EDITORIALISTAS DEL UNIVERSAL.

La justicia imperial

Porfirio Muñoz Ledo11 de enero de 2007

La primicia política del año fue la elección del Presidente de la Suprema Corte. Los pronósticos se confirmaron y fue escogido el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, eminencia gris del bloque dominante, quien -tras de escarceos menores- obtuvo en primera vuelta la mayoría suficiente de siete votos. El humo blanco que anunció la culminación del cónclave en nuestro palacio vaticano selló en este caso, como en del cardenal Ratzinger, la consolidación de una tendencia que es menester analizar.

Significa la continuidad de una tradición conservadora en lo ideológico y caciquil en el ejercicio de la autoridad, esto es, obsecuente hacia el Ejecutivo en lo exterior y verticalista hacia el interior de la Judicatura. Un poder dentro del Estado, más que un Poder del Estado.

Los antecedentes del designado, el programa de trabajo que presentó en diciembre y sus primeros pronunciamientos dejan pocas dudas respecto del sentido que pretende imprimir a su tarea. La primacía del formalismo, y aun del "letrismo" cuando conviene, en olvido al deber "garantista" del tribunal supremo.

Los casos más relevantes en los que intervino el nuevo presidente lo pintan de alma entera. Votó en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el peregrino argumento de que "la Constitución" protege la vida de los seres humanos desde la fecundación; dirimiendo así una contradicción de tesis entre la República y la Iglesia, a favor de esta última. Avaló que una persona, tanto en México como en el extranjero, pueda ser condenada a cadena perpetua, por no considerarla pena inusitada, sino -suponemos- regular o hasta trivial.

Por lo que hace a su concepto de la división de poderes, bastaría citar su anuencia al veto del presidente Fox contra el Presupuesto de Egresos de 2005, en desacato flagrante del mandato constitucional; su oposición a que la Auditoría Superior de la Federación averiguara las irregularidades cometidas en el saneamiento del Fobaproa y su negativa a que se sometiera a juicio político al gobernador de Morelos y se investigara si el Góber precioso violó las garantías individuales de Lydia Cacho. Complicidad política, simple y llana.

Sus intenciones de reincidencia son expresas. Se apresuró a declarar que no habrá "golpe de timón" en la conducción de la Corte, sino una "evolución", sin especificar hacia dónde. Censuró implícitamente a sus predecesores, adelantando que no habrá "presidencialismo puro y directo", ni tampoco una "presidencia compartida". Finge ignorar que Vicente Aguinaco y Genaro Góngora comprometieron su liderazgo, a contracorriente, para conquistar la independencia de la Corte y que Mariano Azuela encubrió su política blanda tras del grupo mayoritario. No busca "activismo judicial o de avanzada" ni necesita disfraces colectivos. Tal vez quiere ser, por sí mismo, un papa reaccionario.

La reacción de los diputados ante la justicia imperial que padecemos es un aviso oportuno. Para el ejercicio de 2007 redujeron al Poder Judicial de la Federación 4 mil 191 millones de pesos respecto del presupuesto anterior. El mayor recorte se aplicó al Consejo de la Judicatura (3 mil 324 millones) y enseguida a la propia Suprema Corte (62l millones). Algunos argumentos: cada plaza del Poder Judicial -incluyendo las más modestas- tiene un costo anual neto de 605 mil 472 pesos, el ingreso de los consejeros de la Judicatura ascendió a 4 millones 356 mil pesos anuales y cada uno de los cuarenta ministros jubilados recibió el año pasado 2 millones 766 mil pesos. Una contribución ejemplar a la equidad de salarios y pensiones entre los mexicanos.

