El cancerbero
Álvaro Delgado
Pero con el mismo tono afectivo era el censor en la campaña presidencial de Felipe Calderón: “¡Así no, amigo!”, “¡Eso está mal, amigo!”, “¿En qué quedamos, amigo?”
Supervisor del trabajo de los reporteros asignados a la cobertura de las actividades de campaña, en la interna y en la constitucional, así como en el período poselectoral, a menudo tomaba el teléfono y se comunicaba con jefes de información, e incluso con directores de los medios, para reclamarles la difusión de materiales que no eran del agrado de su jefe, Felipe Calderón.
El reportero conoció numerosos casos de intromisión de Cortázar en el trabajo de los periodistas, entre ellos los de Reforma, El Universal, Radio Fórmula y W Radio, cuyos despachos informativos le desagradaban. Los hacía víctimas de sus quejas con los directivos de estos medios.
Incluso, por recomendación de Cortázar, Calderón pretendió desmentir la información transmitida por la reportera Edith Gómez, de W Radio, del accidentado encuentro que tuvo con estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), plantel Atizapán, Estado de México, el 14 de febrero pasado.
Gómez transmitió la información a la mañana siguiente en el noticiario conducido por Carmen Aristegui, que incluyó la exposición de Calderón y el reclamo de varios estudiantes a quienes no se les permitió formular preguntas y, en respuesta, exhibieron cartulinas de repudio.
Calderón se comunicó con la conductora tras difundirse la información y justo antes de que comenzara la mesa de debate en la que participaba su cuñado Juan Ignacio Zavala, junto con el priista César Augusto Santiago y Federico Arreola, portavoz de Andrés Manuel López Obrador.
“–Qué tal, querida Carmen, muy buenos días, saludo a ti y a todo el auditorio. No te quito mucho tiempo porque sé que ahorita tienes tus luchitas políticas ahí, al ratito...
“–¿Cómo que luchitas políticas? –lo atajó Aristegui–. Es una mesa de debate.
“–No, simplemente… sí… para mí es muy importante precisarle al auditorio lo que realmente pasó en el Tec, que no es lo que reporta tu reportera. En el Tecnológico de Monterrey tuve un extraordinario evento, con casi 3 mil estudiantes, en un... ciertamente era un estadio ese deportivo, un gimnasio cerrado, enorme. Pero la verdad es que estuvo muy concurrido, lo comentaron los propios estudiantes en sus intervenciones, es el evento político más concurrido que han tenido ahí.
“Fue un evento, además, que estuvo en transmisión simultánea a los 33 campus del Tec de Monterrey en todo el país; fue un éxito, con intervenciones y preguntas de los muchachos, de todos los campus. No es cierto que se le haya impedido a alguien hablar. Al contrario, yo mismo dije: ‘vamos a apurarle, porque va a empezar la clase de la una’”.
La reportera, sin embargo, jamás informó que Calderón haya impedido que alguien hablara. Describió al auditorio, incluyendo a quienes se marcharon, pese a que se les cerró una salida. Después entrevistó a los alumnos que se identificaron con credenciales del ITESM.
Según Calderón no hubo abucheos, pero todos los reporteros los registraron: “No hubo un solo abucheo, uno solo no hubo, Carmen. Hubo tres cartulinas, muy simpáticas, por cierto, que ya están descritas en la nota, pero en general...”
“–¿También te parecen simpáticas? Estaban fuertes contra ti, ¿no?
“–Pues sí, la verdad es que me parecen simpáticas por lo ridículas, ¿no?
“–‘Predicador moral‘, te dijeron.
“–Pues sí. La verdad a mí no me ofende eso, Carmen. Yo creo que cada quien puede decir o escribir lo que quiera y no corresponde, digamos, a lo que yo soy. Soy un político que habla con la verdad, con los principios que sostiene y, además, que escucha”.
Y siguió con su queja: “Y la verdad fue un... me hubiera gustado que la nota estuviera más equilibrada, Carmen, y se le hubiera preguntado a cualquiera del resto de los 3 mil muchachos qué fue lo que opinaba. Además, si tú quieres, de los de las pancartas. Y me parece que la enorme credibilidad que tú gozas, Carmen, y que goza tu programa, se vería más fortalecida si las notas fueran más equilibradas que la de esta mañana.”
Las quejas siguieron mediante llamadas de Cortázar a directivos de W Radio por el trabajo de Edith Gómez, hasta que fue removida de la cobertura de la campaña.
Orígenes
Cortázar forma parte de la camada de empleados de comunicación social que desde el Partido Acción Nacional (PAN) agrupó Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, cuñado de Calderón y actual empleado del corporativo español Grupo Prisa, que entre otros negocios edita el diario El País, es socio de Televisa en Radiópolis y de la editorial Santillana, que factura al gobierno federal millones de libros de texto gratuito.
De hecho, la trayectoria de Cortázar está vinculada, hasta ahora, a Zavala desde que ambos formaban parte del equipo de Carlos Castillo Peraza en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cuyo secretario general era Calderón. Tanto Cortázar como Zavala se integraron al gobierno priista de Ernesto Zedillo en la Procuraduría General de la República (PGR) con Antonio Lozano Gracia como titular.
Zavala fue nombrado titular de Comunicación Social y Cortázar era uno de sus asistentes, que hacían mancuerna con Armando Salinas Torre, secretario particular de Lozano Gracia y recientemente nombrado por Calderón subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Los tres funcionarios –Zavala, Cortázar y Salinas Torre– se vieron involucrados en continuos escándalos por “filtraciones” periodísticas, y sobre todo por formar parte de la maquinación informativa de varios episodios que derivaron en el despido de Lozano Gracia.
Uno de ellos fue el presunto esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio con la imputación al “segundo tirador”, Othón Cortés, quien después sería absuelto; otro fue la detención de Raúl Salinas de Gortari como responsable del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, quien hoy está libre. Uno más fue la solicitud de aprehensión del subcomandante Marcos, identificado por Lozano Gracia como Rafael Sebastián Guillén Vicente.
Pero el escándalo más notable en la gestión de Lozano Gracia, quien duró dos años en el cargo, fue la “siembra” de los huesos del suegro de Francisca Zetina, La Paca, utilizada por la PGR como vidente para supuestamente esclarecer el homicidio de Ruiz Massieu.
Pero para Calderón fue una gestión impecable, como se ufanó en un discurso pronunciado el 21 de marzo de 1998, al inaugurar la 27 Asamblea Nacional del PAN, que ya entonces presidía:
“En el recuento, se reorganizó la Procuraduría, se depuró a la Policía Judicial con el despido de más de un millar de funcionarios inmiscuidos en la corrupción; se detuvo a varios de los más grandes capos de la mafia mexicana; se elaboró una iniciativa que reforzó de raíz a la Suprema Corte de Justicia y se legisló sobre crimen organizado; se detuvo al segundo asesino material de Luis Donaldo Colosio, y se aprehendió al autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, nada menos que a Raúl Salinas de Gortari, nada menos que hermano del expresidente de la República. Se dice fácil pero fueron dos años, sin duda, sin precedente histórico en el país.”
A la sombra de Juan Ignacio Zavala, quien fue coordinador del discurso de la campaña de Calderón, Cortázar trabajó también en la Presidencia de la República como director general de Medios de Comunicación, director de Información de Medios de los Estados y secretario particular en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Jorge Castañeda.
Ya con Calderón en el gobierno de Fox, Cortázar fue jefe de comunicación social de Banobras y luego en la Secretaría de Energía, hasta que el regaño de Fox los obligó a renunciar, en junio de 2004. En la elección interna del PAN y en la constitucional fue el portavoz de Calderón, con la conducción informal de Zavala.
Con estudios de educación media, aunque con tres diplomados en Relaciones Exteriores, Comunicación Social y Diseño de la Comunicación, Cortázar es el cancerbero de Calderón en la comunicación social de la Presidencia de la República. En su equipo también participa el español Antonio Solá Reche, militante del derechista Partido Popular y uno de los autores de la “guerra sucia” en la campaña… ?
Un gabinete de compromisos
Álvaro Delgado
La integración del equipo político de Felipe Calderón no sólo envía el mensaje de intolerancia y criminalización de las protestas contra el nuevo gobierno, sino de impunidad para sus incondicionales y aliados, incluido su publicista de cabecera, el español Antonio Solá Reche.
Solá Reche, identificado como el artífice de la “guerra sucia” contra Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial, es asiduo visitante de la residencia oficial de Los Pinos desde el primer minuto del 1 de diciembre, cuando se escenificó una inédita ceremonia de cambio de poderes, trasmitida en cadena nacional.
Militante del derechista Partido Popular de España y consultor del exjefe del gobierno español José María Aznar, Solá Reche ha sido asesor de Calderón desde que éste presidía el Partido Acción Nacional (PAN), entre 1996 y 1999, y su inscripción en el equipo de campaña está debidamente soportada en documentos que obtuvo este semanario y en los cuales se le denomina “asesor de imagen”.
De hecho, su participación en el diseño y aun en el auxilio personal de Calderón era manifiesta durante los dos primeros meses de la campaña, hasta que tuvo que ocultarse después de que, a comienzos de marzo último, Proceso (número 1531) publicó un reportaje que acreditó su intervención en asuntos políticos de México, proscrita por la Constitución vigente.
Asistido por Jordy Iñesta Ocampo, un publicista de Morelos, era común ver a Solá en la casa de campaña –en la calle de Sacramento, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México– y en las giras por los estados, cuando instruía y hasta daba de beber agua o té a Calderón. Su última aparición pública fue en Chihuahua, entre el 24 y el 26 de febrero.
Solá Reche utilizaba como parapeto para intervenir en asuntos de México la firma Desarrollo y Operación de Campañas (Dosca), propiedad de Jorge Manzanera, coordinador de las redes electorales en la campaña y expresidente del PAN en Chihuahua –cuyo secretario general fue Manuel Espino–, y ahora opera a través de Alejandra Sota Mirafuentes, coordinadora de Imagen y Opinión Pública de la Presidencia de la República.
Pero de la misma manera que Solá Reche, Calderón ha premiado a quienes fueron sus incondicionales en la campaña presidencial, aun sin gozar de reputación democrática, como el secretario de Gobernación, el gobernador con licencia Francisco Ramírez Acuña, quien ha sido puesto bajo escrutinio por organizaciones nacionales y extranjeras defensoras de los derechos humanos.
