DE LA REVISTA CONTRALINEA Y LA REVISTA FORTUNA.

Oaxaca, botín para Calderón


Ana Lilia Pérez / David cilia, fotos / enviados
Políticos cercanos a Felipe Calderón operaron un plan para capitalizar el conflicto en Oaxaca con vías a legitimar su toma de posesión el 1 de diciembre, mientras en el estado las agresiones hacia los manifestantes y la sociedad civil se desborda


Oaxaca, Oax.— La solución al movimiento del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue visto por el equipo de Felipe Calderón como un acto ideal mediante el cual el panista podría legitimar su llegada a la Presidencia el próximo 1 de diciembre, y subsanar en algo el descontento que dejaron los resultados de las pasadas elecciones federales.

La idea era cooptar a la dirigencia de la APPO, misma que a raíz de la agresión contra el magisterio se convirtió en el frente con mayor peso dentro del movimiento.

En la operación, tanto políticos ligados al viejo priísmo como al PAN —más precisamente a Felipe Calderón— acordaron “administrar” el conflicto para legitimar al presidente electo. Participaron, entre otros, la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; el ex gobernador de Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares, y el coordinador panista en el Senado, Santiago Creel Miranda.

La idea fue de Vásquez Colmenares, quien junto con sus hijos se ha convertido en funcionario y asesor de Vicente Fox.

En agosto pasado, cuando en Oaxaca se vivían días críticos dentro del movimiento de resistencia, Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán, delegado regional del ISSSTE, buscó a Felipe Martínez Soriano, ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) vinculado con el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos.

Colmenares hablaría con Soriano de la basificación (que durante años ha solicitado) del puesto como pediatra de una Unidad de Medicina Familiar en la capital oaxaqueña, en donde trabaja contratado como médico eventual, desde que regresó luego de su excarcelación.

A pesar de más de dos décadas de servicio, el ISSSTE le negó la base, supuestamente como continuidad a la represión que Martínez Soriano ha padecido por sus nexos con el grupo guerrillero PROCUP (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo), que durante la década de los noventa dio origen al EPR (Ejército Popular Revolucionario), grupo armado del que versiones oficiales señalan a Martínez Soriano como su principal ideólogo.

La idea del equipo de Calderón Hinojosa era atraer a la APPO, mientras que los legisladores panistas decidirían el momento idóneo para concluir el conflicto con la salida de Ulises Ruiz Ortiz, siempre con miras a la toma de posesión de Calderón.

En tanto panistas y priístas hacían sus “amarres”, el conflicto se desbordaba porque las agresiones contra los militantes de la APPO se intensificaban, y quienes arremetían contra las barricadas eran los pistoleros al servicio del gobernador Ulises Ruiz.

Los asaltos han dejado a la fecha nueve muertos, cientos de heridos, múltiples detenidos arbitrariamente, y maestros “apistas” y ciudadanos comunes encarcelados extrajudicialmente.

En entrevista, Martínez Soriano confirma la trama y recrea la petición de Bernardo Vázquez Colmenares:

—“Sabemos que usted tiene influencia en la APPO” —escuchó Martínez Soriano del otro lado de la línea telefónica.

Conciliador, Bernardo insistió: “Sabemos que usted tiene injerencia en la APPO y lo que yo quiero es que nos sentemos a negociar”.

—¿Por qué me pide eso si yo no soy dirigente de la APPO?

—“Pero usted tiene manera de decirles que vengan con usted y platicamos”.

—Yo puedo decirles, eso si no me cuesta, puedo ir a una asamblea y le digo a alguno de los dirigentes que pasen a hablar con usted.

—El plan es éste: tenemos buena relación con Santiago Creel, y la profesora Elba Esther Gordillo puede participar en esto, incluso el presidente electo.

—¡Oiga, pero esta es una situación que no está a mi alcance, política e ideológicamente, porque usted sabe quién soy yo, además el padre de usted estuvo conmigo discutiendo aquellos problemas de resolución para la Universidad!

