubo otros 18 que sí pasaron los exámenes, incluso varios con calificaciones de entre 90 y 97. A pesar de ello quedaron excluidos.

En artillería sólo ingresaron tres, aunque 10 más pasaron el examen. En este caso, los tres primeros lugares fueron los admitidos. El mismo caso fue para el curso de zapadores o ingenieros de combate, al que sólo entraron los tres promedios más altos.

En la promoción que ingresó en 2003 y egresó en 2006, la situación fue similar. La lista oficial de aceptados, con fecha del 18 de agosto de 2003 y con la misma leyenda de identificación que la anterior, revela también la exclusión de la mayoría de los promedios más altos y la aceptación de un gran número de reprobados.

De acuerdo con esa información, ese año ingresaron 325 alumnos al curso regular. Se les aplicaron exámenes de historia, matemáticas, español y geografía. De ellos, 253 los pasaron y 72 reprobaron. De los aprobados, sólo uno aparece con 91 puntos; 12 con 80; 63 con 70 y, como en la promoción 2005, la mayor parte de los admitidos –177– apenas obtuvo 60 de calificación.

En los cursos especializados la situación fue menos excluyente. Para el arma de infantería, policía militar y fusilero paracaidista fueron aceptados 13 –tres de ellos exentos– con una calificación entre 94 y 98 puntos. Casi un centenar fueron rechazados, a pesar de que hubo quienes obtuvieron calificaciones superiores a 90 puntos.

En los cursos de caballería, arma blin-dada, artillería y zapadores el patrón fue el de admitir sólo a los promedios más altos, con la exclusión de algunos que obtuvieron calificaciones similares a los beneficiados.



Sólo obediencia



Esa política de admisión no es nueva. El general José Francisco Gallardo, quien fue jefe de la Comisión de Admisión en el Colegio Militar entre 1979 y 1981, asegura que el nivel de conocimientos no es el principal criterio de selección.

Como jefe de esa comisión, Gallardo estuvo bajo las órdenes de dos directores del Colegio Militar, fundado en 1823. El primero de ellos fue el general Absalón Castellanos Domínguez, quien entre 1976 y 1980 estuvo al frente del que es el colegio militar más antiguo del continente americano después del de West Point. Al general Castellanos Domínguez, quien durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue gobernador de Chiapas, le sucedió, de 1980 a 1982, el general Enrique Cervantes Aguirre.

Gallardo cuenta que Cervantes Aguirre, quien en el gobierno de Ernesto Zedillo fue el secretario de la Defensa Nacional, tenía una política simple de admisión: en cada promoción revisaba la lista, ubicaba a quienes habían obtenido entre ocho y 10 de calificación en los exámenes y trazaba una línea. “De aquí para abajo entran. Hasta los que tengan entre cuatro y cinco”, decía Cervantes, según refiere Gallardo.

Encarcelado por el Ejército durante ocho años tras proponer la creación de un ombudsman militar, Gallardo asegura que el objetivo de esa práctica es evitar el ingreso de personas críticas, pues se piensa que quienes tienen las más altas calificaciones están en mejores condiciones de analizar y cuestionar las órdenes. Incluso, dice, es más fácil que entren hijos o familiares de militares, pues ya están formados en la disciplina castrense.

Gallardo, quien el año pasado obtuvo la maestría en administración pública con una tesis en la que defiende su planteamiento sobre la necesidad de un defensor de los derechos del militar, sostiene que el propósito fundamental del colegio es lograr una incuestionable subordinación a la autoridad.

Gallardo –quien para el Ejército dejó de ser militar como consecuencia del proceso penal al que fue sometido– remite al investigador estadunidense Roderic Ai Camp, quien durante más de dos décadas se ha dedicado a la investigación de las Fuerzas Armadas en México.

En su publicación más reciente, Los militares mexicanos en el escenario democrático, Ai Camp dedica un capítulo a la educación de los oficiales mexicanos, en particular los egresados del Colegio Militar. El investigador cita testimonios de egresados de esa escuela, quienes aseguran que el objetivo más importante de la institución “es producir oficiales sin pensamiento, que sólo obedezcan a la autoridad”.

En cambio, para el general retirado Luis Garfias Magaña, crítico de muchas prácticas dentro del Ejército, el propósito e importancia del Colegio Militar ha sido la de formar a los generales que han tenido el mando de la principal fuerza del país, salvo en los paréntesis de las guerras internas de los siglos XIX y XX, durante las cuales fue cerrado.



Violencia “formativa”



Como muchos militares, Garfias Magaña defiende también la existencia de “la potreada” –con la que se recibe a “los potros” o cadetes de nuevo ingreso– dentro del Colegio Militar, como “una práctica tradicional que forma el carácter del militar”.

