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domingo, diciembre 10, 2006

DE CHIHUAHUA CAE EL MITO DE LA "REBAJA SALARIAL"

DE DIARIO MONITOR.







Ya que nadie conoce realmente las compensaciones "bajo el agua" que reciben los malandrines facciosos del gobierno, chequen el dato siguiente:

NOTA:Juan Blanco es el alcalde PANISTA de la Ciudad de Chihuahua, y asÍ de hipócritas y farsantes son en TODOS LOS RINCONES DEL PAIS DONDE "GOBIERNAN " ESTOS FARSANTES.


Negros (por lo Blanco) nubarrones en Chihuahua
10 de Diciembre del 2006
Actualizado: 3:53:13 AM hora de Cd. Juárez

nota original:

Luis Javier Valero Flores
Absolutamente inaceptables las presiones del gobierno federal en contra de los comunicadores Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivó y Ricardo Rocha, quienes sufren los embates de la censura oficial.


Talón de Aquiles de prácticamente todos los funcionarios gubernamentales, sus salarios, justamente ahora que se discute nacionalmente el monto de ellos, sólo porque Felipe Calderón quiso imitar pálidamente la propuesta de López Obrador, son generadores de sorpresas (y pudieran ser, también, motivo de querellas judiciales) pues resulta que los salarios de Juan Blanco y funcionarios están por encima de lo informado en la página del municipio, el alcalde de Chihuahua gana 6 mil pesos menos que Felipe Calderón, a pesar de que frecuentemente ha dicho que gana sólo poco más de 81 mil pesos mensuales (81 mil 104 pesos, hasta septiembre de 2005) pero resulta que vía diversas compensaciones y gratificaciones su salario es de 152 mil pesos al mes. Además, le entregaron una gratificación anual de 108 mil 139 pesos. Igual pasa con todos los funcionarios de primer nivel del municipio. Así, de acuerdo con lo publicado por el Gobierno del Estado, el alcalde de la capital gana más que el gobernador Reyes Baeza, que percibe mensualmente 124 mil pesos.

Pero no es lo único, a lo anterior debemos agregarle que todos ellos (con las excepciones de Blanco y Miguel Carreón, titular del Consejo de Urbanización Municipal) reciben 5,220 pesos por arrendamiento de vehículo, más 2,610 para mantenimiento del mismo y todos, absolutamente todos, usan vehículos oficiales, así que estos pagos son, en la práctica, una compensación extra e ilegal, pues no se justifica, ni tiene sustento legal tal prestación. Pareciera como si el municipio les pagara por el solo hecho de ser propietarios de un vehículo.

Ya desmenuzada la partida respectiva, resulta que son ¡44! los funcionarios y empleados agraciados con esta prerrogativa, lo que costó en el año 2 millones 217 mil pesos y que, de acuerdo con las fuentes del Congreso del Estado, pudiera dar lugar a sanciones de carácter penal.

Llaman la atención cuatro casos, que involucran a sendos altos funcionarios del municipio. El primer caso es el del hermano del alcalde, Luis Blanco, quien aparece como apoderado del Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A. C., organismo que impartiría el Programa Educa en 300 escuelas primarias públicas, para lo cual el municipio aportó a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) 661 mil 250 pesos, cantidad similar a la que aportó este último con lo que pudiera configurarse la comisión de un delito pues hasta la fecha en que se realizó la auditoría Luis Blanco era el poseedor de un “poder general para pleitos y cobranzas del 30 de diciembre de 2002”.

El segundo es el caso de Fernando Robles, quien había sido, dicen los priístas, un “buen operador político” en la campaña de Reyes Baeza y de quien afirman ya desde entonces formaba parte del equipo de Juan Blanco, y que ahora está en el centro de las indagaciones efectuadas por la Contaduría del Congreso pues pasó de ser asesor de la presidencia, sin derecho a compensación, a subdirector de Gobernación municipal, pero cuyo negocio –un taller mecánico-- ha sido el lugar preferido de la administración panista para efectuar reparaciones a los vehículos del municipio, a pesar de ser, desde septiembre de 2005, funcionario municipal, en sus dos facetas, pero que, listo el muchacho, cambió de propietario el negocio y lo puso a nombre de su esposa y siguieron desfilando por su taller los vehículos municipales a fin de que les practicaran diversas reparaciones (overhall le llamamos acá) a verdaderas chatarras.

