DE LA REVISTA PROCESO.

La frase del día... "“De seguir adelante las prácticas voraces, no sería de extrañar que en un futuro cercanísimo los servicios del registro civil, las licencias de manejo o el Registro Federal de Electores cayeran en manos de Diego Hildebrando Zavala”."

carlos lozano de la torre, senador del pri

Cisen y Pemex, la mancuerna.
cuauhtémoc arista México, D.F., 10 de enero (apro).-

La designación de Guillermo Valdés Castellanos, “responsable directo” de las encuestas de GEA-ISA, como director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es el eslabón que faltaba para unir dos áreas estratégicas por sus funciones, pero sobre todo por su peso en el reparto de las cuotas de poder entre los grupos cercanos al presidente legal de la República, Felipe Calderón. Tales áreas son la de seguridad y la de energía, especialmente Pemex.

En ambos campos de la administración federal se muestra una mezcla de cuadros priistas y panistas de nuevo cuño, cuyo denominador común es la cercanía con Calderón Hinojosa. Por ejemplo, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, nombró como subprocuradores a Arely Gómez y a Juan de Dios Castro, pese a que no cumplen con el perfil de sus funciones. En el caso de Castro, se justifica con su conocimiento del derecho, pero no se le conoce trayectoria en la defensa de los mismos. El nombramiento del resto de los altos mandos se limitó a una rotación.

La excepción es justamente la de Valdés Castellanos, quien expidió las primeras encuestas en las que el candidato Calderón empataba y rebasaba a Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo junto con Arcop, la encuestadora contratada por Acción Nacional para darle seguimiento a la elección presidencial, y BGC, conducida por Ulises Beltrán, el encuestador de cabecera de Carlos Salinas, pero GEA-ISA (Grupo de Economistas Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas) ofreció a lo largo de la campaña cifras erráticas que causaron desconfianza desde el principio: de un mes al otro, López Obrador llegó a perder entre 12 y 15 puntos, que ganaban Calderón y en menor medida Roberto Madrazo.

Ante los cuestionamientos, Valdés Castellanos sólo acertaba a justificarse: esas violentas variaciones se están dando en el ánimo de los electores, no en nuestras gráficas. Sin embargo, en la siguiente entrega, López Obrador volvía a recuperar una ventaja mínima. En las últimas cifras, GEA-ISA le atribuyó a Calderón dos puntos de ventaja, la mayor que se le predijera al panista entre el gremio de “expertólogos”, como los llamó alguna vez el actual presidente legal.

En el Cisen, donde ejercerá un presupuesto de más de mil 114 millones de pesos, Valdés sólo cumple parte del perfil, el relativo al aspecto técnico del análisis estadístico y quizá del político. Quienes conocen la naturaleza de la prospectiva en seguridad y gobernabilidad opinan que deberá estar atado a los viejos cuadros del centro para garantizar al menos la estabilidad de las áreas operativas, cuya dispersión siempre se ha considerado una peligrosa consecuencia de los procesos de innovación o del cambio de perfil de la institución.

Sin embargo, la lógica del nombramiento parece apuntar a que el Cisen se convierta en un proveedor de datos para la toma de decisiones en un reducidísimo círculo en torno de Calderón, en que los funcionarios que encabezan las instituciones de Defensa y Seguridad Pública se limiten a ejecutar órdenes políticamente prediseñadas. En este sentido, y contra lo que haría pensarse en una consideración inmediata, el papel de Francisco Ramírez Acuña se fortalecería con el nombramiento en el Cisen del economista, que no pertenece propiamente a su grupo cercano.

Más allá de este juego de equilibrios internos del equipo de Calderón, en el que la fase zedillista parece haber dado el tono político, hay datos que indican cómo se está armando el rompecabezas de la gobernabilidad, según la nueva administración.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ratificó a Alfredo Elías Ayub, y a la cabeza de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue designado ya Jesús Reyes González (que adoptó “Reyes Heroles” como referencia política), exsecretario de Estado zedillista y fundador del Grupo de Economistas Asociados.