Ramírez Acuña no sólo proclamó el arranque de Calderón en su búsqueda de la Presidencia de la República, el 30 de mayo de 2004, sino que en las semanas más aciagas de la campaña, a finales de febrero, instruyó a uno de sus colaboradores de mayor confianza, Abraham González Uyeda, para afianzar el equipo como coordinador de giras y acopio de recursos, en sustitución del también jalisciense Alonso Ulloa.
Ahora, después de haber encabezado la coordinación de Análisis de los Programas de la Administración Pública Federal en el equipo de transición, González Uyeda es subsecretario de Gobierno, el segundo cargo en jerarquía en la Secretaría de Gobernación y responsable de atender los conflictos sociales que, afirmó apenas el jueves 7, se propone reducir.
Empresario propietario de Lechera Guadalajara, que provee de ese alimento a dependencias federales y estatales, y dueño del rancho La Palma, en Tlajomulco de Zúñiga, fue uno de los principales patrocinadores económicos de la campaña de Ramírez Acuña por la gubernatura en 2000, y luego se sumó a su gabinete como secretario de Promoción Económica, cargo al que renunció para contender, infructuosamente, por la alcaldía de Tonalá.
Después del descalabro ante el priista Palemón García en las elecciones de 2003, González Uyeda regresó al gabinete como secretario de Administración y luego se incorporó a la campaña de Calderón. En la Secretaría de Gobernación es acompañado por otros jaliscienses en prominentes cargos.
Uno de ellos es el coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Fernando Arias Pérez, cuyo hijo Christian Arias de la Torre está involucrado en el homicidio del joven Néstor Alan Rodríguez Licea, ocurrido cuando el hijo del funcionario y su acompañante, Francisco Álvarez del Castillo Íñiguez, jugaban “carreritas” en sus vehículos en la avenida Juárez de Guadalajara.
Arias Pérez ya fue funcionario federal cuando fue procurador general de la República Enrique Álvarez del Castillo, pariente de los propietarios de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y precisamente del acompañante de su hijo que provocó el accidente, aparentemente bajo los efectos de alcohol y droga.
Otro jalisciense que se incorpora como subsecretario de Gobernación, en Normatividad de Medios, es Juan María Naveja, responsable de comunicación social del primer gobierno panista de Jalisco, encabezado por Alberto Cárdenas Jiménez –senador con licencia y nombrado por Calderón secretario de Agricultura–, cargo del que fue separado y rescatado por Ramírez Acuña.
Reportero y directivo de la cadena radiofónica Notisistema, Naveja de Anda fue coordinador de asesores de Ramírez Acuña y después titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade). Ahora ocupa un cargo que el vocero de Calderón, Maximiliano Cortázar, quería para Héctor Villarreal, exdirector de Radio, Televisión y Cinematografía con Santiago Creel.
“El grifo lo manejo yo”, alegó Ramírez Acuña sobre el manejo presupuestal en materia publicitaria, quien sin embargo acogió, por instrucciones de Calderón, a dos personajes en cargos prominentes: Cecilia Romero Castillo, quien jamás ha ocupado un cargo en la administración pública, es la comisionada del Instituto Nacional de Migración; y el expriista Florencio Salazar Adame, en Migración y Asuntos Religiosos.
Fundadora de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), membrete perteneciente a la Organización Nacional del Yunque, Romero Castillo hizo su carrera en la burocracia del PAN y fue una tenaz crítica de las políticas públicas instrumentadas por el secretario de Salud de Fox, Julio Frenk, particularmente en el tema de la píldora de anticoncepción de emergencia.
El elenco de subsecretarios de Gobernación lo completa Armando Salinas Torre, cuyo único antecedente en funciones gubernamentales fue ser secretario particular de Antonio Lozano Gracia, nombrado procurador general de la República por Ernesto Zedillo y cuya gestión terminó por el escándalo que provocaron sus consultas a la bruja Francisca Zetina La Paca.
Salinas Torre hizo equipo en la PGR con Juan Ignacio Zavala, cuñado de Calderón, y con su subalterno Maximiliano Cortázar, ahora coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, y señalado por el periodista José Gutiérrez Vivó como autor de amenazas para subordinarlo.
Puros amigos
En la línea política de las fidelidades se inscribe también el nombramiento de Germán Martínez Cázares como secretario de la Función Pública, quien adelantó a Proceso, en septiembre, que a partir del 1 de diciembre desaparecería el foxismo.
“El foxismo se expresa, plásticamente, en tres elementos y símbolos: Una águila mocha, una pareja presidencial y unos head hunters para definir el gabinete. Eso no se va a repetir con Felipe Calderón”, garantizó Martínez Cázares, y añadió:
“El foxismo es una suerte de amateurismo político que le costó mucho al PAN y al país. Las frivolidades alrededor de eso no van a durar y el foxismo se diluirá, inmediatamente, el 1 de diciembre.”
En efecto, fue reestablecido el Escudo Nacional en la imagen institucional del gobierno federal, se omitieron los head hunters que supuestamente se utilizaron para los nombramientos del foxismo –aunque siempre se supo que Ramón Muñoz aplicaba una lógica grupal–, y decorativamente se ha terminado la “pareja presidencial”.
Según Martínez Cázares, pese a las acusaciones de corrupción, Fox actuó con honestidad: “Yo creo que Fox es un hombre que tiene las manos limpias”.
–¿Y por su mujer?
–Yo sólo meto las manos al fuego por la honestidad de Vicente Fox.
Sin embargo, Martínez –quien tampoco tiene experiencia alguna en la administración pública– dio por cancelada cualquier indagatoria contra Marta Sahagún y sus hijos, pese a que era uno de los principales críticos, y aun designó como subsecretaria a una de las defensoras de la mujer de Fox, Elizabeth Yáñez Robles, secretaria de Turismo durante el gobierno de Fox en Guanajuato.
También designó a Salvador Vega Casillas, jefe de la oficina de campaña de Calderón, expriista michoacano y exdiputado federal, y a Rafael Morgan Ríos, dirigente panista en Sinaloa y padre de la diputada federal por Jalisco Rocío Morgan.
Y aunque la lógica de Calderón es promover una política de austeridad presupuestal –con apenas 10% de reducción de su sueldo y de los mandos altos, con excepción de las áreas de seguridad–, premió a un gobernador que dejó el cargo en medio de un escándalo por el abuso en el empleo de recursos públicos: Juan Carlos Romero Hicks.
Designado por Calderón director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pese a que su formación son las ciencias sociales, Romero Hicks destinó casi 30 millones de pesos para la liquidación de 60 servidores públicos de su gobierno en Guanajuato, con un promedio de medio millón de pesos para cada uno.
Exrector de la Universidad de Guanajuato, a la que pretendió despojar del laicismo mediante una ley que promovió como gobernador, Romero Hicks aspiraba a la Secretaría de Educación Pública y, según allegados, al frustrarse ese propósito desdeñó la Subsecretaría de Desarrollo Social y aceptó un área que fue castigada presupuestalmente por Calderón en su proyecto enviado a la Cámara de Diputados.
Romero Hicks dejó también, al concluir su gobierno, un escándalo sobre la asignación de concesiones para taxis, un proceso operado por su secretario de Gobierno, el senador panista Ricardo Torres Origel, quien afirma que se trató de un proceso transparente, pero que detonó denuncias judiciales contra implicados en el tráfico de concesiones en los organismos clientelares del PAN.
Jorge Márquez Baca, dirigente del Consejo General del Trabajo (CGT) –central obrera panista de Guanajuato que agrupa a taxistas cuyos sitios llevan los nombres de próceres panistas, como Manuel Gómez Morín y Manuel Clouthier–, fue denunciado por defraudar con más de 10 millones de pesos a solicitantes de concesiones de taxis.
Aunque Martínez Baca fue detenido el 7 de noviembre, recuperó su libertad después de dos semanas de encarcelamiento y sin que la Procuraduría de Justicia del estado haya aclarado las razones de su liberación, aunque los abogados de las víctimas sospechan que los recursos escamoteados habrían sido desviados a las campañas del PAN.
Pero, omiso a estas circunstancias, Calderón no sólo hizo su segunda gira por el país a Guanajuato –en la que elogió a Fox–, sino que incorporó a varios guanajuatenses a su gobierno: nombró a Ricardo Sheffield, quien fue su coordinador de campaña, subsecretario de la Reforma Agraria, y encomendó el Seguro Popular a Miguel Gutiérrez Hernández, síndico de León.
De hecho, Guanajuato es uno de los semilleros del gobierno calderonista, que recicló de la administración de Fox al secretario de Economía, Eduardo Sojo, y a Daniel Cabeza de Vaca, extitular de la PGR y actual consejero jurídico del Ejecutivo federal, ambos símbolos del foxismo, y nombró a José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud.
Córdova Villalobos –militante panista encubierto que fue integrante y presidente del Instituto Electoral de Guanajuato durante los gobiernos de Carlos Medina Plascencia, Fox y Romero Hicks– fue un férreo opositor a las políticas de Frenk, de la mano de Cecilia Romero, y ahora hará mancuerna con otro amigo de Calderón, Juan Molinar Horcasitas, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Consejero electoral como Córdova Villalobos, Molinar ostentó en el primer tramo del gobierno de Fox el cargo de subsecretario de Enlace Legislativo, que hoy tiene Salinas Torre, pero su trabajo no arrojó ninguna reforma de las que le interesaban al gobierno.
Ahora, una de las prioridades de Molinar será la reforma en las pensiones de los trabajadores, en las que se articulará con otra institución del sector salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que sigue siendo, con Miguel Ángel Yunes como titular, una de las cuotas de Calderón a Elba Esther Gordillo, quien mantiene en proceso una negociación para tener más…
"Gente muy pesada"
Felipe Cobián R.
Christian es hijo de Fernando Arias Pérez, quien en la fecha del accidente era el director de Comunicación Social del Gobierno de Jalisco y actualmente ocupa un cargo similar en la Secretaría de Gobernación. Gracias al poder del funcionario, su hijo y Francisco Xavier no fueron detenidos. Tras el accidente, los jóvenes fueron enviados a hospitales privados a desintoxicarse –se presume que habían consumido drogas-– y las autoridades les practicaron la prueba de la alcoholemia seis horas después. Al final, Christian y Francisco Xavier sólo pagaron una fianza de 205 mil pesos cada uno.
