EL AMARRADOR DE NAVAJAS.

Estrictamente personal.
Raymundo Riva Palacio.
09 de octubre de 2006.

Y retiemblan las armas.

El conflicto de Oaxaca desató la peor crisis institucional del gobierno, con acusaciones informales al general Vega de insubordinación.

Una de las más grandes crisis institucionales, si no la más grave que ha tenido el gobierno del presidente Vicente Fox en su sexenio, se dio en las últimas semanas con Oaxaca como telón de fondo. Preparada desde Los Pinos la intervención policial-militar para terminar con la fuerza un conflicto de cuatro meses, el secretario de la Defensa, general Clemente Vega, dijo que con el Ejército no contaran. No era la primera vez que establecía esa posición. Desde que el clima político subió de temperatura en los prolegómenos del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el general Vega alertó públicamente para no reeditar la vieja lucha entre liberales y conservadores que provocó la división del país, que le sirvió de plataforma para que el día que le pidió el Presidente tropas en caso de disturbios por proceder contra Andrés Manuel López Obrador, le dijera que no.

El general Vega no se negó tajantemente a la instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente, sino que le dijo que para girar esa instrucción a sus subalternos necesitaba una orden expresa firmada por el mismo Fox. El Presidente le dijo que lo insultaba, a lo que el general lo atajó. Cuando llegó a la Presidencia, una de las promesas de campaña que sí cumplió fue ajustar cuentas con el pasado. Aunque nunca se llegó a nada en el sexenio, autorizó a que un fiscal persiguiera militares para acusarlos de genocidio por abusos en la guerra sucia. El general Vega argumentaba que los generales habían actuado siguiendo órdenes del Presidente en turno, y habían pagado -como en la matanza de Tlatelolco- injustamente por conflictos iniciados por los políticos. Nunca más, decía en privado, el Ejército pagaría los yerros de los políticos.

Esa postura, con diferentes matices, fue subrayada durante las reuniones preparatorias para la solución de fuerza en Oaxaca. Inclusive, uno de los argumentos que después fue expresado en diferentes niveles de gobierno por funcionarios de la Secretaría de Gobernación para explicar la acción limitada de la Secretaría de la Defensa en Oaxaca fue que seis de cada 10 soldados eran oaxaqueños, por lo cual no podían exigirles tomar acción contra sus hermanos. En la participación acotada que aceptaron realizar en Oaxaca fue una donde no hubiera contacto físico, y que se enmarcara en tareas de inteligencia. Por ejemplo, el uso de los helicópteros Bell, que pertenecen a la Fuerza Aérea, y que de acuerdo con personas que los conocen están equipados con aparatos para detectar calor, movimiento, diferencias de color e inclusive algunas diferencias de campo magnético.

Como sucedió durante el proceso del desafuero, la postura del general Vega no hubiera pasado más allá salvo que, podría argumentarse, el contexto entre aquel acontecimiento y Oaxaca fue percibido totalmente diferente. A propósito del desafuero, la oficina del secretario de la Defensa hizo saber a través de sus voceros oficiosos que había sido el general Vega, más que nadie, quien con su posición con respecto a los problemas que podrían emanar del proceso judicial contra López Obrador hizo recular al presidente Fox, quien se desistió de seguir con su intención política contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el caso de Oaxaca, voceros oficiosos de la Defensa hicieron llamadas el lunes pasado a varias redacciones de periódicos para filtrar que también, en esta ocasión, el general Vega se había opuesto al envío de tropas a Oaxaca para solucionar el problema político. Pero las reacciones fueron totalmente diferentes.

Cuando el desafuero no hubo críticas para el general Vega, sino llamados a su inteligencia, ponderación y fiel de la balanza en un gobierno que a veces parecía dislocado. En el caso de Oaxaca, aunque el argumento central siguió siendo el mismo, no hubo clemencia política para el general. Durante los últimos días, las críticas dentro del gobierno al general Vega fueron sumamente ácidas, llegando a acusarlo de manera informal de insubordinación. En las áreas de seguridad, particularmente, señalaron que inclusive podría entrar en el terreno de merecer una Corte Marcial por desobedecer una instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nada de esto se ha iniciado, y se podría asegurar de antemano que no sucederá. Pero el general Vega acusó el golpe.

De manera discreta, la Secretaría de la Defensa emitió un boletín de prensa el jueves pasado por la noche donde subrayaba que tenían en Oaxaca a 5 mil efectivos "en previsión de cualquier evento" (o sea, no sólo para sus tareas contra el narcotráfico y la guerrilla), y que en caso necesario otros tres batallones con mil 837 elementos "a órdenes superiores podrían desplegarse". En este cáustico pero revelador comunicado, se estableció que el general Vega recibe las instrucciones "directamente del señor Presidente de la República y de nadie más". Aunque este boletín pasó bastante desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación, fue el único elemento público del enorme conflicto institucional que vivió el gobierno de Fox la última semana.

