LOS BRIBIESCA INTERCEDIERON POR LA ESPOSA DE ZHENLI YE GON

Me acaban de mandar lo siguiente y está cañón:

Agustín Carstens destapó la cloaca: La negra herencia de Francisco Gil Díaz
Por: Javier Ramírez , Reportero

fuentes judiciales consultadas por QUEHACER POLÍTICO aseguran que en días pasados los hijos de la señora Marta Sahagún de Fox intercedieron con sus “influencias” ante autoridades de la Procuraduría General de la República para que a la señora Tomoiyi Marx Yu, esposa del chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, se le levante el arraigo al que está sometida.

http://www.quehacerpolitico.com.mx/articulo.php?art_id=2123&PHPSESSID=cd6fb9506e13cb9f568083c5dfda7c75

A pesar de que no repitió en un cargo público este sexenio, el ex titular de la SHCP deja una red de corrupción en donde estarían implicados lo mismo ex servidores públicos que Marta Sahagún y sus hijos, los hermanos Bribiesca. Este es parte del batidillo...

Hace unos días, Agustín Carstens abrió la cloaca y puso el dedo en la llaga al afirmar que las drogas entran y salen por nuestro país, por lo que es necesario modernizar el sistema aduanero. Sin embargo, tal vez el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no sepa que tiene el enemigo en casa.

“No le entregaremos otra vez las Aduanas al pícaro de Francisco Gil Díaz”, fue el reclamo de Manlio Fabio Beltrones, líder del Senado de la República, al nuevo secretario de Hacienda y al presidente Felipe Calderón, al conocerse la propuesta del Ejecutivo para que un incondicional del ex titular de la SHCP ocupara la Administración General de Aduanas.

El reclamo fue tan serio y enérgico, que el Presidente cedió y la propuesta para que Luis Roberto Patrón Arregui llegara a ser la máxima autoridad aduanera en nuestro país, fue echada abajo a los cuatro días. Es vox populi en el ámbito aduanero que de Patrón Arregui no se quiere escuchar ni siquiera su nombre.

Y es que está documentado que cuando este funcionario fungía como administrador de la Aduana de Manzanillo, por ese puerto entraron de manera indiscriminada cuantiosos cargamentos de pseudoefedrina que fueron a parar a manos de las mafias de las drogas, y toneladas de productos chinos a Los Pinos y bodegas de Vamos México, la fundación altruista de Marta Sahagún.

Es un secreto a voces que en las revisiones fiscales (segundo reconocimiento, en poder de manos privadas) a transportistas en las 49 aduanas del país, está la sombra de los hijos de Marta Sahagún en la concesión otorgada para ello, a través de prestanombres, con la empresa Societé General de Sourveillance.

Aunado a lo anterior, a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún se les vincula presuntamente con grupos de narcotraficantes, como el chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon –actualmente prófugo–, quien se dedicaba a traficar con pseudoefedrina desde su país de origen.

Si hay alguna duda de esa relación, fuentes judiciales aseguran que “los hijos de la señora Marta Sahagún han promovido gestiones y movido influencias en la Procuraduría General de la República (PGR), para tratar de levantarle el arraigo a la señora Tamoiyi Marx Yu, esposa de Zhenli Ye Gon”.

Esta es parte de la red de complicidades que existe en el sector hacendario y aduanero, la misma que deberá combatir Agustín Carstens como cabeza de área.

GIL DÍAZ Y LOS BRIBIESCA,
INTOCABLES

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz y “su pandilla”, se mantuvo en la impunidad en el sexenio pasado –a pesar de todas las anomalías que cometió–, porque posee copias de los cheques que comprueban la cantidad de recursos que recibió del exterior el entonces candidato presidencial panista Vicente Fox Quesada para su campaña.