El periódico tapatío Mural fue el único medio que informó al día siguiente sobre el hecho. Publicó una nota de ocho columnas, firmada por el reportero Emigdio García y acompañada de una amplia fotografía de Jonathan Lomelí que capta el momento en que Fernando Arias y su esposa llegaron al lugar del percance automovilístico para interferir con la justicia.
El fotógrafo Lomelí comentó que los padres de Christian arribaron a la esquina de la calle Enrique Díaz de León 10 minutos después del accidente.
El pasado jueves 7, los padres de Néstor Alan –Mónica Licea y Néstor Rodríguez Gómez– acudieron al Congreso del estado para exigir justicia. En entrevista con Proceso, aseguran que el exvocero del gobierno estatal echó a andar toda la maquinaria oficial para proteger a su hijo Christian, mientras que ellos, que viven a cuatro cuadras del sitio donde fue impactado el vehículo de su hijo Néstor Alan, sólo se enteraron de los hechos 12 horas después.
“Lo buscamos primero con sus amigos, luego en todos los puestos de socorro, en Locatel, en el mismo Semefo (Servicio Médico Forense) y nadie nos quiso informar. Sólo nos decían que no tenían a nadie con ese nombre. Eso, a pesar de que nuestro hijo traía identificación y en su auto estaba la tarjeta de circulación”, dicen al unísono los padres de Néstor Alan.
Agrega Mónica Licea: “En su celular estaban nuestros teléfonos como mamá y papá. ¿Por qué no hubo nadie que nos hablara, cuando Fernando Arias y su esposa sí se presentaron apenas pasado el accidente? ¿Por qué, si ellos también son padres? Lo único que les interesó fue encubrir a su hijo impunemente”.
Apellidos protectores
Jacinto Valdés también estuvo buscando a Néstor Alan toda la mañana de aquel domingo. Relata que alrededor de las dos de la tarde, después de múltiples llamadas al celular de su amigo, un trabajador del Semefo le respondió malhumorado: “Sí, aquí está, muerto”, y le pidió que avisara a los familiares.
“Casi me desmayo. Me quedé mudo”, recuerda Jacinto, quien fue a la morgue a identificar el cadáver y luego comunicó la noticia a los padres de Néstor Alan. Dice que nadie movió un dedo para darles la mínima información.
“Seguramente querían tiempo para acomodar las cosas a su modo y conveniencia de Fernando Arias, su hijo (Christian) y su amigo (Francisco Xavier)”, nieto del exgobernador jalisciense y exprocurador general de la República Enrique Álvarez del Castillo. Los familiares de Néstor Alan aseguran que durante la gestión de éste (1983-1988) Fernando Arias también fue director de Comunicación Social del gobierno del estado.
Dos días después, Mural publicó otra nota acerca del accidente, firmada por el propio Jonathan Lomelí, en la que asegura que 15 minutos después de la llegada de Arias Pérez a la esquina de la calle Enrique Díaz de León, Christian y Francisco Xavier fueron subidos a una patrulla de la Policía Estatal, que rápidamente se alejó del lugar.
“Esto sucedió antes de que arribara siquiera el fiscal titular de la agencia del Ministerio Público adscrita al Semefo, quien es el único facultado para solicitar la detención, aseguramiento o traslado de los detenidos en un accidente similar”, escribió Lomelí.
Cuando el reportero de Mural preguntó a los funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses por qué el examen de alcoholemia no se le había practicado a Christian y Francisco Xavier hasta las ocho de la mañana del domingo 26 de noviembre, los peritos respondieron que el exceso de trabajo les impidió acudir al lugar del accidente.
Sin embargo, Lomelí comprobó que los funcionarios forenses sí hicieron una prueba a Héctor Armando Hernández, quien provocó un choque en la avenida López Legazpi una hora después del accidente en que perdió la vida Néstor Alan. Ahí, dice el reportero de Mural, hubo otro deceso.
Guillermo y Érika Licea, tíos de Néstor Alan, acudieron horas después del percance a la agencia del Ministerio Público para enterarse de cómo iban las indagatorias. Cuentan que, en un descuido de los agentes, leyeron un documento en el que se asentaba que Christian y Francisco Xavier Álvarez del Castillo iban drogados y “con doble grado A” de alcoholemia.
“Cuando un actuario de la agencia se dio cuenta de lo que habíamos leído, tomó la hoja, la dobló y la metió debajo de su máquina. Nos dijo: ‘Se trata de gente muy pesada’, y nos advirtió que no podía darnos copia porque estaba de por medio su chamba”, relata Guillermo.
Tres versiones
Los padres de Néstor Alan dijeron al reportero de Mural que tanto los responsables del Ministerio Público del Semefo como el secretario Luis Humberto Gómez Orozco y la agente Esperanza García Alvarado, alteraron el acta en tres ocasiones. En la primera aparece que Christian y Francisco Xavier iban drogados y alcoholizados; en la segunda se omite que estaban drogados y en la última se suprimieron esas dos palabras.
En las fojas 9 y 10 del acta firmada por la agente García Alvarado se establece que la detención de Francisco Xavier Álvarez del Casillo y Christian se decretó a las 3:45 horas del 26 de noviembre. Y agrega enseguida que ambos jóvenes “mencionan al suscrito que necesitan atención médica especializada, la cual no podría ser otorgada, según refieren éstos, por una unidad de servicios médicos, es en consecuencia de lo anterior que a petición de los ahora detenidos, éstos serán enviados al (sic) Hospitales particulares TERRANOVA el primero de éstos y el segundo al Hospital SAN JAVIER (…)”.
En el acta, que no fue firmada por los presuntos responsables, las declaraciones son casi idénticas. Álvarez del Castillo dice: “…venía aprovechando la sincronía de los semáforos, mismos que le venían marcando la luz verde, pero que al llegar al cruce de la Avenida Enrique Díaz de León, el semáforo le marcó el siga, por lo que él continúo (sic) con la marcha de automotor, y que al ir pasando por el cruce de ambas avenidas intempestivamente le salió al paso un vehículo marca VOLKSWAGEN (…)”.
La declaración de Christian Arias dice: “…venía aprovechando que los semáforos le marcaban el siga, pero que al llegar al cruce con la Avenida Enrique Díaz de León, el semáforo le marcó la luz verde, siguiendo con la marcha de su automotor, pero que al ir cruzando la Avenida Enrique Díaz de León, un vehículo marca VOLKSWAGEN en color BLANCO, se atravesó (…)”.
Un testigo contactado por Proceso, Andrés Morales, quien se encontraba en la tienda 7 Eleven que está en contraesquina de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, en el crucero del accidente, asegura que la camioneta negra Ram y el Jetta se pasaron la luz roja a gran velocidad y “por eso fue el choque. Yo no sé si iban borrachos o no, pero alguien ahí dijo que traían aliento alcohólico. Yo lo que vi en la cabina de la camioneta negra fueron latas de cerveza vacías”.
En contraste, en el acta final del accidente, de la que Proceso tiene una copia, se narra que el vehículo negro “que se encuentra volcado sobre su lado derecho o sea del copiloto (…) apreciándose que en la caja trasera de la camioneta referida se encuentran dos latas de cerveza TECATE”.
Juan Carlos Rodríguez Gómez, tío de Néstor Alan, quien asumirá como alcalde de San Gabriel en las próximas semanas, asegura que la Procuraduría actuó muy rápido a favor de Christian, hijo del ahora funcionario de Gobernación, Fernando Arias: “No puedes creer que esta impunidad para favorecer a una persona pueda hacerse posible, sino hasta que la vives. Sólo esperamos que la ley se cumpla con transparencia, sin impunidad. No se valen tanta impunidad y tanto encubrimiento”.
La familia Rodríguez Licea aún no decide si presentará una demanda en contra de Fernando Arias Pérez por abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y los otros delitos que resulten. ?
GUADALAJARA, JAL.- Poco después de las dos de la madrugada del pasado 26 de noviembre, el automóvil Volkswagen modelo 1992 que conducía el joven Néstor Alan Rodríguez Licea fue embestido por una pick up 2006 y un Jetta 1998, tripulados respectivamente por Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo, quienes jugaban carreras por la avenida Vallarta y se pasaron el “alto” en la esquina de la calle Enrique Díaz de León. Rodríguez Licea murió.
Christian es hijo de Fernando Arias Pérez, quien en la fecha del accidente era el director de Comunicación Social del Gobierno de Jalisco y actualmente ocupa un cargo similar en la Secretaría de Gobernación. Gracias al poder del funcionario, su hijo y Francisco Xavier no fueron detenidos. Tras el accidente, los jóvenes fueron enviados a hospitales privados a desintoxicarse –se presume que habían consumido drogas-– y las autoridades les practicaron la prueba de la alcoholemia seis horas después. Al final, Christian y Francisco Xavier sólo pagaron una fianza de 205 mil pesos cada uno.
El periódico tapatío Mural fue el único medio que informó al día siguiente sobre el hecho. Publicó una nota de ocho columnas, firmada por el reportero Emigdio García y acompañada de una amplia fotografía de Jonathan Lomelí que capta el momento en que Fernando Arias y su esposa llegaron al lugar del percance automovilístico para interferir con la justicia.
El fotógrafo Lomelí comentó que los padres de Christian arribaron a la esquina de la calle Enrique Díaz de León 10 minutos después del accidente.
El pasado jueves 7, los padres de Néstor Alan –Mónica Licea y Néstor Rodríguez Gómez– acudieron al Congreso del estado para exigir justicia. En entrevista con Proceso, aseguran que el exvocero del gobierno estatal echó a andar toda la maquinaria oficial para proteger a su hijo Christian, mientras que ellos, que viven a cuatro cuadras del sitio donde fue impactado el vehículo de su hijo Néstor Alan, sólo se enteraron de los hechos 12 horas después.
“Lo buscamos primero con sus amigos, luego en todos los puestos de socorro, en Locatel, en el mismo Semefo (Servicio Médico Forense) y nadie nos quiso informar. Sólo nos decían que no tenían a nadie con ese nombre. Eso, a pesar de que nuestro hijo traía identificación y en su auto estaba la tarjeta de circulación”, dicen al unísono los padres de Néstor Alan.