Entre los militares que se han dado de baja o desertado del Ejército por lo que consideran como abusos de los mandos, también hay quienes condescienden con esa práctica. Uno de ellos, que tuvo que salir del Ejército a causa de una golpiza que recibió ya como oficial, da su testimonio a Proceso a cambio del anonimato:

“No tengo nada contra el Ejército. Al

contrario, lo quiero, y más al Heroico Colegio Militar, en donde pasé tres años de mi juventud. Y cómo no lo voy a querer después de aquellas pócimas que recibíamos mis compañeros y yo, o de vivir experiencias como esas en las que nos levantaban a las dos o tres de la mañana para hacer ejercicios físicos en exceso, o tomar más de 10 litros de agua en unos cuantos segundos y que después nos hacían vomitar de un golpe en la boca del estómago.

“Nunca olvidaré aquellas veces que me paraban de cabeza en las tazas de los baños y bajaban la palanca. El agua entraba por mi nariz y salía por mi boca. Se siente horrible, y más cuando la taza estaba sucia con excremento, ya sea porque estaba tapada o no funcionaba el desagüe.

“Hubo veces que me desmayaron a golpes los cadetes de segundo o tercer año. Todo esto, según ellos, para sacar el coraje que llevamos dentro. Soporté eso por tres años, sin ganar nada. Y no me arrepiento. Todo lo contrario.”

Gallardo da otra lectura de lo que

ocurre dentro del Colegio Militar: “Cuando ingresé, como parte de la ‘potreada’, al igual que mis compañeros de promoción recibí golpes y malos tratos con exceso hasta la tortura, pues se considera que los potros no merecen ni el aire que respiran”.

Añade: “Ya sea por gusto o por mantener la costumbre, piden ‘pañuelo blanco’, que no es otra cosa que dinero o cosas. Si no se tiene, entonces el castigo se cambia por tormentos. Por ejemplo, a los zapatos les ponen plastas de grasa para lustrar calzado y luego les prenden fuego para quemar los pies”.

Asegura que los tratos incluyen golpes con tablas o sables en los muslos o las nalgas, baños con agua fría en la madrugada, encierro en un gabinete al que se le prende fuego o agujas clavadas en las uñas. También, golpes en el estómago después de comer o hacer tragar un botón atado a un hilo que después se jala, o lanzar al recién ingresado a una alberca desde un trampolín y con los ojos vendados. Ese tipo de prácticas, asegura, son tan variadas como se les ocurra, pero todas degradantes.

El general retirado Luis Garfias dice que sí se han producido muertes en esas “novatadas”. Han sido casos excepcionales y siempre se castigan, pero hace tiempo que no ocurren, afirma.

Dedicado a la inteligencia militar en los últimos años y formado por el Pentágono en Fort Bragg, en Carolina del Norte, para hacer frente a conflictos de baja intensidad, el general de brigada DEM González Loaiza será el responsable de formar a los cuadros que asumirán el mando del Ejército Mexicano en los próximos años y quienes por ahora, en un número importante, no se han destacado por sus altos conocimientos.


LOS DESPLUMADEROS DE CREEL, BOYANTES GRACIAS A LA SUPREMA CORTA:

Autorizados a desplumar
Jenaro Villamil y Juan Pablo Proal

Alrededor del negocio de las apuestas se están formando grupos empresariales y mediáticos cercanos al PRI y al PAN, los cuales, con la autorización de la Suprema Corte, muy pronto extenderán sus tentáculos en internet, televisión y vía telefónica. Con esa fuerza, presionarán para instalar casinos, ahora sí, libres de trabas constitucionales.

Antes de que el secretario de Gobernación del foxismo, Santiago Creel, otorgara de golpe 198 permisos a siete corporativos nuevos, el negocio del juego era controlado casi exclusivamente por 13 compañías, la mayoría vinculadas a algún político del PRI, en especial al poderoso clan de Jorge Hank Rhon, propietario del Grupo Caliente.

Para distintos observadores, la aprobación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, expedido por el gobierno de Vicente Fox en septiembre de 2004, representa la antesala para la proliferación del juego a través de internet, tal como lo publicitan ahora las páginas del Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon, y las de Bwin México, propiedad de Raúl Quintana Fernández, expresidente de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol y exfuncionario de Televisa.

Los recursos que mueven las apuestas podrán alcanzar hasta el 3.5% del Producto Interno Bruto, según estimaciones de la correduría Merrill Lynch. Tan sólo para este año, el valor estimado del nuevo negocio, sólo en el caso de Televisa, puede ubicarse en los 2 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con la misma consultoría.

Merrill Lynch calcula que en 2007 Televisa tendrá un total de 12 salones de bingo con un promedio de 200 máquinas de juego intensivo por cada establecimiento, y en el 2013 completará los 130 permisos que le otorgó Creel. “Al usar su poder en el mercado publicitario, alcanzará el 25% del mercado de lotería en el primer año de operación”, pronosticó.

En su análisis bursátil, la firma precisó que tan sólo las inversiones del nuevo proyecto sumarán 42 millones de dólares, mientras que el pago de impuestos que la empresa realizará al gobierno como contraprestación de los permisos será equivalente a 14 millones de dólares.

Los reportes disponibles de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación dan una idea también del nivel de ganancias de los permisionarios de los centros de apuestas en México.

