PUNTA COLONET:ATRACO PANISTA.

Punta Colonet: el negociazo panista

domingo, 12 de noviembre de 2006 www.poresto.net.

Connotados panistas bajacalifornianos están a punto de concretar un negocio multimillonario: adquirieron predios a los ejidatarios de Punta Colonet y consiguieron la aprobación de Comunicaciones y Transportes y del presidente Fox para construir un puerto de cabotaje en esa bahía de Ensenada. Uno de esos negociantes es Ernesto Ruffo, quien actúa como prestanombres de navieros japoneses; otro es el actual gobernador del estado, Eugenio Elorduy, y participan en el plan al menos dos legisladores de su partido Ernesto Ruffo Appel.(cuartoscuro) Mientras las empresas trasnacionales que administran puertos de carga consideran que las bahías de este municipio pueden ser un negocio redituable, los ejidatarios de la localidad confían en que la construcción de un puerto en Punta Colonet mitigue sus penas; incluso se dicen dispuestos a vender sus tierras, pues llevan varias temporadas sin sembrarlas por falta de dinero. En medio de estas proyecciones se encuentran connotados panistas, como el ex mandatario Ernesto Ruffo Appel, el actual gobernador Eugenio Elorduy Walther y Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Ellos son acusados por legisladores perredistas de beneficiarse con un proyecto portuario que, de realizarse, constituiría un millonario negocio. Y es que, de realizarse, el puerto de la bahía de Punta Colonet aliviaría las maniobras de carga y descarga de mercancías de las naves provenientes de los muelles de Long Beach y Los µngeles, California, que ya se encuentran saturados. Desde hace tres años comenzó a hablarse del proyecto en esa bahía, ubicada unos 130 kilómetros al sur de Ensenada, pero aún no se dirime el litigio sobre el uso y control de un territorio de 50 mil hectáreas de tierra y mar que pretenden controlar los panistas, para después quedarse con la concesión del futuro puerto. A Ruffo se le acusa de manejar “información privilegiada”, gracias a la cual compró alrededor de mil 250 hectáreas en la zona donde se instalará el puerto. Elorduy también estaría en la puja, apoyando a la empresa china Hutchinson Port Holding, que controla los puertos de cabotaje (transporte marítimo) de Altamira, Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas, según confiaron al reportero Arturo Salinas los ejidatarios de las bahías. El líder del PRD bajacaliforniano, Jaime Martínez Veloz, considera que mediante una red de complicidades, los panistas mencionados promueven acciones para concretar el negocio y aprovechar el carácter de puerto seguro que tiene Punta Colonet: cuenta con 10 mil hectáreas de terrenos planos y un canal de navegación de 17 metros de profundidad. Por lo pronto, dice Martínez Veloz, los panistas ya lograron que Vicente Fox firmara el 7 de agosto del 2006 -a menos de cuatro meses de abandonar el cargo- el decreto presidencial mediante el cual se declara a Punta Colonet puerto de cabotaje. El proyecto El líder estatal perredista explica que Punta Colonet se convertirá en un centro marítimo multimodal -el más grande del país y el cuarto a nivel internacional, después de los de Singapur, Hong Kong y Los µngeles-. Al principio tendrá capacidad para manejar 1 millón de contenedores al año, cuya carga será enviada a Estados Unidos. Como obras complementarias se incluyen la construcción de un aeropuerto internacional de carga, la instalación de una planta generadora de energía con una capacidad de 600 megawatts, así como dos proyectos de tratamiento de gas natural que se distribuirá tanto en California, Estados Unidos, como en México. Pero no sólo eso. También contaría con una red ferroviaria que uniría a Punta Colonet con Mexicali y Calexico, donde se conectaría con la red del vecino país para introducir la carga. En conjunto, el proyecto requiere una inversión de 9 mil millones de dólares. Hasta el momento son cuatro los grupos interesados en la concesión del puerto: Hutchinson Port Holding (HPH), Puerto Colonet Infraestructura, S.A. de C.V. (propiedad de Ernesto Ruffo), Marine Terminal Corporation (MTC) y Grupo Minero de Baja California, propiedad de Gabriel Chávez Aguirre. El asesor legal de los propietarios de las tierras donde se construirá el puerto, Jesús Lara, asegura que detrás de Chávez Aguirre está Héctor Osuna, quien, como senador durante la LIX Legislatura, modificó la Ley Minera para que se otorgara por primera vez una explotación de titanio en el mar. Curiosamente -dice Lara en entrevista- a los pocos días, el 12 de agosto del 2005, Chávez Aguirre obtuvo de la Secretaría de Energía la concesión por seis años. Hace cuatro años Chávez estaba con Hutchinson en el proyecto del puerto, pero decidió entrar directamente al negocio tras obtener la concesión para explotar 30 mil hectáreas, de las cuales 3 mil se encuentran dentro del polígono donde operaría el puerto. A su vez, el perredista Martínez Veloz acusa a Ruffo de utilizar información privilegiada para sacar