Martínez Soriano agrega que en efecto, su papel se limitó a informar a la dirigencia de la APPO la intensión de los políticos ya señalados para reunirse con los dirigentes del movimiento y llegar a “negociar”. Agrega que un dirigente de la APPO —no da su nombre— le indicó que considerarían la propuesta.

“El compañero me dijo: 'vamos a plantearlo, pero no creo que se dé'. Manejamos algunas cosas de ciertos senadores, y estuvimos viendo que el problema está, y cuando está un problema así se puede dialogar con cualquiera, así sea el diablo, pero no vender nuestra conciencia”.

Martínez Soriano es un hombre reservado. A sus 79 años, el médico pediatra originario de la zona zapoteca de San Andrés Zautla, parece más lúcido que nunca. Convertido en un símbolo de la lucha social, el legendario normalista, junto con su esposa Josefina, encabezaron la marcha de más de 5 mil oaxaqueños que viajaron a la ciudad de México para exigir la salida de Ulises Ruiz.

Aun en las esferas más derechistas del poder en Oaxaca, Martínez Soriano es considerado un ejemplo de luchador social, idealista y sobre todo víctima del Estado mexicano, torturado en el Campo Militar Número Uno por Miguel Nazar Haro y luego encarcelado nueve años durante el gobierno de Carlos Salinas.


LEER NOTA COMPLETA,¡RECOMENDADO!



Las razones de los maestros

Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados

La falta de apoyo a sus demandas laborales y el menosprecio y persecución contra quienes pidieron el esclarecimiento del asesinato de un centenar de maestros en Oaxaca, y otros 50 que permanecen presos, son algunas de las razones de lucha de los mentores en la entidad

Sierra Juárez, Oax. Claudia es maestra en una comunidad de la Sierra Juárez, a una hora de distancia de Oaxaca, donde pasa cinco días a la semana en la improvisada casita que los lugareños habilitaron para ella.

Los viernes por la tarde, Claudia camina una hora para llegar al crucero donde pasa el camión que la lleva de regreso a Oaxaca. Sólo hay una corrida, así que si se retrasa unos minutos tiene que pagar 800 pesos para que un vehículo de alquiler la saque a la carretera.

Pero en tiempos de lluvias, como los caminos quedan incomunicados, Claudia no puede salir de la comunidad durante varios meses y tiene que conformarse con frijoles, tortillas y chile, únicos alimentos durante todo el temporal, hasta que el gobierno desazolve los caminos.

Claudia es directora, maestra de grupo, secretaria y afanadora de la empobrecida escuela levantada con piedra y techo de lámina, que por estar en zona altamente sísmica, frecuentemente sufre fracturas.

También es traductora para alumnos indígenas zapotecas, quienes en su mayoría no hablan español. Aunque ella no habla zapoteco, dice que se hace entender.

Está en contra de que se prohíba a los alumnos hablar en su lengua materna, “las raíces se deben conservar”, dice, y estima que es la Secretaría de Educación Pública la que, al diseñar los programas de estudio, debe considerar que México es un país con un alto porcentaje de población indígena y adecuar los programas educativos.

Para que los maestros trabajen en este ciclo escolar, el material que este año envió el Instituto Estatal de Educación Pública a cada plantel consistió en dos kilos de detergentes, dos escobas, dos cestos para basura y dos pizarrones. No más.

LEER NOTA COMPLETA.




Las razones de la APPO

Ana Lilia Pérez/ enviada
La represión de Ulises contra los mentores de Oaxaca, aunado a la extrema pobreza y violencia que vive la entidad, fueron determinantes para que varios sectores sociales crearan un frente común de lucha por la caída del gobernador


Oaxaca, Oax.— “Después del 14 de junio el pueblo de Oaxaca ya no será el mismo”, cita una frase que se repite en pintas y mantas en las principales calles de la capital que hace cuatro meses dio un vertiginoso giro a su historia y se convirtió en tierra en rebeldía.

La agresión contra el magisterio -que dio origen a la creación de la APPO- se registró la madrugada del 14 de junio, fecha marcada como el agravio más grande de Ulises contra los habitantes del estado.