Llaman la atención el número de vehículos de modelos 2000 o de 1999 a los que se les practican esas reparaciones, pues de acuerdo con los estándares oficiales un vehículo de esa antigüedad ya no es rentable repararlo. ¿Serán ciertas las versiones que hablan de que no son ciertas las reparaciones, pero las facturas sí? Ese es un asunto a investigar.
Pero lo cierto es que la normatividad existente impide que se realicen tales negocios al amparo de la función pública. Puede ser un asunto para el ministerio público.

El tercero es la compra de llantas, por 110 mil 204 pesos, al negocio propiedad de Eduardo Barriot, cuando éste era el Director de Planeación. Las respuestas son de antología. Dicen los del municipio que “los bienes comprados no fueron destinados a la dirección que presidía el Lic. Barriot”. Puede ser, pero tenía prohibido hacer negocios con el municipio.

Por último, una de las graves, Luis Gerardo Martínez García, hermano del Director de Aseo Urbano, Ricardo, obtuvo del municipio un contrato por un total de 6 millones 705 mil pesos por la venta de “Sistema Troncal”, después de haber ganado la licitación respectiva, en una clara trasgresión a la ley que establece la prohibición de efectuar compras a parientes de los funcionarios.

Y hay un aspecto que motiva más de una levantada de cejas: el convenio celebrado entre el municipio y la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Huele a que, con recursos públicos se ha estado impulsando la preparación de los simpatizantes del blanquiazul y, por supuesto, la difusión de sus concepciones ideológicas o, para el sostenimiento de agrupaciones privadas cuyos objetivos son los de encontrar nuevos “nichos” de inversión y “endulzarlos” bajo el argumento de hacer que “Chihuahua sea la mejor ciudad para vivir”. Así parece en el caso de los recursos entregados al Programa Institucional Valores Chihuahua 20-20 y a otras instituciones o grupos.

Igual sucede en el caso del apoyo para la educación. La Fundación Chihuahua recibió 882 mil pesos para 35 becas de estudiantes de nivel técnico; la Asociación Montessori, 160 mil pesos; la Arquidiócesis de Chihuahua, 340 mil; el “Parque Nacional Cumbres de Majalca” (sic), 180 mil; compárense esos subsidios con los 16 mil entregados a la Cruz Roja.

Y como se trata de que todos, o casi todos, se conviertan en una especie de santoclós, el municipio mandó hacer 3,367 chamarras por 875 mil pesos, por adjudicación directa (porque el frío apretaba, y urge entregarlas, dijeron los funcionarios del ayuntamiento para evadir la licitación) pero no fueron capaces de proporcionar “evidencia documental” que acreditara la entrega de las chamarras a “ancianos y desvalidos, etc.”

Y no sólo eso, resulta que hasta en el reparto de estos artículos existió un tinte partidario. En tanto que a la regidora priísta, Kenya Durán, sólo le dieron 20 chamarras “para repartir”, misma cantidad que recibió el perredista Orlando Barraza, a la panista María de Jesús Medina le dieron 120, al diputado blanquiazul Carlos Borruel, 60 (seguramente que en un somero apoyo a su precandidatura a la alcaldía) y a su compañero de bancada, Manuel Narváez, la friolera de 400 chamarras. ¡Este último, solito, entregó el 12% del total de ellas! Y por puritita casualidad cuando era el coordinador de la precampaña de Felipe Calderón en Chihuahua y, además, buscaba ser candidato a diputado federal por el sexto distrito. ¡Nada!

Ya que hablamos de actividades “sospechosistas” de ser proselitistas, la entrega, tanto de cobijas al personal sindicalizado, como la de despensas, carecen, según la auditoría realizada, de la documentación necesaria para acreditar la personalidad de los receptores, en el primer caso, o que acreditaran requerir de las segundas. Peor, el informe establece que en los casos que existen firmas de “recibido”, no se corresponden con las copias de credencial de elector adjuntas, lo “que puede generar responsabilidad de carácter penal”, asientan los auditores.

Por si faltara algo, la adquisición fue por adjudicación directa, en una clarísima trasgresión legal.

Más. En las obras en las que participan conjuntamente el ayuntamiento y el estado, como la vialidad Sacramento (en el tramo de Río Pánuco-Los Nogales) debieron adjudicarse según los ordenamientos federales pues los recursos aportados por el estado derivan del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). En ningún caso fue así.

Luego, una vez adjudicada e iniciada la obra, se dieron cuenta que es mejor la carpeta de concreto hidráulico y entonces –van pa’ tras los fielders-- y que el costo de la obra se eleva, de 74 millones 460 mil iniciales a 144 millones 459 mil contratados (más lo que se acumule en la semana, literalmente, pues aún le faltan algunos retoques a la obra) y, además, porque, ya muy avanzada la obra, debieron obedecer las indicaciones de la Comisión Nacional del Agua pues el diseño original de la obra reduciría “considerablemente la sección hidráulica lo que provocaría remansos y desbordamientos”.