Y casi al término del sexenio pasado, Gil Díaz se convirtió en vendedor de bienes inmuebles del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a los hijos de Marta Sahagún y socios, violando e incurriendo en responsabilidades administrativas.
Gil Díaz y su hombre de confianza, José Guzmán Montalvo, entonces titular de la Administración General de Aduanas (AGA), hicieron y deshicieron en esa dependencia, en donde un subadministrador fue ejecutado casi al mismo tiempo que se robaron tres toneladas de pseudeoefedrina en 2004, y se creó una red familiar y de compadrazgos de corrupción y protección nunca antes vista.

Fuentes aduanales, quienes solicitan de momento el anonimato por temor a represalias, afirman a QUEHACER POLÍTICO que el negocio-concesión del segundo reconocimiento de automotores de carga en las aduanas del país, pasó a manos de los hijos de la ex primera dama Marta Sahagún a través de prestanombres. Y aseguran que antes el negocio estaba en poder de prestanombres de Francisco Gil con la empresa Ogasa.

Al obtener la concesión del segundo reconocimiento en las aduanas del país, a través de prestanombres, los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún pretenden seguir controlando el contrabando de mercancía asiática y el tráfico de droga, declara en entrevista el secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, Mario Di Costanzo, quien acusa a Gil Díaz de estar atrás de la entrega de esa concesión a favor de Marta y familia.

Dice que la concesión del segundo reconocimiento aduanal fue un “proceso irregular”, pues se asigna directamente a Societé General de Sourveillance, la cual se encuentra representada por otra empresa llamada Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador es Juan Carlos López Rodríguez, ex funcionario de Aduanas, quien fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria, cuando desempeñó el cargo de administrador Central de Investigación Aduanera, entre los años 2000 y 2001.

Vale la pena recordar que el segundo reconocimiento aduanal se “inventa” para transparentar el paso de las importaciones y exportaciones del país a través de particulares, lo cual, para especialistas en el tema, solamente logró incrementar el número de empleados mejor pagados. Así, un vista aduanal en el primer reconocimiento, empleado del Gobierno federal, gana 12 mil pesos mensuales, mientras que el del segundo reconocimiento obtiene 60 mil pesos mensuales.

OSCURA CONCESIÓN DEL SEGUNDO RECONOCIMIENTO

El monto del contrato que paga el Gobierno por el segundo reconocimiento se desconoce, añade Di Costanzo, quien refiere en un documento sobre el particular:
“Las explicaciones dadas por la SHCP, en torno al caso de la concesión de las operaciones de apoyo, control y dictamen en las aduanas y particularmente la que involucra a los hijos de Martha Sahagún, resultan absurdas e insuficientes, ya que como se ha hecho costumbre, el entonces secretario de Hacienda (Francisco Gil) y su ‘pandilla’ de funcionarios pretenden confundir a los legisladores y a la opinión pública, señalando que la operación está enmarcada conforme a la ley y que el proceso de licitación ha sido transparente”.

Para corroborar lo anterior, basta mencionar lo siguiente:
El Artículo 16 de la Ley Aduanera establece que la SHCP prácticamente cuenta con facultades indiscriminadas para concesionar todos los servicios necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero a los particulares, pues textualmente establece: “La Secretaría podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero; así como para las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa”.
También es cierto que el objetivo fundamental para concesionar algún servicio que otorgue el Estado, es y debe ser siempre el mejoramiento del funcionamiento de la actividad que se pretende concesionar a los particulares, buscando en todo momento que se introduzcan en el servicio o actividad que se realice mejores condiciones de eficiencia, eficacia y transparencia para los usuarios de ese mercado y por consiguiente con mejores beneficios para el Gobierno y la sociedad.

“Y es precisamente en esta parte, donde la SHCP no ha querido dar ninguna explicación; así por ejemplo resulta absurdo pensar que en un país como México, cuyo comercio total (exportaciones e importaciones) superan los 200 mil millones de dólares al año, las operaciones de apoyo, control y dictamen aduanero no sean un negocio rentable, más aún y cuando existen impuestos y derechos, que se pagan cuando se hacen operaciones de comercio exterior”, precisa Di Costanzo en el documento citado.