La reforma del Estado tiene como objetivo prioritario la transformación democrática del Poder Judicial, para devolverle majestad e independencia, mediante la abolición de la arrogancia, la corrupción y la obsecuencia. Para otorgar a los ciudadanos el acceso efectivo a una justicia honesta, transparente, expedita y retributiva. Tres son cuando menos las tareas más urgentes: la creación de una Corte Constitucional, la autonomía plena del Consejo de la Judicatura y el impulso decidido al Libro Blanco de la Reforma Judicial que fue entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

El debate en torno a la creación de una Corte Constitucional, lanzado por la Comisión de la Reforma del Estado en 2000 fue pospuesto a petición del Pleno de la Corte, durante diálogos abiertos que sostuvimos, debido a la batalla por su independencia que entonces libraban. Convinimos en que el actual sistema de designación del Poder Judicial es inadecuado y propusimos que, una vez que avanzara el proceso de transición democrática, se retomara la discusión respecto de la instauración de un tribunal constitucional, que absorbiera las facultades que ésta tiene en materia de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, cuyos actores sean autoridades públicas.

Dejamos claro que si bien las reformas de diciembre de l994 habían consolidado la función de la Corte en todas las modalidades de control de la constitucionalidad, no es menos cierto que el arbitraje entre poderes le fue concedido históricamente porque se trataba de un poder político, antes que poder jurisdiccional. Recordamos que en la Carta de 1824, en la de 1857 y en la original de 1917, sus miembros eran electos, o por sufragio universal o bien por una combinación de decisiones de los Congresos de los Estados y del de la Unión. Era un Poder federativo por antonomasia. En cambio, desde la reforma de 1928, ningún ministro de la Corte puede ser nombrado sino a propuesta del Presidente de la República.

Pensamos que era conveniente mantener por algún tiempo ese mecanismo de designación, para no afectar la estabilidad del órgano, pero condicionado a fortalecer su carácter de máximo tribunal de legalidad y de control constitucional por la vía del amparo, y confiar más tarde a un poder de conformación democrática las controversias entre autoridades. Propusimos volver al sistema de 1917, de modo que el Congreso, a propuesta de las legislaturas estatales, conformara un órgano de carácter eminentemente político, responsable de velar en última instancia por el correcto funcionamiento del sistema constitucional.

Parece también inconsecuente que la cabeza del Consejo de la Judicatura sea el Presidente de la Corte, lo que genera una confusión de poderes. No sólo porque los miembros de ese órgano hacen mayoría en el Consejo, sino porque actúan como jueces y partes. Detentan facultades de evaluación, promoción, y sanción sobre el cuerpo que ellos dirigen, tienen competencia para dictar acuerdos sobre el desempeño de sus propias funciones y fiscalizan y auditan el empleo de los recursos que ellos mismos ejercen. Para colmo, también dirimen controversias sobre sus propias decisiones en los casos previstos por la ley. Con sobra de argumentos, el jurista Jaime Cárdenas Gracia ha propuesto la conversión del Consejo en un órgano constitucional autónomo de amplia composición.

El árbol de la justicia se conoce por sus frutos, aunque temo que muchos estén podridos desde su gestación. El empeño que inviertan en promover las reformas judiciales que propusieron a los otros poderes será señal inequívoca de regeneración o de contumacia; de imperialismo ramplón o voluntad genuina de servicio público. A las pruebas nos atendremos.


Jugando con fuego.

Enrique del Val Blanco11 de enero de 2007

El gobierno debería tener mucho cuidado con el tema de la tortilla y, por lo visto, sería muy conveniente que alguien los pudiera ilustrar, pues hasta el momento parece que no entienden lo que significa este producto básico para el pueblo mexicano y las consecuencias podrían ser mucho peores que un simple aumento al precio de un producto; es más, mucho más que eso.

Las noticias que estamos conociendo en los distintos medios de comunicación no son para nada halagüeñas, empezando por el índice de inflación que se tuvo el año pasado y que rebasó las expectativas de las autoridades correspondientes, que eran de 3.5% y que la realidad ha confirmado que llegó a 4.05%, lo cual significa que los mexicanos, sobre todo los de bajos recursos o quienes están sujetos al salario mínimo y a las férreas negociaciones contractuales de los sindicatos, perdieron poder adquisitivo una vez más.