Tan sólo en el primer trimestre de 2005, la Administradora Mexicana de Hipódromo, que opera actualmente 41 casas de apuestas remotas (CAR) y 41 salas de sorteos de números (SSN), reportó ingresos por 443 millones 724 mil 750 pesos. Su utilidad bruta, descontando costos, depreciación y amortización, fue de 98 millones 714 mil 787 pesos.

Este grupo, cuyos accionistas actuales son CIE y Servicios Administrativos del Hipódromo S.A. de C.V., es el segundo grupo más importante después de Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon.

En la correspondiente acta constitutiva que está en el Registro Público de la Propiedad aparecen como miembros del Consejo de Administración: Luis Alejandro Soberón Kuri, presidente; Eduardo Pérez Vázquez, secretario; y entre los vocales están Federico González Compeán, hijo del exsecretario de Educación Pública Miguel González Avelar, Roberto Diez de Sollano y Alejandra Soules Esponda.



La república priista del juego



Militantes o simpatizantes del tricolor tenían repartida la república a través de más de 215 permisos para operar CAR y SSN. De estos primeros permisos, operan actualmente 137 CAR o books y 86 SSN o bingos, según la información de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Más de la mitad de estos centros son propiedad del alcalde priista de Tijuana, Jorge Hank Rohn. El hijo del político Carlos Hank González posee 80 CAR y 43 SSN en operación, pertenecientes a ocho compañías distintas que operan como sus franquicias: Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Grupo Océano Haman, Hipódromo de Agua Caliente, Impulsora Géminis, Libros Foráneos, Operadora Cantabria, Operadora de Apuestas Caliente y Operadora de Espectáculos Deportivos.

Casi todos los permisos de estas compañías le fueron otorgados a Hank Rhon entre 1992 y 1994, con una vigencia de 25 años. La mayoría vencen entre 2016 y 2018, si es que antes otro gobierno no decide renovar este millonario negocio.

Estudios de consultoras y de la Asociación Mexicana de Valores estima que las ganancias que deja el juego intensivo a través de los centros de apuestas ascienden a mil 500 millones de pesos al año, de los cuales Hank Rhon tendría hasta el 57%.

El “secreto” de Hank Rhon para controlar los permisos, antes de 2004, radicó en su desdoblamiento a través de distintas denominaciones como accionista. En las ocho compañías, su nombre aparece al frente de Grupo Caliente, de Turística Akalli, de Libros Foráneos o de Jomarharho S.A. de C.V. Administra el hipódromo de Tijuana y los galgódromos de Culiacán, Estado de México, Monterrey y también el de Tijuana.

Los otros “competidores” de Hank Rhon eran priistas, entre ellos José María Guardia López, propietario de Cesta Punta Deportes, que posee tres CAR. Conocido como el “zar del juego” en Ciudad Juárez, Guardia López tiene como socios actuales a Jesús Quintana López, Ángel Demerutis Elizarrarás, así como las tres hijas y la esposa de Guardia.

Guardia estuvo vinculado a Hardrick Crawford Jr., ex jefe de la oficina estadunidense del FBI en El Paso. Recientemente, Crawford fue condenado a seis meses de prisión y tres años de libertad condicional bajo vigilancia por el delito de falsedad de declaraciones.

El exprocurador general mexicano Jorge Carpizo acusó a Guardia López de “lavar” dinero del narcotráfico mediante la construcción de templos católicos como la parroquia Mártires Mexicanos, Nuestra Señora del Refugio o Nuestra Señora de la Expectación, así como la Casa del Migrante de Juárez, construida presuntamente en colaboración con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, exobispo de Ciudad Juárez.

Otro centro de apuestas que floreció durante la hegemonía priista fue Atracciones y Emociones Vallarta. Se constituyó el 17 de marzo de 1992 para operar un hipódromo-galgódromo y cuatro centros de apuestas remotas. Entre sus accionistas originales estuvo Ricardo Enaine Mezher, empresario vinculado al PRI poblano y actual vicepresidente de Operadora Estatal de Aeropuertos de puebla. Mantuvo relación en varios negocios con el magnate Carlos Peralta.

Posteriormente, las acciones de esta empresa las compró Rodrigo Aguirre Vizzuet, hijo del exregente capitalino Ramón Aguirre Velázquez, de amplia trayectoria priista.

Otro consorcio, Divertimex, obtuvo en octubre de 1991 el permiso para operar el galgódromo de Hermosillo y siete centros de apuestas remotas. Su principal accionista es Faustino Islas Ponce, exsecretario de Ganadería del estado de Sonora durante el gobierno de Manlio Fabio Beltrones (1991-1997), actual coordinador de los senadores del PRI.

Dos compañías que tienen sus permisos revocados son Espectáculos Deportivos Cancún, administrador del frontón de Cancún y de cuatro centros de apuestas, y Espectáculos Deportivos de Occidente, que tuvo el frontón de Guadalajara y cuatro centros de apuestas.

Como principal accionista de Espectáculos Deportivos Cancún aparece aún Francisco Escofet Artigas, hermano de Alberto Escofet Artigas, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad y subsecretario de Minas durante el lopezportillismo.