GOBIERNO CEDE A NEGOCIOS RENTABLES

En esa información, el analista Mario Di Costanzo considera que “en pocas palabras nos induce a pensar que el Gobierno concesiona los negocios rentables y mantiene los negocios que no son rentables, lo cual a todas luces revela una manera absurda e ineficiente de actuar”.

Mientras tanto, la SHCP “no ha dado una explicación sobre las ventajas de concesionar o en términos prácticos de deshacerse de un negocio altamente rentable, independientemente si la ley la faculta o no para concesionar servicios, por ello la pregunta que debe responder la SHCP es ¿a quién se busca beneficiar, a las finanzas públicas nacionales o a los ganadores de la licitación?, que en este caso podrían ser los hijos de Marta (Sahagún)”.

A la fecha, asevera el entrevistado, “la SHCP no ha respondido por qué permitió entrar a la licitación a Societé General de Sourveillance, que se encuentra representada por otra empresa llamada Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador es un ex funcionario de Aduanas (Juan Carlos López Rodríguez), quien como ya se dijo, fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria, cuando desempeñó el cargo de Administrador Central de Investigación Aduanera, entre los años 2000 y 2001”.

Por eso, “lo anterior no contribuye a la transparencia y legalidad en la futura operación del servicio que se está concesionando, por lo que entonces se puede pensar que se está llevando a cabo un proceso de licitación transparente, para concesionar un servicio a alguien que ha demostrado no tener transparencia, ni calidad moral para desempeñar la actividad encomendada”, y la SHCP se niega a dar una explicación.

Sin embargo, advierte la “existencia de una grave violación de la ley, por parte de Gil Díaz y su pandilla”, ya que en la Convocatoria Pública que hiciera la SHCP, se destaca textualmente lo siguiente en el punto 3 de Autorizaciones:

“3.– Asimismo, es de señalar que se autorizará a todas aquellas empresas que cumplan con los requisitos previstos en la Ley Aduanera por lo cual no se pretende monopolizar el servicio, sino hacerlo eficiente con empresas de reconocida probidad y experiencia en la materia”.

Y entonces, se pregunta el analista económico Di Costanzo, cómo explicará la SHCP la “reconocida probidad del administrador de la empresa que ganó la licitación”. Hacienda está creando un monopolio con el segundo reconocimiento, pues “es una la empresa ganadora y la que llevará a cabo la función y la propia Constitución Política prohíbe en México los monopolios”.

Los participantes en la licitación tuvieron que cubrir los requisitos de “tener cinco años de experiencia, prestando los servicios que se vayan a autorizar; tener un capital social pagado de por lo menos $1,373,988.00; y cumplir con los requisitos de procedimiento que la Secretaría establezca en la convocatoria que para estos efectos publique en el Diario Oficial de la Federación”.

Empero, de acuerdo a los hechos, todo indica que no fue así…

POSIBLE LIGA ENTRE LOS BRIBIESCA Y ZHENLI YE GON

Por otro lado, fuentes judiciales consultadas por QUEHACER POLÍTICO aseguran que en días pasados los hijos de la señora Marta Sahagún de Fox intercedieron con sus “influencias” ante autoridades de la Procuraduría General de la República para que a la señora Tomoiyi Marx Yu, esposa del chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, se le levante el arraigo al que está sometida.

Cabe recordar que a este personaje, Zhenli Ye Gon, representante legal de Unimed Pharm Chem México, en marzo de este año, tras un cateo en su residencia de las Lomas de Chapultepec, se le incautaron 205 millones 564 mil 763 dólares; 17 millones 306 mil 520 pesos mexicanos; 201 mil 460 euros; 113 mil 260 dólares de Hong Kong; 20 mil dólares en Travelers Checks; 11 centenarios y un lote de joyas de origen asiático.

