ALGO PARA RECORDAR...

Respecto al tema que sigue abajo y que pone Edgar Gonzales Ruiz, nadamás quiero insertar aquí este tema que publicamos en el Blog el 4 de Mayo pasado, para redondear el asunto:

Esto aparece publicado en Red Ciudadana de Hermosillo:

Calderón, bajo sospechas de corrupción.
Virtual candidato panista, bajo investigación.
Calderon, Calderon, ¿el de las manos limpias?

Desde el año 2003, la Procuraduría mexiquense investiga un caso de presunto tráfico de influencias, en el que están implicados el virtual candidato panista a la Presidencia, Felipe Calderón, y el ex alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza Ayala.

MÉXICO, D.F. (SUN)
Felipe Calderón Hinojosa no debería estar tan eufórico y voltear a ver las recientes lecciones políticas que inopinadamente le brindan los familiares de la primera dama, Marta Sahagún, y del ex gobernador del Estado de México y ex precandidato del PRI a la Presidencia, Arturo Montiel.

El muy alegre candidato tácito del PAN a la Presidencia de la República, tiene una investigación judicial abierta.Muy alejada del foco público, desde 2003 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició una averiguación contra Calderón por haber incurrido presuntamente en el delito de tráfico de influencias y probable desvío de recursos públicos, con el apoyo del frustrado candidato panista al Gobierno mexiquense, Rubén Mendoza Ayala, en beneficio de la familia política de aquél.

Que incluye a la diputada federal Margarita Zavala, esposa de Calderón, y su cuñado, Juan Ignacio Zavala, ex vocero del gobierno foxista y de la dirigencia del PAN, así como crítico del liderazgo del presidente nacional de ese partido, Manuel Espino.

El presunto tráfico de influencias se remonta a los tiempos en que Calderón era el líder del grupo parlamentario de la diputación federal panista en la LVIII Legislatura, durante la primera parte del gobierno de Vicente Fox, cuando por hacer un favor a sus suegros, buscó a Rubén Mendoza Ayala, entonces presidente municipal de Tlalnepantla, para pedirle una cuadrilla de trabajadores y maquinaria pesada de ese Ayuntamiento mexiquense, a fin de hacer labores en una propiedad familiar.

Todo gratis, sin que en Tlalnepantla se registrara esa obra privada, pagada por el erario.Al respecto, Rubén Mendoza Ayala admitió que Calderón se le acercó para pedirle “el favor” pero, dijo, “yo lo que hice fue recomendarle a una compañía particular, y ahí quedó todo esto y hasta se fue a archivo y es asunto concluido”.

Pero de acuerdo con el vocero del candidato presidencial, Max Cortázar, no fue Calderón, sino los suegros de éste quienes buscaron a Rubén Mendoza para pedirle “el favor”.Sin embargo, en la investigación judicial se señala específicamente a Calderón como el responsable de haber pedido ese favor a Mendoza Ayala para instalar una toma de agua en el rancho San José, propiedad de los suegros de Calderón, ubicado en el Municipio de Ayapango, Estado de México, 60 kilómetros al Sureste del D.FCalderón guardó silencio cuando se le pidió un comentario sobre esta investigación, y su vocero, Cortázar, y el coordinador general de su campaña, Juan Camilo Mouriño, se negaron a responder oficialmente desde que se le ofreció la réplica, repetidamente, desde el 14 de septiembre.

Pero la suegra de Calderón, Mercedes Gómez del Campo, confirmó que el virtual candidato presidencial sí solicitó ese favor a Mendoza Ayala. Sin dudar un momento, enfatizó: “Si hubiera sido Satanás o el presidente municipal de Mérida o de Ensenada, se lo hubiera yo recibido (el favor)”.

