NOTAS DEL REFORMA:

Miguel Ángel Granados Chapa
Garzón, censor

Sin competencia para ello -en el doble sentido de la palabra- el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación omitió la transmisión -es decir, censuró- programas de partidos políticos que tienen derecho a su propia opinión
Eduardo Garzón Valdez fue nombrado director general de Radio, Televisión y Cinematografía el 1o. de agosto del año pasado. Su designación, en reemplazo de Héctor Villarreal, fue parte de los ajustes derivados de la renuncia de Santiago Creel, sustituido en la Secretaría de Gobernación por Carlos Abascal que a su vez nombró subsecretario de Normatividad de Medios a Enrique Aranda.

Los nombramientos del subsecretario y el director correspondían al talante ideológico del nuevo jefe de Bucareli, el conservadurismo católico, la derecha militante. Garzón Valdez había sido reportero del diario La Voz de Puebla, vespertino de la antigua cadena García Valseca (ahora denominada Organización Editorial Mexicana), de igual inclinación. Dirigió asimismo la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, una "institución privada de inspiración cristiana" organizada en 1972 por un sector de empresarios poblanos influidos por el Frente Universitario Anticomunista y atemorizados por el perfil ideológico imperante en la universidad pública de la localidad.

Un año después de su designación, el director de RTC, ausente y omiso frente a la multitud de violaciones a la legislación que es de su competencia aplicar (los tiempos dedicados a la publicidad en las horas del mayor alcance de las televisoras caras exceden cotidianamente los lapsos legales, por ejemplo), infringió el código electoral y dejó de transmitir programas de los partidos que integraron la coalición Por el Bien de Todos, ejerciendo la censura previa prohibida por la Constitución y por la propia ley de radio y televisión que debe aplicar.

En vez de disponer que fueran transmitidos el 29 de agosto y el 7 de septiembre, conforme a su derecho -pues el uso de tiempos en la televisión es una de las prerrogativas de los partidos legalmente constituidos- los programas titulados "Medidas de resistencia civil" y "Convención Nacional Democrática", el director de RTC los puso a consideración del IFE con ánimo delator, como quien participa a una autoridad la comisión de un delito. No obstante la rotunda respuesta del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar, opuesto a acompañar a Garzón Valdez en su actitud censora, los programas siguen en la congeladora.

Garzón Valdez, que no sabe gramática (e ignora por lo tanto cómo se conjuga el verbo denostar y escribe denostan donde debió poner denuestan), tampoco sabe derecho. Aseguró en su comunicación al IFE (fechada, con otro error, el 12 de agosto cuando manifiestamente se refiere a septiembre) que el contenido de un programa del PT "es a todas luces contrario al orden público". La afirmación, que podría entenderse en la pluma de un juzgador, es ridícula en el caso de un funcionario administrativo, que en todo caso podría impedir la difusión de los programas partidarios sólo después de cumplidas formalidades de un procedimiento que implicara escuchar a la parte afectada.

El artículo sexto constitucional que establece la libertad de expresión incluye entre sus límites el que no se "perturbe el orden público". Puesto que es la ley reglamentaria de esa disposición constitucional, la autoridad judicial (no la administrativa, inepta para ello) debería acudir a la ley de imprenta para conocer la definición (la descripción al menos) de ese bien jurídico, el orden público: La fracción primera del artículo 3 de esa ley obsoleta pero vigente (o de vigencia dudosa) dice que se ataca dicho orden con expresiones que "tengan por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, o con las que se injurie a la nación mexicana o a las entidades políticas que la forman".

Nada de eso se hace en el programa del PT donde se afirma, según la antología de frases preparada por el censor, que Andrés Manuel López Obrador "ganó democráticamente la Presidencia de la República y ahora se le quiere arrebatar el triunfo", y se asegura, como consecuencia, que Felipe Calderón es un "presidente espurio". Como si se tratara de un debate, Garzón Valdez sostiene en sentido contrario que la elección "ya fue declarada válida", de lo cual el funcionario desprende que el programa partidario para cuya emisión debe ser un simple nuncio "es a todas luces contrario al orden público".