Con la escalada de precios que estamos viendo tampoco parece fácil que se llegue a la meta inflacionaria anual de 3.5% propuesta por el nuevo gobierno, y con la cual se han negociado los contratos colectivos desde octubre del año pasado, dando como resultado, sin duda, un menor poder de compra real para los más pobres.

Todas las explicaciones que se han dado sobre el origen de los incrementos al precio de la tortilla pudieran ser reales. Sin embargo, lo único que le importa a la gente es no tener que pagar más por este producto fundamental de su dieta diaria.

Que si Estados Unidos está destinando una cantidad mayor de maíz para la producción de etanol; que si hay un cuello de botella en el transporte; que si estamos en un momento coyuntural; que si es el cambio climático, etcétera, pudieran ser causas que están muy bien para formar parte de una clase de economía y para discusiones entre especialistas, pero no resuelven el problema.

Hasta ahora tampoco las acciones gubernamentales sobre qué hacer han sido claras, pues afirman que los problemas del transporte se van a resolver en algunos meses, que hay medidas efectivas para evitar la escalada del precio de este producto y, por supuesto, poniéndolo en primer lugar, que de ninguna manera piensan en controlar el precio del producto u otorgar subsidios para que baje el mismo.

Es grave que de entrada se nieguen a la posibilidad que tiene el gobierno de utilizar instrumentos que en muchas ocasiones demostraron, por lo menos en años pasados, que con ellos se protege a la población, más allá de la distorsión de precios que siempre se ha puesto como el factor más negativo de un control de precios.

La realidad está demostrando que día a día el precio de la tortilla está subiendo y llega hoy en algunas partes del país a niveles superiores a los 11 pesos, lo cual es totalmente inaceptable y peligroso si no se toman acciones decididas para frenar estos incrementos que, como han dicho algunas organizaciones campesinas, pueden llegar a costar hasta 15 pesos el kilogramo de tortilla.

Y hoy estamos hablando únicamente de la tortilla; pero el presidente del Consejo Nacional Agropecuario ya menciona que si las cosas continúan como van no sólo este producto básico aumentará, sino que seguramente también se elevarán los precios de la leche, el huevo, el pollo, la carne de ave, de porcino y de bovino, los cuales irremediablemente tendrán que subir debido a los aumentos que han tenido el maíz amarillo, el sorgo y otros productos del campo.

Además de esta situación tenemos que para dentro de un año estarán totalmente liberados de aranceles varios productos del campo debido a lo signado irresponsablemente en el Tratado de Libre Comercio de 1994, cuando el gobierno que lo firmó y los que lo han seguido no hicieron nada para proteger a los millones de personas que en el campo se dedican al cultivo de estos productos y que irremediablemente serán afectados por la liberación de aranceles. Aquí también se prende un foco rojo de inestabilidad social en el corto plazo.

El gobierno debe actuar de inmediato, y no con anuncios de planes emergentes, sino con medidas de control de precios de los productos básicos. No puede permanecer impasible cuando día a día el pueblo tiene que destinar más recursos que no posee a comprar sus alimentos básicos y que en muchas familias estará provocando de inmediato una reducción de su consumo, con las consecuencias que ello trae aparejadas.

Además, el problema no surgió de improviso, sino que se veía venir y el anterior régimen no hizo nada para prever y paliar sus consecuencias; y recordemos que hay varios funcionarios del régimen pasado que hoy tienen funciones directivas y que son responsables de lo que está ocurriendo con los incrementos de precios.

Si tenemos un mes de enero con una inflación más allá de lo previsto por las autoridades se dará al traste con muchas de las negociaciones salariales que están por venir y el ínfimo incremento al salario mínimo no habrá servido de nada, que por cierto es el único que está sujeto a control.

El Senado de la República ya ha manifestado su oposición a este incremento y ha solicitado al gobierno federal medidas enérgicas para detenerlo. Pero hay que ir más allá; no se trata de detenerlo en 10 pesos sino que retorne al precio que tenía el mes pasado. Esto es lo más importante.