Agrega Mónica Licea: “En su celular estaban nuestros teléfonos como mamá y papá. ¿Por qué no hubo nadie que nos hablara, cuando Fernando Arias y su esposa sí se presentaron apenas pasado el accidente? ¿Por qué, si ellos también son padres? Lo único que les interesó fue encubrir a su hijo impunemente”.
Apellidos protectores
Jacinto Valdés también estuvo buscando a Néstor Alan toda la mañana de aquel domingo. Relata que alrededor de las dos de la tarde, después de múltiples llamadas al celular de su amigo, un trabajador del Semefo le respondió malhumorado: “Sí, aquí está, muerto”, y le pidió que avisara a los familiares.
“Casi me desmayo. Me quedé mudo”, recuerda Jacinto, quien fue a la morgue a identificar el cadáver y luego comunicó la noticia a los padres de Néstor Alan. Dice que nadie movió un dedo para darles la mínima información.
“Seguramente querían tiempo para acomodar las cosas a su modo y conveniencia de Fernando Arias, su hijo (Christian) y su amigo (Francisco Xavier)”, nieto del exgobernador jalisciense y exprocurador general de la República Enrique Álvarez del Castillo. Los familiares de Néstor Alan aseguran que durante la gestión de éste (1983-1988) Fernando Arias también fue director de Comunicación Social del gobierno del estado.
Dos días después, Mural publicó otra nota acerca del accidente, firmada por el propio Jonathan Lomelí, en la que asegura que 15 minutos después de la llegada de Arias Pérez a la esquina de la calle Enrique Díaz de León, Christian y Francisco Xavier fueron subidos a una patrulla de la Policía Estatal, que rápidamente se alejó del lugar.
“Esto sucedió antes de que arribara siquiera el fiscal titular de la agencia del Ministerio Público adscrita al Semefo, quien es el único facultado para solicitar la detención, aseguramiento o traslado de los detenidos en un accidente similar”, escribió Lomelí.
Cuando el reportero de Mural preguntó a los funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses por qué el examen de alcoholemia no se le había practicado a Christian y Francisco Xavier hasta las ocho de la mañana del domingo 26 de noviembre, los peritos respondieron que el exceso de trabajo les impidió acudir al lugar del accidente.
Sin embargo, Lomelí comprobó que los funcionarios forenses sí hicieron una prueba a Héctor Armando Hernández, quien provocó un choque en la avenida López Legazpi una hora después del accidente en que perdió la vida Néstor Alan. Ahí, dice el reportero de Mural, hubo otro deceso.
Guillermo y Érika Licea, tíos de Néstor Alan, acudieron horas después del percance a la agencia del Ministerio Público para enterarse de cómo iban las indagatorias. Cuentan que, en un descuido de los agentes, leyeron un documento en el que se asentaba que Christian y Francisco Xavier Álvarez del Castillo iban drogados y “con doble grado A” de alcoholemia.
“Cuando un actuario de la agencia se dio cuenta de lo que habíamos leído, tomó la hoja, la dobló y la metió debajo de su máquina. Nos dijo: ‘Se trata de gente muy pesada’, y nos advirtió que no podía darnos copia porque estaba de por medio su chamba”, relata Guillermo.
Tres versiones
Los padres de Néstor Alan dijeron al reportero de Mural que tanto los responsables del Ministerio Público del Semefo como el secretario Luis Humberto Gómez Orozco y la agente Esperanza García Alvarado, alteraron el acta en tres ocasiones. En la primera aparece que Christian y Francisco Xavier iban drogados y alcoholizados; en la segunda se omite que estaban drogados y en la última se suprimieron esas dos palabras.
En las fojas 9 y 10 del acta firmada por la agente García Alvarado se establece que la detención de Francisco Xavier Álvarez del Casillo y Christian se decretó a las 3:45 horas del 26 de noviembre. Y agrega enseguida que ambos jóvenes “mencionan al suscrito que necesitan atención médica especializada, la cual no podría ser otorgada, según refieren éstos, por una unidad de servicios médicos, es en consecuencia de lo anterior que a petición de los ahora detenidos, éstos serán enviados al (sic) Hospitales particulares TERRANOVA el primero de éstos y el segundo al Hospital SAN JAVIER (…)”.
En el acta, que no fue firmada por los presuntos responsables, las declaraciones son casi idénticas. Álvarez del Castillo dice: “…venía aprovechando la sincronía de los semáforos, mismos que le venían marcando la luz verde, pero que al llegar al cruce de la Avenida Enrique Díaz de León, el semáforo le marcó el siga, por lo que él continúo (sic) con la marcha de automotor, y que al ir pasando por el cruce de ambas avenidas intempestivamente le salió al paso un vehículo marca VOLKSWAGEN (…)”.
La declaración de Christian Arias dice: “…venía aprovechando que los semáforos le marcaban el siga, pero que al llegar al cruce con la Avenida Enrique Díaz de León, el semáforo le marcó la luz verde, siguiendo con la marcha de su automotor, pero que al ir cruzando la Avenida Enrique Díaz de León, un vehículo marca VOLKSWAGEN en color BLANCO, se atravesó (…)”.
Un testigo contactado por Proceso, Andrés Morales, quien se encontraba en la tienda 7 Eleven que está en contraesquina de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, en el crucero del accidente, asegura que la camioneta negra Ram y el Jetta se pasaron la luz roja a gran velocidad y “por eso fue el choque. Yo no sé si iban borrachos o no, pero alguien ahí dijo que traían aliento alcohólico. Yo lo que vi en la cabina de la camioneta negra fueron latas de cerveza vacías”.
En contraste, en el acta final del accidente, de la que Proceso tiene una copia, se narra que el vehículo negro “que se encuentra volcado sobre su lado derecho o sea del copiloto (…) apreciándose que en la caja trasera de la camioneta referida se encuentran dos latas de cerveza TECATE”.
Juan Carlos Rodríguez Gómez, tío de Néstor Alan, quien asumirá como alcalde de San Gabriel en las próximas semanas, asegura que la Procuraduría actuó muy rápido a favor de Christian, hijo del ahora funcionario de Gobernación, Fernando Arias: “No puedes creer que esta impunidad para favorecer a una persona pueda hacerse posible, sino hasta que la vives. Sólo esperamos que la ley se cumpla con transparencia, sin impunidad. No se valen tanta impunidad y tanto encubrimiento”.
La familia Rodríguez Licea aún no decide si presentará una demanda en contra de Fernando Arias Pérez por abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y los otros delitos que resulten.
Terrorismo de Estado
José Gil Olmos y Pedro Matías
OAXACA, OAX.- Apenas entró en funciones presidenciales Felipe Calderón, diversos organismos de derechos humanos, sacerdotes y abogados reportan que el conflicto en el estado arroja ya un saldo de más de 200 personas detenidas arbitrariamente, 17 muertos, allanamientos a escuelas y casas, balazos a instalaciones universitarias e iglesias, así como una escalada de actos ilegales como espionaje, represión, persecución política y 40 desapariciones.
No obstante, el gobernador Ulises Ruiz, respaldado por su partido, el PRI, se ufana de que ha regresado la “tranquilidad” y anuncia que se “aplicará la ley” contra los miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) que participaron en las movilizaciones, sobre todo la del 25 de noviembre, cuando fueron incendiados edificios públicos y negocios turísticos.
En actos relámpago a los que no invita a la prensa y a los que llega fuertemente escoltado, Ulises Ruiz rechaza la propuesta de una Ley de Amnistía que planteó el pintor Francisco Toledo, pues reitera que el conflicto ha terminado y que “la ley no se negocia”.
En tanto, en la capital oaxaqueña no sólo temen los simpatizantes del movimiento popular, sino también las familias de quienes fueron aprehendidos y trasladados a cárceles de máxima seguridad con cargos de secuestro, robo, lesiones o despojo, aunque no hayan participado en las marchas ni en los enfrentamientos.
Pero 30% de esas personas no tienen ninguna relación con el movimiento popular, según el cuerpo de abogados de la APPO. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca registró, a su vez, otros siete casos de detenciones a inocentes.
La violencia de las policías federal y estatal bajo el mando del jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas, es secundada por grupos de “parapolicías” o de sicarios vestidos de civil que han disparado contra iglesias y escuelas. Se transportan en autos con placas de otros estados, siempre con armas.
El pasado 26 de noviembre, la iglesia de los Siete Príncipes, a cargo del padre Carlos Franco Pérez Méndez, que apoyó la instalación de una brigada médica en su parroquia, fue baleada desde un vehículo. También el auto del párroco recibió impactos y, después de eso, el padre Franco ha sido amenazado de muerte.
Otro sacerdote, Wilfrido Mayén Peláez, fundador del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño, A.C., en la Sierra Sur de Oaxaca, ha registrado desde octubre varios incidentes que ponen en riesgo su vida. Por ejemplo, el 19 de octubre recibió dos llamadas telefónicas a su celular. Desde un “número privado” le dijeron: “Te vamos a matar, te vamos a partir tu madre, te va a llevar la chingada…”. Al día siguiente, se repitió el mensaje. A partir de entonces, hombres armados lo vigilan afuera de la sede del arzobispado, en pleno centro de la ciudad, e incluso han preguntado por él. Al mismo tiempo, algunos medios locales mantienen una campaña en contra de Mayén: lo llaman “padre guerrillero” e invitan a la gente a no acudir a sus misas.
Es la sombra del “terrorismo del Esta-do”, denuncia el párroco de San Pablo Huixtepec, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y apoderado legal de esa arquidiócesis, quien participó en la Comisión de Intermediación junto con el obispo Arturo Lona Reyes y el pintor Francisco Toledo, en la primera etapa del conflicto.
Parte de ese fenómeno son las acusaciones a defensores de derechos humanos que tienen órdenes de aprehensión, como Aline Castellanos, integrante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y Omar Olivar, colaborador de ONG.
Igualmente han sido objeto de espionaje algunos medios de comunicación. Apenas el miércoles 6, la locutora Adela Micha dio a conocer grabaciones de charlas telefónicas del dueño del diario Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, con algunos de sus reporteros y directivos, con las que se le pretende involucrar con la APPO.
Mensaje equivocado
Entrevistado por Proceso, el padre Wil-fredo Mayén Peláez, conocido como el Padre Uvi, señala que Felipe Calderón tiene en sus manos la oportunidad de no sólo resolver el conflicto, sino de truncar a tiempo la gestación de un “gran movimiento armado”.