¡A qué buen tiempo se dieron cuenta que necesitaban el dictamen técnico de Conagua! Esos olvidos y “descubrimientos” llevaron a que la obra costara casi 100% más que lo originalmente establecido. ¿Y la ley? N’ombre para qué sirve eso. Resulta que la ley sólo faculta a cambiar el presupuesto original de la obra en un 30%.

¡Ah pero buenas “pagas” que son, le entregaron al contratista, un año y un mes antes de la entrega de la obra, 67 millones de los 74 millones 460 mil iniciales y sin aportar la documentación que fundamentara semejante erogación!

Y si en el caso del tramo (de la misma vía Sacramento) de la ampliación de la Lombardo Toledano, el presupuesto original era de 20 millones 185 mil pesos, con el “descubrimiento” de las ventajas del concreto hidráulico sobre el pavimento de carpeta asfáltica, subió a 37 millones. ¡Un aumento de más del 80% del proyecto original!

Otra. Con motivo de la vigilancia en las presas de la localidad en verano, el municipio rentó dos lanchas, lo que costó 442 mil pesos, con los cuales, sobradamente, habría bastado para comprar por lo menos un número igual, e incrementar la “flota” chihuahuense.

Llama la atención la infinidad de adquisiciones, o de contratos establecidos en los que, por una razón ú otra, el municipio no acogió a lo establecido en la ley para licitar las obras o servicios contratados, --o que la elaboración de los contratos se realizó con posterioridad a los eventos, compras o servicios adquiridos- y optó por la adjudicación directa, abundan los casos: la compra de adornos navideños, los carros alegóricos del 30 de abril, diversas obras públicas, etc.

La lista es larga ¿Será negociada? Como el ciego…

Oaxaqueños.- Jaime Avilés, en su columna Desfiladero (La Jornada, 9/XII/06) afirma que a “las 34 mujeres que la Policía Federal Preventiva arrestó el sábado 25 de noviembre en Oaxaca las raparon al llegar al penal de El Rincón, en Tepic. A todas -¿hay que repetirlo?- las raparon en forma humillante, inclusive a la profesora de la UAM-Xochimilco a quien le cortaron dos dedos de una mano en medio de la golpiza en que se produjo su detención; y también a la joven de 21 años a quien los soldados de gris le pegaron hasta que se desmayó y cuando volvió en sí le dijeron que iban a violarla ahí mismo, en la calle Juárez, delante de su mamá; y desde luego a la señora de 53 años que mientras era apaleada con la misma saña veía cómo los pefepos arrastraban por el pavimento a su hija inconsciente y la sacudían para despertarla y decirle que la iban a violar”. No es la única noticia preocupante, difundida por Avilés, ayer mismo afirmaba lo siguiente: “Felipe Calderón ya se considera suficientemente fuerte como para enviarle una amenaza directa a su crítico más severo. Otra lectura no tiene la ‘noticia’ que el miércoles filtró la Procuraduría General de la República en el sentido de que siguen ‘vivas’ 79 averiguaciones previas en contra de Andrés Manuel López Obrador”.

¿Querrán que el México bronco despierte?

NOTA:Me pregunto ¿Cuando, en esta vida conoceremos los verdaderos sueldos de esta ralea de farsantes? FECAL ¿tendra los pantalones para decirnos realmente cuanto gana? ¿o se escudara igua que Ramirez Acuña en sus "pistolas" para tapar todo vestigio de sus fraudes? Asi mismo los gobiernos empanizados se ecnargan de mostrarnos la hipocrecia de que son capaces, ya que la mayoria no resiste el menor analisis a sus finanzas, el mito de las manos limpias no camino por las chequeras abultadas de gobiernos Panistas del norte del pais.




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EL PRESUPUESTO DEL PELELE:



¡Abajo la educación y la cultura!
10 de Diciembre del 2006
Actualizado: 3:53:12 AM hora de Cd. Juárez

Nota original:

Víctor Orozco

La iniciativa del nuevo presupuesto que el gobierno federal ha enviado a la Cámara de Diputados establece un recorte de 7.7 por ciento a los recursos destinados a la educación superior en el país y de dos mil millones de pesos a las partidas destinadas a la promoción de la cultura, según informes de la ANUIES y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

La UNAM sufre una pérdida de 900 millones de pesos y el IPN de 300 en sus respectivos presupuestos y se coloca en riesgo de clausura a los 27 centros de investigación SEP-CONACYT. En cambio, crecen sustancialmente los rubros del ejército y la policía. Colateralmente, desde el gobierno se pone de nuevo en circulación la propuesta de elevar las cuotas que deben pagar los estudiantes en todas las instituciones de enseñanza, que de ejecutarse impediría a millones de jóvenes acceder a la educación superior.