“Y el hecho de que los hermanos Bribiesca traten de que salga libre y sin cargos la esposa de Zhenli Ye Gon, permite suponer que los hijastros del ex presidente Vicente Fox tienen vínculos en ese negocio ilícito. No estamos hablando de cualquier cosa. Se sabe que los Bribiesca usaron sus contactos en las Aduanas el sexenio pasado para traficar mercancía china de contrabando, especialmente desde la Aduana de Manzanillo, cuyo titular era Luis Roberto Patrón Arregui, quien iba a ser impuesto como nueva autoridad aduanera, teatro que se cayó merced a la reiterada y airada postura del líder del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones”.

Continúan las mismas fuentes: “No es casual que por este puerto introdujera Zhenli Ye Gon, desde China, su mercancía. Este chino-mexicano es considerado el presunto mayor importador ilegal de pseudoefedrina a México, desde territorio asiático”.

LA FUENTE DE SU PODER

Por su parte, el secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, Di Costanzo, expresa que es sabido que los hijos de Marta Sahagún tuvieron nexos con grupos de narcotraficantes en el sexenio pasado.

Al preguntársele sobre la impunidad de que gozó Gil Díaz junto con el entonces administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo el sexenio pasado, Di Costanzo asegura que se debe a que el ex titular de la SHCP posee copias de los cheques de los recursos que captó del exterior el entonces candidato presidencial panista, Vicente Fox.

Y de ahí para adelante, se deduce que Gil Díaz todo lo supo incrementar, amarrando nuevas complicidades.

Por eso, el sistema aduanero nacional naufragó en un sumidero de corrupción, cochupos y malos manejos. En esas aguas turbias, el narcotráfico ha navegado a sus anchas. Impunemente. Ante la mirada presumiblemente cómplice de Guzmán Montalvo.

Y es que al amparo del entonces titular de la AGA, sus amigos y socios hicieron de las suyas en la redituable industria del contrabando. Un clima propicio para la comisión de toda clase delitos, como el asesinato de José Noé Garduño Fernández, subadministrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cometido la madrugada del pasado 3 de septiembre de 2004, dos meses después del supuesto robo de tres toneladas de pseudoefedrina en esa terminal aérea.

GIL DÍAZ Y SUS CUENTAS PENDIENTES

A Francisco Gil Díaz, como integrante del Comité Técnico del Fobraproa, se le responsabiliza también del fracaso del rescate bancario, ya que el Gobierno federal tiene una deuda que supera los 70 mil millones de dólares, generando intereses de 40 mil millones de pesos al año, y la banca extranjera controla el 87 por ciento de los activos bancarios, presta en promedio 40 centavos de cada peso que capta y sus servicios son los más altos del mundo.

Ante una queja ciudadana hecha al secretario de la Función Pública, Germán Martínez y a la Cámara de Diputados en contra del ex titular de la SHCP, se asegura que “es un hecho que las decisiones en las que participó Gil Díaz, como integrante del Comité Técnico del Fobaproa, fueron al margen de la normatividad establecida para las actuaciones de los funcionarios públicos, por lo que incurrió en responsabilidades administrativas, y a la fecha no ha recibido la sanción correspondiente.

En su escrito, refieren los ciudadanos asesorados por Di Costanzo que Gil Díaz, como miembro del Comité, “aprobó la inclusión de Bancomer, Banorte, Bital y Banamex, en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, no obstante que sus índices de capitalización eran superiores al 8.0 por ciento señalado en la normatividad; flexibilizó algunos criterios de los originalmente propuestos para la adquisición de la cartera, tales como: de los llamados relacionados, en UDI y descontados; así como los importes de las reservas necesarias por constituir. (Acta 32, 36 y 47 del Comité Técnico del Fobaproa)”.

Además, “durante 2005 y 2006, el denunciado, en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público y por tanto conforme a la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), presidente de la Junta de Gobierno de ese Instituto, Francisco Gil Díaz, a pesar de todas las irregularidades e ilegalidades cometidas en el rescate bancario, aprobó realizar prepagos de los pagarés del Fobaproa, originados por la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC)”.