Argumenta: “Mucha gente siente que
hay terrorismo de Estado, principalmente
los líderes y simpatizantes de la APPO, porque se les está persiguiendo por sus ideales, es una persecución política como
hace muchos años no se veía. Esa persecución política los mete a ellos en la dinámica de decir: bueno, mi único delito es porque haya libertad, justicia y democracia en Oaxaca. Entonces no nos extrañe que al rato haya, como una consecuencia lógica a un terrorismo de Estado, un terrorismo popular. No nos extrañe que al rato en Oaxaca la gente haga justicia por su propia mano, sabiendo que no hay una aplicación honesta y auténtica de la ley”.
–¿Sería la creación de grupos de autodefensa?
–Sí, tendríamos efectivamente una reacción de autodefensa del movimiento social si el gobierno cancela las libertades conquistadas, la libertad de pensamiento, de expresión, de manifestación. El mensaje que le está mandando al movimiento social es equivocado: ya no puedes transitar por esta vía, elige otra.
–¿A qué vía los están mandado?
–A la clandestinidad, al cerro, a las armas.
–¿Ese es el mensaje que está mandando Calderón?
–Si no corrige, que no nos extrañe. No soy profeta ni visionario, pero el sentido común de cualquier persona sensata es que esto puede pasar en una semana, un mes o un año. Pero lo que vamos a tener después es un movimiento armado de grandes dimensiones. Creo que estamos invitados a aprender de la historia, ahí tenemos a las FARC en Colombia: ¿cuántas vidas, cuánta sangre ha costado, y para qué? ¿Qué se logra?
Mayén sostiene que la violencia no resuelve los problemas. “Por eso Gandhi dijo: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Lo que se obtiene con violencia sólo puede mantenerse con violencia. El ‘orden’ y la ‘tranquilidad’ que vivimos, no existen, mucha gente se está escondiendo, están horrorizados, es gente de la calle, del barrio, de la colonia, de a pie”.
–¿Cómo definiría lo que está pasando en Oaxaca?
–Hay que reconocer que hubo errores de parte del movimiento social, por ejemplo la cancelación de algunos derechos como el de libre tránsito, el derecho al trabajo, pero aún así no se puede aplicar la ley del garrote. Este conflicto tiene causas auténticas, legítimas, profundas, porque Oaxaca necesita una transformación estructural, reformas, constitucionales, electorales, administrativas, que nos hagan vivir en un estado distinto.
El padre Mayén Peláez vivió 11 años y medio en la sierra sur oaxaqueña, una zona de conflictos agrarios y una de las más pobres del país. Ahí vio cómo el gobierno estatal trataba de paliar la pobreza con bultos de cemento en un programa muy similar al que acaba de iniciar el presidente Felipe Calderón en Tlacoachistlahuaca, llamado “piso firme”, y que se extenderá a los 100 municipios más pobres del país.
“Para la gente lo más importante es el trato que se le dé. No sirve de nada que a la gente le des un bulto de cemento, y que la trates como animal. Si la tratas como persona, igual le das un bulto de cemento, pero entiende que el sentido es otro, que no sólo le quieres comprar el voto o la conciencia, sino que estás buscando resolverle un problema real.”
–Se piensa que el movimiento popular de la APPO se va a terminar con la detención de los dirigentes...
–Están rotundamente equivocados. Ciertamente la correlación de fuerzas cambia, eso no hay que ignorarlo, pero que se termine el movimiento... Están sembrando más convicción en el corazón de la gente, porque muchos de ellos que no tenían incluso nada que ver con el movimiento, ahora simpatizan porque les tocó vivir en carne propia lo que han vivido otros. Por eso digo que hay un problema de visión y de percepción. Si este asunto no cambia, va a tener que cambiar todo el país, no sólo Oaxaca. Que no nos extrañe que esta tradición centenaria se vaya a repetir: 1810, 1910, 2010...
La escalada represiva
El clima de persecución política que se incrementó desde el 25 de noviembre ha obligado a los dirigentes de la APPO a salir clandestinamente de la entidad, sólo para ser detenidos en el Distrito Federal bajo cargos fincados desde el gobierno de Ulises Ruiz: robo, despojo, secuestro y daño a bienes del Estado.
A partir de entonces, la ciudad de Oaxaca es patrullada por policías federales y estatales armados con rifles de asalto, a bordo de camionetas descubiertas. Así mismo, los “parapolicías” vestidos de civil han realizado operativos en busca de simpatizantes de la APPO en calles, casas y escuelas, e incluso en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), cuya fachada recibio al menos 15 balazos la noche del 25 de noviembre.
Aquel día fueron detenidas 147 personas, y al siguiente, 26 de noviembre, los presos fueron trasladados a los penales de alta seguridad de Nayarit y Matamoros, sin que se les permitieran ver a familiares, abogados o a representantes de organismos de derechos humanos.
Otro de esos casos es el del arquitecto Porfirio Domínguez, quien la tarde del sábado 25 de noviembre fue golpeado por policías federales que le fracturaron la cara al confundir el tubo de planos que llevaba con una “bazuca casera”. Después de dos días sin atención médica, Domínguez fue internado en el Hospital Civil y, tras ser operado, lo declararon formalmente preso.
También fueron detenidos el día 25, en los alrededores de la plaza de Santo Domingo, Lamberto Miguel Cruz Cruz, su hermano Juan Manuel, Isaín Cruz Martínez y el pintor Gerardo Alberto Bonilla, quienes fueron trasladados al penal de Nayarit bajo la acusación de haber participado en la quema del edificio del Tribunal Judicial. Con los golpes, Lamberto sufrió un ataque diabético y aún así permanece recluido. Gerardo Alberto fue detenido cuando salía de la galería Los Cuiles, y se dirigía a buscar a su esposa. Días después de las detenciones, la familia Cruz ha recibido amenazas de muerte por parte de policías.
El grupo de abogados defensores de los presos, encabezados por Ángel Sebastián Reyes, Juventino Orozco y Luis Mejía, advierten que no sólo hay irregularidades en la detención de los inocentes, sino en todo el grupo que fue traslado a Nayarit, principalmente porque no se han entregado los expedientes a la defensa y las denuncias fueron hechas por particulares, no por parte del Tribunal Judicial del Estado ni del Congreso local, a pesar de que fueron sus instalaciones las que sufrieron los daños el 25 de noviembre.
En consecuencia, “no hay señalamientos directos, no hay pruebas contundentes para atribuirles la responsabilidad a determinadas personas, sino que se hizo de manera general; además, todos los detenidos presentan huellas de tortura”, indica Reyes.
Juventino Orozco Moreno añade: “Se nos hace imposible una defensa porque no pudimos ver a los detenidos, nunca pudimos intervenir en los expedientes, como hasta ahora, están en total incomunicación legal. No hay acceso a los medios de defensa, prácticamente los detenidos están aislados de sus derechos”.
Además, duda que entre los presos que defiende se encuentren los autores del incendio del tribunal: “Falta un peritaje serio que determine cómo se dieron los hechos, porque los verdaderos culpables sabían a qué iban. Durante el tiempo que duró el enfrentamiento, esos hechos no ocurrieron. Si algún grupo mantuvo en su poder el tribunal en su momento, si la intención era destruir, lo hubieran destruido. Esa situación no se llevó a cabo. ¿Por qué, casualmente en un último momento, cuando era una marcha pacífica se da esto? Hay situaciones políticas que influyen en el aspecto jurídico de que no se vea con claridad por qué la detención de los compañeros”.
Debido a ello, los abogados estudian la posibilidad de llevar los casos ante la Su-prema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, solicitarán a los legisladores del Frente Amplio Progresista que se apruebe un punto de acuerdo, tomando en cuenta el antecedente de la matanza de Aguas Blancas, cuando la Suprema Corte intervino de oficio al determinarse que las autoridades guerrerenses violentaron los derechos humanos.
Calvario oaxaqueño en Tepic
Pedro Zamora Briseño
“No sabemos cuándo vamos a pagar”, comenta Reyna Olga Valdivia Rojas, cuya familia se dedica a la venta de ropa en su natal Ixtlahuaca, Oaxaca. El sábado 2, ella pudo entrar al reclusorio a ver a su hijo, de 21 años de edad, quien según su testimonio fue detenido al salir de un negocio de internet al que acudió para realizar un trabajo escolar de la universidad, a la que había ingresado apenas en septiembre pasado.
Con incertidumbre sobre el destino de Heladio, pero carente de recursos para seguir subsistiendo en esta ciudad, la mujer de 52 años de edad piensa ya en buscar empleo como trabajadora doméstica en Tepic con tal de permanecer pendiente de su hijo, mientras su esposo se traslada a su pueblo para atender al resto de la familia.
Por su parte, luego de realizar una colecta entre familiares y amigos, Miguel Ángel Ramírez Morales, de 25 años, llegó a Tepic el lunes 4 para ver a su hermano José Luis, quien pese a tener 17 años de edad se encuentra recluido en el Cefereso nayarita. Hasta el jueves 7, no había conseguido permiso para visitarlo y a estas alturas ya se quedó sin dinero para el retorno.
Miguel Ángel, quien hace dos meses perdió su trabajo en Oaxaca tras el cierre de la pequeña empresa de parabrisas en la que laboraba, dice que no descansará hasta ver a su hermano. “Voy a buscar aquí en Tepic trabajo de lo que sea para estar cerca de José Luis y apoyarlo en lo que necesite”.
En circunstancias parecidas se encuentran decenas de parientes de presos que han logrado viajar a Nayarit, pues muchos de ellos –apoyados por familiares, vecinos y compañeros de trabajo en sus lugares de origen– reunieron el dinero del pasaje y aquí, en medio de privaciones, han subsistido gracias a donativos de alimentos y al hospedaje ofrecido por ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones religiosas.
Las penurias de los familiares de los detenidos son definidas por Jéssica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, como “la otra cara de la víctima”.
Explica: “Desgraciadamente hay víctimas directas, que son los presos, pero está también la parte de los familiares, que no esperaban tener que transportarse hasta acá; primero pasaron la angustia de no saber dónde estaban los detenidos, de pensar si los mataron o si los desaparecieron; después, cuando los localizaron, no los dejaban verlos, y cuando pudieron hacerlo, han sufrido la impotencia y la frustración de comprobar que están golpeados y de no saber cuándo van a salir”.