Ya un diputado, ni más ni menos que el presidente de la comisión que examinará el presupuesto de egresos, declaró su beneplácito por estas reducciones, entre otras, bajo la consideración de que: “… me encantaría que todos estudiaran en escuelas que tuvieran mejor calidad”, aludiendo al bajo nivel, según su parecer, de la que se imparte en la UNAM, a la que conoce por oídas y de seguridad, por malas oídas.

El gobierno de Felipe Calderón empieza de esta manera haciendo honor a tres de los principales rasgos que caracterizan a los políticos de derecha en todo el mundo: su aversión por la educación pública, es decir, la que imparte el Estado, su devoción por la educación privada, que se financia, al menos en la forma, con recursos que aportan los particulares y su desprecio por el quehacer cultural.

En parte, estos distintivos se explican por el origen de los funcionarios que integran los equipos de la cúpula panista. Casi todos deben su formación a una dupla integrada por escuelas confesionales en los primeros niveles y empresariales en los superiores. De allí que miren y juzguen al mundo social al través de la estrecha ventana que proporciona el sectarismo religioso y sobre todo de la finalidad suprema que tienen los negocios privados, esto es, la obtención de la ganancia económica. Quisieran, al tenor de un modelo ideal, que la educación privada dominara todo el universo educativo, con unos cuantos centros privilegiados en donde se educara la élite para administrar los grandes negocios y a la nación casi como una sucursal de los mismos. En todos los rangos inferiores, proponen una instrucción en destrezas básicas destinada a individuos sumisos o arribistas, a los que debe quedar claro que las jerarquías así han sido dispuestas sin posibilidades de que puedan alterarse.

La supuesta superioridad de las instituciones de enseñanza privada sobre las públicas, como lo supone el legislador mencionado al inicio, descansa en simples prejuicios y en argumentos viciosos: las empresas contratan de preferencia a los egresados de las primeras y también el gobierno selecciona a sus altos funcionarios de entre ellos, luego, deben ser mejores. En realidad, lo que se opera es un complejo mecanismo para garantizar el predominio de los grandes dueños del capital, ahora también dueños del aparato del Estado. Pieza clave en este dispositivo es colocar en los puestos de mando a quienes han sido educados y formados en la creencia de que el único mundo posible es el que descansa en el afán de lucro económico. Y que, todo lo demás: creaciones culturales, investigación científica, enseñanza, no son sino variables que han de ajustarse a las necesidades de los negocios. Después de todo, los grandes barones del capital y aun los altos funcionarios del estado, muy pocas veces han lucido a la ilustración o al aprecio por el arte entre sus atributos.

Si atendemos a otros indicadores, que ponen el acento en la adquisición y disfrute de bienes culturales y de otro orden para la mayoría de la población, veremos que el grueso de la investigación se realiza en instituciones públicas, que la mayor gama de carreras e intereses intelectuales se encuentra en las mismas, que poseen con mucho, el mayor número de profesores con estudios de postgrado y que brindan a sus estudiantes también, el más extenso abanico de posibilidades de conocimiento.

No en balde la UNAM ocupa ahora un distinguido lugar entre las mejores universidades del mundo y en cada una de las entidades federativas, las universidades estatales constituyen una pieza clave no sólo en el sistema educativo, sino en todos los ámbitos de la producción científica y el desarrollo cultural. Debilitarlas mediante la reducción de sus recursos económicos, implica minar a la propia estructura de las sociedades y hacerlas más vulnerables. Claro está, para quienes sólo debe existir lo que es “pertinente” en términos de ganancia, este universo debe someterse, recortarse y reorientarse bajo la justificación de “elevar la calidad”. De allí las rebajas a los dineros para la educación pública y para la cultura.

En contrapartida, se elevan los gastos destinados a las fuerzas armadas, cuando no estamos en guerra con ningún país. Por las declaraciones de los flamantes miembros del gabinete calderonista, la política de gobernabilidad que llevarán a cabo tendrá como instrumentos preferidos a los fusiles y a las tanquetas, “para evitar movimientos sociales que desestabilicen a la sociedad”. Faltos de perspicacia y carente de una perspectiva histórica, no se dan cuenta que entre los mayores agentes de estabilización social, se encuentran precisamente las universidades públicas y también de progreso para la colectividad.

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