Un Presidente que entendiera su papel, lo hubiera destituido. La razón, como expresan en los círculos del aparato de seguridad, es que el desafuero de López Obrador estaba enmarcado en una estrategia meramente política, y que Oaxaca, aunque surgió y creció por incompetencia política de los gobiernos federal y estatal, había rebasado el ámbito de la seguridad pública -como aquí se planteó el miércoles pasado- y estaba convertido, por los componentes integrados a la movilización social oaxaqueña, en un asunto de seguridad nacional. En este sentido, explicaron, la posición del general Vega podía llegar a ser considerada también como rebelión.

La crisis institucional que se vivió no resuelve, sin embargo, el problema que plantea Oaxaca. ¿Actuó bien el general secretario o no? Desde el contexto de la seguridad nacional, en la lógica clásica de obediencia institucional, el general Vega sí incurrió en una insubordinación. Pero, ¿es una buena política utilizar a tropas para resolver un problema donde durante casi tres meses el gobierno federal se lavó las manos? Hay que revisar desde diferentes ángulos la posición del secretario de la Defensa. No fue un problema original de él que un problema político derivara en uno de seguridad nacional. Ética y políticamente, ningún gobierno puede jugar con las Fuerzas Armadas.

Tampoco pueden existir jefes castrenses que actúen en función de los desastres operativos en que incurran los políticos. Quizás la revisión no deba ser en torno a los secretarios de las Fuerzas Armadas, sino a la manera como un gobierno, como el de Fox, generó tantos vacíos de poder que, en sus subproductos, provocó crisis institucionales que aún no terminamos de procesar.

Comento:
Algunos sedicentes "analistas políticos" están tan acostumbrados a manejar las informaciones que deberían ser relevantes, como si fueran meros chismes de vecindario, que incurren en irresponsabilidades alarmistas y paranoicas, al extremo de que los verdaderos desestabilizadores y la verdaderas amenazas a la seguridad nacional son los propios "chismosos con licencia de periodistas" como viene siendo el caso del propio Rivapalacio y su columna de hoy, en que se convierte en un vulgar "amarra navajas" muy al estilo de los yunqueros panistas.

En primer lugar la situación de Oaxaca no es un asunto que amenace la seguridad nacional como llega a afirmar el articulista. El asunto de Oaxaca es una situación de estricta demanda ciudadana que no está dispuesta a tolerar mas irracionalidades del gobernícola en turno, como es la represión indiscriminada, el asesinato de ciudadanos y la proliferación de la corrupción en todos los niveles. En todo caso si algo amenaza la sociedad oaxaqueña es la existencia del caciquismo nefasto de décadas, representado y avalado por el gobernador en turno, en este caso el tal Ulises Ruiz.

En segundo lugar, Vicente Fox, podrá ser muy presidente de la república y podrá ser de acuerdo con la Constitución, el Comandante supremo de las fuerzas armadas. Pero con todo y eso, él no puede nadamás por sus pistolas ordenar la intervención de las fuerzas armadas sin incurrir en graves violaciones a la norma jurídica. Para eso hay una Constitución que nos rige a todos los mexicanos y que en su artículo 29 relativo a la Garantías Constitucionales dice:

Artículo 29.
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Como podemos ver, se necesita todo un procedimiento bastante complejo para tomar la decisión que tan atrabiliariamente maneja el columnista Riva Palacio.

En tercer lugar, el General Secretario, jamás podrá tomar una decisión unilateral sin por ello estar incurriendo en falta grave a la Carta Magna. Y si el Comandante Supremo le ordena alguna acción ésta debe ser formal y por escrito, como bien dice el columnista que se lo ha planteado al mismo C.Supremo. Pero como hasta ahorita en lo que va del sexenio no se ha dado el presupuesto que encuadra el artículo 29 Constitucional, tal orden no ha sido menester ni hacerla, ni ejecutarla. Todo lo demás que se diga cae en el mero terreno especulativo del vulgar chisme.
El C. General Secretario de la Defensa nacional y toda la clase castrense se rige bajo el mandato del artículo 129 Constitucional, que reza así:

Artículo 129.
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Por todo esto, es que Andrés Manuel Lopez Obrador ha sido muy cuidadoso y ha puntualizado en sus peticiones al C. General Secretario de la Defensa Nacional, que no permita que miembros de las fuerzas armadas se disfracen de policías federales preventivos para reprimir al pueblo manifestado en los plantones. En este caso específico de Oaxaca, nosotros también hacemos la misma petición al C. General Secretario de la Defensa Nacional, que no permita que soldados del ejército mexicano se disfracen de policías para ir a reprimir al pueblo oaxaqueño.

Ahora, si para como están las cosas, existen jaloneos por parte del Secretario de Marina que ande de lambiscón con Fox y algunos "columnistas" quieran enredar al c.General Secretario de la Defensa en esos devaneos, esto no habla, mas que de la descoposición en que ha caído el gobierno de Fox y su falta de autoridad moral y legal para regir los destinos de la Nación, cosa que han aprovechado miembros sin escrúpulos de su gabinete para ver que pescan en el río revuelto. Pero la Historia se encargará de poner a cada quien en su sitio.