Todo por un favor.
El nombre de Felipe Calderón Hinojosa forma parte de la averiguación previa Tla/MR/I/188/2003-02.Está radicada en el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Justicia en Tlalnepantla de Baz, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por su presunta responsabilidad y participación directa en el uso indebido de recursos públicos que sirvieron para instalar dicha toma de agua en el rancho San José, propiedad de sus suegros, Mercedes Gómez del Campo y Diego Heriberto Zavala Pérez, actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

De la investigación, cuya copia se encuentra en poder del diario El Universal, se desprende que cuando Felipe Calderón se desempeñaba como coordinador general del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, le pidió “un favor” al entonces presidente municipal de Tlalnepantla, el también panista Rubén Mendoza Ayala.

Ese favor consistió en trasladar herramienta, maquinaria y diversos materiales, así como una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento de Tlalnepantla al rancho de Zavala Pérez, ubicado en el Municipio de Ayapango, colindante con Amecameca.Según la investigación, la mayor parte del material y la herramienta utilizada para la instalación de la toma de agua fue suministrada en uno de los almacenes del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento (OPDM), dependiente del Ayuntamiento de Tlalnepantla.

Incluso, en la investigación judicial se detalla el tipo y la cantidad de material, así como la herramienta y los vehículos del Ayuntamiento de Tlalnepantla que presuntamente fueron utilizados en el rancho San José.El material que salió de la recaudación de impuestos incluyó diez rollos de tubo Kitec de 150 metros cada uno; dos rollos de poliducto de media pulgada para riego, de cien metros cada uno; dos medidores de media pulgada; 30 contenedores de media pulgada; dos abrazaderas de dos pulgadas; dos abrazaderas de dos y media pulgadas; cuatro abrazaderas de cuatro pulgadas; cuatro niples de 30 centímetros; tres tes; tres codos a 90 grados; una llave de paso y una llave de tapón.

También se utilizó herramienta propiedad del Ayuntamiento de Tlalnepantla y se le envió a la familia política de Calderón una cuadrilla de trabajadores.Este tipo de acción es ilegal y constituye un delito.

De acuerdo con diversos abogados especialistas en derecho penal, que fueron consultados por El Universal, la presunción sobre Calderón obedece a que aún no concluye la investigación, por lo que, de ser culpable, se le podrían fincar responsabilidades, y aunque menores, podría ser inhabilitado como aspirante a un puesto de elección popular.

Y es que con base en el artículo 221 del Código Penal Federal, Calderón pudo haber incurrido en el delito de tráfico de influencia.El artículo en cuestión dice: “I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión” y “II.- Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.“III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este código.“Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Arreglo entre ediles.
La averiguación que obra en poder de El Universal consta de cuatro cuartillas tamaño oficio; en la parte superior izquierda tiene escrita con mayúsculas la leyenda: “C. Agente del Ministerio Público, titular de la mesa de responsabilidades de la Subprocuraduría de Justicia en Tlalnepantla de Baz, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”.

También lleva un sello con el escudo del Gobierno del Estado de México y con firma de recibido del licenciado Carlos Navarro Paz.Funcionarios de comunicación social de la Pgjem informaron que por políticas de esa dependencia, el procurador general de la entidad, Alfonso Navarrete Prida, ya tiene conocimiento de dicha averiguación y se le está dando el trámite correspondiente.

El Municipio de Tlalnepantla entregó discrecionalmente un buen apoyo a Calderón.Por ejemplo, según la investigación, se utilizaron diversos vehículos para el traslado y transporte del material y de la cuadrilla de trabajadores de Tlalnepantla a Ayapango: Coche marca Volks-Wagen color rojo, número económico 067, con placas de circulación número LKV 6639, propiedad del OPDM; una camioneta de tres y media toneladas marca Ford color blanco, número económico 83, con placas de circulación número KL 78458, también del OPDM; una camioneta de tres y media toneladas, color blanco, marca Ford, número económico 24, con placas de circulación KR 50739, del OPDM, y una camioneta Pick Up, marca Dodge color azul con blanco, número económico 18, con placas de circulación número KR 50756, también propiedad del OPDM.“Se calcula que el costo de la instalación de la toma de agua referida asciende a la cantidad aproximada de 250 mil pesos, que comprende los materiales, herramienta, mano de obra, transportación, gasolina y asesoría técnica entre otros rubros”, se indica en la averiguación previa asentada en la Pgjem.

