FOX Y LOS CÁRDENAS.

Opinión México
Sicartsa: Alianzas turbias.
Por: Eduardo Ibarra Aguirre .
(Fecha publicación:23/10/2006)

Hace seis meses, exactamente el 20 de abril, se realizó un operativo para desalojar violentamente a los huelguistas de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa). El alto costo humano fue de dos muertos: Héctor Alvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez; 54 heridos, 21 de ellos por arma de fuego.

Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que adquiere un protagonismo plausible, y a su presidente José Luis Soberanes Fernández corroboramos medio año después que el Plan de acción Lázaro Cárdenas 2006 “fue planeado, coordinado y dirigido” por la Policía Federal Preventiva, cuyos miembros “portaban armas de fuego e incluso las accionaron”, apoyada por la tercera brigada de la Policía Militar de San Miguel de los Jagüeyes, estado de México, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

También participaron 299 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, 172 de la Policía Ministerial y 30 del grupo motorizado Lince, pero la ejecutaron los mandos de la PFP, aseguró el doctor Soberanes.

Dicho llanamente: se trató de un operativo policiaco-militar, realizado en la recta final del autodenominado gobierno del cambio de Vicente Fox Quesada, también por el neocardenista, antes que perredista, Lázaro Cárdenas Batel.

Sin embargo, el primogénito de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con notable eficacia ministerial, función que no le corresponde, deslindó a la PFP de cualesquiera responsabilidades sobre el asesinato de los dos obreros metalúrgicos y junto con Eduardo Medina Mora ocultaron eficaz pero efímeramente la participación de un cuerpo del Ejército en la brutal acción represiva contra los obreros.

Atenidos al diagnóstico de la CNDH resulta, entonces, natural que la recomendación 37/2006 sea dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, antes jefe de los espías y escuchones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y al gobernador michoacano.

A Cárdenas Batel le solicita de plano que “se determine conforme a derecho los procedimientos que radicó en contra de los presuntos responsables de los homicidios...”

La misma CNDH expresa, así, dudas sobre que la inculpación de agentes policiacos estatales como autores materiales del asesinato de los dos militantes de la sección 271 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, corresponda a la verdad.

Como se recordará, el Ministerio Público le presentó, raudo y veloz, al gobernador a los presuntos autores materiales que resultaron ser agentes michoacanos. Y Cárdenas procedió a hacerlo público con bombo y platillo, exculpando así a los 450 agentes de la PFP que intervinieron, a Medina Mora, al Ejército, a Ricardo Clemente Gerardo Vega García y a Fox Quesada.

Con este extraordinario favor político, Cárdenas cubrió otro que le hizo la autodenominada pareja presidencial que dentro de 39 días dejará de ser por lo menos lo segundo, cuando lo protegieron al máximo de los videos del escándalo producidos y dirigidos por Carlos Agustín Ahumada Kurtz, distribuidos por Diego Fernández de Cevallos y con los servicios de mensajería a cargo del ahora senador Federico Döring Cásar.

De acuerdo a Complot contra un proyecto de nación (página 152), Ambito Financiero, de Argentina, cuantificó “en 44 millones de dólares las licitaciones públicas logradas por Ahumada en tierras tarascas”. Y la cubana Prensa Latina estimó “en mil 565 millones de pesos el monto de los contratos obtenidos por las 13 empresas vinculadas al exvendedor de piedra molida al Ejército Mexicano” y amigo de Rafael Marcial Macedo de la Concha, becario éste de la Sedena en Bruselas, donde cobra como agregado militar ante la Unión Europea.

Las alianzas entre los Cárdenas y los Fox preceden, y con mucho, la elección del 2 de julio y sus resultados impugnados severamente todavía.