No se puede jugar con la alimentación de un pueblo en su producto básico; no estamos hablando de incrementos en los precios del jabón o de los automóviles, estamos hablando del alimento principal que consumen los mexicanos y no comprenderlo de inmediato es colocarse en una espiral no sólo inflacionaria, sino de inquietud social muy difícil de parar una vez que se echa a andar, por más soldados que se tengan.

El precio de la tortilla es un asunto casi sagrado para los mexicanos y el gobierno así debería entenderlo, y por más que esté en contra de su "catecismo económico", debería utilizar todas las armas legales que le da la Constitución para salir al paso de esta calamidad que se cierne hoy por hoy en México con el brutal aumento al precio de la tortilla.


La APPO en La Haya.

Miguel Carbonell11 de enero de 2007

Un grupo de diputados federales y algunos miembros de organizaciones civiles acaban de anunciar que van a presentar una denuncia contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ante la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, Holanda.

No es la primera vez que ciudadanos u organizaciones mexicanas acuden ante los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos. En los últimos meses hicieron lo mismo Jorge Castañeda, cuando le fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación su registro como candidato independiente a la Presidencia, y un grupo de abogados a nombre del PRD y otros partidos, por haberse negado las autoridades mexicanas a llevar a cabo un recuento completo de los votos de la elección de julio de 2006.

Ir ante los organismos internacionales es una práctica muy sana, que debería incentivarse, de forma que el Estado mexicano y sus autoridades estuvieran obligados a explicar ante foros internacionales su proceder. Lo que sucede es que este tipo de mecanismos tienen sus propias reglas de actuación, y muchas veces los promotores de denuncias y juicios no reparan en el hecho de que si no se cumple con ciertos requisitos es imposible obtener un veredicto favorable.

Así, por ejemplo, sería interesante que los promotores de la denuncia contra Ulises Ruiz repararan en el hecho de que el Estatuto de Roma que rige la actuación de la Corte Penal Internacional establece desde sus artículos 1 y 17 que la jurisdicción de la Corte es complementaria de las jurisdicciones locales. Es decir, que quienes quieran acudir ante la Corte deben haber agotado previamente las instancias internas de exigencia de responsabilidades, lo cual parece que no ha sucedido en el caso que nos ocupa.

Se trata de una regla que existe en todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos; tales mecanismos son subsidiarios respecto de las instancias internas, es decir, entran en funcionamiento solamente cuando las instituciones nacionales no han funcionado de forma adecuada, pero siempre después de que éstas se hayan pronunciado.

Sólo en el caso de que un Estado se niegue a investigar ciertas violaciones de derecho o que lo haga de forma tan lenta que no permita obtener resultados dentro de un plazo razonable es que se permite acudir directamente ante un tribunal internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional las denuncias, como la que se quiere presentar contra el gobernador de Oaxaca, se pueden tramitar a través del fiscal de la propia Corte.

Según la información preliminar que ha dado a conocer la CNDH sobre los sucesos de Oaxaca, parece claro que hubo violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades federales y locales. Quedaría por ver si tales violaciones encajan o no en los tipos penales recogidos en el Estatuto de Roma, dado que la Corte Penal Internacional conoce solamente de delitos de lesa humanidad, es decir, violaciones verdaderamente graves y masivas de derechos; según el artículo 5 del Estatuto, la Corte conoce de delitos como el genocidio y los crímenes de guerra, los cuales pueden consistir en el exterminio, la deportación masiva, la tortura, la esclavitud sexual, la desaparición forzada de personas, etcétera.

Lo importante, sin embargo, es que las reglas de acceso a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional deben cumplirse. Si los denunciantes quieren de verdad obtener una condena contra Ulises Ruiz deberán litigar el caso ante las instancias internas y, luego, cuando tales instancias hayan resuelto podrán, en su caso, acudir a los mecanismos internacionales.