Los intereses del polémico empresario textilero de Puebla, Kamel Nacif, también aparecen en la red de priistas y panistas interesados en los centros de apuestas y, especialmente, en la promoción de los casinos.

En septiembre del año pasado, al difundirse la conversación telefónica entre Nacif y el entonces senador Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de los diputados priistas, reveló un intento abortado por impulsar una iniciativa del PRI, presentada por el diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, para reformar los hipódromos.

“–Vamos a sacar la reforma del hipódromo, ya no del juego –le anticipó Gamboa Patrón a Kamel.

“–No, no la chingues –le respondió el empresario de origen libanés.

“–Entonces lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas –reviró Gamboa.

“–Dale pa’tras papá.”

Fuentes vinculadas a Gamboa Patrón confiaron que la negativa de Nacif Borge se debía a su interés en incursionar en el negocio de los casinos, sin competencia alguna, ante el repentino cierre de sus fábricas maquiladoras de mezclilla.

Finalmente, la operación de máquinas tragamonedas y juegos de naipes fue aprobada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, junto con las ruletas y los “loterías instantáneas”.



Juegos del foxismo

Los casi 200 permisos entregados por Santiago Creel días antes de dejar la Secretaría de Gobernación prácticamente duplicaron los que existían antes y estaban controlados por empresarios afines al PRI.

En este caso, casi todos esos grupos y empresarios están relacionados con medios de comunicación ampliamente beneficiados durante el foxismo:

–Apuestas Internacionales, de Televisa, tiene un total de 130 permisos, 65 para books e igual número para bingos. Hasta ahora tiene 10 en operación, cinco en cada modalidad. El director general de Apuestas Internacionales es Rafael Villasante Guzmán. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, la empresa pagó entre enero y noviembre de 2006 un total de 3 millones 22 mil pesos en “participaciones” a la Dirección General de Juegos y Sorteos.

–Promojuegos de México obtuvo 20 permisos para 10 books y 10 bingos, de las cuales opera actualmente dos de cada uno. Su primer centro de apuestas fue abierto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su director general es Raúl Quintana Fernández, representante del Grupo Pegaso, que preside Alejandro Burillo Azcárraga. Este mismo empresario lo impuso como presidente del Club América, propiedad de Televisa, así como de los freseros del Irapuato y los Tiburones Rojos del Veracruz.

De acuerdo con la organización Di No a los Casinos, entre los accionistas de Femalamex y Complejos Turísticos Huatulco, permisionarios de Promojuegos, están Pablo Cortina, Juan Diez Canedo y Arturo David Ortigosa.

–Eventos Festivos de México obtuvo permisos para 20 salas de sorteos de números y opera actualmente dos. Entre los accionistas aparecen José Luis Alberdi González, socio del empresario hotelero, radiofónico y dueño de Excélsior y el Grupo Ángeles, Olegario Vázquez Raña. Amigo de la pareja expresidencial, Vázquez Raña también adquirió la señal del Canal 28 de televisión. Para los centros de apuestas se asoció con el español José Collazo Mato, presidente del Grupo Comar y uno de los principales operadores de casinos en el mundo.

–Juega y Juega obtuvo 36 permisos para operar 18 bingos e igual número de books. Actualmente están en operación tres en Nuevo Laredo, Ciudad Madero, en Tamaulipas, y uno en el Hotel Moon Palace de Cancún. Sus socios son Juan Eduardo Mounetou Pérez y Carlos Enrique Abraham Mafud. Este último es socio de la repetidora de TV Azteca en Yucatán. El exdiputado federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza señaló a ambos empresarios como amigos y posibles prestanombres de Manuel Bibriesca Sahagún.

–Entretenimiento de México no opera ninguno de los 30 centros de apuestas remotas y 30 salas de sorteos de números que le aprobó Creel, además del hipódromo-galgódromo en Tamaulipas. Entre los accionistas aparecen dos personajes con antecedentes penales: Arturo Rojas Cardona y Jesús Héctor Gutiérrez Cortés. En marzo de 2006, el gobierno panista de Naucalpan sólo clausuró 24 horas el centro de apuestas Palmas, de los hermanos Rojas Cardona, que operaba irregularmente. Ellos mismos operaron otro centro de apuestas en el municipio regiomontano de San Nicolás de los Garza, también gobernado por el PAN. En ambos casos carecían de permisos para operar máquinas electrónicas que realizaban juegos de azar.

–Promociones e Inversiones de Guerrero recibió autorización para 58 books y 58 bingos, así como para operar el jai alai de Acapulco. Actualmente opera éste y un centro de apuestas en la costera Miguel Alemán. Sus accionistas, Carlos y Joaquín Riva Palacio Magaña, son hijos del exdirector del ISSSTE durante el sexenio de López Portillo, Carlos Riva Palacio. Se asociaron con GEM Global Yields Fund, operadora de casinos.

–Por último, Mio Games, de Jorge Alberto Fernández Rodríguez y María del Carmen Álvarez Calderón, recibió autorización para dos salas de sorteos de números y opera una en la colonia Doctores del Distrito Federal.


