SIGUE EL DESTAPE DE LA CLOACA CORRUPTA.

Salvador García Soto, escribe en el Universal:


Reabren el Fobaproa.

Si ya estaba en las campañas, el Fobaproa sonará con más fuerza en la contienda presidencial, a partir de la demanda que presentan hoy senadores del PRI, PAN y PRD, en la que acusan al titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz , al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz , y al secretario del IPAB, Mario Beauregard , de haber causado un "daño patrimonial" al erario federal, al convertir en deuda pública créditos irregulares por 72 mil millones de pesos, con lo que actuaron "con la intención y mala fe de salvar" a los bancos de su responsabilidad y otorgarles un "beneficio indebido".

La demanda será presentada hoy ante la Secretaría de la Función Pública con la firma de al menos seis senadores de los distintos partidos.

En su texto, que dirigen al secretario Eduardo Romero Ramos, los congresistas dan precisa argumentación jurídica para concluir que la Junta General Ejecutiva del IPAB no sólo violó la ley al permitir que esos créditos ilegales se pagaran y emitir pagarés con cargo al erario, sino que aduce que los funcionarios involucrados invadieron facultades del Congreso y, en vez de obligar a los bancos a absorber esos 72 mil millones de pesos, como les ordenaba la ley, validaron esos créditos con una "revisión" carente de fundamento jurídico.

Los senadores piden fincar responsabilidades administrativas contra Gil Díaz, Ortiz y Beauregard, además de los cuatro vocales del IPAB, Carlos Isord y Viesca, Jorge Familiar Haro, Ernesto Zamarripa Morones y Héctor Tinojo Jaramillo, y solicitan que a todos ellos se les "mande citar para los efectos legales a que haya lugar", por sus acciones y omisiones con las que violaron la Constitución, beneficiaron ilegalmente a los bancos y se tomaron atribuciones de las que carecen.

Tres senadores del PAN, Luis Alberto Rico Samaniego, Jefrey Max Jones y Javier Corral Jurado; dos del PRD, Miguel Ángel Navarro y Serafín Ríos Álvarez; además del priísta Jorge Abel López Sánchez, firman la denuncia y se preveía que se adhirieran varios senadores más, entre ellos el priísta, David Jiménez.


Se trata -dicen los congresistas- de una demanda que no tiene carácter partidista ni tiene que ver con las campañas presidenciales.

Los créditos irregulares del Fobaproa, explican los senadores, fueron identificados por el auditor Michael W. Mackey en su "Informe de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro", que es la auditoría oficial solicitada por la Cámara de Diputados.

En ella, Mackey llama "Transacciones Reportables" a todos los créditos ilegales que no debían ser asumidos como deuda pública y debían devolverse "inmediatamente" a los bancos para que asumieran "su plena responsabilidad legal y económica", según ordena el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

A la Junta del IPAB, formada por Gil Díaz, Ortiz y los cuatro vocales, les correspondía aplicar esa disposición y obligar a los bancos a devolver los títulos de crédito del gobierno por las operaciones irregulares. Pero, en vez de hacer lo que la ley les obligaba, los funcionarios del IPAB interpretaron y juzgaron ellos mismos la ley, y consideraron "insuficiente" la auditoría de los diputados.

Contra la Constitución e invadiendo facultades del Poder Legislativo, el IPAB ordenó sus propias auditorías, a las que llamó "Revisiones de legalidad a la gestión y de identidad de objeto y de existencia", conocidas como "Auditorías GEL".

"Con la supuesta realización de las mencionadas ´revisiones´ -dice la demanda-, (el IPAB) determinó que las transacciones contenidas en el capítulo de ´Transacciones Reportables´ del informe eran legales y cumplían todos y cada uno de los requisitos adecuados para ser convertidos en deuda pública, contraviniendo el orden jurídico nacional... en vez de deslindar las responsabilidades a los infractores de las operaciones señaladas como reportables por el consultor Michael W. Mackey, y hacer que los terceros (los bancos) asumieran la responsabilidad económica de esa cantidad, se aventuró a ordenar otro tipo de revisión, con la intención y mala fe, de salvar a los terceros (los bancos) de esa responsabilidad".

Para todos aquellos que creen que el Fobaproa es asunto concluído, esta nota nos revela que no es así. Y Gil Díaz y Ortiz Martinez tienen la oportunidad histórica de resarcir en algo el daño ocasionado al patrimonio de la Nación, peoporcionando los elementos probatorios para sancionar a los evasores fiscales de encabezados por el cuñado incómodo.Y si no que vayan poniendo sus barbas a remojar.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.