Llama la atención que en una empresa tan especializada, los primeros nombramientos de Reyes González hayan sido los de dos socios suyos en la filial GEA Structura: Mariano Ruiz Funes pasó de la dirección de GEA a la coordinación de asesores del director general de Pemex, y Roberto Ortega Lomelí saltó de la dirección del Grupo de Asesoría Estratégica a la Coordinación Ejecutiva de la misma dirección general. Ortega Lomelí va a conducir, de acuerdo con lineamientos tendentes a impulsar la reforma energética, las relaciones del corporativo petrolero con el gobierno federal y con el Congreso.

Adicionalmente, GEA-ISA proveyó de análisis y asesoría al nuevo mandatario de Tabasco, el químico Andrés Rafael Granier Melo, desde la competencia interna del PRI y en la disputa de la gubernatura. Como parte de la segunda, la consultoría elaboró un plan energético para Tabasco, que Granier incluyó en su oferta de gobierno. En la prensa del estado se especifica incluso que dentro de ese proyecto se prevé un millonario plan de inversión de la división petroquímica de la paraestatal (dentro de la estrategia para que Pemex disminuya la importación de gasolinas y gas licuado-propano), que con el nombramiento de Reyes Heroles estaría casi asegurada.

Otro aspecto por considerar es que, políticamente, Pemex fue una de las áreas sensibles para la imagen del gobierno de Vicente Fox y para la campaña de Calderón. El primero nunca pudo librarse satisfactoriamente de los cuestionamientos sobre el otorgamiento de contratos a empresas vinculadas con familiares de su esposa, y el segundo todavía no aclara las contradicciones en las que incurrió su cuñado Hildebrando Zavala cuando fue acusado por López Obrador de haber obtenido contratos con la paraestatal durante la gestión del hoy presidente legal como secretario de Energía:

Mientras Calderón y Pemex negaban toda relación, Hildebrando admitió la existencia de un contrato por 8 millones de pesos signado durante el periodo señalado. Así mismo, diversos medios –sobre todo Proceso– han relatado los pormenores de los negocios de la familia del jefe de la oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, con la especulación de precios de combustible basada en una diferencia tarifaria correspondiente a la zona fronteriza.

“Un cúmulo de eventos políticos en un periodo relativamente corto ha sacudido desde sus cimientos al sistema político del país. Las instituciones son objeto de fuertes cuestionamientos, a los que deberán responder. Los partidos políticos enfrentan una situación crítica, que está gestando transformaciones todavía difíciles de anticipar. Las expectativas sobre la próxima administración se están forjando, con base en información limitada y después de una elección particularmente ajetreada (...) El balance de las fuerzas políticas en el Congreso es muy diferente y anticipa una nueva dinámica en la definición de las acciones de gobierno. Sin embargo, la ciudadanía, el pueblo de México, mantiene el anhelo y la esperanza de que la situación mejore, de que la próxima etapa le permita prosperar y mejorar su condición, regresar gradualmente a lo que puede denominarse una nueva normalidad”, escribió Jesús Reyes González en un análisis de Structura para El Universal (27 de octubre de 2006), todavía en su calidad de economista y mucho antes de que Valdés Castellanos intentara justificar, en su última colaboración para Milenio, mediante malabares retóricos, un “salto” del ámbito “académico” al “político” –un brinco que se dio desde el origen de la consultoría.

Por cierto, el pasado 3 de agosto el nuevo director del Cisen firmó como “intelectual”, junto con otras 134 personas muy conocidas (entre ellas Jorge Alcocer, hoy funcionario de Gobernación, y el propio Ulises Beltrán, Jorge G. Castañeda, Enrique Krauze, Lorenzo Córdova y María Amparo Casar), el manifiesto “No hubo fraude”, en el cual se dice que “la jornada del 2 de julio fue ejemplar por la participación ordenada de más de 42 millones de votantes”...

Guillermo Valdés, confidente de Calderón, al Cisen.

Álvaro delgado México, D.F., 10 de enero (apro).-

Guillermo Valdés Castellanos, confidente y asesor de Felipe Calderón desde que éste fue, hace una década, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), fue hoy formalmente designado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de espionaje del gobierno federal.

Personaje de todas las confianzas de Calderón, asiduo acompañante de francachelas grupales, Valdés Castellanos era director de la casa encuestadora GEA-ISA, cuyo accionista mayoritario es Jesús Reyes-Heroles González Garza, actual director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), parte de la camada de priistas de la tecnocracia que se sumaron al panista.