A todo esto, añade Sánchez Maya, se suma el aspecto de la falta de recursos económicos, pues en las dos semanas posteriores a las aprehensiones apenas tuvieron posibilidad de trasladarse a Tepic alrededor de 80 familiares, equivalentes a poco más de 60% de la cifra total de detenidos.
La dirigente de la Limeddh considera que cuando las autoridades decidieron trasladar a Nayarit a los presos oaxaqueños, no midieron los diversos impactos sociales que esto iba a tener:
“Hay gente que se verá obligada a emigrar para trabajar y acompañar de cerca a sus detenidos, personas que probablemente van a perder sus empleos en Oaxaca por haber viajado a ver a sus familiares, casos de oaxaqueños sobre los que nadie sabe si están o no aquí, así como una descomposición del tejido familiar, pues la madre, el padre o varios miembros de una familia se encuentran en la cárcel. Inclusive hay chavos que perderán sus estudios, alumnos brillantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que ahora están catalogados como personas de alta peligrosidad.”
Esta situación, prosigue Jéssica Sánchez Maya, “nos preocupa mucho, porque hay esposos, esposas o madres dispuestos a dejar todo en Oaxaca y venirse a vivir aquí para poder estar cerca de sus parientes”.
Tatiana Toledo Ortega, catedrática del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, considera que si este fenómeno se consuma, la sociedad local estaría ante un proceso intercultural generado por un asunto político.
Recuerda además que el desempleo en Nayarit es alto, sobre todo para las clases que menos tienen, y que el estado es trampolín de migrantes.
“Aquí llega gente que regresa de Estados Unidos, que ha sido deportada o que apenas va. Casi toda la población tiene parientes que viven o trabajan allá, y estamos recibiendo un porcentaje importante de remesas. A lo mejor la llegada de los presos no sólo genera una migración de Oaxaca a Nayarit, sino también un mayor flujo hacia Estados Unidos, que finalmente es el elemento del que se sostiene gran parte de la economía de aquí. La verdad es que creo que 141 familias sí son muchas”, argumenta.
Las primeras movilizaciones
Por lo pronto, los familiares de presos que diariamente se concentran en el campamento instalado frente al Palacio de Gobierno ganan poco a poco presencia entre la población de la capital de Nayarit. Con leyendas, consignas, fotografías y recortes de periódicos y revistas sobre pancartas y mantas, denuncian las torturas sufridas por los internos del Cefereso en el momento en que fueron detenidos. Y, por medio de volantes, invitan a los transeúntes a respaldar su movimiento.
Pero no se han quedado ahí. El lunes 4, después de conocer la noticia de que los jueces dictaron auto de formal prisión contra los presos, realizaron una marcha por las calles céntricas de Tepic.
Un día después, acudieron a la sede del Congreso del estado, donde presenciaron la aprobación unánime de un punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Everardo Leyva Barraza en el que, a diferencia del aprobado una semana antes –donde se pedía el traslado de los detenidos a Oaxaca con argumentos relativos a la tranquilidad social–, se hizo énfasis en el respeto a los derechos de los internos del Cefereso.
El miércoles 6, una decena de mujeres acompañadas por el exdiputado Rodrigo González visitaron al obispo de Tepic, Alfonso Humberto Robles Cota, quien tras escuchar los testimonios de tortura, se comprometió a intervenir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El jueves 7, los familiares encabezaron eventos informativos ante maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Aunque inicialmente fueron recluidas en el Cefereso 141 personas traídas de Oaxaca, el lunes 4 fueron sacadas de ese lugar tres de ellas: el médico cubano nacionalizado costarricense Rainer Valdés Álvarez, quien fue trasladado a una cárcel del Instituto Nacional de Migración (INM), y los hermanos Édgar René y César Augusto Cruz Campos, informa el abogado Carlos Andrés del Campo Ortega, miembro de la Limeddh.
En el caso de los dos últimos, indica Del Campo Ortega, se desconocen las condiciones en que lograron salir del penal, mientras que los 138 restantes, entre ellos tres menores de edad, recibieron el auto de formal prisión. Y mientras a dos detenidos no se les concedió el derecho a la libertad bajo fianza, al resto les fijaron cantidades de hasta 4 millones de pesos para cada uno.
De acuerdo con el abogado, los jueces se basaron en los daños por más de 38 millones de pesos ocasionados durante los disturbios del sábado 25 de noviembre a las empresas Autobuses De Oriente (ADO), a hoteles y al Supremo Tribunal de Justicia de Oaxaca, entre otras instalaciones.
Carlos Andrés del Campo considera irrisorio que las autoridades de Oaxaca pretendan favorecer a empresas que durante mucho tiempo han sido privilegiadas por acciones de gobierno, obligando ahora a pagar los daños a personas inocentes.
Dijo que los abogados de oficio que presenciaron las declaraciones preparatorias informaron que todos los internos negaron haber participado en la quema de edificios y otras acciones que les imputa el gobierno de Oaxaca. Y después de casi 10 días de estarlo intentando, el miércoles y el jueves defensores civiles de los derechos humanos lograron entrevistarse con los internos.
Según Del Campo Ortega, varias organizaciones, entre ellas la Limeddh y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), pusieron a disposición de los detenidos 38 abogados que los apoyarán jurídicamente.
Posteriormente, se empezaron a organizar redes de solidaridad con los familiares de los presos, en donde han participado organizaciones y partidos de izquierda, con apoyo incluso de algunos sectores de la Iglesia católica. Sin embargo, a juicio de Toledo Ortega, son pocos los sectores de la población que han apoyado a los oaxaqueños.
Dice que no obstante las críticas lanzadas contra el envío de los presos a Tepic, el gobierno nayarita está aceptando la imposición federal. “Sin embargo, hay cierta incomodidad de las autoridades estatales porque esto está atrayendo a la entidad el ‘turismo político` de izquierda”.
La tranquilidad social que según el gobierno se veía amenazada en el estado, estima la catedrática universitaria, “es una tranquilidad aparente, porque está en puerta la cuestión del proyecto turístico de la escalera náutica y la presa de La Yesca, que van a generar problemas políticos fuertes y podrían empezar a incentivarse con la cuestión de los presos”.
A su vez, Jéssica Sánchez Maya estima que el conflicto de Oaxaca se había trasladado ya, en lo político y lo ideológico, a diferentes partes del país –como Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal–, pero “el hecho de mover a los presos políticos involucra a todo el país”.
La presidenta de la Limeddh considera que ahora es el Estado mexicano el que está extendiendo ese proceso de articulación y de denuncia, aunque a su juicio es evidente que lo que se pretende es desarticular la movilización.
–¿Se le están revirtiendo al gobierno sus estrategias?
–Yo creo que el caso Oaxaca es sui generis. Todo lo que se ha hecho siempre ha tenido un efecto distinto: cuando se reprimió el 14 de junio, apareció la APPO; cuando se intentó intimidar con escuadrones de la muerte, aparecieron las barricadas; cuando se encarcela gente, crecen las movilizaciones.
“Como que todo ha sido un efecto nuevo hasta para los que estamos en Oaxaca. Las reacciones de la gente han rebasado incluso a los liderazgos, que son necesarios pero que generalmente obedecen a la asamblea, y es incierto lo que pueda suceder.” ?
MAS DE LAS MENTIRAS DE LOS TELEVISOS CONTRA SABA:
¿Competencia? Nunca...
Jenaro Villamil
Como si fueran una sola empresa, durante las últimas semanas Televisa y TV Azteca emprendieron en sus noticiarios una campaña contra el Grupo Saba, al que acusan de ser un “monopolio de medicamentos”.
En dicha ofensiva, Televisa –que controla 258 estaciones de televisión– y su aliado temporal para esta causa, TV Azteca –que posee 179– acusan al Grupo Saba de controlar el mercado de la distribución de medicamentos y de propiciar “la muerte” de los mexicanos enfermos, por ser los responsables de los altos precios de los fármacos.
Según observadores y comentaristas, el inusitado ataque tiene su origen no en la lucha contra los monopolios, sino en la preocupación del llamado “duopolio” de la televisión abierta mexicana por la asociación del Grupo Saba con General Electric-Telemundo para buscar la licitación de una “tercera cadena” televisiva en México.
A partir del viernes 8, esa ofensiva se amplió a General Electric, dueña de NBC-Telemundo, en el espacio informativo He-chos, de TV Azteca. A través de sus conductores, la televisora de Ricardo Salinas insiste en que dicha compañía está “plagada de acusaciones en su contra”.
Rafael Díaz Granados, director de Ge-neral Electric para América Latina, afirma que existe “una actitud clara de intimidación por parte del duopolio televisivo”. Y explica: “No les bastó el ataque contra nuestro socio, el Grupo Saba. Ahora se dedican a atacar a General Electric acusándola con expedientes de hace 10 o 15 años”.
–¿Influye la reciente demanda de NBC contra TV Azteca en Estados Unidos?
–Nosotros somos una empresa muy seria. Y nos parece que existe una asimetría en los mercados. Ellos quieren participar en Estados Unidos, pero hacen todo para bloquearnos en México. No estamos pidiendo favoritismos; nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que exige la ley para obtener una concesión.
Incluso, el 28 de noviembre pasado, la Comisión Federal de Competencia (CFC) recomendó romper el monopolio de acceso a los contenidos televisivos prevaleciente en México, abrir el sector a productores independientes y “adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta”.
Televisa y TV Azteca concentran 58%
de la inversión publicitaria en medios, 80% de las concesiones de televisión y
90% de los contenidos audiovisuales. Ade-más, dominan el mercado mediante “barreras de entrada”, “criterios asimétricos” y discriminación de contenidos para nuevos competidores, según lo establece la propia CFC en su opinión sobre el marco regulatorio de contenidos.
Eduardo Pérez Motta, presidente de la comisión –responsable de combatir las prácticas monopólicas en México–, manifiesta, en entrevista con Proceso, que esa postura “es congruente” con su oposición a varios aspectos de la Ley Televisa, y advirtió que la falta de acceso a contenidos distintos a los producidos por ambas televisoras constituye “una traba, una barrera natural para la competencia”.
Especialistas de la CFC señalan que México es de los pocos países en donde las compañías televisivas concentran tanto la producción como las redes de distribución de los contenidos, a través de sus estaciones de televisión abierta y de sus señales en televisión restringida.