Si lo fuera, una autoridad competente -el director de RTC no lo es, en ninguno de los dos sentidos de la expresión- tendría que determinarlo. Muy otro es, sin embargo, el criterio del director ejecutivo Agíss quien, por un lado, recuerda a Garzón Valdez que "dichas ideas han sido manifestadas públicamente... y constituyen una postura política del partido que las emite" y por otro lado establece que el IFE "es respetuoso de las ideas y posturas que emite cada partido político o coalición en la realización de sus actividades (por lo que) se abstiene de efectuar cualquier acto de censura sobre el contenido de los programas que transmiten en el ejercicio de sus prerrogativas".

Si no quiere hacerse sujeto a sanciones, el director de RTC debería ordenar la transmisión de los programas omitidos (que como corresponde a la política protectora de los intereses de las televisoras no estaban programados en los canales de mayor difusión) y dedicar su energía a combatir la publicidad falsa y engañabobos que vendedores de salud, de caricias, de ilusiones en general propagan a través del espacio radioeléctrico con el consiguiente perjuicio de públicos vulnerables.



Cajón de Sastre


Otro gobernador que no tuviera la cachaza peligrosa de Ulises Ruiz no resistiría las conclusiones sustantivas, no las formales, de la sesión del Senado. La descalificación generalizada que se le asestó, aun en labios de los legisladores panistas que lo apoyaron determinando que no ha lugar a declarar que desaparecieron los poderes, añadida a la repulsa que le expresa desde hace meses (no sólo a partir de mayo pasado) un sector numeroso, y el más activo de la sociedad oaxaqueña, sería causa para que organizara su propia retirada, con tiempo para cubrirse las espaldas con un reemplazante (a cualquier título posible) de su propio partido o grupo. Pero su reacción será la contraria. Envalentonado por el sentido de esa decisión senatorial dirá que la ley está de su parte, y su engallamiento chocará con el previsible alebrestamiento de las organizaciones sociales que esperaban de un Senado más sensible que formal la salida legal no que resolviera los problemas de fondo pero aligerara las tensiones que ahora, en cambio, se harán espesas.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Rafael Segovia
El amanecer que no llega

El próximo gobierno va tomando cuerpo -no es una referencia al próximo secretario de Hacienda-. Dicho sea de inmediato, los nombres no son para animar a nadie, no por ser peores que los actuales sino iguales, gente de segunda, hallada en el desecho de los gobiernos anteriores, personas sin una calidad confirmada, políticamente indecisa. Dígase en honor de Juan Molinar que es el único con una procedencia confirmada: sobre su derecha nadie puede dudar. No es por ejemplo el caso de Paoli Bolio, que ha danzado por todos los horizontes de la política nacional hasta aterrizar en el equipo de Calderón, aunque, si los hados hubieran sido contrarios, podría haber caído en el de López Obrador. Se gobierna, debe pensar Calderón, con lo que se encuentra, no con lo que se desea. Y se utiliza el tono más acorde con los compromisos establecidos durante la campaña electoral.

No sólo en los nombres se encuentran sorpresas. Más grandes son las que acompañan a las gratificaciones. Por ejemplo a los magistrados del Tribunal Electoral. Siete millones por barba, incluso para los lampiños. La cantidad no se puede considerar exorbitante si se piensa en las tareas que les fueron encargadas y se advierte que es el final de su carrera. Los funcionarios del servicio federal también fueron debidamente retribuidos, pese a quedar por detrás de los señores magistrados. En cualquier caso y sin las comparaciones odiosas que tanto repugnaban a don Alfonso Reyes, en un país donde los políticos no hablan sino de pobreza y de injusto reparto de la riqueza, estos señores han dado tema para los meses por venir. Algunos de ellos se han colocado al margen de los temas favoritos del Presidente electo.