En una de esas tardes de tragos, en una cantina del centro de la ciudad de México, Calderón le confió a un grupo de amigos, uno de los cuales era Valdés Castellanos, que quería ser presidente del PAN, pero lo veía muy difícil y se ponía muy triste:



“Quiero ser presidente de mi partido, pero estoy muy chavo y no me van a querer”, decía, casi en llanto, esa tarde de diciembre de 1995.

Este episodio lo narra el periodista Salvador Camarena en el libro colectivo Los suspirantes, en una semblanza sobre el michoacano, una de cuyas fuentes era el hoy director del Cisen:

“Estaban ahí entre otros, Rodrigo Morales, amigo íntimo de Felipe y hoy consejero del IFE; Guillermo Valdés Castellanos, analista del Grupo de Economistas y Asociados, GEA, y Aldrés Albo, hoy también consejero del IFE. ‘Casi lloraba’, recuerda Valdés. ‘Felipe, si quieres, sí puedes’, le animaban los ahí reunidos.”

Con Calderón en la presidencia del PAN, Valdés Castellanos fue su asesor formal y, de manera informal, lo siguió siendo cuando el panista siguió en su carrera, incluyendo su búsqueda por la candidatura presidencial, su despido del gobierno de Vicente Fox, el 30 de mayo del 2004, después de que esa ambición la hizo pública en un acto organizado en Jalisco por Francisco Ramírez Acuña, actual jefe del director del Cisen.

Valdés Castellanos fue uno de los asistentes a la reunión a la que Calderón convocó a su regreso de Jalisco, el domingo 29 de mayo, para decidir qué rumbo tomaría, y se mantuvo junto a él durante la precampaña para suministrarle encuestas de GEA-ISA, lo mismo que durante la campaña presidencial.

Esta misma casa encuestadora le dio argumentos para proclamarse ganador de las elecciones, la noche del 2 de julio, pese a que el IFE dijo que había un “empate técnico”, mientras que Valdés Castellanos defendía, en la cadena de diarios Milenio, la solidez de sus conteos rápidos, y criticando abiertamente –como lo hizo a lo largo de la campaña y después-- a Andrés Manuel López Obrador.

Hoy Ramírez Acuña le dio posesión a Valdés como director del Cisen, en las instalaciones de esa dependencia y a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación, como tampoco se dieron detalles de la visita de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, al secretario de Gobernación.

En un comunicado, emitido antes del mediodía, se informó de la ceremonia de toma de posesión de Valdés, ante quien Ramírez Acuña proclamó que la seguridad de México es uno de los principales retos del gobierno federal, por lo que el presidente Calderón instruyó a su equipo de trabajo a no desfallecer en la lucha para recuperar la seguridad pública de la sociedad mexicana”.

Según con comunicado, “el nuevo director general del Cisen cuenta con una trayectoria enfocada principalmente en el campo de la sociología política, y en su desarrollo profesional destaca su experiencia de gobierno en la Presidencia de la República, en las secretarías de Desarrollo Social, Programación y Presupuesto y de Educación Pública”.

Nada más.

PRI y PRD solicitan a la PGR investigar a Gil Díaz e Hildebrando Zavala.
jesusa cervantes

México, D.F., 10 de enero (apro).-

A los cuestionamientos que ha recibido Francisco Gil Díaz por haber aceptado un cargo en las oficinas internacionales del banco londinense HSBC, el PRI y PRD solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar una investigación por el posible desvío de recursos a través de la empresa ISOSA y por contar con información tributaria clave, delitos en los que habría incurrido el exsecretario de Hacienda.

En su demanda, esos partidos también involucran a Hildebrando Zavala, cuñado del presidente Felipe Calderón.

Senadores y diputados de ambos partidos solicitaron también a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, iniciar una investigación al respecto.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Carlos Lozano de la Torre, senador del PRI, hizo una relatoría de cómo Gil Díaz, cuando fue subsecretario de Ingresos, creó la empresa ISOSA, que sirvió para realizar el cobro del Derecho de Tramite Aduanero, lo que, dijo, generó que la federación dejara de percibir 10 mil millones de pesos.

