SANGRE EN EL FRENTE MINERO.

MIguel Angel Granados Chapa escribe en el Reforma:


Miguel Ángel Granados Chapa.

Sangre en el frente minero.

El viernes el Presidente recapacitó y trasladó a Gobernación el caso que la víspera había encargado insensatamente a la STPS. Entonces comenzó el diálogo con los paristas que debió anteceder a la fatal trifulca.


Exactamente dos meses antes, la negligencia de la Secretaría del Trabajo había sido uno de los factores que causaron, en el estallido en Pasta de Conchos, la muerte de 65 personas cuyos cuerpos siguen sepultados entre los escombros de esa mina coahuilense.

En cambio, esa misma Secretaría se mostró extraordinariamente activa el 19 de abril: tras el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (un tribunal que depende del Ejecutivo, de la propia Secretaría) que declaró ilegal el paro en empresas siderúrgicas en Lázaro Cárdenas, la oficina a cargo del ingeniero Francisco Javier Salazar organizó en unas horas, menos de las que el laudo concedía a los paristas para retirarse de las instalaciones, una operación que concluyó con el asesinato de dos personas y lesiones a muchas otras y en la que el gobierno federal arrastró al estatal a un ineficaz acto represivo.

Al mediodía del sábado no se había determinado quiénes causaron la muerte de Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez, muchachos de apenas 19 y 24 años de edad, en la mañana del jueves 20. Pero sin duda no fueron sus propios compañeros, como irresponsablemente sugirió al día siguiente el vocero presidencial Rubén Aguilar, quien responsabilizó de los hechos a los metalúrgicos que no acataron la decisión de la justicia laboral, como si ignorara que apenas transcurría el plazo para hacerlo cuando se produjo la presencia policiaca.

A pedido de la empresa afectada por la suspensión de labores iniciada el 2 de abril, la del Trabajo pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que la Policía Federal Preventiva desplazara a los trabajadores. Igualmente se pidió apoyo al gobierno estatal, que envió a agentes de su propia secretaría de seguridad y de la policía ministerial, algunos de cuyos miembros dispararon las armas de fuego que irresponsablemente portaban y utilizaron en una acción que reclamaba ser precedida por un intento de persuasión que hiciera innecesaria la fuerza.

El jefe de la policía ministerial, Jaime Liera, fue despedido de inmediato, para facilitar la indagación sobre el comportamiento del personal a sus órdenes. También presentó su renuncia el secretario de Seguridad Pública michoacano, Gabriel Mendoza. Es una paradoja que deba de ese modo pagar las consecuencias del ataque represivo un funcionario especializado en evitarlos.

Como miembro del gobierno de la Ciudad de México entre 1997 y 2000 en muchas oportunidades su presencia se anticipaba a la de la fuerza pública para negociar con grupos que ocupaban calles o instalaciones su retirada voluntaria. En esta ocasión no pudo hacerlo, porque no tenía a su cargo la responsabilidad directa del desalojo.

Sin embargo, estuvo allí y en su carta de renuncia al gobernador Lázaro Cárdenas Batel ofrece la primera versión oficial sobre lo ocurrido, el punto de vista de la autoridad: "Durante los lamentables acontecimientos suscitados en el puerto de Lázaro Cárdenas la fuerza pública de Michoacán acudió, en cumplimiento de un mandato legal, en apoyo de las fuerzas federales. Fue recibida con una lluvia de bolas de molino, esferas de acero del tamaño de una pelota de beisbol, acompañadas de bombas molotov, disparos de armas de fuego y el embate de tres máquinas retroexcavadoras usadas a manera de arietes.

Por más de cuatro horas bregamos repeliendo, mediante gases lacrimógenos, una agresión excesiva de una fuerza superior en número, que nunca cejó en su empeño y que tampoco mostró signos de suspender las hostilidades para dialogar. A estas alturas, muchos obreros y policías resultaban heridos y fui informado de que por desgracia dos personas habían muerto.

Pese a que en mi calidad de responsable del operativo ordené expresamente que no se portaran armas de fuego para la acción, algunos elementos de una corporación distinta a la que encabezo recurrieron a ellas, como recurso desesperado, en la creencia de que disparándolas al aire provocarían un repliegue de los agresores, quienes prácticamente estaban por masacrarnos.