El Universal logró contactar a algunos de los trabajadores del OPDM que recibieron la instrucción de trabajar en el rancho del suegro de Felipe Calderón.“Éramos como unos treinta. Nos llevaban y traían de Tlalnepantla al rancho aquél. No nos pagaban comida. Nos hacían trabajar desde que amanecía hasta ya bien entrada la noche. No nos pagaron nada extra, sólo nuestro salario”, recuerda el trabajador del Ayuntamiento de Tlalnepantla, quien ahora prefiere llamarse Juan Carlos.

Incluso en una parte de la misma averiguación previa se coincide con Juan Carlos al indicarse que el trabajo en el rancho San José lo efectuó una cuadrilla de aproximadamente 30 trabajadores.“Los trabajos de instalación de toma de agua en el rancho de Zavala Pérez se efectuaron día y noche del 21 al 25 de noviembre del 2002”.

Pero a la suegra de Calderón eso no le importa. Entrevistada en su domicilio particular, ubicado en el Sur de la ciudad de México, Mercedes Gómez del Campo sentenció: “¿De quién fueron los tubos? Perdóneme el comentario, pero no me importa ni me interesa. Si hubiera sido Satanás o el Municipio de Tijuana o de Ensenada o de Mérida, se lo habría yo recibido. Si me quitaron mi servicio, entonces que el estado me lo reponga”.
- ¿Ojo por ojo?- Pues sí. Nomás eso me faltaba: Comprar yo tubos y ponerme a escarbar yo.
- Está diciendo que si Felipe intervino fue por hacer un acto de justicia.
- Pues mire, no sé por qué. Si Felipe intervino ha de haber sido en el sentido de ‘cómo estás, pues en el rancho por cierto que tus suegros tienen problemas’.Ahí ha de haber sido (su intervención).
Mercedes Gómez del Campo intentó justificar el favor que supuestamente pidió Calderón al edil panista de Tlalnepantla entregando a El Universal copias fotostáticas de toda una serie de trámites que, previo al favor, realizó tanto en el Municipio de Ayapango como ante autoridades del Gobierno del Estado de México.

.En esos documentos con distintas fechas, la suegra de Calderón expuso su problema una y otra vez ante distintos funcionarios públicos: “Cuando adquirimos el ranchito en Ayapango de ocho hectáreas- en agosto de 1992, contaba con servicio de agua desde varios años antes; el agua era proporcionada por el Ayuntamiento.Pero hubo un día en que ya no llegó nada y luego todo mundo se la pasó prometiéndonos que pronto reinstalarían el suministro del agua. Nunca sucedió nada”.

Las actuales autoridades del Municipio de Ayapango, dice, no tienen nada de documentos en ese sentido.“No dejaron antecedente alguno de todo lo que yo fui pidiendo acuse de recibido”.Respecto de Rubén Mendoza Ayala, Mercedes Gómez del Campo admitió que sí lo conoce desde hace muchos años.

Incluso dijo que si bien Rubén Mendoza nunca ha ido a su rancho, ahora que anduvo en campaña “le dije que si quería ir a descansar lo hiciera y que llevara a su madre al rancho y no fue porque no le había dado tiempo”.

“Algo huele mal.
¿Pero cómo se descubrió “el favor” de Rubén a Felipe? Sencillo: Varios trabajadores de diversas áreas del OPDM y del mismo Ayuntamiento, lograron documentar este caso y acudieron al llamado Foro Metropolitano del Estado de México, Asociación Civil.

Fue así como esa agrupación movilizó a su gente, por lo que el secretario ejecutivo de dicha asociación, Carlos Torrecilla Austria, se presentó, junto con un grupo de abogados, ante el Ministerio Público para presentar la denuncia contra Felipe Calderón y Rubén Mendoza, así como contra otros funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tlalnepantla.

