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viernes, octubre 20, 2006

LOS MAGISTRANZAS Y SUS AGANDALLES.

Opinión México
Los magistrados del TRIFE y su 'derecho a la sopa'

Por: Julio Pomar .
(especial para ARGENPRESS.info)
(Fecha publicación:20/10/2006)

Estamos en el “año de Hidalgo”. Como lo sabe todo mexicano que se precie de serlo, así se le llama al último año del sexenio de cada administración de gobierno.

Significa lo que todo mundo entiende, pensando en los fondos oficiales: “Año de Hidalgo, tizne a su madre el que deje algo”.

Es el momento en que los funcionarios que se van, sea cual sea su suerte futura inmediata (tanto si los invitan a formar parte del nuevo gobierno, como si no) arremeten como jauría hambrienta sobre el erario, para favorecer los negocios de sus negociantes o proveedores protegidos (fifty-fifty, naturalmente) o simplemente para darse premios de consolación por su ya cercana cesantía, que puede ser total o pasajera.

Cada seis años se repite el ritual de la transmisión no sólo del mando, sino también del privilegio del “año de Hidalgo”.

Pero en esta experiencia de la derecha panista en el gobierno, el manejo corrupto se ha agudizado. Hay muchos que dicen que los priístas corruptos al menos “salpicaban” de esas trácalas; los panistas de hoy no, pues “todo es para el vencedor”.

Los magistrados del TRIFE (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) que se cubrieron de deshonra al calificar las elecciones del 2 de julio, robándole el triunfo a López Obrador y adjudicándoselo a Calderón el pequeño, no se diferencian mucho de esos famélicos canes que corren tras el hueso callejero.

Ahora se han dado a sí mismos una jugosísima compensación económica de casi tres millones de pesos (300 mil dólares), bajo la forma de lo que antes se llamaba “bono de retiro” o “bono de actuación” y que ahora se encubre en la piadosa fórmula de “fideicomiso para el retiro”.

Seis de los siete magistrados que no honraron su función de jueces electorales y quedan expuestos a la luz pública como inmorales de mucha monta, dejarán el cargo el muy próximo 4 de noviembre Sólo quedará uno, para ser el hilo conductor de los seis nuevos que lleguen y para intentar instruirlos, de seguro, en estas mismas trapacerías.

Pero el que se queda como magistrado también recibirá sus buenos tres millones de pesos, no nos angustiemos por la suerte de su economía personal.

Hasta eso, los magistrados tuvieron cierto reparo, que felizmente pudieron superar, tras de que se supo el monto auto asignado y se armó un escándalo en los medios. Primero se habían asignado en total, para el fideicomiso creado al efecto, también llamado “cochinito” o alcancía, nada menos que 51 millones de pesos en total.

Luego lo bajaron a sólo 21 millones. Con eso creyeron actuar honorablemente. Pero resulta que cada uno de ellos, durante los 10 años que duraron en el cargo, obtuvo 373 mil pesos cada mes, lo que sumados en 10 años, dan la friolera de 44 millones 760 mil pesos per cápita, y a eso habría que agregarle los aguinaldos de cada uno de esos diez años, que se supone fue de dos meses de sueldo en cada diciembre, lo cual hace ascender la suma en 7 millones 460 mil pesos más, que da un total de 52 millones 220 mil pesos ¡por cada negociante, digo magistrado! en esa década vivida de espaldas a la decencia.

Y eso sólo en sueldos y aguinaldos. Si le sumamos el fideicomiso “de retiro”, da otro total mayor, de 55 millones 220 mil pesos por cabeza.

Para que vean que la justicia sí deja en México y para que no anden pobreando a los sufridos jueces electorales que han tenido que arrostrar el repudio público por sus tramposas decisiones.

En otras palabras, cada magistrado obtuvo ingresos en ese lapso por 5.52 millones de pesos anuales (552 mil dólares) y mensualmente 461 mil pesos (46 mil dólares) mientras 27 millones de indigentes mexicanos subsisten con ingresos menores a dos dólares al día, o sea, 730 dólares por año.

Sólo para efectos comparativos.Los demás funcionarios de la Judicatura y los titulares y subtitulares del Poder Ejecutivo, incluido Fox, también obtendrán pingües rendimientos en este cierre de sexenio, en niveles parecidos a los de los jueces que ungieron a Calderón como presidente designado.

Se comprueba que, efectivamente, estamos en el “año de Hidalgo”. Para quien a estas alturas no sepa qué significa esto, no se trata de que es un año dedicado a honrar la memoria del gigante insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, sino lo que ya se dijo al comienzo de este Palenque, que todos aquellos que tienen posibilidad de hacerlo -los altos mandos burocráticos- no lo pensarán dos veces, lo harán.

Prevalece en ellos el zafio apetito de su mercenario “derecho a la sopa”, de que hablaba Francisco Bulnes, acerbo crítico liberal-conservador del porfiriato en el siglo XIX.Pero esto, como se advierte, es algo más que un miserable “derecho a la sopa”.

Las reprobaciones de la sociedad y de distinguidísimos miembros del foro son absolutas y tajantes: Elisur Arteaga Vera, eminente constitucionalista: “es un insulto a una sociedad pobre como la nuestra; los magistrados están violando la ley”. Clemente Valdés, también constitucionalista insigne: “es producto de trampas legales para apropiarse ilícitamente del dinero de la población”. Raúl Carrancá y Rivas, igualmente constitucionalista y académico de la UNAM: “es un verdadero escándalo, una injuria... ningún magistrado se debe retirar con un bono o premio en proporciones tan grandes, mucho menos unos juzgadores que violaron flagrantemente el artículo 41 de la Constitución, al no haber atendido a las manchas y deficiencias de la pasada elección presidencial, donde no hubo certeza, legitimidad, objetividad e imparcialidad”.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México: “Moralmente es un insulto a la clase trabajadora común”. Y así hay muchas voces más.Trasladándolo a su interpretación política, ese resultó ser, y no el “imperio de la ley”, el incentivo real y efectivo que los siete magistrados electorales tuvieron para violar la ley y la voluntad popular expresada el 2 de julio en las urnas. Estaban luchando por su mezquino “derecho a la sopa”. Ello es lo que los mide en su verdadera dimensión. Y luego se molestan porque alguien dice: ¡Váyanse al diablo con sus instituciones!

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