ventaja en este proyecto y quedarse con la concesión del puerto para entregársela a navieros japoneses. Cuando aún era gobernador, Ruffo “sabía que los puertos de Long Beach y Los µngeles pronto serían insuficientes”, señala Martínez Veloz. Agrega que, ya como comisionado para asuntos de la Frontera Norte, nombrado al inicio del sexenio de Fox, Ruffo realizó un recorrido por el puerto de Long Beach el 25 de septiembre de 2002. Los medios locales informaron que ese viaje fue para analizar en perspectiva “el potencial de mercado que pudiera recibir en un futuro el puerto de Ensenada”. El 23 de julio del 2003 Ruffo renunció a su cargo de comisionado, pero el dirigente perredista puntualiza que su paso por ese cargo gubernamental “le permitió identificar información y establecer relaciones claves para desarrollar el proyecto de puerto de Punta Colonet”. Afirma también que otro de los aliados de Ruffo para impulsar el proyecto portuario es el ex diputado federal panista César Patricio Reyes Roel, ex presidente de la comisión de Marina en la Cámara de Diputados durante el período 2000-2003 y coordinador general de Puertos y Marina Mercante desde el 1 de abril del 2003. El 16 de octubre pasado, Ruffo reconoció ser el prestanombres de dichas empresas: “Yo represento una compañía que fundé por instancias de ellos, los navieros, donde se integran para participar en este concurso (de licitación del puerto)“. En entrevista, Ruffo reconoció: “Esto (el puerto) lo vengo viendo desde hace muchos años, estoy en una oficina de consultoría, aquí vienen muchas empresas y uno va teniendo una visión. Fui alcalde de Ensenada, gobernador del estado, y he visto cómo ha evolucionado la transportación de (mercancías desde) la Cuenca de Pacífico que tienen que llegar a Estados Unidos, y Baja California está ubicada a un lado. No tengo información privilegiada, nomás es cosa de pararse a ver lo que está sucediendo”. Ruffo conformó tres empresas claves para el desarrollo del puerto, que dio de alta ante el Registro Público de la Propiedad de Ensenada en el presente año. La primera es Puerto Colonet Infraestructura, S.A. de C.V. (PCI), cuyo capital asciende a 50 mil pesos, la mitad de los cuales aportó el Grupo Amaya Curiel, asociado a este proyecto. La compañía fue creada el 21 de diciembre de 2005, y dada de alta el 23 de enero de este año (folio 5146492). Según su documento constitutivo, los objetivos de PCI consisten en “la administración, uso, aprovechamiento, operación y explotación de obras de infraestructura portuaria y almacenes, por sí o por terceros, entre ellas instalaciones, terminales así como patios, talleres y almacenes”. En cuanto a Integradora Baja Aeropuertos, S. de R.L. de C.V., también creada por el ex gobernador panista, tiene como objetivo “el desarrollo, construcción, administración, establecimiento operación y explotación de instalaciones aeroportuarias, así como los servicios auxiliares, dependencias y demás accesorios complementarios”. Además, puede “promover y financiar el funcionamiento de aeropuertos, así como operar la recepción y despacho de aeronaves nacionales e internacionales de pasajeros, carga y correos, la administración y explotación de concesiones que se otorguen para la operación de aéreos taxis terrestres, estacionamientos públicos, comercios y servicios públicos dentro y fuera de sus instalaciones aeroportuarias”. Integradora Baja Aeropuertos se creó con un capital de 100 mil pesos y quedó registrada el 21 de abril. Ruffo la formó en compañía de Juan Manuel Chávez García y Héctor Moisés Calderón Quintero. Con este último, Ruffo creó el mismo día una tercera empresa: Opción Integradora Baja, S.A. de C.V. Con ésta, Ruffo y Calderón Quintero pueden “adquirir, enajenar, administrar, arrendar, subarrendar, notificar, urbanizar, explotar y comercializar toda clase de inmuebles”. La compañía también tiene, entre sus objetivos, “la construcción, edificación, instalación y adaptación de obras destinadas a casa habitación, edificaciones comerciales, industriales, turísticas y de recreo, en general de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería”. Curiosamente, Chávez García tiene otra empresa, Inmobiliaria y Constructora Costa Azul, la cual compró el lote de terrenos 38 y 39 de la colonia Costa Azul, al norte de Ensenada. Justo donde se ubican los terrenos de la gasificadora Sempra Costa Azul, la misma que pretende concursar para quedarse con la futura gasificadora que formaría parte del proyecto de Puerto Punta Colonet. Gilberto Gutiérrez Huerta, un ejidatario de Colonet contratado por Ruffo para negociar la compra de tierra a los lugareños, explicó que a la fecha han adquirido mil 250 hectáreas y ha pagado por cada metro cuadrado desde 50 centavos de dólar hasta 6 dólares, cuando se ubican en las cercanías de la playa. Gutiérrez Huerta acepta que detrás del ex gobernador están empresas navieras de capital japonés. Revela que PCI hizo un pacto con los japoneses: la compañía creada por Ruffo “cedería