Además, involucró al cuñado de Calderón por haberle creado tres programas de computación a ISOSA, para lo que, señaló, Gil Díaz le entregó toda la información sobre todos los contribuyentes del país, incluidos los juicios penales y adeudos.

Por ello, De la Torre solicita que la PGR “asigne personal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, a fin de que investiguen cuidadosamente la posible comisión de ilícitos derivados de los desfalcos cometidos por ésta empresa (ISOSA) en contra del fisco federal y de aquellos particulares (Hildebrando Zavala), que tienen en su poder datos derivados de los despachos aduaneros”, se indica en el punto de acuerdo propuesto por el PRI.

Además, el PRI acusó al gobierno federal de haber desaparecido ISOSA, luego del escándalo generado por las revisiones de las cuentas públicas de 2001, 2002 y 2003 que realizó la Auditoria Superior de la Federación, únicamente para “obstruir cualquier investigación sobre ilicitud de sus actividades y como remedio para sancionar una serie de latrocinios cometidos en contra del erario de la nación”.

En el caso de la empresa del cuñado de Calderón que Gil Díaz contrató para que creara tres programas especiales para el Servicio de Administración Tributario, el PRI dijo que la entrega de la información fiscal “resulta a todas luces contraria al interés general, toda vez que la información que obra en los registros de las autoridades federales debe quedar a resguardo de éstas y no de particulares”.

Afirmo: “Manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que datos tan importantes como los relacionados con los despachos aduaneros, se encuentren en poder de empresas privadas, cuya operación (ISOSA), presumiblemente ha derivado en quebrantos al erario y tráfico de influencias”.

El PRI, dijo el senador, expresa su informidad “con tales formas de operación, pues en el fondo lo que subyace es la pretensión de seguir privatizando irresponsablemente los servidos relacionados con el despacho aduanero, dejando de lado que las adunas son un punto sensible de nuestra seguridad nacional, máxime sí, como insistimos, esto se deja al recaudo de empresas señaladas que, como ISOSA, han obrado con una rapacidad intolerable”.

Añadió:

“De seguir adelante esta clase de prácticas voraces, no sería de extrañar que en un futuro cercanísimo los servicios del registro civil, las licencias de manejo o el Registro Federal de Electores cayeran en manos de Diego Hildebrando Zavala”.

El PRI pide también a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, que inicie las investigaciones contra Francisco Gil Díaz y Diego Hildebrando Zavala.

En cuanto a la denuncia del PRD, el coordinador de los diputados de ese partido, Francisco Javier González Garza, demandó a la PGR iniciar una indagatoria contra Gil Díaz por haber aceptado el cargo en HSBC.

Señaló que no se trata del delito de “conflicto de intereses”, sino de una práctica corrupta de un servidor público que, “aprovechándose de su cargo, favorecería a empresas particulares, de las cuales él era parte”.

El perredista explicó que Gil Díaz formó parte del consejo de una empresa internacional llamada J.E. Roberts, la cual, junto con inversionistas mexicanos, fundaron en 1999 la empresa “Fénix, operadora de activos”. Fénix adquirió en 2001 la mayor compra y venta de cartera del gobierno federal.

Fénix es una operadora de activos que adquirió en el sexenio pasado cartera al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario --del cual Gil Díaz fungió de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006 como presidente de la Junta de Gobierno. A su vez, a ésta empresa, el IPAB le dio la responsabilidad de vender varios de sus bienes. Uno de los comparadores fueron los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún de Fox.

Es decir, cuando Gil Díaz era presidente de la junta del IPAB autorizó que se le vendiera a la empresa internacional de la cual forma parte, cartera. Pero además le entregó cartera a su propia empresa para que ésta, a su vez, decidiera a quién le vendía activos del gobierno federal a precios muy por debajo de su valor.

Por ello, el PRD solicita que se investigue a Gil Díaz, ya que pudo haber sido juez y parte en la venta de millonarios activos del gobierno federal.

Ambas propuestas, la del PRI y PRD fueron turnadas a comisiones y se deberán votar en la próxima sesión de la Comisión Permanente, que se realizará el miércoles de la próxima semana.