De acuerdo con datos proporcionados por la CFC, la concentración más importante se da en el caso de Televisa, que controla 258 de las 455 estaciones televisivas en México, 68.5% de las audiencias (TV Azteca tuvo 28.3%). En 2005, acaparó 71% del monto total de publicidad en televisión y 41.3% de la inversión publicitaria en medios electrónicos e impresos.
Otros indicadores confirman el alto nivel de concentración que se da en el sector. Según los reportes entregados por Televisa a la Securities and Exchange Commision (SEC) –organismo encargado de regular la aplicación de leyes de seguridad en la industria de Estados Unidos–, el consorcio pasó de producir 53 mil horas anuales en 2003, a 57 mil 500 horas en 2005. Muy lejos de esta capacidad de producción se encuentra TV Azteca, que registró un promedio de producción anual de apenas 9 mil 144 horas.
En su reporte a la SEC, Televisa asegura que es la más grande productora mundial de contenidos televisivos en idioma español, con 26 estudios en la Ciudad de México y 15 unidades de control remoto. Sin embargo, en ninguna parte del extenso documento se establece que promueva el acceso a la producción independiente a través de sus estaciones de televisión abierta y de sus señales de televisión restringida.
Imperativo, abrir el mercado
Para transformar este nivel de concentración en materia de contenidos, la Comisión Federal de Competencia propone seis medidas que favorezcan la libre competencia y la diversidad de redes de transmisión, a fin de “fortalecer la libertad de expresión y la pluralidad”:
En primer lugar, señala que se requiere “desarrollar un marco regulatorio consistente y neutral para el sector de contenidos audiovisuales”. Plantea que tanto el acceso como los contenidos se regulen “de manera separada, pero consistente”. Dicho acceso a los contenidos debe formar parte de la legislación en telecomunicaciones, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) le corresponde ser el órgano regulador de los mismos. Pérez Motta subraya que “ni la libertad de expresión ni los derechos de autor son asuntos que estemos tocando. Simple y sencillamente planteamos la posibilidad de utilizar los contenidos para promover la competencia”.
Así mismo, la CFC recomienda “asignar el espectro radioeléctrico de manera eficiente (…) y adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta, mediante mecanismos de licitación pública que promuevan la competencia y eviten concentraciones contrarias al interés público”.
Otra de las medidas consiste en “homologar regulaciones aplicables a la asignación del espectro radioeléctrico para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión” y, sobre todo, “asignar el espectro radioeléctrico que se recupera de manera expedita” en las bandas VHF (de los canales 1 al 13) y UHF (del 14 al 69).
La CFC estima que es necesario “garantizar el acceso a los medios de transmisión de las señales de televisión abierta, así como el acceso de los canales de televisión abierta a otros medios de comunicación”. En este rubro, la comisión propone la aplicación de dos mecanismos que se conocen como must offer y must carrier, para evitar que tanto Televisa como TV Azteca le nieguen sus señales de canal abierto a las empresas cableras que no son sus subsidiarias. De esta manera, también se impediría que Cablevisión o Sky (ambas propiedad de Televisa) bloqueen los contenidos de cualquier empresa competidora.
Otra de las acciones recomendadas consiste en “promover el desarrollo de productores independientes y su acceso a los canales de televisión abierta”. La comisión sugiere modificar el artículo 72-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que la producción nacional independiente pueda ser transmitida en los mismos horarios en que el concesionario difunda sus contenidos. Así se garantizaría una separación real entre el productor de contenidos y el concesionario, de forma que ni Televisa ni TV Azteca disfracen como “productoras independientes” a sus filiales ni utilicen empresas “pantalla”.
Por último, la CFC plantea que se deben “establecer mecanismos que eviten el ejercicio indebido de poder sustancial de mercado en los servicios de televisión abierta”, así como eliminar disposiciones actuales en la Ley Federal de Radio y Televisión que “establecen tarifas mínimas para todos los servicios que terceros contraten con los concesionarios de radio y televisión abierta”.
La CFC reconoce que con el texto de la actual ley, no se garantiza la competencia ni el acceso en materia de contenidos. Por ello, sostiene Pérez Motta, sus recomendaciones deben aplicarse de manera inmediata, “porque mandarán señales muy claras en este mercado de que hay voluntad para hacerlo más eficiente”.
Maniobras
Paradójicamente, mientras la CFC recomienda impedir la concentración de producción y distribución de contenidos, así como la discriminación de posibles competidores, Televisa y TV Azteca han utilizado desde el 21 de noviembre sus espacios informativos para “denunciar” a un monopolio: el de la distribución de medicamentos por el Grupo Saba.
Los reportajes, transmitidos diariamente en los noticiarios matutino y nocturno de Televisa y TV Azteca, incluyen testimonios de enfermos terminales y entrevistas editadas con el nuevo titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, lo mismo que con el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta. El propósito: mostrar que el monopolio de medicamentos de Grupo Saba y la empresa Nadro provocan “la muerte” de miles de mexicanos.
Mediante desplegados en medios impresos, el Movimiento Nacional Anticorrupción, dirigido por Víctor González Torres, el Doc-tor Simi, participó en el debate: “La verdad sobre el particular es que los precios los fijan los propios laboratorios extranjeros en México, y que los distribuidores reciben un descuento o comisión por la colocación y venta de los medicamentos en las farmacias, que en nuestro país son decenas de miles, ubicadas en todo el territorio nacional, aun en poblaciones pequeñas. Los distribuidores, pues, no fijan los precios. Lo hacen los laboratorios”.
La columna Templo Mayor, del periódico Reforma, subrayó el pasado 4 de diciembre que en los noticiarios de Televisa y de TV Azteca “surgió un repentino interés por el tema de la distribución de medicamentos”.
“Con todo y que ese negocio lleva años en la misma situación, de golpe encontraron que Casa Saba –una de las empresas más grandes del ramo– es presuntamente culpable de los altos precios de las medicinas (…) Los mal pensados comentan que este repentino interés por criticar a esa empresa no tiene nada que ver con la salud, sino más bien con la televisión.
“Y es que el 21 de septiembre, el accionista principal de Casa Saba, Isaac Saba Rafoul, asociado con el Grupo Telemundo, solicitó formalmente a la SCT la licitación de frecuencias para una tercera cadena nacional de televisión abierta.”
Este semanario solicitó a representantes del Grupo Saba que dieran su versión de los hechos, pero informaron que “por ahora” no responderán a la campaña emprendida por Televisa y TV Azteca.
La disputa se libra también en Estados Unidos. La compañía NBC Universal, due-
ña de Grupo Telemundo, presentó esta semana ante la Comisión Federal de Com-petencia (FCC) de Estados Unidos una petición para que se le niegue la renovación de su licencia a KAZA TV Canal 54, controlada en 51.6% por TV Azteca. Alegan que este control viola el límite de 33% para inversionistas extranjeros que establece la ley de aquel país.
En su edición del martes 5, The New York Times documentó este conflicto y la reportera Elizabeth Malkin también vinculó la disputa con la reciente campaña de Televisa y TV Azteca contra Grupo Saba y su socio Telemundo.
A través de un comunicado, TV Azteca acusó a Telemundo de “inventar un caso sin sustento para intentar afectar la imagen” de la compañía de Salinas Pliego, y culpó a la propia cadena estadunidense –con la cual mantiene un diferendo a raíz de la suspensión de la grabación del programa Quinceañera– de encabezar “un acto de intimidación que desnuda sus verdaderas prácticas”.
En los pasillos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representantes y enviados de Televisa presionan a las nuevas autoridades, encabezadas por Luis Téllez –exintegrante del Consejo de Administración de Cablevisión, filial de Televisa– para que la licitación del espectro anunciada por Felipe Calderón se suspenda o se prolongue. Ni Televisa ni TV Azteca quieren un nuevo competidor en materia de contenidos y, menos aún, uno que constituya una tercera cadena televisiva.
–¿Qué sucede si no se toman en cuenta las opiniones de la CFC? –se le pregunta a Pérez Motta.
–Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para convencer a la administración de Calderón y al Congreso de que es necesario defender el interés público. Seguramente las televisoras también se acercarán a los legisladores para persuadirlos de que, ante todo, debe prevalecer el interés privado.
Intereses creados
Carlos Acosta Córdova
Hombre cercanísimo a Carlos Salinas de Gortari, a quien sirvió de puente con Ernesto Zedillo en los candentes días de la aprehensión del hermano incómodo de aquél por su presunta autoría intelectual en el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, transitó por la administración pública federal durante 21 años, de 1979 a 2000, tiempo en el que conoció las entrañas del gobierno y acopió información económica y política que luego puso al servicio de grandes empresas nacionales y extranjeras.
Aún no concluía su licenciatura en economía en el ITAM, carrera que cursó simultáneamente con la de derecho en la UNAM, cuando, a la edad de 21 años, se incorporó como analista en la Secretaría de Hacienda –primero bajo el mando de David Ibarra Muñoz y luego, en el último año, de Jesús Silva Herzog– en el gobierno de José López Portillo, cargo en el que estuvo hasta 1982.
Al gobierno de Miguel de la Madrid entró hasta 1986, pues en los años previos permaneció en Estados Unidos, en donde cursó el doctorado en el Massachussets Institute of Technology (MIT), cuna académica de algunos políticos que luego formaron los equipos económicos de los siguientes sexenios. En esa administración se incorporó al equipo de Salinas, entonces secretario de Programación y Presupuesto y, desde esa época, feroz contrincante de Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda, por la candidatura priista a la Presidencia de la República.
Téllez llegó como asesor de Pedro Aspe –también egresado del MIT y subsecretario de Programación y Presupuesto– en 1986. Al año siguiente Aspe lo ascendió a director de área, y una vez destapado Salinas como candidato presidencial, Aspe quedó como titular de la SPP y se llevó a Téllez como su coordinador de asesores. En diciembre de 1988, Salinas, presidente ya, nombró a Pedro Aspe secretario de Hacienda, y éste designó a Téllez director general de Planeación Hacendaria, cargo en el que duró hasta 1990.