Los quejosos mencionan a Gil como el creador de la empresa supuestamente privada ISOSA, desde que era subsecretario de Hacienda y como titular de la dependencia, y dejó de enterar a la hacienda pública diez mil millones de pesos por concepto del Derecho de Tramite Aduanero (DTA).

A pesar de que Gil Díaz ha negado tener relación con ISOSA, la escritura pública 64882 del notario 16 del Distrito Federal, Francisco Fernández Cueto, detalla que la empresa ISOSA se constituyó en 1993 por instrucciones del entonces subsecretario de Ingresos (Gil Díaz), quien aparece como accionista al uno por ciento, de este fideicomiso constituido en Nafinsa y que fue denominado Aduanas I, que se ostenta con la mayoría de las acciones de la empresa, asegura el escrito hecho llegar a Germán Martínez a principios de año.

Los inconformes destacan que en varias ocasiones el denunciado señaló públicamente “no tener relación con dicha empresa”. Sin embargo, los vínculos de ISOSA con Francisco Gil no se limitaron a lo que se encuentra consignado en los registros públicos, sino que además, éste tuvo relación en ese tema con Santiago Creel (actual líder senatorial panista), quién fue por mucho tiempo el “primer comisario” de ISOSA.

Indican los quejosos que el ex secretario particular de Gil Díaz, Lorenzo Hernández (primo hermano de Roberto Hernández), fue el administrador único, del Fideicomiso constituido en Nafin Aduanas I, que es el dueño visible de ISOSA.

En el escrito, del cual se posee una copia, citan a Gil Díaz, quien se refiere a la muerte del director operativo de ISOSA y la relación con él: “Que hayan asesinado a una persona (Francisco Villarreal Antelo, asesinado con el tiro de gracia el 29 de agosto de 2006), no sé que otra opinión puede merecer más que es una tragedia espantosa que estén asesinando a la gente en la forma como la están asesinando en la ciudad de México. Es un problema de seguridad bastante grave y aunque no conocía yo a esta persona, no deja de ser lamentable que se trate, además de un colaborador de la Secretaría de Hacienda a través de la empresa ISOSA”.

De igual forma, Gil Díaz se lavó las manos: “Mi relación con la empresa ISOSA es absolutamente ninguna, es una empresa que está constituida dentro del derecho privado, que le presta servicios a los participantes en el comercio exterior. Ha habido todo un litigio, por llamarlo de alguna manera, relacionado con la empresa, por la forma, como en su origen, el Congreso canaliza recursos, el derecho de trámite aduanero para que se conviertan en el pago de una contraprestación por ese servicio que les acabo de mencionar.

“Este litigio ya se resolvió, se había cuestionado si se trataba de recursos privados o de recursos públicos y por un voto, nada más de 11 a cero, la Suprema Corte resuelve que, como ya lo había, la misma Suprema Corte hace muchos años, confirmado, que se trata de recursos privados. O sea que el asunto está perfectamente resuelto desde el punto de vista jurídico”.

Los ciudadanos piden al titular de la Secretaría de la Función Pública, dar curso a su denuncia, fincar sus responsabilidades administrativas y en su caso hacer la denuncia correspondiente ante el MP.

EX CONSEJERO DE HSBC

El 2 de enero de 2007, el Hong Kong Shangai Bank (HSBC), publicó en su página de internet el currículum del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, y de éste se observa lo siguiente:

Gil Díaz, durante su gestión como secretario de Hacienda y Crédito Público y presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, se desempeñó al mismo tiempo como consejero del Grupo J.E. Roberts. Com. Inc., el cual se dedica mundialmente a la “administración o compra de cartera” y en México, es la propietaria de la empresa denominada “FENIX”, que vendió las casas de tres mil pesos a los hijos de Marta Sahagún, y también es la “administradora de cartera” que ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del fracasado rescate bancario.

