GRANADOS CHAPA.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

Censura derrotada.

Sin facultades para ello, y pretendiendo ejercer una autoridad que no muestra cuando se trata de violaciones reales a la ley de radio y televisión, la dirección de esos medios en Gobernación estorbó la emisión de programas del PRD, pero debió dar marcha atrás.

Una intromisión autoritaria de la Secretaría de Gobernación en el ámbito electoral fue frenada, y programas del Partido de la Revolución Democrática que habían sido censurados podrán ser difundidos.

No es una concesión graciosa del ministerio de Bucareli, como pretende que se crea, sino el cese de su indebida injerencia en un procedimiento administrativo en que su dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) es intermediaria, correa de transmisión entre el Instituto Federal Electoral y los concesionarios de medios electrónicos.

Desde 1973 los partidos políticos cuentan entre sus prerrogativas con acceso gratuito a la radio y la televisión, en todo tiempo y no sólo durante las campañas electorales. El código respectivo, y ningún otro ordenamiento, dispone el mecanismo para el cumplimiento de ese derecho partidario: a dos órganos del IFE, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifusión, conciernen la preparación y difusión de los programas de los partidos, incluido "el trámite de las aperturas de los tiempos correspondientes".

Del tiempo que corresponde al Estado, cada uno de los partidos dispondrá de 15 minutos mensuales tanto en radio como en televisión. Los partidos deben entregar a la Comisión de Radiodifusión con la "debida oportunidad... los guiones técnicos para la producción de sus programas", y la dirección de partidos "determinará las fechas, los canales, las estaciones y los horarios de las transmisiones".

El código electoral, en clara muestra de la primacía de sus funciones, establece que la transmisión de dichas piezas partidarias tendrá "preferencia dentro de la programación general en el tiempo estatal de la radio y la televisión", cuya administración corresponde a RTC de Gobernación.

"Se cuidará, dice el Código, que los mismos sean transmitidos en cobertura nacional y los concesionarios los deberán transmitir en horarios de mayor audiencia", lo que casi nunca ocurre, pues la laxitud de Gobernación frente a los concesionarios es proverbial.

Aun antes de que concluyera el proceso electoral, la dirección de RTC se invistió como autoridad responsable de conocer los contenidos de los programas de los partidos y aprobar su transmisión, facultades que ninguna norma le asigna, y evitó la inclusión de los programas titulados "Medidas de resistencia civil " y "Convención nacional democrática".

El espíritu inquisitorial con que actuó esa dependencia se agudizó en la medida en que se radicalizó la inconformidad de quienes se sintieron víctimas de fraude electoral y proclamaron Presidente legítimo a Andrés Manuel López Obrador y espurio a Felipe Calderón.

Esas calificaciones constituyeron la materia principal de las emisiones que debieron transmitirse a fines de diciembre y durante enero, y que censuró, con especiosas argumentaciones, peligrosamente avaladas por el subsecretario de Asuntos Jurídicos -el antiguo notario Miguel Alessio Robles, puesto en entredicho por su actuación en el conflicto entre TV Azteca y Canal 40- y por el propio secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, Eduardo Garzón Valdez.

El funcionario censor, que acaso por ese mérito permaneció en su cargo al mudar la administración, hasta pretendió negarse a a contestar un requerimiento que sobre el asunto le hizo el secretario ejecutivo del IFE.

Alegó que es obligatorio transmitir sólo la verdad (sin que determine, porque sería imposible que lo haga, qué criterio y qué juzgador calificará el ajuste a esa norma, por lo cual se arrogó esa facultad).

Siendo así, razonó, que hay un Presidente legalmente ungido por la autoridad electoral, es rechazable que se difunda la protesta de alguien que se hace pasar como tal.

Claramente se equivoca, pues López Obrador no protestó como Presidente legal, sino legítimo, y se ha abstenido de ejercer las atribuciones que la Constitución confiere al titular del Ejecutivo.

Discutido el tema en el Consejo General del IFE el 31 de enero, se determinó "requerir al secretario de Gobernación que restituya la legalidad" en ese punto, y que informara de ello a ese órgano electoral en un plazo de cinco días a contar de la notificación de ese acuerdo.

Más todavía, el Consejo General del IFE exhortó a Gobernación a que "evite la censura previa", aunque le concedió una capacidad de supervisión para que "en caso de que considere que el contenido de los programas difundidos por los partidos políticos contraviene la ley, acuda a las autoridades competentes y siga los procedimientos previstos en la legislación para conceder derecho de audiencia".

En víspera de que se cumpliera el plazo, y antes de que como se preveía el caso se discutiera en las Cámaras, la Secretaría de Gobernación reculó y anunció al IFE que, como es debido, los programas censurados serán transmitidos.

El modo en que articula su decisión sugiere que incurre en ese pecado político vitando para el autoritarismo que es "negociar la ley".

En vez de admitir que su interpretación de las normas era incorrecta o excesiva, sostiene su argumento legal pero lo contraviene "en atención a la imperiosa necesidad de fortalecer las instituciones democráticas del país, y en aras de subrayar el compromiso irrestricto del Ejecutivo federal con la absoluta libertad de expresión".

No se precisó cuándo serán difundidos los programas, y por eso no puede darse por concluido el episodio. Queda además por determinar si cabe que Gobernación conozca el contenido de los programas antes de su difusión.

Cajón de Sastre.
A los 76 años de edad murió Antonio Enríquez Savignac, a quien algunas de las esquelas publicadas con motivo de su fallecimiento llaman "fundador de ciudades", pues ciertamente determinó el nacimiento de Cancún, Los Cabos, Ixtapa y Huatulco.

Nacido en la Ciudad de México el 17 de agosto de 1931, obtuvo su licenciatura en administración de empresas en la Universidad de Ottawa, y la maestría correspondiente en la Universidad de Harvard.

En 1960 se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo, donde permaneció hasta 1963 cuando volvió a México. Ingresó en el banco central como asesor del director general y en 1969 se le pidió crear un mecanismo para alentar la infraestructura turística.

Propuso un fideicomiso, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, del que fue director general y delegado fiduciario, en cuya calidad propició el crecimiento de los balnearios mencionados en el Caribe y el Pacífico.

Brevemente subsecretario de Turismo en 1977, fue titular del ramo de 1982 a 1988. De 1990 a 96 encabezó la Organización Mundial del Turismo.