BORRÓN Y CUENTA NUEVA: !NI MADRES!.

Lorenzo Meyer escribe en el Reforma:

Crimen sin castigo.

Es posible argumentar que legalmente ciertos delitos del Estado ya han prescrito en México. Quizá, pero moralmente todos siguen vigentes.

¿Cambio?Se supone que hace más de un lustro que cambió de naturaleza el régimen político mexicano pero la impunidad en torno a las matanzas de campesinos o estudiantes planeadas y decididas por el aparato de Estado en la época autoritaria se mantiene. Desde esta perspectiva, el cambio en México sigue sin llegar. El pasado, un gran problema de las transiciones.

Por definición, toda transición reciente a la democracia implica tomar decisiones de naturaleza moral en torno al régimen que se deja atrás; juzgar el abuso sistemático del poder en la etapa anterior. Las formas de ese abuso cambian de un país a otro, pero en todos existió.

Optar por el olvido no sólo significa avalar la impunidad sino, sobre todo, ignorar la dignidad de las víctimas y de todos los humillados por el ejercicio brutal del poder.Como ejemplo veamos por un momento el caso español.

En una ceremonia que tuvo lugar el mes pasado cerca de Melilla se honró la memoria de un general marroquí -Mohamed Mizzian. Ahí estuvieron presentes, entre otros, cinco funcionarios españoles: un embajador, el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el comandante general de Melilla, el coordinador de la cooperación en el exterior y el cónsul en Nador.

Pero, ¿a quién homenajeaban esos servidores de un régimen democrático? Dicho personaje, nacido en Marruecos y musulmán, era, en julio de 1936, coronel del ejército español. Al pronunciarse los militares contra la república, Mizzian y sus tropas moras se pusieron en contra de ésta a la que hicieron una guerra particularmente salvaje.

En un hospital de Toledo, por ejemplo, Mizzian mató a los 200 heridos republicanos y poco después un historiador norteamericano, John Whitaker, presenció cómo el jefe marroquí ordenó que dos españolas menores de 20 años sospechosas de republicanismo le fueran entregadas a sus tropas -les había prometido "mujeres blancas"- para ser violadas de manera tumultuaria y luego asesinadas (El País, 4 de junio, 2006).

¿Representantes de un gobierno democrático en un homenaje a alguien que llegó a ser capitán general del ejército del dictador Francisco Franco y que se distinguió por su brutalidad en una guerra de por sí brutal?.

Probablemente si los españoles ya se hubieran enfrentado abiertamente al tema de las responsabilidades de los crímenes del pasado, no hubiera ocurrido lo que aquí se narró.

La transición a la democracia que no somete a juicio público y efectivo a su pasado, carga con algo podrido que seguirá siendo un problema de conciencia. Eso pasa en España y, desde luego, en México, donde ninguno de los responsables de los crímenes de Estado cometidos entre los 1960 e inicios de los 1980, ha sido sometido a juicio y condenado.

La 'justicia de la transición'.
Al iniciarse los juicios contra los jefes nazis en Núremberg, el juez Robert Jackson afirmó: "Los crímenes que aquí vamos a condenar y castigar fueron tan malignos, premeditados y devastadores, que la civilización no puede tolerar que sean ignorados pues no podría sobrevivir si se repitieran".

Esa razón está detrás de todos los intentos posteriores por someter a juicio a los responsables de haber usado de manera abusiva el aparato coercitivo de un Estado no democrático.La ciencia social contemporánea ha desarrollado un área interdisciplinaria que se conoce como "justicia de la transición" (véase A. James McAdams, ed., Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, Notre Dame University Press, 2001).

El objetivo de tal justicia es determinar en cada caso histórico cuál es la mejor manera de enfrentar el legado de abusos en contra de los derechos humanos. El propósito básico no es el castigo por el castigo mismo, sino desatar un proceso que, al confrontar la inhumanidad del pasado -asesinatos, torturas, prisión, desapariciones, robo-, lleve a definir mejor la naturaleza del nuevo orden.

A diferencia de lo ocurrido en Núremberg al fin de la Segunda Guerra Mundial, en las actuales transiciones a la democracia, el impulso por hacer justicia respecto del pasado inmediato viene de dentro y no de fuera y se da en un entorno donde el enemigo aún conserva parcelas de poder y alguna capacidad de reacción, de ahí que existan motivos para que más de uno prefiera el olvido a un enfrentamiento.