Esos hechos y las agresiones desde aquel día se ventilan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría derivar en una recomendación del organismo internacional contra el Estado mexicano.

El saldo rojo del caso Oaxaca se documenta a partir de que un comando fuertemente armado irrumpió en el Hotel del Magisterio, en el barrio del Ex marquesado, en la capital de Oaxaca, que golpeó a los mentores y les arrojó bombas lacrimógenas.

Al mismo tiempo, otro grupo de policías allanó el plantón instalado en el Zócalo desde el 22 de mayo, en donde había unos 30 mil colonos y maestros acompañados de sus familias.

Media hora después otro comando allanaba el edificio sindical -en las calles de Armenta y López- y arrojaba gas lacrimógeno y golpeaba a las maestras que allí se encontraban junto con sus hijos.

El operativo, a cargo del director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, y del director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas, tenía como objetivo el desalojo del plantón y la detención de Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del SNTE.

En el operativo habrían participado entre 2 mil y 2 mil 500 policías, entre preventivos, ministeriales, la Unidad Policial de Operaciones Especiales, la Unidad Canina, el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento de Oaxaca, la Policía Auxiliar Bancaria y las policías de distintos ayuntamientos enviadas por alcaldes priístas, como apoyo a Ulises Ruiz.

La agresión fue reforzada con un helicóptero comercial con la matrícula HA-UCJ, alquilado por el gobernador a la empresa SCALA, Servicios Corporativos Aéreos de la Laguna, desde donde se arrojó a los manifestantes gas lacrimógeno y gas pimienta.

LEER NOTA COMPLETA.



Profundiza Fox desigualdad social

Erika Ramírez
Estudios especializados en la desigualdad del ingreso monetario en México demuestran que el gobierno de Vicente Fox no sólo no pudo cerrar la brecha entre ricos y pobres, sino que ésta se ensanchó


Elena Zúñiga Herrera



La desigualdad de oportunidades e ingreso monetario en México no cambió ni un ápice durante la administración de Vicente Fox, quien prometió combatir la pobreza y promover la creación de empleos para disminuir la brecha entre ricos y pobres.

Por el contrario, según expertos en la materia, el “gobierno del cambio” acentuó los contrastes entre ambos sectores de la población. Así lo señala Alejandro Tuirán Gutiérrez, consultor externo del Concejo Nacional de Población (Conapo), en su informe La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México.

El especialista indica que aproximadamente 10 millones de mexicanos concentran el 80 por ciento del ingreso monetario de nuestro país, mientras que otros 20 millones -los más marginados- tan sólo tienen acceso al 2 por ciento de la riqueza.

Con estas cifras “podemos ver que tenemos un país polarizado: el pobre, el marginado, el desigual, con bajos niveles de productividad, y el moderno, desarrollado, con una actividad económica elevada, generación de empleos y altos niveles de bienestar social”, dice Tuirán Gutiérrez, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El documento de la Conapo reconoce que “la desigualdad es un rasgo distintivo de la sociedad moderna, misma que se concreta en la incapacidad social para generar mecanismos que permitan a individuos, familias o grupos sociales determinados, tener acceso a los bienes y servicios que les permitan satisfacer las necesidades básicas inherentes al ser humano para vivir dignamente”.

LEER NOTA COMPLETA.


Y YA ENTRADOS EN GASTOS ESTOS SON ARTICULOS DE LA REVISTA FORTUNA:

Desempleo y crisis herencia del foximo

Durante el sexenio foxista la tasa de desempleo abierto casi se duplicó y dejó a más de un millón 800 mil personas en la desocupación total, por lo que la mayoría de los mexicanos que, durante la administración de Vicente Fox se integraron al mercado laboral, abandonaron el país, se emplearon en la informalidad o han sobrevivido “de prestado”

Zósimo Camacho



En materia de empleo, Vicente Fox Quesada entrega un país en desastre. Durante el “sexenio del cambio” se incrementaron en más de un millón el número de mexicanos desempleados, en alrededor de 2.5 millones los que tienen “empleo precario” y en la misma cantidad los que debieron salir del país en busca de trabajo.