Cabe recordar que Gil Díaz, ante la presión de diversas organizaciones políticas y denuncias en su contra, renunció a ese puesto en el HSBC.
Por todo lo anterior, se concluye que Francisco Gil Díaz causó un quebranto millonario a la institución hacendaria, a la vez que heredó funcionarios y vicios en la Administración General de Aduanas, donde si bien Jesús Guzmán Montalvo ya no labora el frente de esta institución, sí dejó bien estructurada y aceitada su red de corrupción.

Ocupan sede aeroportuaria

MEXICALI, B. C.– A raíz del decomiso de 26 kilogramos de cocaína, la captura de siete agentes federales y otras 14 personas el pasado 6 de junio, elementos del Ejército Mexicano ocuparon las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Mexicali, Rodolfo Sánchez Taboada, y llevaron a cabo revisiones de pasajeros y equipaje hasta que elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), procedentes de la capital del país, los sustituyeron el martes 12 de junio.

Versiones policiacas indicaron que los agentes federales y otras 14 personas, entre empleados, administrativos y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), asignados a la comandancia de la PFP en el mismo aeropuerto, están sujetos a una investigación, desde ese viernes, debido a que permitieron el paso de 26 kilogramos de la droga que un hombre identificado como Ambrosio Gómez Martínez, de Tecalitlán, Jalisco, transportaba en una maleta.

Sin embargo, informes policiacos señalaron que luego de pasar la zona de la aduana aérea, la droga fue detectada el miércoles 6 de junio en una segunda revisión realizada por efectivos del Ejército que detuvieron a Gómez Martínez y decomisaron la cocaína.

Los siete agentes de la PFP fueron trasladados el viernes 8 de junio a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), en la ciudad de México, y hacen su declaración sobre los hechos.

Los agentes detenidos son Braulio Arriaga, Bumaro Salazar, José Demetrio Moreno, Israel Toledo, Gabino Sarabia, Alejandro Suárez y Mauricio Somer Márquez, este último oficial encargado de la PFP en el Aeropuerto Internacional de Mexicali.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública indicaron que también estarán detenidos el subinspector Manuel Gutiérrez Reyes, el sargento primero Lázaro Rosado y el sargento segundo Rogelio Centeno Solorio.
(Javier Ramírez)

Robo y homicidio

A tres años del supuesto robo de casi tres toneladas de pseudoefedrina propiedad de la empresa Sica procedente de China, la Procuraduría General de la República (PGR), todavía no aclara el caso y se niega a dar información sobre el particular.
El subprocurador de Investigación Contra la Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, es el responsable de la averiguación previa P/PGR/SIEDO/182/04, en donde según las autoridades del sexenio pasado “el agente aduanal mostró un manejo irregular y sospechoso del cargamento de pseudoefedrina” que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 22 de junio 2004.

Dos meses después de los hechos, fue ejecutado José Noé Garduño Fernández, quien fungía como subadministrador de Aduanas en la terminal aérea de la capital del país, y pieza clave en el esclarecimiento del robo del precursor.

Sin mencionar el robo de la pseudoefedrina, la PGR reporta que por privatización ilegal de la libertad y ejecución de Garduño Fernández, subadministrador de Aduanas, “el 5 de septiembre de 2004 se ejerció acción penal en contra de Juan Luke y/o Juan Carlos Ochoa Luke, Jorge Alberto Amezcua Sánchez, Sergio Quintana Hernández y Luis Daniel García Arzate, por probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado. Además, en contra del primero de los inculpados, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, uso de documento falso y usurpación de funciones públicas”.

El 11 de septiembre de 2004, el Juez Tercero de Distrito en el estado de México, decretó el auto de formal prisión en contra de los inculpados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro con agravante de homicidio.

De acuerdo con los datos que contiene la averiguación previa P/PGR/SIEDO/UEDCS/182/04, la mecánica fue la siguiente: El cargamento llegó de su punto de origen China a su destino, el aeropuerto internacional de la ciudad de México. En cualquier otra operación normal, una vez que la mercancía llega, el agente aduanal responsable de que el cargamento se entregue al dueño presenta ante la Aduana un documento denominado pedimento aduanal, que contiene datos sobre el pago de impuestos hecho ante el banco.