El caso mexicano.
En la obra ya citada de McAdams, Juan E. Méndez, concluye que para la justicia de la transición: "El asunto más difícil es conseguir los objetivos de justicia y reconciliación pero sin caer en el tokenismo [gesto simbólico carente de contenido] y en una falsa moral que sólo sirva para cubrir la perpetuación de la impunidad". Méndez no se refiere al caso mexicano, pero su generalización viene como anillo al dedo para lo que está ocurriendo en nuestro país.

Como se sabe, al terminar con el siglo pasado los 71 años ininterrumpidos de dominio priista de la institución política más poderosa del país -la Presidencia de la República-, se consideró que sí se debía exigir cuentas al viejo régimen y a sus líderes aún vivos para que respondieran por las matanzas públicas de opositores en la Ciudad de México -las de 1968 y 1971-, la guerra que el Ejército llevó a cabo en contra de poblaciones enteras en Guerrero y la desaparición de jóvenes capturados en los años setenta del siglo pasado en la guerra contrainsurgente en el Distrito Federal, Guadalajara o Monterrey.

Enfrentar a los autores de esos crímenes con sus responsabilidades había sido un compromiso electoral del gobierno presidido por Vicente Fox, y era una necesidad para atacar a uno de los males históricos de México: la impunidad. Cumplir la promesa hubiera sido una de las mejores formas de marcar la diferencia ética entre el autoritarismo priista y la democracia recién nacida.

Desafortunadamente, la debilidad legislativa del nuevo gobierno unida a su pusilanimidad, hizo que muy rápidamente el lado pragmático del foxismo le llevara a buscar a la dirigencia del PRI para "cogobernar el cambio".

Ahora sabemos que ese cogobierno resultó un espejismo, pero por un tiempo en "Los Pinos" se abrigó el propósito de buscar una coordinación con los priistas para concretar las reformas prometidas, como la fiscal, la energética o la laboral. En esas circunstancias se decidió no enfrentar el pasado de manera radical, pues no se quería tener en el PRI al enemigo irreconciliable.

Fue por ello que Fox optó por no crear una Comisión de la Verdad que examinara los crímenes de los años sesenta y setenta, sino una fiscalía que, dentro del rígido marco legal vigente -creado por el viejo régimen-, intentara recopilar pruebas y formular alegatos jurídicos que, en teoría, permitieran proceder a la consignación del ex presidente Luis Echeverría Álvarez y de otros sobrevivientes responsables de ordenar las operaciones que terminaron en las matanzas de Guerrero, del 68, del 71 y de la "guerra sucia" que tuvo lugar después.

Finalmente, llegamos a esto: Fox está por concluir su sexenio y Echeverría entra y sale pero de un hospital y da la impresión de que morirá sin pasar por un juzgado, menos por una cárcel. Y sin embargo... El informe oficial sobre los crímenes políticos del pasado autoritario mexicano no se ha presentado pero ya circula como un manuscrito de 662 páginas que, pese a no ser oficial, es el resultado de la investigación del equipo de la Fiscalía Especial en los archivos del aparato represor del Estado mexicano.

Se trata de un documento moral y políticamente imposible de soslayar. En esas páginas ya están las líneas generales de las historias de varios intentos de los opositores por crear un país más justo y que desembocaron en represión y resistencia.

Están también los datos concretos e individuales: la naturaleza de la ocupación militar en zonas campesinas de Guerrero, de prisioneros a los que se le hizo beber gasolina para luego prenderles fuego, campos de concentración, "vuelos de la muerte", detenciones masivas, tortura sistemática, creación de cuerpos represores paramilitares, etcétera.

Es posible argumentar que legalmente ciertos delitos del Estado ya han prescrito en México. Quizá, pero moralmente todos siguen vigentes. Como colectividad, tenemos la necesidad y el deber de conocer y difundir lo que ocurrió hace tres y cuatro decenios y pasar un juicio ético y político contundente sobre ello. Mientras no lo hagamos, los grandes crímenes del Estado mexicano serán crímenes sin castigo y sus fantasmas nos seguirán acompañando e intranquilizando, como en España.

Postdata: En México no todo es corrupción. Dos veces he perdido mi cartera y dos veces me la ha regresado el servicio de taxis del aeropuerto. Mi agradecimiento al señor Guadalupe Ruiz Cedillo.



Agregado mío, en el aspecto de la inhumanidad del pasado en donde dice robo yo incluiría el Fobaproa.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.