A partir de que sonaron las detonaciones y a efecto de que las cosas no salieran de control -más de lo que ya estaban- me comuniqué con usted para solicitarle permiso de ordenar la retirada. Nunca dudé que era mejor abandonar el sitio antes que propiciar que policías estatales y federales murieran a manos de la turba o, peor aun, antes de que muchos obreros cayeran abatidos por las balas de representantes de la ley que se sentían aterrorizados y actuaban en defensa de sus vidas".

La indagación ministerial, en que será necesario y valioso el testimonio de Mendoza, "habrá de esclarecer plenamente el caso y deslindar las posibilidades respectivas", dijo el gobernador Cárdenas Batel, quien para diluir desde el principio la suspicacia que surge cuando el Ministerio Público investiga sucesos en que están involucrados miembros de la Procuraduría respectiva, anunció que "por un principio elemental de transparencia... solicité al titular de la CNDH la intervención de ese órgano, a fin de que se garantice una investigación imparcial y exhaustiva".

Es también tristemente paradójico para el gobernador que este episodio ocurra en el puerto que se llama como él mismo y en las plantas siderúrgicas donde su padre tuvo importantes labores de dirección cuando surgieron como empresas gubernamentales.

Cárdenas Batel expresó su "solidaridad con las familias de los dos mineros muertos y con los mineros y policías heridos".

El presidente Fox corrigió el viernes la insensibilidad mostrada la víspera cuando dio cuenta de la reunión del gabinete de seguridad pública en torno a los sucesos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en que no lamentó y ni siquiera mencionó las muertes habidas en el desalojo.

Cuando lo hizo al día siguiente dijo que "para un gobierno humanista y democrático la pérdida de vidas humanas, cualquiera que sea la circunstancia, es siempre dolorosa".También corrigió el Presidente su decisión del jueves de encargar "al titular de la Secretaría del Trabajo... que atienda, en coordinación con el gobierno de Michoacán, el conflicto laboral y se busquen vías de solución dentro del marco de la ley". Era un despropósito responsabilizar del manejo de la situación conflictiva a quien la había causado.

Por eso Fox lo pensó mejor y trasladó el caso a la Secretaría de Gobernación, que a partir del viernes participa en un diálogo con la representación de los paristas (que no pudieron ser removidos de sus emplazamientos a las afueras de las empresas), diálogo que debió preceder y no suceder al grave enfrentamiento.

Salazar no sólo debe ser apartado de la negociación con los mineros sino despedido de su cargo, porque una ilegal decisión de su parte y una desaseada manera de llevarla a cabo ha causado un problema que llegó ya a circunstancias extremas que pueden no ser únicas, sino repetirse en otros puntos donde la torpeza política ha generado o avivado disputas.

Violencia semejante a la de Lázaro Cárdenas puede suscitarse dondequiera que se intente renovar los comités seccionales o elegir delegados a la convención nacional prevista para mayo, en el sentido buscado por Salazar en su lucha contra Napoleón Gómez Urrutia.

Es posible una decisión judicial sobre el paro -aun más prolongado que el de las plantas michoacanas y causado por las mismas razones- que desde el 24 de marzo afecta a la mina de cobre La Caridad, de Nacozari, Sonora, y la semejante secuela para hacerlo valer. ¿Ha de esperarse que también haya allí violencia y muerte?

La actuación de Salazar es condenada no sólo por el sindicato minero (que muestra su decisión de tener sus propios dirigentes, no los impuestos en la Secretaría del Trabajo) y por agrupamientos obreros que no lo consideran ya su interlocutor y solicitaron su cese hace ya tiempo, sino por otra importante empresa siderúrgica, Altos Hornos de México, a la que se le quiere imponer la relación con dirigentes seccionales espurios.

AHMSA considera que Salazar "obedece al dictado de intereses ajenos a su función", se pregunta quién financia "el millonario costo diario de la ofensiva desestabilizadora" emprendida por el liderazgo espurio impulsado por Salazar al mismo tiempo que retóricamente pregunta "si se están utilizando para ello indebidamente recursos públicos, además de las instalaciones de la propia Secretaría del Trabajo".

Este es otro enfoque, y es otra razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.