LA PGR NO TIENE PRUEBAS CONTRA EL NAPO.

Sigamos esta nota de la Jornada:

La SHCP no encontró ninguna irregularidad fiscal.
Fracasan indagatorias para capturar a Gómez Urrutia.

GUSTAVO CASTILLO GARCIA.

Las investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la Procuraduría General de la República (PGR), fracasaron en su intento de solicitar órdenes de captura en contra de Napoleón Gómez Urrutia, el depuesto dirigente minero, por delitos de lavado de dinero o fiscales, revelaron fuentes de alto nivel de ambas dependencias.

Inclusive, de acuerdo con la información obtenida por La Jornada, la querella necesaria para la investigación por lavado de dinero fue presentada ante el Ministerio Público Federal, apenas al filo de la medianoche del jueves, luego de la reunión del gabinete de Seguridad Nacional en la que se analizó el enfrentamiento entre policías y mineros en Sicartsa. La SHCP sólo detectó una transferencia de Gómez Urrutia que calificó de "irregular", por poco más de 300 mil pesos.

Los entrevistados, que solicitaron omitir su nombre por haber participado en distintas reuniones de alto nivel del gobierno mexicano, señalaron que a pesar de que se detectaron cuentas de Gómez Urrutia y su familia por más de 50 millones de dólares en bancos extranjeros, las indagatorias realizadas por la PGR y la SCHP señalan que al menos 48 de los 55 millones de dólares que recibió el ex líder minero por la privatización de las empresas Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre, se localizan en las cuentas del sindicato, y que de los otros 7 millones de dólares podía disponer a su libre albedrío. Sin embargo, sólo erogó cuatro de los siete, y todo estaría acreditado documentalmente ante la SHCP.

Según las fuentes consultadas, el gobierno pretendió el jueves por la noche, tras un análisis del caso, obtener alguna orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, y el resultado fue nulo por lo que se refiere a lavado de dinero, pues las indagatorias iniciadas por la PGR, y en las que se incluyó la verificación de los datos aportados por Gregorio Romo Pérez o Gregorio Pérez Gómez (un mensajero al servicio de Gómez Urrutia), resultaron falsos.

De acuerdo con la información obtenida, y que habría sido dada a conocer ante funcionarios, como el titular de la Secretaría del Trabajo, Francisco Javier Salazar Saénz, es que la SHCP entregó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) documentos que acreditan el manejo y destino de los recursos entregados al fideicomiso F/9645-2, que se integró con el 5 por ciento de las acciones de las empresas mineras Mexicana de Cobre, Mexicana de Acido Sulfúrico, Industrial Minera México, Minerales Metálicos del Norte, Zinc del Norte y Carbonífera Nueva Rosita, con motivo de la compra-venta que firmó Grupo México y el gobierno federal para la privatización de Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre.
Supuestamente, el fideicomiso fue integrado ante una institución bancaria y luego se puso como fideicomisario a Gómez Urrutia y a las cinco empresas beneficiarias como fideicomitentes.

Así, los 55 millones de dólares habrían sido transferidos a las cuentas del sindicato, conteniendo una cláusula que permite a Gómez Urrutia el manejo discrecional de 7 millones.

De esa última cifra, supuestamente el ex líder del sindicato minero gastó directamente 4 millones de dólares, y el resto, 3 millones, fue pagado a 600 mineros, cubriendo con ello el monto estipulado en la venta de Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre.

Del resto de los recursos, como supuestamente no han generado ganancias, no se pueden reportar utilidades. Según la información, el capital no ha sido utilizado y por tanto no se han generado dividendos, aunque el mismo está depositado en las cuentas del gremio.

La SHCP también investigó cada transferencia y se detectó que si bien Gómez Urrutia ejerció recursos, éstos fueron canalizados de manera directa para pagos en otras de sus cuentas.

Esta situación habría sido corroborado por la PGR, una vez que de manera voluntaria el mensajero arraigado acudió ante la Unidad Especial de Delitos Fiscales y Financieros, dependiente de la Subprocuraduría de Delitos Federales, para declarar que él de manera directa realizaba pagos a las cuentas de Gómez Urrutia.

Como esa unidad de la PGR consideró que había competencia de la SIEDO, alertó a ese órgano del Ministerio Público Federal de las declaraciones y se obtuvo el arraigo de Romo Pérez o Pérez Gómez, y también información en el sentido de que en una casa se habían llevado cajas con documentos contables y financieros del sindicato minero.

De acuerdo con la versión de los funcionarios entrevistados, las declaraciones del mensajero fueron verificadas, obteniendo como resultado que no se puede encuadrar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), toda vez que éstos habían sido transferidos de una cuenta a otra sin ocultar o pretender esconder su origen y destino.

En cuanto a los documentos que supuestamente estaban dentro de una cajas de cartón, lo que el personal de la PGR encontró fue papelería en blanco.

En este sentido, se dice que durante una reunión en la que participaron diversos funcionarios de la PGR, el secretario del Trabajo y el nuevo dirigente sindical, Elías Morales Hernández, este último solicitó que "ya dejaran en paz" al mensajero, y que él le había dado dinero para que acudiera a la PGR a declarar en contra de Gómez Urrutia.

En ese contexto, ocurrió el enfrentamiento entre policías y mineros de la empresa Sicartsa, que se localiza en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó un saldo de dos muertos y decenas de lesionados.

Este hecho obligó al gobierno federal a llevar a cabo una reunión del gabinete de Seguridad Nacional, y también a que en distintas dependencias se elaborara un "mapa de riesgos", que incluye de manera clara las posibilidades de solicitar y obtener órdenes de captura contra Gómez Urrutia para terminar con los movimientos obreros en su favor.

Sin embargo, y de acuerdo con las versiones obtenidas, el resultado del "mapa de riesgos" fue que era imposible fincarle responsabilidades por delitos fiscales o financieros y menos aún por lavado de dinero, ya que la única transferencia considerada "irregular" o "relevante" por la SHCP, con la que se podría continuar con la averiguación previa por ese ilícito, es un movimiento superior a los 300 mil pesos.

Sin embargo, la única instancia que mantiene congeladas las cuentas bancarias del gremio minero y que tiene una averiguación previa en la que se emitió un citatorio para Gómez Urrutia, está a cargo de la Unidad Especial de Delitos Fiscales y Financieros.

Decía una viejita de mi pueblo hace como setenta años: "No son mas pendejos, porque no son mas bastantes".
En este México Kafkiano solamente es posible ver "autoridades" del calibre de las que detentan el poder encabezados por Fox and Co.

Como decía el difunto paco stanley "una tras otra", pendejadas de parte del "gobierno", lo malo es que las pendejadas ya llevan varios muertitos, porque no son nadamás los mineros, acuérdense de los policías linchados en Tlahuac, o el medio centenar de periodistas asesinados, o los cientos de ejecuciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Nadamás recordemos que al inicio de este sexenio se facilitó la fuga del Chapo Guzmán y de allí pal real, el narco rebazó al gobierno foxista.

Y todavía quieren estos panistas seguir "gobernando". A ver quien vota por ellos. Yo nó.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.