En la parte de hechos de la averiguación previa, se consigna que Torrecilla tiene funciones para realizar actividades de carácter social en las diversas comunidades del Estado de México, motivo por el cual se presentó ante el MP para denunciar hechos posiblemente constitutivos de algún delito, luego de enterarse de que Felipe Calderón Hinojosa -cuando fue coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados- “solicitó” a Rubén Mendoza Ayala, entonces alcalde de Tlalnepantla, realizar diversos trabajos consistentes en instalar una toma de agua en el rancho San José.

Ambos, junto con otros funcionarios del Municipio de Tlalnepantla, “concibieron y planearon la realización de la toma de agua que consistió en los requerimientos tanto humanos, como materiales, técnicos y económicos y ordenaron la ejecución de los trabajos en cuestión por lo que en este caso existe un desvío de recursos públicos.“Y bajo cualquier pretexto obtuvieron para un tercero un servicio indebido, lo que constituye posiblemente una conducta de abuso de autoridad con contenido patrimonial al haber realizado un hecho indebido”.

De los servidores públicos que también están implicados en la averiguación previa se indica que también sus acciones posiblemente son constitutivas de delito, en virtud de que “se prestaron y resolvieron en forma ilegal la petición de Felipe Calderón Hinojosa para instalar la toma de agua en el rancho San José”.

En ese entonces los siguientes nombres ocupaban cargos en el OPDM: Daniel Arreola Álvarez como director general; Juan Robles Martínez como director de Administración, Finanzas y Comercialización; Alfonso Javier Ochoa Sebastián, subdirector de Operación.Este último personaje fue señalado en la averiguación previa como el responsable de la logística y supervisión de los trabajos en el rancho San José.

Luego de ello, Torrecilla pidió al MP que se practicaran las diligencias necesarias para la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa correspondiente y dictar las medidas de aseguramiento para preservar los instrumentos del delito y ponerlas en resguardo para evitar que se alteren o desaparezcan.

El Universal solicitó al área de comunicación social de la Pgjem un informe sobre el avance de las pesquisas en este caso. Pero Raúl Mandujano, director de Información de dicha dependencia, manifestó que esa averiguación seguramente ya está radicada en Toluca.“Por política la dirección general le informó al procurador Alfonso Navarrete Prida y en ese sentido se le estaría dando el tratamiento correspondiente”.

Para Torrecillas “algo huele mal: Desde que levantamos la denuncia ante el MP, el 16 de febrero de 2003, comenzaron a suceder cosas extrañas en la Procuraduría. Los abogados del Foro Metropolitano y yo fuimos a ver varias veces al procurador Alfonso Navarrete Prida pero nunca nos recibió; sólo nos mandaban con su secretario particular. Estamos decepcionados del procurador pues su gente siempre nos estuvo dando largas”.

Ante esta situación, Torrecillas, con el aval de la asociación civil a la que representa, acudió ante el notario público número 128, en el municipio de Texcoco, con el fin de que diera fe de los hechos.Así, junto con el notario Sergio de la Rosa, Torrecilla se hizo de los servicios de un ingeniero civil de nombre Ramiro Pérez Hernández y los tres se fueron al Municipio de Ayapango.

¿Conque las manos limpias?.No FeCal, estás cagado hasta las orejas. No va a faltar quien quiera defender a FeCal, argumentando que se trata de pinches 250 mil pesos. O,Que el tráfico de influencias valía la pena porque se trataba de una obra pía, llevar el agua a los suegros que se estaban muriendo de sed.

Pero el caso no es la motivación o la cuantía, el asunto es ni más ni menos, que siendo FeCal líder de la mayoría panista en la cámara de diputados, violó la ley, TRAFICANDO INFLUENCIAS CON UN EDIL PANISTA, para obtener un beneficio. Y si eso hizo siendo un pinche diputadete: ¿QUE COSAS PODEMOS ESPERAR DE EL COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA?. !Se va a robar al país entero, el y toda su "respetable" familia.

Por otro lado, tal vez investigando, hasta legalmente esté inhabilitado para ser candidato de nada, mas que para ir a la cárcel.Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.
posted by Armando Garcia