Europa: colaboración vergonzante
Marco Appel

BRUSELAS.- La Comisión Temporal del Parlamento Europeo que investigó los vuelos y las detenciones ilegales de la CIA en Europa no tuvo una tarea fácil. El motivo: varios gobiernos y líderes políticos se rehusaron a colaborar y, en algunos casos, recurrieron al engaño para ocultar documentos oficiales.

Dicha Comisión, señala su informe final, realizó “no menos de 130 audiencias”. Recibió y tuvo acceso a documentos confidenciales de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) y del gobierno alemán, “además de otras fuentes”; así mismo envió delegaciones de investigación a la antigua república yugoslava de Macedonia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Rumania, Polonia y Portugal.

La Comisión incluso contactó con “antiguos agentes de la CIA” que estuvieron dispuestos a colaborar, “en particular durante una serie de reuniones confidenciales en las cuales confirmaron que el programa de ‘entregas extraordinarias’ había comenzado en los años noventa”.

Sin embargo, la Comisión denuncia “la extrema reticencia de la casi totalidad de Estados miembros (de la Unión Europea), así como del Consejo de la UE para cooperar plenamente”. Lamenta, por ejemplo, que el mencionado Consejo (que representa a los 27 gobiernos socios de la UE en Bruselas) y su presidencia (que ostentaron Austria y Finlandia durante los trabajos de la comisión el año pasado), “no hayan cumplido con su obligación de mantener plenamente informado al Parlamento Europeo”.

El reporte destaca que el Consejo ocultó información acerca de los intercambios de opinión que había sostenido con altos funcionarios del gobierno estadunidense con respecto al tema, y que sólo después, a solicitud del Parlamento Europeo, facilitó versiones parciales, “amparándose en el deseo expreso de un Estado miembro de que no se divulgara el acta exhaustiva de dichas reuniones, según se refleja en los documentos de uso exclusivamente interno de dicha institución de la Unión”.

Carlos Coelho, el presidente de la Comisión Temporal, detalló en una rueda de prensa: “Cuando pedimos al Consejo los registros de las reuniones de sus grupos de trabajo sobre Derecho Público Internacional y sobre Relaciones Trasatlánticas, con altos responsables del Departamento de Estado estadunidense, el 8 de febrero y 3 de mayo de 2006, nos enviaron un documento y nos dijeron que era el original. Nos percatamos que era sólo un fragmento. El texto completo lo obtuvimos posteriormente de una fuente confidencial, lo que reconoció el propio Consejo. Eso se llama engaño”.

Otro documento decisivo que obtuvo la Comisión al margen del Consejo, fue una grabación de la reunión informal entre la UE y los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), celebrada el 7 de diciembre de 2005. En esta reunión participó la secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, a quien se le escucha confirmar que los Estados miembros estaban al tanto del programa de “entregas extraordinarias” y de las prisiones secretas. Meses después, el 6 de septiembre de 2006, el propio presidente George W. Bush reconoció que dicho programa sí existía.

Por tal motivo, el informe deja constancia de la preocupación por las “omisiones y negaciones” de Javier Solana, el secretario general del Consejo, “acerca de los métodos utilizados por Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo, a la vista de que los trabajos de la Comisión Temporal han confirmado todos los abusos y violaciones cometidos (por la CIA en territorio de la UE)”.

Coelho abundó: “Solana nos decía que no sabía nada, cuando él mismo había asistido a encuentros con funcionarios estadunidenses donde se habló de estas ‘entregas’. Si todos nos comportamos como él, ¿a dónde vamos a llegar?”.

Hay más casos. La Comisión se pregunta para qué sirve la función de coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo, que desempeña el holandés Gijs de Vries, frente a “la falta de credibilidad de sus declaraciones” cuando explicó lo que sabía durante una comparecencia.

Max-Peter Ratzel, el director de la Oficina Europea de Policía (Europol) se negó a dar explicaciones a la Comisión Temporal, a pesar de que “algunos oficiales de contacto de los servicios de información estadunidenses habían trabajado en dicha oficina”, indica el reporte. Tampoco aceptaron comparecer el antiguo secretario general de la OTAN, el británico George Robertson, y el actual, el holandés Jaap de Hoop Scheffer.

Un caso aparte es el de Michael Wood, exasesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Commonwealth británico, quien además de rechazar la invitación de la Comisión a comparecer, estimó en documentos secretos que “recibir o poseer” información obtenida bajo tortura, a condición de no participar directamente en ésta, no está prohibido por la respectiva convención de la Organización de Naciones Unidas.

Italia y Polonia son los países que más críticas reciben en el informe. En el primer caso, la Comisión lamenta que tanto los representantes de los servicios secretos del actual gobierno de Romano Prodi, como del anterior de Silvio Berlusconi, se negaran a colaborar.

En particular, el reporte acusa al antiguo director del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar Italiano (SISMI), el general Nicolo Pollari, de ocultar la verdad en su comparecencia ante la Comisión el 6 de marzo de 2006, cuando declaró que ningún agente italiano había participado en los secuestros de la CIA. Varios de ellos, sin embargo, han sido procesados por jugar un papel activo en la entrega ilegal del ciudadano egipcio Abu Omar, y documentos oficiales prueban que el SISMI “fue regularmente informado por la CIA” sobre dicha detención.

