ETICA Y LIBERTAD DE EXPRESION.

Miguel Angel Granados Chapa en el Reforma:


Miguel Ángel Granados Chapa.

Claroscuros de la libertad.

Aunque afortunadamente no se inició nunca acción penal en su contra, Sergio Sarmiento, acusado por difamación, habría sido la última víctima de la criminalización del habla pública, pues han sido derogados en el Distrito Federal los delitos contra el honor

En vez de un paisaje llano, que permita sin escollos el ejercicio de las libertades de expresión y de información (que hoy se festejan) caminamos en México en un espacio ambiguo, con claroscuros que reclaman a las empresas y los profesionales de la comunicación mantener la conciencia alerta para que sus tareas sirvan a la sociedad sin causarles perjuicio ni ponerlos en riesgo.

El consejo ciudadano del premio nacional de periodismo envió al gremio y al país una señal de optimismo y solidaridad al atribuir la presea que se otorga a quien ha cumplido una trayectoria notable, a Jesús Blancornelas. Desde que en 1980 se rebeló contra la censura empresarial (asociada a la del gobierno) y consiguió su independencia mediante el semanario Zeta, Blancornelas se sintonizó con las necesidades de Tijuana, especialmente con su carencia de seguridad.

En consecuencia, su periódico y él mismo investigaron puntual y perseverantemente la presencia del narcotráfico y sus nexos con las autoridades encargadas de perseguirlo. Esa tarea constante ha sido costosa para Zeta, dos de cuyos directivos (Héctor Félix Miranda y Francisco Javier Ortiz Franco) han sido asesinados.

El propio Blancornelas iba a seguir esa trágica suerte: el 27 de noviembre de 1997 fue atacado con furia y tras una andanada que privó de la vida a su chofer y guardia Luis Valero, él quedó moribundo, gravemente lesionado.

Esos graves episodios no han inhibido su trabajo ni su empeño por informar sobre el narcotráfico.Ése es el saludable mensaje que se difunde al premiar una vez más a Blancornelas (que ha sido galardonado repetidas veces aquí y en el extranjero): que la sociedad aprecia, respeta y estimula el valor de quienes deciden no callar, siendo que la peligrosa e impune canalla criminal se propone silenciar a quienes informan sobre, y analizan, la delincuencia organizada.

Oscurecen también el panorama los intentos de inhibir la información sobre otras lacras sociales, como los abusos cometidos desde el poder. En tal dirección caminan los juicios civiles en pos de reparación del daño moral que desde posiciones eminentes, que dotan de suyo de una ventaja procesal a los demandantes, han iniciado Marta Sahagún de Fox y su hijo mayor Manuel Bribiesca Sahagún contra la periodista Olga Wornat y sus editores, el semanario Proceso y la editorial Random House Mondadori, propietaria del sello Grijalbo.

Esos y otros casos son admitidos y tramitados en los juzgados a partir de una inaceptable interpretación de la ley, que convierte en hecho ilícito de suyo la publicación de libros, periódicos y revistas, o la transmisión de programas por medios electrónicos.

Es demandable reparar el daño moral cuando éste es producido por un hecho ilícito (por ejemplo la publicación de un anónimo). Pero litigantes mal intencionados y jueces que no razonan o lo hacen mecánicamente quieren encontrar la ilicitud en el contenido de los mensajes que se ponen a juicio, aunque sean difundidos a través de publicaciones y emisoras establecidas y que obran conforme a la ley.

En el proceso de Bribiesca Sahagún contra la autora de Crónicas malditas desde un México desolado y su editor, la sentencia que favorece al actor (así se llama a quien inicia un juicio, no me refiero a un papel histriónico) incurrió en la aberración de juzgar hechos futuros, de no necesaria realización y, en consecuencia, de imponer la censura previa.

Amén de la gravedad de tal silenciamiento (pues la sentencia ordena suprimir pasajes en próximas ediciones de las Crónicas) la disposición es ilegal, pues la legislación vigente prevé sanciones taxativas, que no incluyen la expurgación de la obra.

Es de temerse que desde una posición semejante -ajena al derecho y próxima al poder- se resuelva el juicio iniciado hace exactamente un año por la esposa del presidente de la República (pues desde la oficina que mantiene en ese carácter se informó de la presentación de la demanda, en momentos de un viaje oficial de la pareja presidencial).

Igualmente sombría es la posibilidad de que Sergio Sarmiento fuera consignado por el delito de difamación. El ex cónsul de México en San Antonio Humberto Hernández Haddad lo denunció ante el Ministerio Público capitalino que, conforme a un sano criterio de orden general, dictaminó el no ejercicio de la acción penal.

En defensa de su derecho, el ex diplomático y ex legislador acudió al juicio de amparo que, en sus dos instancias, y en la de inejecución de sentencia, determinó que debe solicitarse la orden de aprehensión correspondiente.

De no hacerlo, el fiscal responsable puede ser destituido. La gravedad de la situación (abultada porque Sarmiento se basó para hablar del despido, materia de la presunta difamación, en un documento de la Cancillería, es decir, dijo la verdad) no resulta aliviada ni siquiera por el hecho de que una oportuna reforma penal derogó el delito por el que se procesaría al periodista, que podría acogerse a la retroactividad beneficiosa.

La semana pasada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, lo que debe ocurrir hoy o mañana.

La nueva disposición implicó derogar el título denominado Delitos contra el honor en el Código Penal (lo que beneficiaría a Sarmiento) y los artículos del Código Civil referidos al daño moral. Nos ocuparemos de la nueva legislación.

Cajón de Sastre.
De la mano de su inventor, el todavía secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar, el espurio dirigente minero Elías Morales fue presentado en sociedad, cobijado por Víctor Morales el presidente del Congreso del Trabajo también bendecido por el ingeniero químico que quizá por serlo desconoce el derecho laboral. Morales ha advertido que la 34 convención del sindicato minero, reunida desde ayer en el domicilio oficial de la agrupación, es ilegal. Le falta razón, porque además del comité ejecutivo pueden convocar a ese tipo de asamblea dos tercios de los comités de sección o fracción, lo que se acredita como ya se hizo en una convención realizada en marzo en Monclova. Aquella reunión, como la actual, muestran sin lugar a dudas que Napoleón Gómez Urrutia es el dirigente aprobado por la mayoría, y que los señalamientos que se le formulan, mientras no se conviertan en procedimientos formales, son sólo maniobras del secretario del Trabajo y empresarios que lo acompañan.


¿Y que decir de los oscuros intereses entrelazados entre la mafia en el poder gubernamental y los medios electrónico e impresos -el Reforma incluído_, para oponer una muralla desinformativa a la intención de la mayoría del pueblo mexicano por elegir a quien considera con derechos propios para ser el próximo presidente, el que encabeza el proyecto alternativo de nación y que se llama Andrés Manuel Lopez Obrador?.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.