Y es que la población económicamente activa (PEA) creció en más de un millón de personas por año, y la administración foxista apenas pudo mantener el número de empleos formales que existían en 2000.

Las lejanas promesas de Fox de un crecimiento en la economía a tasas de 7 por ciento y creación de un millón 200 mil empleos al año provocan, en las postrimerías del sexenio, sonrisas con dejo de frustración en algunos economistas o reacciones de molestia en el rostro de otros.

De acuerdo con el investigador Gerardo González Chávez, representante de la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y de la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM, la política laboral desarrollada por el gobierno foxista -“exitosa” para la clase financiera- resultó “un desastre para los trabajadores y la población en general”.

El economista y politólogo explica que las salidas del mercado de trabajo en México son la emigración, la informalidad -o trabajo precario-, el desempleo abierto y, en menor medida, la ocupación formal.

Un millón de desempleados más

De acuerdo con datos oficiales, el ex presidente Ernesto Zedillo dejó el país con una tasa de desempleo abierto (aquellos que ni en la informalidad están ocupados) del 2.2 por ciento del total de la PEA, la cual estaba integrada por 39 millones 633 mil trabajadores. Ahora que existen más de 45 millones de mexicanos en edad de trabajar, el índice de desocupación se incrementó en alrededor del 85 por ciento, pues, según datos del Iiec y de la Cámara de Diputados, alcanzó el 4.04 por ciento.

Es decir, cuando Vicente Fox tomó posesión como presidente de México, en el país había 680 mil desempleados. Al salir, habrá entre un millón 800 mil y 2 millones de mexicanos que no tienen trabajo alguno.

De acuerdo con el economista y politólogo Gerardo González, del millón de mexicanos que se integran año con año a la PEA, entre 175 mil y 190 mil no consiguen ocuparse en alguna actividad que les represente un ingreso.

Trabajo precario

Sin embargo, el problema es que la mayoría de los 800 mil trabajadores restantes tampoco consiguen un empleo formal. De hecho, los puestos laborales que cumplen con la Ley Federal del Trabajo disminuyeron durante el sexenio. Según datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población formal ocupada ascendía a 10 millones 902 mil 742 trabajadores. Para 2005, el número de registrados en el Seguro Social fue de 10 millones 893 mil.

“La diferencia es muy pequeña, incluso podríamos decir que, en materia de empleos formales, Fox se va con los mismos que llegó, lo que representa un gran problema para una sociedad que genera al año más de un millón de personas que buscan trabajo”, dice González Chávez.

Aunque el foxismo, por medio de las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, difunden que a lo largo del sexenio de Vicente Fox se habrían creado alrededor de un millón de empleos -lo cual no representaría triunfo alguno-, estos fueron, en su mayoría, “por honorarios”, “por subcontratación” o por “contratación temporal”. Es decir, empleos en los que los trabajadores no cuentan con seguridad social ni laboral, y las responsabilidades de las empresas para con los trabajadores son casi nulas.

Las principales “válvulas de escape” que encuentran los mexicanos que integran la PEA son la informalidad y la emigración. Del análisis de las estadísticas del INEGI que el investigador González Chávez realiza, se desprende que, año con año, alrededor de 400 mil personas se integran al mercado informal de trabajo, al que también se le conoce como “trabajo precario”.

Gerardo González explica que en la informalidad participan todos los sectores y estratos de la economía: comercio, servicios y producción, y autoempleo, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y trasnacionales.

“Está la venta de chicles en las calles y en el transporte público, como desde hace muchos años, pero también las grandes empresas que utilizan la informalidad a través de la subcontratación. Como ejemplo podemos citar a Telmex: la mayor parte de la venta de su producto de tarjetas para teléfonos celulares se hace a través de vendedores ambulantes. Una de las mercancías de punta de Telmex, por el crecimiento impresionante en la distribución de celulares, no genera empleos formales sino informales. Y así podríamos citar también la venta de helados de grandes empresas que se realizan con vendedores callejeros.”

Emigración: válvula de escape

LEER NOTA COMPLETA.