El caso de Polonia es todavía peor: “todos” los representantes del gobierno y del Parlamento se negaron a sostener reuniones con la delegación de la Comisión Temporal durante su estancia en el país, recalca el informe.

“A la luz de las graves pruebas circunstanciales citadas (acerca de las extrañas condiciones que rodearon el aterrizaje de cuatro aviones Gulfstream en el aeropuerto de Szymany en 2002 y 2003), el centro de formación de los servicios secretos de Stare Kiejkuty puede haber albergado instalaciones provisionales de detención secreta”, concluye el informe.

WASHINGTON PROTEGE A SU "PELELE" MEXICANO ANTE LAS CRITICAS DE LA "MANO DURA":


Prevalece la desconfianza
J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Para el Congreso de Estados Unidos, las operaciones militares contra el narcotráfico y la extradición de capos que realiza el presidente de México, Felipe Calderón, merecen el aplauso de Washington, pero al mismo tiempo resultan preocupantes, revela un reporte ordenado por el Capitolio sobre la relación México-Estados Unidos.

“México sigue siendo un proveedor principal de heroína, metanfetaminas y mariguana, así como el punto de mayor tránsito para la cocaína que se vende en Estados Unidos; sin embargo la cooperación antinarcóticos con México está marcada por la desconfianza”, subraya el documento de 28 páginas titulado Relaciones México-Estados Unidos, asuntos para el Congreso, actualizado hasta el 22 de enero de 2007.

La lucha contra el narco en México “ha sido muy problemática, y las organizaciones del tráfico de drogas fácilmente han logrado corromper a los funcionarios mexicanos y reemplazar a los miembros de sus redes que han sido detenidos por las autoridades”, expone, y agrega que esta es una de las razones de la desconfianza y preocupación.

Elaborado por Collen W. Cook, analista para América Latina de los comités de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Comercio, el reporte –una copia del cual se halla en poder de Proceso– fue entregado a todos los miembros de la 110 Legislatura Federal de Estados Unidos y a todos los comités que abordan asuntos de México en el Senado y la Cámara de Representantes.

Pese a que la investigación de Cook se concentró en revisar las operaciones contra el narcotráfico durante el último año del sexenio de Vicente Fox, el reporte empieza refiriéndose a las acciones antinarcóticos del nuevo presidente de México.

“Durante las primeras semanas de su gobierno, Calderón se ha concentrado en asuntos de preservación de la ley y el orden público, comenzando con operaciones contra los cárteles de la droga y extraditando a 15 criminales a Estados Unidos el 19 de enero de 2007”, indica Cook.

La investigación, cuyo fin es influir en las decisiones y acciones que adopte el nuevo Congreso estadunidense –que inicio su sesiones en enero de este año– sobre legislaciones que tengan que ver con México –como la asignación de recursos para combatir el narcotráfico o el apoyo al adiestramiento de militares mexicanos–, desde un principio menciona como preocupación el hecho de que en México “persiste la narcoviolencia y la falta de libertad de prensa”.

En el balance que hace dicho estudio –realizado por disposición del Capitolio– en torno al narcotráfico en 2006, Cook reconoce que “la cooperación antinarcóticos con el gobierno de Fox siguió mejorando respecto de la que obtenía Estados Unidos con los gobiernos anteriores”.

Pero conforme a las estadísticas que dio a conocer en febrero del año pasado el Departamento de Estado, resalta que México es el proveedor de 30% de la heroína que se consume en Estados Unidos, y el punto de tránsito de 70 o 90% de la cocaína.

“Calderón ha indicado que el combate a los cárteles de la droga será una prioridad de su gobierno y ha declarado a la narcoviolencia como una amenaza para el Estado mexicano”, acota, para enseguida señalar que “la militarización de la lucha al narcotráfico” es uno de los cambios más destacables del calderonismo con respecto al foxismo.

“En diciembre de 2006 –continúa– unos 6 mil 500 soldados y policías fueron enviados al estado de Michoacán, un punto estratégico de tránsito para las drogas, cuyo control se están disputando los cárteles. Soldados y policías tienen la tarea de arrestar a narcotraficantes, establecer retenes, quemar plantíos de mariguana y opio e interceptar en mar y tierra los cargamentos de droga”, resume, para referirse así mismo a los operativos militares en Tijuana y en el estado de Guerrero.

No obstante, y tomando en cuenta que el Congreso de Estados Unidos siempre ha sido quisquilloso sobre la participación de militares mexicanos en la lucha contra el narcotráfico, el documento indica: “Críticos de las operaciones denuncian que (durante éstas) no ha sido detenido ningún líder de los cárteles y que los operativos militares no son más que un show y no un verdadero esfuerzo concertado para terminar con la narcoviolencia”.

Cook hace notar a los congresistas que, “de acuerdo con funcionarios del gobierno de México”, la manera más efectiva para combatir al narcotráfico implica aprobar la legislación que vetó Fox el año pasado, para dar a las autoridades estatales y municipales la facultad constitucional de investigar “crímenes menores” relacionados con las drogas, de manera que las agencias federales puedan concentrarse en la persecución de los capos e integrantes de los cárteles.