Casi al mismo tiempo, el agente aduanal está obligado legalmente a verificar la carga, y posteriormente se realiza un trámite que en el medio aduanero es conocido como desaduanamiento, el cual se efectúa previa presentación del pago de impuestos o del pedimento aduanal, y que se verifica electrónicamente mediante un sistema especial.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó en su momento que el robo se haya dado en el patio de la Aduana, pues aclaró que fue en un estacionamiento aledaño al recinto fiscal.

(Javier Ramírez)

A pesar de que no repitió en un cargo público este sexenio, el ex titular de la SHCP deja una red de corrupción en donde estarían implicados lo mismo ex servidores públicos que Marta Sahagún y sus hijos, los hermanos Bribiesca. Este es parte del batidillo...

Hace unos días, Agustín Carstens abrió la cloaca y puso el dedo en la llaga al afirmar que las drogas entran y salen por nuestro país, por lo que es necesario modernizar el sistema aduanero. Sin embargo, tal vez el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no sepa que tiene el enemigo en casa.

“No le entregaremos otra vez las Aduanas al pícaro de Francisco Gil Díaz”, fue el reclamo de Manlio Fabio Beltrones, líder del Senado de la República, al nuevo secretario de Hacienda y al presidente Felipe Calderón, al conocerse la propuesta del Ejecutivo para que un incondicional del ex titular de la SHCP ocupara la Administración General de Aduanas.

El reclamo fue tan serio y enérgico, que el Presidente cedió y la propuesta para que Luis Roberto Patrón Arregui llegara a ser la máxima autoridad aduanera en nuestro país, fue echada abajo a los cuatro días. Es vox populi en el ámbito aduanero que de Patrón Arregui no se quiere escuchar ni siquiera su nombre.

Y es que está documentado que cuando este funcionario fungía como administrador de la Aduana de Manzanillo, por ese puerto entraron de manera indiscriminada cuantiosos cargamentos de pseudoefedrina que fueron a parar a manos de las mafias de las drogas, y toneladas de productos chinos a Los Pinos y bodegas de Vamos México, la fundación altruista de Marta Sahagún.

Es un secreto a voces que en las revisiones fiscales (segundo reconocimiento, en poder de manos privadas) a transportistas en las 49 aduanas del país, está la sombra de los hijos de Marta Sahagún en la concesión otorgada para ello, a través de prestanombres, con la empresa Societé General de Sourveillance.

Aunado a lo anterior, a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún se les vincula presuntamente con grupos de narcotraficantes, como el chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon –actualmente prófugo–, quien se dedicaba a traficar con pseudoefedrina desde su país de origen.

Si hay alguna duda de esa relación, fuentes judiciales aseguran que “los hijos de la señora Marta Sahagún han promovido gestiones y movido influencias en la Procuraduría General de la República (PGR), para tratar de levantarle el arraigo a la señora Tamoiyi Marx Yu, esposa de Zhenli Ye Gon”.

Esta es parte de la red de complicidades que existe en el sector hacendario y aduanero, la misma que deberá combatir Agustín Carstens como cabeza de área.

GIL DÍAZ Y LOS BRIBIESCA,
INTOCABLES

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz y “su pandilla”, se mantuvo en la impunidad en el sexenio pasado –a pesar de todas las anomalías que cometió–, porque posee copias de los cheques que comprueban la cantidad de recursos que recibió del exterior el entonces candidato presidencial panista Vicente Fox Quesada para su campaña.

Uta. Esto quiere decir que esta cloaca es mucho más pestilente de lo que nos imaginábamos. Saldrían embarrados el PAN, los Bribiesca, Gil Díaz, y desde luego Fox y fecal.

¿De ese tamaño era el miedo y la desesperación del PAN por que llegara el peje llegara a la presidencia que de plano cometieron una ilegalidad de este tamaño?

Con razón están tan calladitos en el PAN y en el gobierno ESPURIO.



Una razón más para apoyar al peje en el 2007.