IPAB corrupción y prebendas

Con la venta de activos, cuyo valor promedio asciende a escasos 32 mil 258 pesos por cada bien subastado, el IPAB viola la ley al generar un negocio para ricos e influyentes y beneficiar a personas morales rescatadas, como la institución financiera Banorte y el corporativo Bachoco, propiedades de Roberto González Barrera y del gobernador sonorense Eduardo Bours, respectivamente

Mario Di Costanzo*



Banorte -institución rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y propiedad de Roberto González Barrera- figura como “comprador” de bienes subastados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En lo que constituye una violación flagrante a la Ley del IPAB, y con consecuencias adversas para las finanzas públicas, grandes grupos rescatados por el Fobaproa “recompran”, a precios irrisorios, lo que hasta antes del rescate eran sus propiedades. Los propios bancos han adquirido las carteras que alguna vez le vendieron al gobierno con todo e intereses moratorios.

En la lista de clientes del Instituto que encabeza Mario Beauregard aparecen grupos económicos como Bachoco, también rescatado por el Fobaproa, y que ahora adquiere a bajo costo siete inmuebles ubicados en Puebla. Este corporativo industrial, entre cuyos accionistas destaca la familia de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, perteneció al “barzón de los ricos”: beneficiarios de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE) con redituables reestructuraciones y quebrantos de deudas.

Además figuran prominentes personas como Patricia Olamendi, ex subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Gilda R. Tours Zaragoza, a quien se le enajenaron 27 casas y terrenos en Monterrey, y el empresario Marcos Giacaman.

De esta lista de “compradores de activos” sobresale el denominado “consorcio panista” representado por Wadi Amar ShabShab e Isabel López Castellanos, a quienes se enajenaron dos inmuebles en Hermosillo, Sonora. Una interesante operación pactada con el IPAB es la compra del actual edificio sede de los senadores panistas, hecha directamente por Diego Fernández de Cevallos.

LEER NOTA COMPLETA.



El personero de Gil Díaz

Presidente del SAT y subordinado de Francisco Gil Díaz, José María Zubiría amenaza y llama a periodistas y funcionarios a “ser cuidadosos” porque “han atacado sistemáticamente y de manera irracional” a su jefe secretario de Hacienda y a él mismo, por el manejo irregular de miles de millones de pesos extrapresupuestales a través del fideicomiso privado Aduanas I y de la empresa ISOSA

Nancy Flores

Convocado por la periodista Carmen Aristegui, junto con el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, para hablar sobre la empresa privada Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), el presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, aprovechó los micrófonos para advertir que en este tema se debe ser cuidadoso con las insinuaciones.

ISOSA -la empresa en donde fungía como director operativo Francisco Obel Villarreal Antelo, asesinado a fines de agosto pasado- y el Fideicomiso Aduanas I, fueron involucrados por la Auditoría Superior de la Federación en el fraude del Derecho de Trámite Aduanero que ha causado daños patrimoniales contra el erario por casi 10 mil millones de pesos.

Según consta en documentos públicos entregados a Fortuna por el propio SAT, ambas figuras fueron constituidas en 1993 por instrucciones del entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

En la inusual entrevista, que el pasado 28 de septiembre confrontó públicamente a los dos funcionarios en una vieja discusión sobre la rendición de cuentas, Zubiría Maqueo señaló: “ha habido un ataque sistemático de una manera irracional hacia una actuación de funcionarios públicos de esta administración, me refiero en particular a la insistencia con la que se ha mencionado al secretario (Francisco) Gil y a los que estamos participando en este momento, en este proceso”.

Éste fue el momento más tenso de la conversación. Tras esa afirmación, Aristegui reviró: “es que fue Gil Díaz el que tuvo la iniciativa (de crear el fideicomiso y la empresa privados), es su criatura”.

Exactamente, aceptó Zubiría Maqueo. “Eso fue hace 14 años, hace 14 años él estuvo como subsecretario. Fue un proceso que él generó para resolver una problemática, y que en ese momento se consideró que era lo prudente”.

LEER NOTA COMPLETA.