Sin embargo, la violación de los derechos humanos por la militarización de la lucha contra las drogas en México constituye un inciso de preocupación en el reporte del Capitolio: “En México aumentaron los asesinatos y la violencia relacionados con los narcóticos, particularmente en los estados de la frontera norte, y existen reportes creíbles de que las fuerzas militares y policiales protegen a los traficantes de droga”.

Cook recuerda a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a los 100 senadores que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, del año fiscal 2001 al 2005 hubo 144 acciones de militares mexicanos en la frontera con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, e inclusive se mencionó que soldados mexicanos habían entrado a territorio estadunidense para proteger a narcotraficantes. El “diálogo con el Ejército Mexicano ha resultado en la reducción de dichas incursiones en 50%”, precisa.

El entrenamiento en Estados Unidos de militares mexicanos para especializarlos en la lucha antidrogas ha sido uno de los aspectos de la cooperación México-Estados Unidos menos mencionados en la historia reciente, por petición directa de los jefes militares mexicanos al Pentágono, pero Cook se refiere al castigo que el presidente George W. Bush impuso al gobierno mexicano por no aliarse con Washington en relación con ese adiestramiento.

“En la solicitud presupuestal del presidente (Bush) para el año fiscal de 2007 –que inicio el 1 de octubre de 2006–, cortó la ayuda a México para Educación y Entrenamiento a Militares Internacionales (IMET es su sigla en inglés). La asistencia, que fue de 1.25 millones de dólares en 2006, la redujo el presidente (Bush) a 50 mil dólares, porque México no firmó un acuerdo bilateral de inmunidad para proteger y excluir a los soldados estadunidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).”

A raíz de la invasión militar a Irak en marzo de 2003, el mandatario estadunidense quería que México, como lo hicieron algunos países latinoamericanos –El Salvador y Colombia, por ejemplo–, le diera garantías de que el gobierno mexicano nunca permitiría que se demandara ante la CPI a ningún miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos en operaciones como la de Irak, así como en otro tipo de intervenciones del Pentágono en diversas partes del planeta.

El reporte recuerda también a los legisladores que bajo el proyecto de ley H.R. 5522, que aprobó la Cámara de Representantes el 9 de junio de 2006 por 373 votos contra 36, y como parte de la Asignación de Fondos para Operaciones Exteriores, se asignaron a México 39 millones de dólares en apoyo a la lucha contra el narcotráfico, pero esa legislación de la Cámara de Representantes no fue respaldada por el Senado en la 109 Legislatura. Por eso la actual asistencia antidrogas al gobierno mexicano se sustenta en una resolución temporal aprobada por petición del Comité de Apropiaciones (de la Cámara de Representantes) por razones de seguridad nacional, aunque dicha medida legislativa expira este 15 de febrero.

Respecto de los capos de la droga y otros criminales que el gobierno de México extradita a Estados Unidos, la investigación plantea que en 2006 el gobierno foxista extraditó 63 criminales requeridos por la justicia estadunidense, contra los 41 extraditados el año anterior.

“La Corte Suprema de Justicia de México determinó en enero de 2006 que las solicitudes de extradición del gobierno de Estados Unidos (para concederse) necesitan únicamente cumplir con los requerimientos del Tratado Bilateral de Extradición de 1978 y no de manera general con la ley internacional de extradiciones. El nuevo presidente Felipe Calderón ha dicho que utilizará las extradiciones como una herramienta importante para combatir a los traficantes de drogas”, remata el reporte del Capitolio


CERRAMOS CON GRANADOS CHAPA ANALIZANDO LA CENSURA DE RAMIERDEZ ACUÑA:


Gobernación, censor impune
Miguel Ángel Granados Chapa

Al insistir –lo hizo ya con emisiones programadas para agosto y septiembre pasados– en impedir la difusión de programas de televisión de los partidos que apoyan la resistencia nacional pacífica encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación no sólo busca silenciarlo sino también frustrar la estrategia de pinza de la Convención Nacional Democrática, consistente en combinar la oposición en los espacios institucionales y la extraparlamentaria, la que se consuma en las calles

Antes, todavía bajo el gobierno de Fox y en la gestión de Abascal, fueron censurados los programas titulados “Medidas de resistencia civil” y “Convención Nacional Democrática”. Ahora la emisión que se ha censurado –y que debió emitirse los días 26 y 27 de diciembre, así como 5, 8, 17 y 25 de enero– se refiere a la proclamación de López Obrador como Presidente legítimo. Como lo hizo el año pasado, pues el funcionario responsable es el mismo, Eduardo Garzón Valdez, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, con el obvio apoyo de autoridades superiores, alega que los contenidos de esos programas trasgreden la Ley de Radio y Televisión y su reglamento. Entonces y ahora la autoridad electoral ha explicado a RTC cuál es el papel, puramente mecánico, que le corresponde en este caso. Pero el funcionario poblano, formado en los ambientes de la derecha recalcitrante, ha dicho esta mula es mi macho y no obstante requerimientos expresos del IFE –el más reciente en los primeros minutos del jueves primero de febrero– se empeña en acallar a los partidos lopezobradoristas, aunque para ello infrinja la ley, pues no es autoridad en la materia y va más allá de sus atribuciones.

