DOS NOTAS DOS DEL PROCESO SOBRE LAS COCHINADAS DEL MARTITO

Hay dos notas mucho muy chingonas en la página de Proceso. La primera, de Álvaro Delgado, en la que Álvaro hace un recuento de todas las veces que fecal se hizo PENDEJO con el asunto de los contratos del martito, evadiendo el tema y evitando decir una sóla palabra al respecto.

De esta nota me pareció muy cotorro este párrafo respecto a los hábitos etílicos del martito:

Pero éste (Calderón) siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente.

O sea que el PELELE no es el único borracho en el gobierno ESPURIO. Con razón el afecto al talquito.

La segunda nota es respecto a las razones jurídicas por las cuales los contratos de Ivancar y la confesión del martito de que sí los firmó son evidencia de ilegalidades. Dice la nota firmada por Jesusa Cervantes:

Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.

Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.

La nota establece, además, por qué el PAN tiene PÁNICO de que las cámaras investiguen al martito: porque entonces queda suceptible a juicio político, lo cual no ocurre con una investigación de la PGR. Dice la nota:

En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.

El sustento jurídico para enjuiciar al martito, según Proceso, es el siguiente:

Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.

Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.

De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Y en este caso está Mouriño, dice Casas.

¡TÓMALA! Quiere decir entonces que el martito MÍNIMO es destituido e inhabilitado por 12 años. Máximo, lo mandan directito al botiquín.

Ah, pero quería violar la ley ¿no? Ah bueno, pues ahora SE CHINGA.


Una razón más para apoyar al peje en el 2008.