No todo puede ni debe ser problema de dinero, aunque Calderón se va a topar con él desde el primer momento. Debe desear ser escuchado sobre otros temas, aunque éstos estén siempre relacionados con el presupuesto. En primer lugar, la educación. El desastre de la educación nacional no tiene límites, si aceptamos -y estamos obligados a hacerlo- la información proporcionada por este periódico. Ni español ni matemáticas ni nada. Los egresados de las escuelas nacionales se sitúan siempre en los últimos lugares cuando se recurre a las comparaciones internacionales. No se puede pensar en que el escolar mexicano es menos inteligente que el francés, el chino o el argentino, debe tenerse siempre un parangón negativo que se aplica sin mayores explicaciones a algo tan indefinido como el sistema.

Si en un principio la Revolución tuvo en Vasconcelos un hombre preocupado por la educación y la cultura, la formación de un sindicato que, con el tiempo, se convirtió en un apoyo electoral imprescindible del partido revolucionario, liquidó el principio mismo de la educación. Los profesores de educación primaria fueron víctimas de su propia creación. El tener en sus manos las decisiones políticas y administrativas -léase el escalafón- sindicales hundió a la Secretaría de Educación en un conflicto permanente donde no hubo solución posible. Terminó, como puede verse estos días, en la lucha inacabable de Oaxaca, donde la clase política ha renunciado a cualquier principio de gobierno y una lideresa siniestra pero de sorprendente habilidad ha sabido reunir todos los hilos del poder en sus manos. Incluso los que llevan a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Ninguno de estos dos hombres parece dispuesto a enfrentarse con la lideresa. La educación y cuanto representa seguirán flotando en un vacío absoluto. México seguirá siendo un país sin educación e, igualmente grave, sin cultura.

A última hora se anuncia que los magistrados del Trife no van a cobrar el bono, o no van a cobrarlo íntegro. No se sabe si van a aceptar 7 millones o sólo tres. Esos bonos son una de las mayores desvergüenzas de la administración federal y local. La ausencia de una política definida, honesta y clara ha llevado a pagar los sueldos de los administradores de hecho con dinero "negro": el PAN no se ha quedado a la zaga del PRI. La política, y más que la política, la administración, se ha profesionalizado, entendiéndose por profesionalización la permanencia en los cargos y la retribución de éstos con unos pagos fantasiosos. A lo que no se ha tocado es a buscar disposiciones donde los nombramientos se hagan en función de los títulos, de los conocimientos y de un código de responsabilidad aplicado por una comisión intachable -no quiero escribir independiente porque en México el término se ha convertido en lo que el doctor Johnson dijo del nacionalismo, el último refugio de los sinvergüenzas.

Cuando vemos bajar del norte del país auténticas hordas semialfabetizadas pero empujadas por los Manuel Espino del Yunque y de organizaciones similares para ocupar cuanto cargo encuentran a su paso, nos podemos explicar los bonos de los magistrados y funcionarios de toda laya. La Secretaría de la Función Pública está ahí para defender la profesionalización del gobierno federal, empezando por sus propios intereses: no se debe permitir la llegada de quienes no han sido previamente socializados en las nuevas ideas, en las privatizaciones y la educación religiosa para empezar, en las prácticas globalizadoras y la lucha contra el nacionalismo y el sindicalismo, los monopolios de hecho y también de derecho y todo cuanto contribuirá al mantenimiento de un estado social de la nación, donde el discurso -con todas las faltas de sintaxis y ortografía necesarias- aprendido en la universidad de Chicago nos dirá que, si las cosas no están bien, podrían estar peor. Ya sabemos qué quiere decir ese discurso.

Y EN ESTA FELICIDADES MEXICO EN TRANSPARENCIA,YA LE GANAMOS A BOTSWANA:

Reprueba País transparencia del gasto

En una escala de 1 a 100, México obtuvo 50 de calificación en transparencia presupuestaria, de acuerdo con una medición realizada por el Centro de Investigación Fundar, de México, y el Proyecto Internacional de Presupuesto, una Organización No Gubernamental internacional.