Con casi 10 años conociendo las entrañas del sector financiero, en ese cargo le tocó a Téllez allegarse y manejar información clave sobre el desempeño económico del país. Él lideraba la operación de todo el sistema de movimiento de fondos del gobierno federal; llevaba el registro de las cuentas corrientes de depósito, en dinero y valores, y de todas las operaciones crediticias de las dependencias federales; controlaba el sistema de información hacendaria de los estados y municipios, y también todo el sistema de información económica, financiera y fiscal de la secretaría, en el que incorporaba la información sobre las principales variables financieras y hacendarias del gobierno federal, del Departamento del Distrito Federal y de las empresas paraestatales.
De su despacho como director general de Planeación Hacendaria salían las propuestas de política financiera y crediticia del gobierno federal, que luego aprobaban, primero el subsecretario Guillermo Ortiz, y luego el titular Pedro Aspe. También en su oficina se originaban las propuestas de política bancaria, monetaria y de divisas del gobierno federal, así como las fuentes, montos y objetivos de los programas financieros de las entidades paraestatales.
De hecho, ese puesto fue el que catapultó a Luis Téllez. Fueron tales las prendas que se le reconocieron que el propio presidente Salinas lo nombró, en 1991, subsecretario de Planeación en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos –a cargo de Carlos Hank González–, desde donde fue artífice de la reforma salinista de 1992 al campo, mediante la cual se liberaban las tierras y se ponían a disposición del mercado. Duró en el cargo hasta marzo de 1994.
Pero no sólo Salinas reconocía el desempeño diligente de Téllez. También Ernesto Zedillo quiso hacerse de sus servicios. A finales de aquel mes, destapado Ernesto Zedillo como candidato sustituto del PRI a la presidencia de la República tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, invitó a Téllez como su coordinador de asesores.
Factor de enlace
Cuando Zedillo era ya presidente electo, Luis Téllez coordinaba el equipo económico de la transición y le tocó participar en aquella célebre reunión del 19 de noviembre de 1994, en casa de Salinas, en la que Zedillo pedía que el gobierno saliente devaluara el peso, para que el entrante no iniciara con una medida de esa magnitud y cargara con los costos económicos y políticos y, sobre todo, con la irritación social. En su libro de memorias, Salinas dice que él estaba dispuesto, si era necesario, a devaluar, pero que Pedro Aspe se opuso de manera contundente. Luego vendría el “error de diciembre”.
Ya investido presidente, Zedillo invitó a Téllez para hacerse cargo de la –poderosa en tiempos de Salinas– Oficina de la Presidencia, aquella que ocupó el siempre enigmático superasesor presidencial José Córdoba Montoya hasta el 29 de abril de 1994, pues prefirió irse a Washington, tras la muerte de Colosio, para ser representante de México en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Y si bien no tenía el aura, la omnipresencia y el poder de Córdoba –aun por sobre todos los secretarios de Estado–, como jefe de la Oficina de la Presidencia Téllez concentraba la información más íntima y reservada de la Presidencia de la República. Cualquier decisión de Zedillo no pasaba sin ser conocida por Téllez, a veces afinada o sugerida por él.
En ese cargo, en el que duró de diciembre de 1994 a mediados de 1997, Téllez no sólo fungía como asesor del presidente, sino que vigilaba y daba seguimiento a los acuerdos, programas y órdenes que aquél instruía; coordinaba los gabinetes especializados –el económico, el agropecuario, el de relaciones exteriores, el de desarrollo social y el de seguridad nacional. También atendía, tramitaba y respondía las solicitudes de audiencias con Zedillo, y hacía el seguimiento de las resoluciones adoptadas.
Como jefe de la Oficina de la Presidencia, a Téllez le tocó servir de puente entre Salinas y Zedillo cuando fue aprehendido y encarcelado Raúl Salinas de Gortari, acusado de haber ordenado el asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Ya en la cárcel, al “hermano incómodo” se le imputaron otros delitos, como el de enriquecimiento ilícito.
Téllez atendía las llamadas de Salinas desde el extranjero en las que el expresidente lo reconvenía –para que se lo hiciera saber a Zedillo– sobre el manejo de prensa que se daba fuera del país, contrario a su persona, en temas como el asesinato de Colosio y la crisis económica propiciada por el error de diciembre. También Téllez fue el encargado de llamar a Salinas al diálogo con Zedillo cuando, ya detenido Raúl Salinas, aquél hizo su “huelga de hambre”, bien arropado en una casa pobre de San Bernabé, en Monterrey, y bien hidratado con agua Evian de importación.
Por teléfono, Téllez le informó a Salinas que Zedillo deseaba una reunión con él. Lo convenció. El 3 de marzo de 1995 fue el encuentro, de dos horas –ellos solos–, en casa de Arsenio Farell, reveló Salinas en su libro de memorias.
También en ese cargo, Téllez fue, por instrucciones de Zedillo, el primero en establecer contactos con el gobierno de Estados Unidos para pedirle auxilio ante la hecatombe propiciada por la devaluación de diciembre.
El salto
A mediados de 1997, Zedillo consideró que el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia le quedaba chico a Téllez, aparte de que pensaba reorganizarla, dividirla. Entonces le dio la oportunidad de dar el salto: lo nombró secretario de Energía en octubre de 1997, en sustitución de Jesús Reyes Heroles González Garza, quien se fue a Washington como embajador de México en Estados Unidos.
Desde esa posición, Téllez le dio rienda suelta a sus ideas económicas, que ya perfilaba desde sus tesis de licenciatura y doctorado, de abrir el país a la competencia, de reducir la presencia del Estado en la economía y darle mucho más juego a la inversión de particulares, aun en áreas estratégicas reservadas al Estado. De hecho pasó lo primeros seis meses, como secretario, recorriendo el mundo en busca de compradores de las plantas petroquímicas mexicanas.
Se enfrentó entonces con legisladores que lo acusaban de hacer “su regalada gana” con el patrimonio de la nación, pues se la había pasado vendiendo petroquímicas, dando concesiones a particulares para distribución y venta de gas y decidiendo nuevos porcentajes de participación extranjera en áreas estratégicas en materia de energía. En el ámbito petrolero se le reconoció habilidad para hacer coincidir intereses y voluntades de Arabia Saudita, Venezuela y México, y lograr la recuperación de los precios del petróleo a mediados de 1999.
Meses antes debió pasar el trago amargo por el fracaso de su reforma constitucional en materia de energía eléctrica para permitir la participación de inversión privada, nacional y extranjera, en ese sector. Perdida la hegemonía del PRI y el gobierno en el Congreso, la iniciativa de Téllez simplemente no pasó, por mucho que Zedillo y el propio Téllez desplegaron una vasta campaña en medios para convencer a la opinión pública de las bondades de la iniciativa.
Cosas del destino: entre los principales opositores a la iniciativa se contaban los diputados del PAN que, instruidos por Felipe Calderón Hinojosa, entonces líder nacional del PAN, rechazaron por “inconstitucional y antinacional” la propuesta presidencial. En el gobierno de Fox, Calderón, como secretario de Energía, reconoció públicamente que fue un error haberse opuesto a esa iniciativa.
Con el fin de la administración de Zedillo, Téllez concluyó también su paso por el gobierno. Decidió incursionar en la iniciativa privada. Muchas empresas se lo peleaban, toda vez que la información privilegiada que poseía, sus enormes conocimientos adquiridos en 20 años en la alta burocracia y toda la red de contactos que estableció en ese tiempo, hacían apetecibles sus servicios.
Nunca estuvo Téllez sin chamba. Apenas dejó el gobierno, el Grupo Desc lo invitó a ser su vicepresidente; también fue socio y miembro del Consejo de Administración de este holding. Desc es uno de los grupos industriales más importantes en México, con ventas de aproximadamente 2 mil 200 millones de dólares y casi 14 mil empleados; través de sus subsidiarias participa como líder en los negocios de químicos, alimentos, autopartes y bienes raíces.
También fue consejero de Fomento Económico Mexicano, S.A de C.V. (FEMSA), el consorcio embotellador de productos Coca-Cola más grande de América Latina y la segunda empresa cervecera más grande del país. Entre muchas otras, FEMSA es propietaria de la cadena de tiendas OXXO. Eugenio Garza Sada fue el fundador del grupo, en cuyo consejo de administración abundan los apellidos Garza, Sada, Zambrano y muchos otros de rancio abolengo.
Todavía hasta hace pocas semanas, información de la Bolsa Mexicana de Valores incluía su nombre como consejero propietario de Grupo México, la minera propiedad de la familia Larrea Mota Velasco que compró Cananea y recientemente tuvo responsabilidad en el accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde perecieron 66 mineros, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.
También fungió como codirector gerente en México de la división América del Norte del conglomerado estadunidense de inversiones The Carlyle Group, señalado en numerosos países por sus presuntas ligas con las mafias de venta ilícita de armas. Un perfil elaborado por el Consejo Económico y Social de la ONU dice de Carlyle:
“Esta compañía poco conocida se hizo inesperadamente importante después del 11 de septiembre (de 2001), porque comenzó a interesarse en sectores tales como la biodefensa, la seguridad informática y las tecnologías de protección más sofisticadas. Carlyle Group es, en este momento, uno de los fondos de inversiones privados más poderoso del planeta. Realiza ‘operaciones con efecto de palanca’ (LBO, Leverage Buy-Out), que consisten en comprar sociedades y revenderlas más tarde con una ganancia importante a fin de remunerar a los fondos de pensiones que les confían sus capitales, salvo cuando toma participaciones en la industria de armamentos, pues en ese caso conserva su participación, seguramente porque estima que tiene asegurada una alta rentabilidad.
“Administra 13 mil millones de dólares de activos, participa en 164 empresas y sus beneficios actuales se elevan a 16 mil millones de dólares. Tiene relaciones de negocios con unas 450 instituciones, entre ellas bancos (ingleses, alemanes, franceses, coreanos), compañías de seguros, emires árabes, fondos de pensión públicos y privados…”
Señala que Carlyle, además de ser el undécimo proveedor de armas del Pentágono, se interesa también en las tecnologías de la información, en la biotecnología y en la industria farmacéutica, pero fundamentalmente se concentra en los sectores que con la ola privatizadora mundial han pasado del sector público al sector privado: las industrias de la defensa, aeroespacial y de telecomunicaciones… Justo el área, ésta última, que Luis Téllez empezó a dirigir por encargo del presidente Calderón.
El 21 de noviembre, en una entrevista difundida en Radio Fórmula, Téllez le aseguró a Joaquín López-Dóriga que la noche anterior había suspendido su colaboración como consejero de la iniciativa privada. ?
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