A ROBAR SE HA DICHO-

Pensiones, así no.

Rogelio Ramírez de la O.
23 de octubre de 2006.

El proyecto de reforma de pensiones de trabajadores públicos afiliados al ISSSTE que el gobierno ha tratado de impulsar en el Congreso enfrentará cuestionamientos de dos tipos. Uno es por la tendencia a individualizar los derechos, esquema que no asegura que las pensiones de los trabajadores vayan a ser suficientes y satisfactorias para pensionados. Otro es el alto endeudamiento público.

En cuanto al endeudamiento público, sin duda el actual sistema de pensiones es insostenible en el largo plazo, pues las contribuciones de trabajadores activos no cubren lo que deben recibir los pensionados. El déficit actual supera los 30 mil millones de pesos.

Lo urgente es eliminar el déficit para hacer al sistema viable. No hay que olvidar que el faltante resulta del aumento de las prestaciones a los pensionados otorgadas irresponsablemente por varios gobiernos, para asegurar el apoyo de los sindicatos, sin pensar en su viabilidad financiera futura.

Aquí está un gran defecto de numerosos programas de estabilización económica que se aplicaron en México desde 1983. Los logros aparentes de la estabilización en el corto plazo fueron impresionantes, pero a la larga trasladaron al tiempo futuro muchos de sus costos.
Para hacer aceptables a los sindicatos los ajustes obligados por las grandes crisis macroeconómicas de los 80 y los 90, se les aumentaban las prestaciones. Esto de inmediato no se notaba, pero si en esos momentos se hubieran cuantificado los costos para la hacienda pública, se habría visto que no había tal ajuste fiscal como se estaba anunciando. Así sucedió con el IMSS y con el ISSSTE. En ese sentido los gobiernos de la estabilización no pudieron ser más populistas.

En 1983, año del Programa Inmediato de Reordenación Económica de Miguel de la Madrid, se fijó la pensión indirecta en el ISSSTE al 100%. En 1986 (en medio del desplome de precios del petróleo y con un déficit fiscal de 16% del PIB), se redujo de tres años a uno la base de cálculo de la pensión, permitiendo que la pensión fuera sobre el salario más reciente y más alto. En 1992, también bajo un programa de estabilización -por cierto supervisado por el Fondo Monetario Internacional- se eximió a los pensionados de contribuir al fondo médico de dicho instituto. En 2001 se indexó la pensión a la inflación.

Esas medidas fueran buenas para los pensionados, pero no eran viables para la economía. En su momento ocultaron el verdadero costo fiscal de los programas de estabilización, así como a las relaciones entre gobierno y sindicatos. El problema de hoy es la solvencia del sistema público de pensiones. Con la precaria estructura de ingresos fiscales que tiene México y con la deuda pública ampliada tan alta que tenemos, el primer paso debe ser una negociación realista entre gobierno y sindicatos sobre lo que se puede ofrecer de pensión.

Hoy el pago de estas pensiones no está asegurado por la realidad económica del país. Para asegurarlo, debe ajustarse la base de las mismas. De lo contrario, en cualquier contingencia, los trabajadores con todo y sus derechos, podrían no cobrarlas. La negociación política es entonces el primer paso.

Por la misma razón la solución financiera no debe anteponerse a la negociación política, como tampoco debería haberse antepuesto en el caso de los rescates de la banca o de las carreteras. Esto, porque todo endeudamiento público es una obligación de todos los mexicanos y no sólo de quienes definen la solución financiera.

Para enfrentar el problema tampoco debe mezclarse un objetivo con otro. Hoy el problema de solvencia no tiene nada que ver con quién administra las pensiones: el sector público o el privado. Si esta discusión se tuviera que abordar, debería ser después de la negociación política y después de definir la solución financiera.

El planteamiento que el gobierno ha hecho es que se paguen todos los derechos adquiridos hasta hoy por los pensionados con un bono de deuda pública que devengará una tasa de interés. Éste pasaría a ser un costo fiscal. Si bien hoy existe un costo fiscal porque el gobierno debe cubrir el déficit de ingresos que tiene el sistema, el costo actual sólo incluye un flujo y no un acervo de deuda. La desventaja de la propuesta es que innecesariamente materializa una deuda contingente.

Hacer eso sería inaceptable para cualquier empresa privada -precisamente por ello el problema financiero es muy difícil de resolver en todo el mundo-. Entre otros, la propuesta ignora que por su naturaleza contingente los derechohabientes que en el futuro cobrarán esos derechos siempre serán menos que los que hoy recibirían el bono. Esto obedece a una realidad actuarial. Una prueba de ello es que hace tres años el gobierno dispuso de 20 mil millones de pesos de fondos de ahorro para el retiro que pertenecían a personas, pero que nadie reclamó.
A una empresa aseguradora no se le ocurriría prepagar, sin que así lo diga el contrato, la suma asegurada, pues parte de su negocio es precisamente vender el seguro y cobrar la prima. Por lo tanto, aun si el gobierno quiere reconocer su obligación con el trabajador, no es imprescindible que otorgue los bonos.

Bajo el esquema propuesto, el bono permitiría al trabajador contratar su pensión con alguna empresa privada, es decir, haría la pensión "portable". Esto puede ser deseable, pero no es el problema inmediato a resolver. Tampoco está claro por qué el sector privado tenga que hacer la simple administración de un bono y un cupón. Lo que sí sabemos es que la emisión de bonos que se tendría que hacer para cubrir los derechos adquiridos, es entre 90 mil y 150 mil millones de dólares (dependiendo de las obligaciones que se desee liquidar).

También sabemos que las administradoras de fondos de retiro (Afores) son muy costosas para los pensionados del sector privado. No hay duda que administrar esta suma sería otro gran negocio para los bancos, los principales propietarios de Afores, los mismos a quienes el Banco de México señala que cobran en exceso por los servicios a sus clientes.

ecanal1@attglobal.net
Analista económico