Con sus bajos resultados, el País ocupó el lugar 22 entre 59 naciones y está peor evaluado que otras naciones latinoamericanas, como Perú que fue evaluada con 77, Brasil con 73 y Colombia con 57.

El organismo señaló que Francia tiene la mayor transparencia presupuestal con 89 puntos, seguido por el Reino Unido con 88.

La calificación se compone de cinco subíndices: propuesta presupuestaria del ejecutivo --donde México tiene 41 puntos--; reportes de avance del ejercicio presupuestario (96); revisión a mitad de año de presupuesto (67); reporte de fin de año (60); y reporte de auditoría (67).

El ejercicio es un esfuerzo por avanzar y mejorar las condiciones de transparencia y acceso al presupuesto, señala el estudio.

Con información de Lucero Almanza

Y AQUI NOS ENTERAMOS QUE LOS MAGISTRADOS QUE AVALARON FRAUDES Y DESVIOS DE BOLETAS,ESTAN "ENCALMADOS" DE DINERO,Y SE LES ENCUENTRA OTRO "COCHINITO" Y NO ES CARSTENS:

Suman a 'cochinito' su seguro de retiro

La partida es opcional y es un ahorro de los jueces electorales, va desde 2 al 10%

Erika Hernández y Guadalupe Irízar

Ciudad de México (19 octubre 2006).- No conformes con el fideicomiso que les dejará una entrada de casi 3 millones de pesos al termino de sus funciones el próximo mes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gozan de un Seguro de Separación Individualizado.

La partida del retiro está conformada por la aportación del juez electoral, que puede ser del 2 al 10 por ciento de su salario neto mensual, y otra parte similar entregada por el Tribunal.

"El Tribunal Electoral aportará por cuenta y en nombre del servidor público un monto neto igual al que aporte éste 2, 4, 5 o 10 por ciento incrementado con el importe de los rendimientos que generen ambas aportaciones", indica el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero del 2006.

Por ejemplo, el magistrado presidente, Leonel Castillo, tiene un sueldo neto de 162 mil 430 pesos mensuales -sin prestaciones-, si él depositó a su fondo sólo del 2 por ciento mensual de su salario, recibiría por la década trabajada alrededor de 779 mil 664 pesos, entre su aportación y la del Tribunal.

En cambio, si decidió aportar el 10 por ciento de su sueldo y la institución judicial un porcentaje igual, por sus 10 años tendría aproximadamente 3 millones 898 mil 320 pesos.

Este seguro es una partida a la que tienen acceso todos los funcionarios de los tres Poderes federales y órganos autónomos, de jefe de departamento hacia arriba, aseguraron fuentes del tribunal electoral.

Confirmaron que ese seguro de separación, aunque es voluntario, implica una prestación que duplica los fondos que cada funcionario aporta al mismo.

En el caso del Tribunal, como en el de otras dependencias, este seguro lo maneja la aseguradora Met Life, que adquirió las cuentas que en su momento manejó la Aseguradora Hidalgo.

Si bien el funcionario recibe una aportación de la institución en la que labora de un monto idéntico al erogado inicialmente por él, también es un hecho que esa cantidad debe pagar entre el 29 y 31 por ciento de impuestos.

Esos impuestos se compensan en parte con el interés que generan esos fondos de la aseguradora.

Alistan demanda

El PRD en la Cámara de Diputados aseguró ayer que los fideicomisos que creó el tribunal electoral son ilegales, por ser remanentes presupuestales, por lo que buscan interponer una denuncia penal en su contra.

El coordinador de la bancada, Javier González, informó que la próxima semana pedirán la creación de una comisión especial para investigar las irregularidades en la conformación de esos fideicomisos.

En tanto están a la espera de un informe del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para que explique a detalle el destino que tendrían los tres fideicomisos que ascienden a 88 millones de pesos, entre ellos el de 52 millones para el bono de retiro, a fin de tener más elementos para entablar una demanda penal.