Aun el gobierno autoritario de Luis Echeverría comprendió la necesidad de ofrecer a los partidos políticos la posibilidad de expresarse, y en 1973 introdujo en la ley electoral la primera prerrogativa al respecto. Los partidos tendrían acceso a la radio y la televisión, en los tiempos del Estado. Aunque la medida era limitada y tramposa –porque se limitaba a los períodos de campaña electoral, y beneficiaba a los partidos paraestatales– fue el primer paso en la materia, que después ha ido mejorando. La ley con que don Jesús Reyes Heroles concretó la reforma política por antonomasia amplió el acceso partidario a los medios electrónicos a todo tiempo, más allá de los meses de campaña. Y los códigos subsecuentes, y sus reformas configuraron un régimen preciso a ese respecto.

Conviene ser precisos cuando hablamos de prerrogativas. Son “determinados derechos que la ley otorga a las organizaciones políticas... Estos derechos específicos se caracterizan por ser exigibles frente al Estado y tienen por objeto que éste cumpla una obligación, consistente en un beneficio de orden material”. La definición es del maestro Gonzalo Moctezuma Barragán, y forma parte de sus comentarios al Código Electoral, una obra publicada por el IFE en 2003. El propio intérprete asegura que el acceso partidario a la radio y la televisión en forma permanente tiene el “propósito de facilitar la difusión de sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales, así como las opiniones que tengan respecto de los problemas nacionales”. (El subrayado es mío) La consecuencia de que los partidos no tengan que limitarse a la difusión de sus documentos básicos, sino que sus programas tengan otros contenidos, deriva de la ampliación de sus tiempos a períodos no electorales, en que esas organizaciones cumplen funciones de educación y orientación políticas. Moctezuma Barragán añade que “en el ejercicio de este derecho deben observar lo dispuesto en el artículo sexto constitucional”.

No sólo los partidos, sino también y sobre todo la autoridad está sujeta a lo que ese artículo determina: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso en que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”.

De ocurrir esto último, el caso tendría que ventilarse en el órgano electoral, que es responsable de administrar las prerrogativas, no en la Secretaría de Gobernación, que es un mero auxiliar material en el ejercicio de las prerrogativas. El andamiaje legal y administrativo para el acceso partidario a los medios electrónicos se encuentra en el Código Electoral (capítulo primero de su título tercero, artículos 42 a 48). No hay en ellas fundamento alguno para que sea supervisado el contenido de los programas de los partidos, menos aun para evitar su difusión en función de esos contenidos.

A regañadientes, pues alega que no tiene por qué rendir cuentas a la autoridad electoral, Garzón Valdez se ha dignado explicar su conducta, en carta remitida al secretario ejecutivo del IFE el 31 de enero. La base de su censura es un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte según el cual “el derecho a conocer la verdad exige a las autoridades y a los particulares se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales”. Con esa base, y normas reglamentarias de rango jurídico menor (la fracción VI del artículo 9 del reglamento de la Ley de Radio y Televisión y las fracciones I y XV del reglamento interior de Gobernación, Garzón Valdéz se permite decir sin recato que “no estamos en aptitud de acceder a la petición de difusión de ese material”.

Si bien las opiniones de la Corte pueden orientar el criterio jurídico de la administración (pues cuando forman jurisprudencia son obligatorias, pero lo son para los órganos del Poder Judicial), la exigencia de difundir información completa, veraz y no manipulada sólo podría concretarse en juicio. Salvo que el director de RTC asuma que esa es una facultad general suya, caso en que debemos esperar que censure la “información manipulada, incompleta o falsa” que cotidianamente se esparce en las estaciones concesionadas de radio y televisión.

Al proclamarse, o aceptar la proclamación de Presidente legítimo, y desconocer políticamente a Felipe Calderón como Presidente legal, y aun al llamarlo espurio, López Obrador no incurre en ningún delito. Lo haría si y pretendiera realizar actos propios de la institución presidencial, como expedir nombramientos a funcionarios con facultades reguladas por las leyes o enviar iniciativas de ley al Congreso, o cobrar impuestos o ejercer gasto público o dirigir la política exterior, etcétera. Aunque con avaricia, los medios electrónicos dieron cuenta de aquella reunión del 20 de noviembre pasado, y no fueron censurados por ello, como tampoco recibieron observación ni menos reprimenda los medios impresos que con mayor amplitud se refirieron a aquel acontecimiento. Se trata de un hecho público y notorio, cuya difusión no puede ser impedida salvo incurriendo en penas previstas por la ley. El IFE y los partidos afectados deberán emprender acción legal contra los censores de Bucareli. Acordaron demandar que “se garantice el cumplimiento y se restituya la legalidad” en este punto. Pero no bastan las exhortaciones