sus derechos de atraque a los navieros, quienes van a poner la lana si gana la licitación; ellos son los que tienen la necesidad del puerto”, explica. “Ruffo no ha acaparado ningún terreno y los ejidatarios quieren vender a quien llegue y tienen un representante para que los ponga en contacto no para negociar los precios, que es Jesús Lara. Cada ejidatario tendrá que negociar el precio”, dice el empleado del ex gobernador. El propio Lara rechaza que Ruffo sea un acaparador de tierra, incluso lo defiende. Dice que el panista ha sido el único que les ha hablado con la verdad, “ha dicho a cuánto ha comprado, el nombre de su empresa y que le tiene fe al proyecto”. Ventajas de ser gobernador La bahía de Punta Colonet está rodeada por seis ejidos: Villa Morelos, 27 de Enero, Héroes de Chapultepec, Díaz Ordaz, Rubén Jaramillo y Colonet. El representante legal de los ejidatarios, Jesús Lara, avecindado en Colonet y quien se define como gestor y no como negociador de sus representados, insiste en que detrás del proyecto portuario está el gobernador Eugenio Elorduy, dueño de la concesión Ford en el estado desde hace varias décadas. El 29 de marzo pasado, luego de una gira por Asia, Elorduy reconoció: “Hemos firmado un acuerdo para un estudio de viabilidad del proyecto Punta Colonet con los directivos portuarios de Hutchinson Port Holding”. El representante legal de los ejidatarios asegura que viajó a la ciudad de México hace dos semanas para entrevistarse con funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Energía (Sener), quienes le confirmaron que no sólo existe el estudio, sino que incluso se formó un consejo consultivo que está analizando el tema. “Las autoridades de México desconocen el proyecto y me enviaron a hablar con los integrantes del consejo, pero desconocemos quiénes son; tanto autoridades locales como estatales no nos han querido decir quiénes son, o no lo saben. Todo se está manejando de una forma muy oscura”, dice Lara. Y recuerda que hace cuatro años varios ejidatarios de Colonet se reunieron con el dueño de Grupo Minero Baja California, Gabriel Chávez, quien les habló del proyecto portuario a nombre de la asociación civil La Ensenadense y como miembro de Hutchinson. En ese encuentro, asegura Lara, Chávez propuso a los ejidatarios convertirlos en empresarios, incluso les pidió sus certificados de tierra y les prometió realizar obras de infraestructura para repartirles el 40% cuando vendiera los terrenos. él se quedaría con el 60% restante. “Los ejidatarios lo vieron con buenos ojos porque no están trabajando la tierra y carecen de agua para sembrar, pero no les gustó eso de darle sus certificados, por lo que finalmente no estuvieron de acuerdo”, dice Lara. Investigación necesaria El 12 de octubre pasado, a nombre de la fracción perredista, el diputado federal Emilio Ulloa denunció en tribuna de la Cámara de Diputados las maniobras del ex gobernador Ernesto Ruffo para apropiarse de las tierras de ejidatarios de Colonet, y pidió que se creara una comisión especial para que indague si en estas transacciones participan inversionistas extranjeros, así como la posible vinculación de servidores públicos de los tres niveles de gobierno en la construcción del puerto de cabotaje de altura en Punta Colonet. El punto de acuerdo interpuesto por los perredistas fue enviado a la Comisión de Marina, que preside el diputado plurinominal panista David Maldonado, cercano al gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy. Ulloa propone que así mismo se investigue al coordinador general de Puertos y Marina Mercante, el también panista César Patricio Reyes Roel -presidente de la Comisión de Marina durante la LVIII Legislatura- quien supuestamente apoyó la autorización del puerto en contubernio con Ruffo o Elorduy. El diputado perredista solicita que igualmente se esclarezca la participación de Héctor Osuna Jaime, actual titular de la Cofetel, quien “compró” el proyecto del socio de Grupo Minero Baja California, Gabriel Chávez. Ahora, la Sener y la SCT deben negociar con Chávez. La primera, porque le otorgó al empresario la concesión para explotar titanio en tierras y aguas de las bahías de Ensenada, que ahora serán destinadas a la construcción del puerto; la segunda, porque se niega a autorizar a Chávez las terminales marítimas que solicita. En su intento por resolver el problema de la concesión otorgada a Chávez, la semana pasada el Sistema Geológico Mexicano, dependiente de la Sener, realizó un reconocimiento en el polígono donde se ubicará el puerto, a fin de verificar si hay titanio en la zona. Al parecer el mineral no existe en el mar, sino solamente en tierra. Como sea, quien gane la concesión para construir el puerto deberá comprar a los ejidatarios sus terrenos. Si no gana Ruffo, de todos modos se beneficiará, porque los concesionarios tendrán que comprarle el material de construcción que se encuentra en una parte de los predios que previamente adquirió en la zona. (Jesusa Cervantes y Arturo Salinas/APRO)